INCONFORMIDAD. NO ES OBLIGATORIO AGOTAR LA ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 90 DEL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ANTES DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 193/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se vincula con la materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis la formuló uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito que sustentó uno de los criterios que se estiman contradictorios, por lo que debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito en sesión de veintiocho de mayo de dos mil siete, resolvió por mayoría de votos el amparo directo laboral 90/2007-III, y las consideraciones en la parte que interesa, para la resolución del presente asunto, son del tenor siguiente:
"QUINTO. ... Por otra parte, debe decirse que resulta sustancialmente fundada una parte de los restantes motivos de inconformidad y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Ello es así, toda vez que del laudo impugnado se desprende que la Junta determinó que la litis se centraba en establecer si el actor tenía o no derecho a que se le otorgara el puesto de médico, jefe de servicios en la especialidad de ginecobstetricia otorgada al doctor Arnulfo Martínez Chapa, con motivo de la vacante definitiva generada por el dictamen de invalidez que se determinó a favor del doctor Jorge Cortinas Solla; posteriormente a ello y después de analizar las pruebas ofrecidas en el procedimiento, estimó que no se encontraban satisfechos los requisitos para el otorgamiento de la plaza reclamada, condenando al instituto demandado a fin de que otorgara al actor el puesto antes referido. En relación a la excepción de error en la vía opuesta por el instituto quejoso, consistente en que el accionante, previamente al juicio laboral, debió interponer el recurso de inconformidad que prevén los artículos 56 y 57 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del demandado, la declaró improcedente, apoyándose para ese efecto, en que reñía con lo dispuesto por el numeral 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, el cual según dijo, garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia al tener que agotar un recurso antes de acudir a la Junta con el fin de que se dirima el conflicto derivado, en su caso, de la resolución que emitiera la Subcomisión Mixta de Escalafón que es de carácter administrativo, apoyándose para ello en la jurisprudencia número 114/2001, bajo el rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’. Ahora bien, como se adelantó, son fundados los argumentos vertidos por el quejoso, ya que si bien es cierto, el precepto 17 de la Carta Magna establece entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre la justicia pronta, completa e imparcial, también lo es, que no por esa circunstancia, los tribunales están obligados a resolver cuestiones cuya vía no sea la correcta. En efecto, las leyes procesales prevén cuál es la vía en que debe intentarse cada pretensión, por lo que la secuela o prosecución de un juicio se debe llevar a cabo en la forma establecida por aquéllas, lo que se deberá atender de manera previa a la decisión de fondo. En esas circunstancias, el análisis de las reclamaciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio es procedente en la vía escogida por el actor, pues de no serlo, el juzgador estaría impedido para resolver sobre las cuestiones planteadas. El solo hecho de que se admita una demanda en la vía propuesta por el solicitando (sic) no implica que el juzgador no deba estudiar aun de oficio dicho presupuesto, ya que al omitir hacerlo, se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en el artículo 14, constitucional, que establece que un acto privativo no puede emitirse sin que previamente se haya seguido un juicio ante tribunales establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento. Por tanto, la Junta en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso debe asegurarse siempre de que la vía elegida sea procedente, incluso al momento de dictar el laudo, de manera oficiosa, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente. El criterio que antecede fue sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 135/2004-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito y la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nueve de febrero de dos mil cinco, cinco votos, que resulta aplicable por analogía cuyo rubro, texto y datos de localización son del tenor siguiente: ‘PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.’ (se transcribe). (Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de dos mil cinco, tesis: 1a./J. 25/2005, página 576). De lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que en la especie la Junta no tenía por qué abordar de oficio la procedencia de la vía, pues ésta fue opuesta como excepción por el demandado; sin embargo, debe decirse que la responsable hizo un incorrecto estudio de la excepción de error en la vía planteada, la cual se hizo consistir en que el actor previamente a promover el juicio laboral debió agotar el recurso de inconformidad que se establece en los artículos 56 y 57 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello es así, porque en primer lugar, la circunstancia de que el artículo 17, segundo párrafo, de la Carta Magna, aluda a la justicia pronta y expedita, ello no implica, como se dijo, que el tribunal está obligado a resolver una cuestión cuyo trámite y solución la contempla otra ley o reglamento distinto al código obrero, sino que la Junta, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante sea la correcta en cualquier momento del procedimiento, incluso en el momento de dictar el fallo, por lo que debe realizar incluso de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente; en segundo, porque la jurisprudencia en la que se apoyó la responsable, no cobra aplicación al presente caso, puesto que de su contenido se desprende que la misma se refiere a la inconstitucionalidad que decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 295 de la Ley del Seguro Social, el cual imponía la obligación que tienen los asegurados y sus beneficiarios de que antes de acudir ante la Junta a promover el juicio, debían agotar el recurso de inconformidad previsto en ese numeral, supuesto que no se da en el presente caso, porque como bien lo alega el agraviado, de las constancias de autos se desprende que corresponde a la Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en el procedimiento previsto en los artículos 46, fracciones I, II y III, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del reglamento de escalafón de los trabajadores de dicho instituto, determinar cuál es el trabajador que por cumplir con ciertos requisitos se le concede la asignación de plaza vacante. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es necesario transcribir, los citados numerales del mencionado reglamento, que a la letra dicen: (se transcriben). Como se advierte de la transcripción anterior, cuando existan vacantes escalafonarias, las mismas se pondrán a disposición de la subcomisión respectiva, quien llevará a cabo el procedimiento tomando en cuenta los diversos requisitos que en dicho reglamento se establecen y el trabajador que obtenga el ascenso escalafonario, deberá ocupar el puesto de que se trate, que el empleado que no esté de acuerdo con esa decisión podrá inconformarse ante la Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo correspondiente. Ahora bien, de las propias constancias de autos se desprende que este Tribunal Colegiado, mediante ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo número 120/2006-III, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil seis, consideró que la responsable infringió el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues no obstante que el actor reclamó, entre otras prestaciones, la nulidad de los actos realizados a partir de la asignación que se hiciera de la plaza vacante número 0300764, correspondiente al puesto de médico jefe de servicios en la especialidad de ginecología y obstetricia derivada de la vacante definitiva generada como consecuencia del dictamen de invalidez definitiva que se determinó a favor del doctor Jorge Cortinas Solla, y que el instituto demandado al dar contestación hizo valer entre otras excepciones la de error en la vía, consistente en que el accionante previamente al juicio natural debió interponer el recurso de inconformidad previsto por los artículos 56 y 57 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del laudo impugnado no se advertía que la Junta hubiera hecho pronunciamiento alguno en torno a tal excepción, por lo que se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que dejara insubsistente dicho fallo y emitiera otro en el que fijando correctamente la litis laboral y observando el principio de congruencia, resolviera con plenitud de jurisdicción lo que legalmente correspondiera respecto a la excepción de error en la vía opuesta por la parte demandada. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable emitió el fallo impugnado en el que señaló en esencia, que la multireferida excepción resultaba improcedente, ya que reñía con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, el cual garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia al tener que agotar un recurso antes de acudir ante dicha Junta con el fin de que se dirima el conflicto derivado en su caso de la resolución que emita la Subcomisión Mixta de Escalafón que es de carácter administrativo, apoyándose para ese efecto, en la jurisprudencia bajo el rubro: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’; sin embargo, no advirtió que en el expediente obran constancias que demuestran que el ahora tercero perjudicado tuvo conocimiento e intervino en el procedimiento a que alude el citado reglamento, tan es así, que se inconformó ante la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo con la asignación de la plaza al doctor Arnulfo Martínez Chapa, según se advierte de la copia del oficio número CNMBT-03.1.1-45/846/01, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil uno, signado por el secretario técnico encargado de la Comisión Mixta de Bolsa de Trabajo, que obra agregada a foja 98, sin que aparezca ninguna resolución de la que se advierta que se hubiera resuelto en definitiva ese medio de impugnación; por otra parte, de los propios autos se desprende que no obstante que el actor en principio promovió la demanda laboral también en contra de la Subcomisión Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Bolsa de Trabajo, ambas en el Estado de Nuevo León, y con fecha cinco de noviembre del dos mil dos, desistió de las mismas; por lo que siendo así, la Junta indebidamente al emitir el fallo impugnado, condenó al ahora quejoso a que otorgara al actor Gilberto Noé López Sánchez, el puesto de médico jefe de servicios en la especialidad de ginecología y obstetricia que le fuera asignada al doctor Arnulfo Martínez Chapa, bajo el argumento de que la misma se hallaba afectada de nulidad al no satisfacerse los requisitos para otorgar la plaza reclamada, al haberse expedido un segundo boletín, ya que en contra de lo que afirma, la vía elegida por el actor para dilucidar el conflicto no era la correcta, toda vez que tenía que demostrar que se había llevado a cabo el procedimiento en todas sus etapas y que la comisión respectiva había emitido la resolución respectiva, en la que estimara si era procedente o no el recurso de mérito, por lo que al no existir constancias en ese sentido, es de concluirse que evidentemente la vía elegida por el actor no debió ser la laboral, sino que debió sujetarse al procedimiento a que alude el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de dicho instituto, y al no hacerlo así, como se dijo y se reitera, no era procedente la vía laboral y al no estimarlo así la Junta responsable, infringió lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, al resultar sustancialmente fundado el anterior motivo de inconformidad, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, emita otro en el que estime procedente la excepción de error en la vía planteada por la demandada, resolviendo lo que conforme a derecho proceda."
CUARTO. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en sesión de seis de julio de dos mil cinco, resolvió por unanimidad de votos el amparo directo laboral 661/2004, las consideraciones sustentadas en tal asunto son del tenor siguiente:
"QUINTO. Los conceptos de violación devienen fundados suplidos que son en su deficiente queja, acorde al artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. El quejoso señala en lo que aquí interesa, que el laudo reclamado es violatorio de garantías, al privársele de los derechos escalafonarios al no permitírsele participar en el procedimiento respectivo para ocupar la plaza que por jubilación dejó Ignacio de Jesús Castro y Vega y que indebidamente se otorgó a otro, pues la responsable determinó sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento la absolución de su contraparte, inaplicando así el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, además que sin consistencia jurídica, analizó las pruebas de la parte demandada, a la que correspondía la carga probatoria, otorgándoles valor pleno; empero, no demostró que cumplió con el procedimiento previsto en el reglamento escalafonario, respecto a la publicación de la convocatoria, su colocación en los diferentes centros de trabajo y el término en que debió instalarse en lugares visibles; sin embargo, los demandados pretendieron demostrar que cumplieron con las disposiciones de tal reglamento, y aun aceptando sin conceder como válidas las documentales agregadas al juicio natural, con las que se acreditó que se colocaron en los lugares en que se publicaron las convocatorias de mérito, mas no se demostró que estuvieron visibles en los centros de trabajo correspondientes, pues el artículo 47 del reglamento escalafonario, prevé diez días hábiles para su inscripción. Previo a abordar los conceptos de violación, se advierte que el aquí quejoso demandó a la Sección XIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a la Comisión Mixta Escalafonaria de tal institución, la anulación del proceso escalafonario instaurado para ocupar la plaza que dejó vacante Ignacio de Jesús Castro y Vega, adscrita en la residencia de mantenimiento del Hospital Belisario Domínguez de esta ciudad, otorgada a Alejandro de Jesús Alfaro Domínguez. Así como el otorgamiento de la plaza denominada analista administrativo, con turno opcional, así como diferencias salariales a su favor en virtud al puesto que actualmente desempeña en relación al que aspira, y a continuación el inconforme narró los siguientes hechos: (se transcriben). Ahora bien, se advierte que el laudo reclamado es violatorio de garantías, pues no se aprecia de las documentales aportadas por la patronal que el actor participara en el concurso por oposición para ocupar el puesto de analista administrativo (A 01 806 24-0) AA00500020, plaza número 8714, que dejó vacante Ignacio de Jesús Castro y Vega, ya que según la responsable no se inscribió al concurso y tampoco impugnó el resultado de ese procedimiento en el que la vacante se otorgó a Alejandro de Jesús Alfaro Domínguez, mediante el recurso de inconformidad, ante la Subcomisión Mixta de Escalafón, previsto en el artículo 90 del Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo tenor es el siguiente: ‘Artículo 90. Los trabajadores podrán inconformarse contra las resoluciones de la subcomisión si se presenta alguna de las siguientes circunstancias: I. Cuando la calificación otorgada en los términos de este reglamento no corresponda a los créditos presentados al inscribirse, o suponga que se efectuó una inexacta calificación de los factores escalafonarios; II. Cuando el trabajador demuestre que no se cumplió con el procedimiento escalafonario, de cambios o permuta establecidos; III. Cuando en los exámenes que se le practiquen se haya producido alguna irregularidad comprobable; y, IV. Respecto de modificaciones de turno, jornada, adscripción o residencia, transformación de puesto o de la expedición de nombramientos en plazas y puestos de base cuando a su juicio existan circunstancias que les afecten.’. Tal precepto establece el recurso de inconformidad contra las resoluciones dictadas por la subcomisión en un procedimiento escalafonario; sin embargo, su interposición es opcional para el quejoso, como después se verá. Apreciándose, por otro lado, que obra en autos el boletín número 6, de fecha veintiséis de junio de dos mil dos, mediante la cual, la Subcomisión Mixta de Escalafón de la Delegación Estatal Chiapas, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio a conocer la plaza vacante de analista administrativo que dejara Ignacio de Jesús Castro y Vega por jubilación, para lo cual convocó a los trabajadores de base de tal institución con el puesto de auxiliar administrador (A 01 806 24-0) AA00500020, plaza número 8714, a fin de concursar para acceder a esa plaza, informando así las condiciones necesarias para ese concurso (foja 77). Así como obran distintas actuaciones en las que se aprecia que el boletín que antecede se envió entre otros, al Hospital General Belisario Domínguez, indicándose que se exhiba en los lugares visibles del centro de trabajo (foja 81); a la vez que obra diversa constancia de fecha veintiséis de junio de dos mil dos, de la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrito por el coordinador y el delegado sindical de tal institución en la cual se plasmó que era para publicar el boletín número 6, de la plaza de analista administrativo, mas no se hizo llegar ese boletín a la instancia denominada bienestar y desarrollo infantil de esta ciudad, que es donde el trabajador labora, lo cual reconoció la demandada en la contestación al hecho uno de la demanda (foja 58). Posterior a ello obra constancia de la propia subcomisión mixta de escalafón de fecha veintitrés de julio de dos mil dos, en cuya parte conducente se lee lo siguiente: ‘... se calificó el boletín número 06, plaza 8714, vacante por jubilación de Ignacio de Jesús Castro y Vega, existente en la residencia de conservación analista administrativo, con turno opcional, participando en este boletín los CC. Alejandro de Jesús Alfaro Domínguez y Alejandro López Martínez, obteniendo el mayor puntaje el C. Alejandro de Jesús Alfaro Domínguez, por lo que se procederá a elaborar el dictamen para el trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 21 del reglamento de escalafón, el cual a la letra dice: «que el desempeño de un cargo sindical no imposibilita a los trabajadores para ejercer derechos escalafonarios ...».’ (fojas 97 y 98). Establecido lo anterior, se advierte que como con acierto lo consideró el quejoso, el procedimiento administrativo que concluyó otorgando la plaza vacante a Alejandro de Jesús Alfaro Domínguez fue irregular y, por lo mismo, errónea es la estimación de la responsable al absolver a la parte demandada, pues no se acreditó fehacientemente que la Subcomisión Mixta de Escalafón, fijó la convocatoria para el concurso de oposición en los lugares visibles del centro de trabajo por diez días hábiles, lo cual propició desconocimiento del actor para tomar parte en él, lo cual norman los artículos 46, fracciones II y III, y 47 del Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo tenor es el siguiente: (se transcriben). En ese orden de ideas, de las constancias antes reseñadas, no se advierte que se haya fijado la convocatoria de mérito inmersa en el boletín número 6, en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil en esta ciudad, lo cual evidentemente constituye un obstáculo al aquí quejoso en la toma de conocimiento del concurso para aplicar a la plaza vacante, pues no pudo aportar los datos necesarios para que fuera tomado en cuenta, como pudieran ser su antigüedad, puestos ocupados, estudios realizados, etcétera, lo cual conlleva a que todo el procedimiento administrativo que culminó con el otorgamiento de la plaza a diverso sujeto, es irregular, al ventilarse a espaldas del trabajador, ya que inclusive no se giró oficio al centro de trabajo del actor, que lo era la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil y, por ende, menos aún se levantó el acta de actuación que de conformidad con el artículo 46, fracciones II y III, inciso c), del Reglamento de Escalafón, debe agregarse al expediente que se forme con motivo de la vacante, a fin de que los testigos y demás personas que intervengan, en el acta dejen constancia del cumplimiento del requisito relativo a que el boletín se fijó oportunamente en los lugares visibles y preestablecidos de los centros de trabajo, conteniendo los datos y demás elementos previstos en el reglamento. Además, el laudo reclamado también es violatorio de garantías, pues el aquí quejoso no tenía porqué impugnar necesariamente la resolución de la subcomisión mixta de escalafón, mediante la interposición del recurso de inconformidad antes señalado, pues de ceñir al trabajador, aquí quejoso, a agotar tal medio impugnativo, le condiciona injustificadamente su acceso efectivo a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, al tratarse de la tutela de prerrogativas que nacen de una relación entablada entre sujetos de derecho de un mismo plano (desprovistos de imperio), por lo cual no existe motivo para que el impetrante agote una instancia administrativa antes de solicitar de la Junta el reconocimiento de los derechos escalafonarios de que se duele no le respetaron, máxime que tratándose de la relación laboral la tramitación obligatoria del recurso desconoce los requisitos y prerrogativas que para ejercitar la acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, dadas las razones que la informan, la Jurisprudencia P./J. 114/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 7, Tomo XIV, septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: ‘SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ... En mérito a lo anterior y como antes se dijo, el laudo reclamado es violatorio de garantías por lo que en debida reparación de ellas, se impone conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que previo a su emisión declare nulo el procedimiento escalafonario seguido ante la Subcomisión Mixta de Escalafón en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y ordene se dé inicio el procedimiento administrativo, relativo a ocupar la vacante que dejó Ignacio de Jesús Castro y Vega, en el puesto de analista administrativo, con clave del puesto (A 01 806 24-0) AA00500, subnivel 020, plaza 8714, para lo cual seguirá el procedimiento previsto en los artículos 46, 47, 48 y demás relativos del Reglamento de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin considerar que tras lo resuelto por la mencionada subcomisión mixta de escalafón, deba de interponerse necesariamente el recurso de inconformidad previsto en el numeral 90 del mismo ordenamiento, por tratarse de un recurso optativo."
La resolución a que se alude dio origen a la tesis aislada cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"DERECHOS ESCALAFONARIOS. EL
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20557-9b19e11d/inconformidad-no-es-obligatorio-agotar-la-establecida-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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