PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DETERMINAR CUÁL DE ESAS FIGURAS SE ACTUALIZA, CONFORME A LAS ALEGACIONES EXPUESTAS EN LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis la formuló una de las partes que intervinieron en los juicios en que uno de los criterios contradictorios fue sustentado, por lo que debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en sesión de diecinueve de junio de dos mil tres, por unanimidad de votos, resolvió el recurso de revisión fiscal 213/2003, y las consideraciones en la parte que interesa, para resolver la presente contradicción de tesis, a la letra dicen:
"SÉPTIMO. Son infundados los agravios hechos valer por el recurrente. En efecto, aduce sustancialmente el inconforme que la Sala del conocimiento ilegalmente determinó que se había configurado la figura jurídica de la caducidad, siendo que dicho argumento nunca fue planteado por la actora en su escrito de demanda, pues el argumento de la accionante se encaminó a demostrar la actualización de la figura de la prescripción, mas no de la caducidad y la supuesta confusión en la utilización de ambas figuras no existió, dado que el actor en su cuarto agravio, inciso b) concretamente invocó la figura de la prescripción, sin que existiera confusión al momento de hacerla valer, quedando claro que de ninguna manera argumenta que operó la caducidad de las facultades de la autoridad para determinar impuestos. Que sólo en el caso de que la actora citara la figura de la prescripción y los razonamientos que expusiera llevaran a concluir que es la caducidad lo que invoca y no la prescripción, sería procedente la determinación de la Sala en el sentido de que no se debe realizar una valoración literal de su argumento, sin embargo, no es así, por lo que se está variando la litis planteada por la actora dejando a la recurrente en estado de indefensión, al no haber hecho valer el actor el argumento declarado fundado que supuestamente se alegó en el juicio anulatorio, de manera que con la actuación de la Sala se viola lo dispuesto por el artículo 237 del código tributario. Que si bien el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en su tercer párrafo, señala que la Sala Fiscal puede corregir los errores que se adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, lo cierto es que la a quo va más allá de lo establecido y permitido en dicho artículo, en virtud de que si bien puede aplicar la pretensión de la acción del actor efectivamente planteada, cuando se hubiere utilizado equivocadamente la denominación de su pretensión literalmente invocada, lo cierto es que no puede variar los hechos ni los argumentos planteados por el demandante, siendo que en el caso concreto el actor invocó como causal de anulación la figura de la prescripción, y de los hechos y los razonamientos que expuso en su demanda, se desprende que hace valer igualmente la prescripción del crédito fiscal o sea la extinción de las facultades de la autoridad para hacer exigible el crédito fiscal determinado en la resolución impugnada, siendo que sólo en el supuesto de que el argumento de la actora efectivamente señalara de manera expresa que se extinguieron las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer sanciones por infracciones, podría darse esa corrección por parte de la Sala, pero en la especie los argumentos expuestos por la actora jamás mencionan alguna de las cuestiones antes citadas, para determinar que hubo una confusión en el uso de la terminología al proponer la pretensión de su acción, sino por el contrario es clara y contundente en el sentido de que alega que se extinguieron las facultades para requerir de pago el crédito, lo cual no es otra cosa que la figura de la prescripción, con lo que se demuestra lo ilegal del fallo que se recurre. Tales argumentos, como ya se dijo, resultan infundados, en atención a que, contrario a lo que afirma el inconforme, la Sala del conocimiento no varió la litis y el hecho de que haya sostenido que se actualizó la caducidad en lugar de la prescripción, ello fue en atención a que el propio Código Fiscal de la Federación le concede esa posibilidad. En efecto, cuando en un juicio de nulidad se haga valer, como en el caso ocurre, la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer sanciones por infracciones a tales disposiciones, designándola erróneamente como prescripción en lugar de caducidad, o se alega la extinción de las facultades de la autoridad para hacer efectivo el crédito, designándola como caducidad en lugar de prescripción, el juzgador no debe atender a la denominación que se emplee al proponerla, sino a los hechos y a los razonamientos que compongan el agravio, resolviendo la controversia sometida a su conocimiento de acuerdo con la calificación jurídica que estime exactamente aplicable al caso de que se trata. A mayor abundamiento, debe decirse que si bien es cierto que desde el punto de vista estrictamente procesal, tanto la prescripción como la caducidad pueden intentarse en la vía de acción o de excepción con arreglo a lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que en ambos casos, de acuerdo con la máxima plasmada en las leyes y reconocida por los tribunales, es irrelevante la denominación que empleen las partes para calificarlas, pues tanto la acción como la excepción proceden en juicio aun cuando no se les designe de la manera en que lo hizo el legislador, siempre y cuando al intentarse se expresen los hechos en que se apoyan, la pretensión que se reclama y la causa a pedir o título en que se funda. En la especie, lo que la parte actora argumentó en su demanda de nulidad, fue el hecho de que por el transcurso del tiempo (cinco años), la autoridad ya no tenía facultades para hacer efectivo el crédito fiscal determinado, encuadrando tal circunstancia como si se tratase de prescripción, invocando, inclusive, el precepto legal que contempla dicha figura. En efecto, de la lectura de la demanda de nulidad, se desprende que en el cuarto concepto de impugnación, apartado b), la parte actora hizo valer textualmente lo siguiente: ‘b) En segundo lugar, sin conceder, el crédito que nos ocupa ha prescrito, en términos de lo establecido por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que han transcurrido en exceso los 5 años para hacer efectivo su cobro.’. En efecto, el citado numeral establece que dicho término empezó a contarse el 1o. de abril de 1996, fecha en la cual fue exigible el crédito fiscal que nos ocupa, ya que a partir de la referida fecha, se hizo exigible la presentación de la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto al activo (IMPAC), que fue precisamente el ejercicio revisado, por lo que al 1o. de abril de 2001, prescribió el referido plazo de 5 años. Así las cosas, si la notificación de la resolución que determinó el mencionado crédito fiscal, se practicó el 25 de enero de 2002, obviamente habían transcurrido 9 meses y 25 días, en exceso el término de los 5 años, configurándose con ello la invocada prescripción. Más aún, se insiste sin conceder, en el supuesto de que dicho término empezara a computarse a partir de la presentación de la declaración anual del ejercicio fiscal de 1995, también en este caso se ha excedido en término de los 5 años de referencia, ya que la citada declaración fue presentada el 20 de marzo de 1996 y, por lo tanto, al 25 de enero del año en curso, fecha de notificación de la resolución que determinó el crédito fiscal que nos ocupa, igualmente, excedieron en 10 meses, los 5 años en comento, confirmándose la multicitada prescripción. Al caso es aplicable la siguiente jurisprudencia: Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo: III, Parte TCC. Tesis: 886. Página: 681. ‘PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL.’. Asimismo, en la foja siete del escrito de ampliación de demanda, la parte actora sostuvo: ‘4. En relación a los argumentos de mi contraria, en el sentido de que en el crédito que nos ocupa no han operado las figuras de la prescripción y la caducidad, cabe reiterar nuevamente lo argumentado en nuestra inicial demanda, en el punto 4 incisos a) y b), mismos que damos aquí por íntegramente reproducidos, sin embargo, es de subrayar la incorrecta interpretación que hace mi contraria del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, pues éste establece que la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos’, es decir, el día 1o. de abril de 1996, que fue cuando la autoridad pudo exigir legalmente el cumplimiento de alguna obligación, tal como lo establece la jurisprudencia: ‘PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL.’, invocada en nuestra demanda inicial; luego entonces, del 10 de abril de 1996 al 25 de enero de 2002, obviamente ha transcurrido en exceso el término de los 5 años previstos por el numeral en comento, configurándose con ello la invocada prescripción. Más aún, a partir de la fecha en que la autoridad señala que pudo exigir legalmente el crédito, es decir, al día siguiente de la presentación de nuestra declaración anual (29 de marzo de 1996), igualmente, a la fecha ya han transcurrido en exceso 10 meses, a los 5 años en comento, confirmándose la multicitada prescripción. Asimismo, resultan totalmente infundados sus argumentos de que el crédito no puede ser legalmente exigible hasta que la autoridad lo determine, pues en términos de la invocada jurisprudencia (‘PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL.’). ‘Sería ilógico pensar que el término para la prescripción de un crédito no empieza a correr sino hasta el momento en que el fisco lo notifica al causante, pues esto contradiría radicalmente los objetivos de la prescripción, que son el dar seguridad jurídica a las relaciones entre el fisco y los obligados de manera que la amenaza del cobro no se cierna indefinidamente sobre éstos. Por lo demás, la prescripción de la obligación de pagar un adeudo fiscal (establecida en el artículo 32 del código señalado), y la caducidad de las facultades del fisco para liquidar obligaciones fiscales o dar las bases para su liquidación (establecida en el artículo 88), son cuestiones que pueden correr simultánea o sucesivamente, según las características del caso, sin que pueda decirse que la obligación del causante de pagar no pueda empezar a prescribir mientras las autoridades no liquiden o les caduque la facultad para hacerlo.’. ‘Lo antes expuesto es suficiente para desvirtuar los argumentos de mi contraria sobre este particular, por lo que es totalmente procedente se declare la nulidad del crédito que nos ocupa, pues éste ya se extinguido (sic) legalmente.’. De lo anterior se desprende que efectivamente la parte actora argumentó que se había actualizado la figura de la prescripción y, en consecuencia, solicitaba se declarara la nulidad de la resolución impugnada. Sin embargo, es legal el proceder de la Sala Fiscal, puesto que de conformidad con el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, específicamente en su tercer párrafo, las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. Por tanto, la intrascendencia de la designación deriva fundamentalmente de que conforme a los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius será el tribunal y sólo él a quien compete la elección de la institución jurídica aplicable a la controversia, de manera que no está vinculado a la calificación formulada por las partes, pues su decisión no puede apartarse jamás de la norma exactamente aplicable al caso en acatamiento al imperativo contenido en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, el recurrente sostiene que la Sala del conocimiento cambió los hechos planteados en la demanda, puesto que en ésta no se hizo valer que se había actualizado la caducidad y que no sólo existió una confusión por parte de la actora respecto a la denominación utilizada, sino que efectivamente se hizo valer una figura diversa a la examinada. Lo anterior resulta infundado, puesto que si bien, como ya se dijo, la actora sostuvo que se había actualizado la prescripción, lo cierto es que con el proceder de la Sala no se cambiaron los hechos ni se alteró la litis, puesto que lo único que ésta hizo fue aclarar que la figura que efectivamente se había actualizado era la caducidad y no la prescripción, pero no cambió los hechos expuestos para llegar a tal conclusión, sino que se basó en las propias constancias que obraban en autos y, en consecuencia, no puede afirmarse que varió la litis. En efecto, para determinar que se había configurado la caducidad, la Sala del conocimiento se basó en las propias constancias que obraran en autos y en los argumentos expuestos por las partes, siendo que la cuestión efectivamente planteada por la parte actora, consistió en establecer que la autoridad ya no tenía facultades para hacerle exigible el pago de un crédito fiscal por haber fenecido el término para ello, siendo que tal circunstancia fue la que analizó la Sala, concluyendo que efectivamente por el transcurso del tiempo la autoridad ya no podía cobrarle al gobernado, con la única salvedad de que tal circunstancia no fue debido a la prescripción, sino a la caducidad. Aceptar una conclusión diversa sería tanto como desconocer los principios que inspiran a la función jurisdiccional en su esencia misma y olvidar que la aplicación del derecho persigue la administración de justicia, adoptando en su lugar la técnica como supremo principio rector al grado tal de negar la razón a quien la tiene so pretexto del uso inadecuado de terminología jurídica. Así, al resultar infundado el agravio de la recurrente, procede confirmar la resolución recurrida y declarar la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio 322-SAT-15-I-6-B-026533."
La resolución anterior dio origen a la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECIDIR CUÁL FIGURA SE ACTUALIZA, RESULTANDO INTRASCENDENTE LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA EN QUE SE INCURRA AL PROPONERLAS. Cuando en un juicio de nulidad se haga valer la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios y para imponer sanciones por infracciones a tales disposiciones, designándola erróneamente como prescripción en lugar de caducidad, o se alega la extinción de las facultades de la autoridad para hacer efectivo el crédito, designándola como caducidad en lugar de prescripción, la Sala Fiscal no debe atender a la denominación que se emplee al proponerla, sino a los hechos y a los razonamientos que integren el agravio, resolviendo la controversia sometida a su conocimiento de acuerdo con la calificación jurídica que estime exactamente aplicable al caso de que se trata. Ello es así, porque tanto la prescripción como la caducidad pueden intentarse en la vía de acción o de excepción con arreglo a lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación, de donde deriva que es intrascendente la confusión terminológica en que se incurra al proponerlas, pues tanto la acción como la excepción proceden en juicio, aun cuando no se les designe de la manera que lo hizo el legislador, siempre y cuando al intentarse se expresen los hechos en que se apoyan, la pretensión que se reclama y la causa a pedir o título en que se funda. La intrascendencia de la designación deriva fundamentalmente de que conforme a los principios generales de derecho iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, será el tribunal y sólo él a quien competa la elección de la institución jurídica aplicable a la controversia, de manera que no está vinculado a la calificación formulada por las partes, pues su decisión no puede apartarse de la norma exactamente aplicable al caso, en acatamiento al imperativo contenido en el artículo 14 constitucional." (No. Registro: 181,683. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, tesis II.3o.A.22 A, página 1456).
CUARTO. En cambio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil seis, resolvió por mayoría de votos el amparo directo DA. 251/2006 y la resolución correspondiente la aclaró de oficio, en sesión de dieciocho de enero de dos mil siete, por unanimidad de votos, bajo las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Ahora bien, la parte quejosa señala en sus conceptos de violación los argumentos que a continuación se sintetizan: Primer concepto de violación. 1. Que la sentencia reclamada es ilegal e incongruente, ya que por un lado la Sala responsable establece que se encuentra imposibilitada para entrar al estudio de la solicitud de prescripción de los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, y por otro resuelve que no se configuró la prescripción. 2. Que la Sala Fiscal también es incongruente al aceptar, por una parte, la existencia de adeudos por omisión de pago del impuesto predial, sin embargo, también sostiene que no existen créditos determinados y notificados, por tanto, no se configura la prescripción. Asimismo, señala que al existir adeudos derivados de la omisión del pago del impuesto predial a cargo de la quejosa, es evidente que ya existe una determinación exigible desde el momento en que se tuvo la obligación de pagarlos; por tanto, es ilegal que la Sala Fiscal señale que no existe una determinación exigible del crédito, cuando de los estados de cuenta que obran en autos se desprenden adeudos a cargo de la quejosa por los bimestres ya referidos, con actualización y recargos, calculados desde la fecha en que debió pagar el impuesto correspondiente, por lo que es incongruente que se establezca que a partir de la fecha en que se imprimieron los estados de cuenta inicia el plazo para el cómputo de la prescripción. Segundo concepto de violación. Que la Sala responsable aplica en su perjuicio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: ‘PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUEDE (SIC) SER LEGALMENTE EXIGIBLE.’, ya que si consideraba que no existía una determinación exigible, debía resolver que lo que operaba era la caducidad de las facultades de la autoridad para determinar un crédito por la omisión del pago del impuesto predial. Que lo anterior es así, en razón de que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la Sala estaba obligada a suplir las deficiencias de la demanda, ya que si consideraba que no había determinación de un crédito fiscal por los bimestres referidos, entonces debía analizar la caducidad, ya que así se desprendía del escrito de declaración de prescripción. Por tanto, el error de solicitar la declaración de prescripción en lugar de la caducidad, no se debe atender a la denominación que se empleó al proponerla, sino a los hechos concretos, por ello se debía resolver la controversia de acuerdo con la calificación jurídica que se estime exactamente aplicable al caso de que se trate, ya que la caducidad puede intentarse en vía de acción o de excepción, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 121 del Código Financiero del Distrito Federal. Los conceptos de violación antes expuestos son infundados, de conformidad con lo siguiente: En cuanto al argumento contenido en el numeral uno del primer concepto de violación, consistente en que en la sentencia reclamada es ilegal e incongruente, porque por un lado la Sala responsable establece que se encuentra imposibilitada para entrar al estudio de la solicitud de prescripción de los créditos fiscales por concepto de impuesto predial y por otro, resuelve que no se configuró la prescripción, es infundado. Lo anterior es así, en virtud de que la Sala responsable en la sentencia reclamada no mencionó que se encontraba imposibilitada para entrar al estudio de la prescripción. En efecto, de la lectura de la sentencia reclamada se desprende lo siguiente: ‘... en primer término, es menester señalar que la parte actora demandó la nulidad de la resolución número de oficio SF/PFDF/SRAA/05/5635 de fecha siete de septiembre de dos mil cinco, emitida por el subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones, por virtud del cual se manifiesta la imposibilidad para entrar al estudio de la solicitud de prescripción de los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, concerniente a los bimestres primero a sexto del año mil novecientos noventa y nueve y primero y segundo del año dos mil, respecto del inmueble ubicado en la calle Carlos B. Zetina número 30, colonia Condesa, código postal 06170 ...’ (foja 28 vuelta del recurso de apelación). De la transcripción que precede se aprecia que la Sala al resolver el recurso de apelación hizo referencia a la resolución SF/PFDF/SRAA/05/5635 de siete de septiembre de dos mil cinco, a través de la cual el subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones, manifiesta la imposibilidad para entrar al estudio de la solicitud de prescripción de los créditos fiscales por concepto de impuesto predial, como un antecedente para estar en aptitud de dar contestación a los agravios expuestos por la ahora quejosa. Tan es así, que la propia Sala señaló: ‘... esta Sala Superior aprecia que no se ha configurado la institución jurídica de la prescripción respecto de los bimestres que solicita el accionante ...’. Por lo anterior, es dable concluir que no asiste la razón a la parte quejosa, pues la sentencia reclamada es congruente, dado que se hizo el análisis de la figura de la prescripción en relación con los adeudos contraídos por la parte quejosa por omisión del pago del impuesto predial, tal como fue planteado, razón por la cual es procedente declarar infundado el concepto de violación objeto de estudio. Asimismo, es infundado el argumento que expresa la quejosa en el numeral dos del primer concepto de violación, consistente en que es ilegal el razonamiento de la Sala responsable, al señalar que no existe una determinación exigible de un crédito, cuando de los estados de cuenta que obran agregados en autos se desprenden adeudos a cargo de la quejosa por concepto de omisión del pago del impuesto predial. Que al existir adeudos derivados de la omisión del pago del impuesto predial existe una determinación exigible, desde el momento en que se tuvo la obligación de pagarlos. En relación con lo anterior, la Sala responsable señaló que en el presente asunto no se actualiza la figura de la prescripción, en virtud de que no existe la determinación de un crédito fiscal a cargo de la quejosa y, por tanto, no se advierte alguna gestión de cobro dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Asimismo, mencionó que los recibos emitidos por la administración tributaria en Centro Médico en los que se aprecian adeudos por omisión de pago del impuesto predial, no pueden considerarse como una gestión de cobro por parte de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Código Financiero del Distrito Federal, ya que se trata de recibos informativos. Ahora bien, a efecto de contestar el concepto de violación en estudio, debe tomarse en consideración el artículo 72 del Código Financiero del Distrito Federal, que a continuación se transcribe: ‘Artículo 72. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de tres años. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma (sic) la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor. La declaratoria de prescripción de créditos fiscales podrá hacerse de oficio por el órgano colegiado de tesorería que para tal efecto se integre o a petición de los particulares por el procurador fiscal del Distrito Federal. (Adicionado, G.O. 30 de diciembre de 2005). Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.’. Del precepto en comento puede advertirse que e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20402-a8950d75/prescripcion-o-caducidad-en-el-juicio-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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