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Modo: Corpus Pro

LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20394
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 875.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia de trabajo cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. ... La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados Alejandro Sosa Ortiz y Arturo García Torres, integrantes de Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en sesión de fecha quince de marzo de dos mil seis, resolvió por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo número DT. 841/2005, de su índice, y las consideraciones, en la parte que interesa para la resolución del presente asunto, son del tenor siguiente:

"IV. Refiere el quejoso que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no obstante que se declara competente para conocer y resolver sobre el conflicto, en ningún momento da cumplimiento a lo ordenado por el artículo 186 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; asimismo refiere que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 2o., 670, 671, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática local, dado que, carece de toda equidad y justicia social, porque dice, la responsable debió haberse abstenido de conocer del juicio hasta en tanto estuviere constituido legalmente, como lo previene el artículo 186 ya citado; que la responsable al recibir la demanda y radicar ésta, debió requerir la presencia del representante del Poder Legislativo, en caso de no presentarse el propietario llamar al suplente de éste y designar a quien debería de sustituirlo, de acuerdo con el citado artículo 670 de la Ley Federal del Trabajo; que el representante del Poder Legislativo es omiso en intervenir en el juicio, sin que pueda saber la causa o causas legales de esa situación, así como con la anuencia de la autoridad responsable; que no han sido analizados los hechos y la estimación de pruebas ofrecidas por las partes, en forma congruente y a verdad sabida y menos de buena fe como lo establece el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, ya que al momento de que la responsable admite la demanda y se constituye en autoridad juzgadora la misma actúa de mala fe, ya que con conocimiento amplio de cómo debió constituirse el órgano juzgador omite la representación del Poder Legislativo, consecuentemente el laudo no reúne los requisitos de legalidad y por supuesto de la buena fe; asimismo se viola el artículo 188 de la ley burocrática local porque no respeta ni da cumplimiento a lo dispuesto por el citado artículo 186; asimismo se violan los artículos 245 y 246 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, dado que en ningún momento los hechos y estimaciones de pruebas han sido analizadas en forma congruente a verdad sabida y menos de buena fe como lo establece el primero de los preceptos, ya que admite su constitución sin el representante del Poder Legislativo, careciendo de los requisitos de legalidad; tampoco existe claridad y precisión congruente, dado que carece de legitimación para poder emitir la resolución que impugna en razón de la falta para su constitución del representante del Poder Legislativo; por lo que el laudo es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, al no reunir los requisitos esenciales del procedimiento y menos aún se fundaron en las leyes respectivas, ni en los principios generales de derecho, violando con ello sus derechos. En primer lugar, y respecto de los argumentos relativos a que la responsable debió abstenerse de conocer del juicio laboral hasta en tanto no se hubiere constituido legalmente; que debió requerir la presencia del poder legislativo y en caso de no presentarse el propietario, llamar al suplente, o designar a quien debería sustituirlo, de conformidad con los artículos 186, 670 y 671 de la ley burocrática estatal, debe decirse que éstos resultan inoperantes porque dichas manifestaciones, debió hacerlas valer desde el primer laudo que emitió la autoridad responsable de fecha doce de agosto de dos mil cuatro, el cual por haber sido condenatorio parcialmente, éste ya le reportaba perjuicio, por lo que, sus inconformidades resultan extemporáneas. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada número II.T.194 L, publicada en la página mil seiscientos noventa y cuatro, en el Tomo XIII, enero de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por este Tribunal Colegiado, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE VERSAN SOBRE INFRACCIONES PROCESALES QUE NO SE HICIERON VALER EN CONTRA DEL PRIMER LAUDO Y QUE DESDE ENTONCES TRASCENDIERON EN EL RESULTADO DEL FALLO.’ (se transcribe). Por otra parte, y en cuanto a que el laudo reclamado es contrario a lo dispuesto por el artículo 186 de la ley burocrática local al no estar integrado por el representante del poder legislativo, ello es fundado y suficiente para conceder al promovente el amparo que solicita para los efectos que más adelante se precisarán. En efecto, consta en el juicio laboral de donde proviene el acto reclamado que Cecilia Flores Montoya y Dulce María Ramírez Luna, demandaron al Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, Estado de México, entre otras prestaciones el cumplimiento de la relación laboral existente entre ellas y el demandado. Con fecha doce de agosto de dos mil cuatro, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dictó un primer laudo parcialmente condenatorio. No conforme con dicha determinación las actoras promovieron juicio de garantías ante este propio tribunal, el cual quedó registrado bajo el número DT. 984/2004, al que recayó la sentencia de fecha veintiuno de abril de dos mil cinco, por unanimidad de votos, en el sentido de conceder el amparo para los siguientes efectos: ‘En consecuencia, siendo el laudo reclamado violatorio de las garantías individuales de las quejosas en los puntos anteriormente precisados, lo procedente es conceder a éstas la protección federal que solicitan para el único efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que: a) respecto de Cecilia Flores Montoya fije correctamente la litis tomando en consideración todo lo expresado por la parte demandada en cuanto a las categorías que dijo desempeñar la ya nombrada; b) analice y determine de una manera fundada y motivada si la categoría de Dulce María Ramírez Luna es o no de las consideradas de confianza; c) suprima la consideración en la cual estima procedente la excepción de prescripción respecto de vacaciones y prima vacacional de los años de mil novecientos noventa y seis a dos mil dos, y resuelva sobre el pago de tiempo extraordinario reclamado; y hecho que sea, con plenitud de jurisdicción resuelva lo procedente.’. En cumplimiento a dicha ejecutoria federal, la autoridad responsable dictó un segundo laudo el día veintiséis de mayo de dos mil cinco parcialmente condenatorio, mismo que constituye el acto reclamado; sin embargo, se observa que éste se encuentra firmado por el presidente del tribunal; el secretario general; los representantes del Poder Ejecutivo y Judicial; por los representantes de los Ayuntamientos y el Patronal y el Obrero (SUTEYM y SMSEM), no así por el representante del Poder Legislativo, no obstante formar parte de su integración. Para mayor ilustración de la afirmación anterior, se reproduce a continuación a través de la digitalización electrónica de imágenes (scanner), en lo conducente, el laudo mencionado:

Ver laudo

"Todo lo cual es contrario a lo prevenido por el artículo 186 de la ley burocrática estatal. En efecto, como atinadamente lo sostiene el quejoso, el laudo reclamado no satisface el requisito previsto en el artículo 186 de la ley burocrática estatal. Lo anterior es así por lo siguiente: La desaparecida Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias ubicadas con los números 315 y 317, visibles en las páginas 254, 255, 256 y 257, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen I, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubros: ‘LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN.’ y ‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.’, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto con los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, es requisito indispensable para la existencia y validez del laudo emitido por la Junta, que sea firmado por sus integrantes, así como por el secretario que autoriza y da fe de dicha actuación. Por ello, y aplicándose por analogía ese criterio, como ya se dijo, el órgano de control constitucional debe examinar de acuerdo a los conceptos de violación tratándose del patrón y aun en suplencia de la deficiencia de la queja cuando se trata del trabajador en principio, la validez de todas las actuaciones que no constituyen un mero trámite y que sean resoluciones de carácter sustancial dentro de los antecedentes que conforman el acto reclamado; es decir, debe advertir si las mismas satisfacen o no los requisitos formales para su emisión, en el caso, la formalidad de que hayan sido firmadas estas actuaciones por los integrantes del tribunal laboral y por el secretario de Acuerdos correspondiente, para así poder estudiar su legalidad o ilegalidad, pues, el tribunal laboral no debe soslayar la observancia de esas formalidades, ya que de hacerlo implicaría que se dejaran de cumplir los requisitos formales que establece la ley de la materia, para que los actos de autoridades de trabajo surtan sus efectos jurídicos. En la especie, la falta de firma de uno de los representantes de los poderes públicos, en el laudo impugnado, impide al tribunal de amparo examinar el acto reclamado en los términos que ordena el artículo 78 de la Ley de Amparo, es decir, tal como quedó probado ante la autoridad responsable, por lo que se deben estudiar también los requisitos de validez del mismo, pues no sería factible jurídicamente analizar un acto inválido por vicios de forma, para después emitir pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Así, previene la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en los siguientes artículos: ‘Artículo 186. El tribunal se integrará por un representante de cada uno de los poderes públicos del Estado, un representante de cada uno de los sindicatos mayoritarios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 138 de esta ley, un representante de los Ayuntamientos de la entidad que será el del Municipio de residencia del tribunal y un árbitro designado por la mayoría de los representantes, quien fungirá como presidente, y durará en su cargo un término máximo de seis años. Con excepción del presidente, cada uno de los representantes contará con un suplente.’. ‘Artículo 188. El tribunal funcionará en pleno y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de ausencia de alguno de ellos, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente.’. ‘Artículo 189. Para su debido funcionamiento el tribunal contará con los secretarios generales, auxiliares, secretarios, actuarios y demás servidores públicos que sean necesarios. Los integrantes y demás servidores públicos del tribunal tendrán las facultades y obligaciones que se determinen en su reglamento interior. Los integrantes del tribunal durarán en su encargo como término máximo seis años, tratándose de los poderes públicos del Estado; los representantes de los sindicatos y de los Ayuntamientos lo serán por un periodo máximo de tres años, pudiendo ser redesignados por sus representados. En todo caso, la designación se hará de conformidad con sus normas internas.’. ‘Artículo 204. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros servidores públicos del tribunal. Lo actuado en la audiencia se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervengan, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante del tribunal omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes.’. ‘Artículo 229. El tribunal dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la demanda, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas. En este acuerdo ordenará que se notifique personalmente a las partes con 10 día hábiles de anticipación a la fecha de la audiencia y se entregue al demandado copia cotejada de la demanda, para que la conteste, apercibiéndolo de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurre a la audiencia. La audiencia señalada deberá efectuarse en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día en que se haya dictado el acuerdo que la fija. Durante la tramitación de los conflictos individuales bastará la presencia del presidente del tribunal o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que proceda, salvo las que versen sobre personalidad, competencia y admisión de pruebas, casos en los que citará a los integrantes del tribunal para dictar la resolución correspondiente.’. ‘Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar resolución, en una sesión del Pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días.’. ‘Artículo 243. En la sesión en que se dicte resolución se observarán las siguientes reglas: I. El presidente dará lectura a su propuesta de laudo; II. Acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; y III. Finalmente el presidente recogerá la votación y declarará el resultado.’. ‘Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del tribunal. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado.’. ‘Artículo 247. Si alguno o todos los representantes ante el tribunal se negaren a votar o firmar una resolución, serán requeridos por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo hacen, las cuales estarán previstas en el propio reglamento interior del tribunal.’. Ahora bien, de los artículos antes transcritos se desprende que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se integra, por un representante de cada uno de los poderes públicos del Estado, un representante de cada uno de los sindicatos mayoritarios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 138 de esta ley, un representante de los Ayuntamientos de la entidad que será el del Municipio de residencia del tribunal y un árbitro y que todas las actuaciones procesales deben estar autorizadas por el secretario. En tales circunstancias, tratándose del laudo, éste debe estar firmado por los miembros del tribunal, esto es, firmarla el presidente, secretario y el o los representantes que concurran. Por lo que, al tratarse de un laudo, es indispensable que esté firmado por todos los integrantes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por imperativo del artículo 244 de la ley de la materia. Al respecto, es de citarse como aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia número 317, emitida por la entonces Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 256, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen I, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe). También es de citarse la jurisprudencia tesis II.T. J/13, publicada en la página número novecientos ochenta y cinco del Tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por este propio Tribunal Colegiado, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD QUE MOTIVA EL OTORGAMIENTO DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Así como la diversa tesis aislada número I.6o.T.170 L, publicada en la página mil noventa y siete del Tomo XVII, abril de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo texto dice: ‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO.’ (se transcribe). Consecuentemente, debe otorgarse al quejoso la protección federal que solicita para el efecto de que sea subsanada dicha irregularidad.

"Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario el examen de los conceptos de violación referidos al fondo del asunto."

CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dictó sentencia en sesión de doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, en el juicio de amparo directo número DT. 12371/98, de la cual se derivó la tesis aislada I.11o.T.2 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, página 486, que a continuación se inserta:

"ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, Y LAUDO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ELLOS. Cuando el acta de votación y discusión y el laudo correspondiente no se encuentran firmados por el secretario de la Junta responsable que es el funcionario que autoriza y da fe de todas las actuaciones de tal autoridad, no se acatan las formalidades previstas en el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo que en lo conducente previene: ‘... Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario ...’; así como lo establecido en el artículo 839 de la invocada ley que a su vez establece: ‘Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario, el mismo día en que las voten.’; por tanto, ello ocasiona falta de validez de dicha acta de discusión y votación así como del laudo respectivo, no siendo obstáculo para considerarlo así, que no se haga valer y que en el asunto, atendiendo únicamente al texto del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, no sea procedente la suplencia de la queja por tratarse del patrón, toda vez que conforme al artículo 78 del mismo ordenamiento legal, el Tribunal Colegiado del conocimiento está obligado a apreciar el acto reclamado tal como aparece probado ante la autoridad y por consiguiente, no es factible en términos jurídicos analizar un acto inválido por vicios de forma, para después determinar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino lo que procede es ordenar se reponga el procedimiento a fin de que se celebre la citada audiencia de discusión y votación y se dicte el laudo correspondiente, donde se cumplan con las formalidades legales en cuestión."

Las consideraciones que para efectos de esta contradicción son relevantes, consisten literalmente en lo siguiente:

"QUINTO. Es innecesario hacer el estudio de los conceptos de violación, porque este tribunal advierte una violación de carácter formal que amerita la concesión del amparo. En efecto, a fojas 45 y de la 46 a la 50 del juicio laboral, obran el acta de discusión y votación y el laudo, de fechas treinta de julio de mil novecientos noventa y siete, los que no se encuentran firmados por el secretario de la Junta responsable, lo que determina que en tal acta y el laudo mismo no se acataron las formalidades previstas en el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo conducente previene: ‘Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario.’; así como las disposiciones del artículo 839 de la invocada ley que establece: ‘Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario, el mismo día en que las voten.’. Por tanto, la carencia de firma del acta de discusión y votación, así como en el laudo de fecha treinta de julio de mil novecientos noventa y siete, por parte del secretario, quien es el que autoriza y da fe de todas las actuaciones de la Junta, determina la falta de validez del acta de discusión y votación y del laudo. Ahora bien, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 2/93, consultable en la página 5 (sic) de la Gaceta Número 72 del Semanario Judicial de la Federación estableció lo siguiente: ‘LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN.’ (se transcribe); sin embargo, en el caso, no cobra plena aplicación el criterio antes transcrito, en cuanto a la intrascendencia de la falta de firma del acta de votación, por tratarse de la omisión de firma del secretario de la Junta responsable, no tan sólo del acta de discusión y votación, sino también del laudo de que se trata, hipótesis diferente a la que se refiere dicha tesis jurisprudencia (sic) ya que se desarrolla en torno únicamente a la falta de firma del acta de votación respectiva; no así en cuanto al laudo, que debe necesariamente firmarse, conforme al último numeral de cuenta, por los integrantes de la Junta y por el secretario. Lo anterior, sin que sea obstáculo que este amparo sea promovido por el demandado Instituto Mexicano del Seguro Social y no sea factible la suplencia de la queja, toda vez que conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, este tribunal está obligado a apreciar el acto relacionado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable; por consiguiente, no es factible en términos jurídicos que este órgano colegiado proceda a analizar un acto inválido por vicios de forma que impiden su existencia legal, para después determinar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En tales condiciones, el laudo reclamado resulta violatorio de los invocados artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, de las garantías de debido proceso legal y legalidad que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales y debe concederse el amparo, para el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente, reponga el procedimiento, se celebre la audiencia de discusión y votación y se dicte el laudo correspondiente donde se cumplan las formalidades legales que han quedado precisadas con anterioridad."

QUINTO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesiones de veintiséis de marzo, treinta de mayo, veintiocho de junio y diez de julio todos de dos mil dos, dictó sentencia en el recurso de revisión RT. 1792/2001, en el amparo directo DT. 35652/2001 (ambos en la primera fecha), en el recurso de revisión RT. 372/2002, en el recurso de revisión RT. 792/2002 y en el juicio de amparo directo DT. 11092/2002, respectivamente; que sirvieron de precedentes para integrar la jurisprudencia I.12o.T. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, correspondiente al mes de septiembre de dos mil dos, página 1276, que a continuación se transcribe:

"LAUDO. LA FALTA DE FIRMA EN ÉL DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA O DEL SECRETARIO DE ACUERDOS DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, AUN CUANDO NO SE EXPRESEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESPECÍFICOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA EL TRABAJADOR O EL PATRÓN EL PROMOVENTE DEL AMPARO. La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias de rubros: ‘LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN.’ y ‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.’, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, es requisito indispensable para la existencia y validez del laudo emitido por una Junta de Conciliación y Arbitraje, que sea firmado por sus integrantes, así como por el secretario que autoriza y da fe de dicha actuación. Por ello, tratándose de amparos en materia laboral, el órgano de control constitucional debe examinar, en principio, la existencia del acto reclamado, esto es, si el laudo pronunciado satisface los requisitos formales para su emisión, en el caso, la formalidad de que haya sido firmado por los representantes que integran el tribunal de trabajo y por el secretario de Acuerdos correspondiente, para así poder estudiar su legalidad o ilegalidad, esto es, el referido tribunal no debe soslayar la inobservancia de la citada formalidad, ya que hacerlo implicaría que se dejaran de cumplir los requi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20394-4c078f97/laudo-la-falta-de-firma-de-alguno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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