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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS RELACIONADO, DEJÓ INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20683
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 953.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre criterios propios de la materia de trabajo que es de la especialidad de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se surte su competencia para resolverla.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis es formulada por el Magistrado Victorino Rojas Rivera integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que sustenta uno de los criterios materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver, por unanimidad, el amparo directo 796/2006 (relacionado con el amparo directo 795/2006) en sesión de veintitrés de marzo de dos mil siete, determinó, en relación con tema de contradicción, lo siguiente:

Amparo directo 796/2006:

"CUARTO. No se realiza la transcripción del laudo reclamado, en virtud de que en el caso a estudio no se procederá al análisis de los conceptos de violación que fueron formulados, al advertir este tribunal que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, la cual es de estudio preferente. De las constancias de autos se advierte que Angélica Martínez Saucedo, Luz María García Martínez y María Dolores Nolasco Hernández comparecieron a demandar al H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalpujahua, Michoacán, sobre indemnización por despido injustificado y otras prestaciones. Que el quejoso dio contestación a la demanda y seguido el juicio por todos sus trámites legales el tribunal laboral dictó el laudo correspondiente, en el que absolvió al peticionario de garantías del pago de la indemnización constitucional por despido injustificado, prima de antigüedad, salarios caídos, pago de costo de la ropa de trabajo, pago de vacaciones, prima dominical, pago de horas extras, y lo condenó al pago de la prima vacacional, aguinaldo y despensa de productos básicos. En contra de esa resolución Angélica Martínez Saucedo, Luz María García Martínez y María Dolores Nolasco Hernández promovieron juicio de amparo directo del que tocó conocer a este Segundo Tribunal Colegiado, mismo que se registró con el número 795/2006, en el que con esta fecha, se determinó concederles el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que el Magistrado responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, ordenara la reposición del procedimiento a efecto de que mandara aclarar la demanda de las trabajadoras respecto a la prestación que reclamaron sobre pago de vacaciones, precisando todas aquellas circunstancias que estimara necesarias para que pudiera existir un pronunciamiento de su parte. Aun cuando en el caso se aduce una violación procesal, consistente en que no fue desahogada la testimonial que en dos artículos de prueba ofreció el quejoso, no obstante que en el juicio de amparo directo 795/2006, relacionado con éste, se otorga la protección constitucional por una de igual naturaleza, o sea de carácter procesal, lo cierto es que improcedente el presente juicio de amparo precisamente al cesar los efectos del laudo reclamado con motivo de aquella concesión, lo que hace que se nulifique el laudo reclamado y ello significa que el mismo ha quedado insubsistente, impidiendo que desde ahora se examine el concepto de violación de que se trata, pues la que se adujo en el amparo directo laboral 795/2006, que dio motivo a la concesión del amparo, no sólo es de mayor magnitud o trascendencia sino anterior a la aquí aducida y aquélla traerá como consecuencia que se ordene la reposición del procedimiento a partir del acuerdo de once de noviembre de dos mil cuatro, con el cual se ordenó la admisión de la demanda laboral, para el efecto de que se mande aclarar la demanda, en tanto que la sostenida por el peticionario de garantías sólo se refiere al desahogo de pruebas; por lo que en ejercicio del control constitucional a priori y a efecto de no dividir la continencia de la causa en la presente litis constitucional de amparo, se considera que la violación procesal de que se trata en el mismo, no obstaculiza la actualización del motivo de improcedencia en comento. En esas condiciones, al dejarse sin efectos el laudo reclamado, a virtud de la concesión de amparo decretada en el juicio de amparo número 795/2006, que promovieron Angélica Martínez Saucedo, Luz María García Martínez y María Dolores Nolasco Hernández, resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, y siendo esto así, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver, por mayoría de votos, los amparos directos 296/2005 (relacionado con el amparo directo 295/2005) en sesión de treinta de septiembre de dos mil cinco, 176/2005 (relacionado con el amparo directo 177/2005) en sesión de diez de agosto de dos mil cinco, 961/2004 (relacionado con el amparo directo 962/2005) en sesión de trece de abril de dos mil cinco, 883/2004 (relacionado con el amparo directo 882/2004) en sesión de dos de marzo de dos mil cinco, 870/2004 (relacionado con el amparo directo 869/2004) en sesión de once de febrero de dos mil cinco, 643/2003 (relacionado con el amparo directo 642/2003) en sesión de ocho de octubre de dos mil tres y 350/2003 (relacionado con el amparo directo 349/2003) en sesión de veinticinco de junio de dos mil tres, estableció, en lo que al caso interesa:

Amparo directo 296/2005:

"SEXTO. Son inoperantes los conceptos de violación en que se aduce la existencia de dos violaciones de carácter procesal. En primer término, la quejosa aduce que la autoridad responsable violentó el procedimiento en su agravio, toda vez que no estudió la excepción de competencia por declinatoria que planteó al dar contestación a la demanda instaurada en su contra por Pablo Puebla Coronado; y que a pesar de ello, la Junta siguió el procedimiento laboral hasta dictar el laudo que aquí se impugna, por cuyo motivo solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que se reponga el procedimiento y se estudie dicha excepción. Es inoperante el anterior motivo de disenso, pues ante la omisión de la responsable de atender su excepción de competencia y, por ende, continuar instruyendo el procedimiento laboral, declarándose implícitamente competente, sin resolver previamente tal cuestión, debió promover el amparo indirecto. Ello es así, ya que el auto por el cual la autoridad declara su competencia constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución es de imposible reparación, en virtud de que esta determinación se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo; de manera que si aquella resolución no se combate a través del amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente. Al respecto son aplicables, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias P./J. 55/2003 y P./J. 20/2003, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 5 y 10, Tomos XVIII, septiembre y julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos dicen: ‘AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.’ (se transcribe). ‘AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.’ (se transcribe). En ese sentido igualmente se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 203, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.’ (se transcribe). En esas condiciones, devienen inoperantes los conceptos de violación que sobre la competencia vierte el promovente del amparo, ya que no es jurídico estimar que pueda examinarse esa cuestión en amparo directo, puesto que, se repite, tal acto reviste una ejecución de imposible reparación, de manera que debió impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, previo el incidente respectivo. En otro aspecto, el instituto quejoso se duele de que en su escrito de contestación de demanda solicitó que se llamara a juicio a María Almaguer Flores, Altos Hornos de México y a Refractarios Básicos, Sociedad Anónima, quienes fueron patrones de Pablo Puebla Coronado, aquí tercero perjudicado, por estimar que dichos patrones podrían resultar perjudicados, en su caso, al dictarse el laudo condenatorio, dado que se les incrementaría el grado de siniestralidad y en consecuencia el grado de riesgo, así como también porque el Instituto Mexicano del Seguro Social se reservaría el derecho de aplicar capitales constitutivos en el caso de que se diera la figura de patrón omiso, pero que a pesar de ello la Junta responsable en la audiencia de dieciocho de marzo de dos mil dos, determinó desechar tal petición por considerar que de autos no se desprendía que dichos patrones pudieran resultar perjudicados, además de que en el escrito de demanda no se les reclamaba nada, determinación que estima ilegal y, por ello, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión a fin de que se reponga el procedimiento y se efectúe el llamamiento a juicio de los patrones referidos. Es inoperante el concepto de violación sintetizado. En principio, es necesario precisar que el quejoso está en condiciones para aducir la anterior inconformidad y que es la vía correcta para ello, de conformidad con la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 63/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 309, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO.’ (se transcribe). Ahora, el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo dispone: ‘Artículo 690.’ (se transcribe). El precepto antes transcrito autoriza la intervención en el procedimiento laboral del tercero que tenga interés jurídico, ya sea compareciendo de manera espontánea o conforme al llamamiento que realice la Junta, acorde a la facultad potestativa que le otorga el indicado ordenamiento, lo que también implica que una vez que participa en el litigio está en posibilidad de oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime convenientes y, desde luego, que en tal procedimiento actúa por interés propio, originario, exclusivo e independiente en defensa de los derechos que le asisten y que, eventualmente, se encuentran sujetos a la controversia jurisdiccional. Su situación, por tanto, es autónoma de las partes, pues una vez que participa en el juicio con todas las formalidades que establece el artículo 14 constitucional, concediéndosele la oportunidad de ser oído en defensa, queda sujeto a lo que resuelva la Junta al pronunciar el laudo. El instituto demandado en la contestación solicitó el llamamiento a juicio de los patrones referidos porque en su concepto ‘... pueden resultar perjudicados al momento de dictar laudo condenatorio para mi representado dado que se les incrementaría el grado de siniestralidad y en consecuencia el grado de riesgo, así como también el Instituto se reservaría el derecho de aplicar capitales constitutivos para el caso de que se diera la figura de patrón omiso ...’ (foja 9 del juicio laboral). La responsable desechó esa solicitud, porque estimó que de autos no se desprendía que a los patrones referidos por el instituto demandado les pudiera resultar perjuicio, además de que en el escrito de demanda no se les reclamaba ninguna prestación. Precisado lo anterior, lo inoperante de su argumento radica en las causas por las cuales consideró el instituto quejoso que debió de llamarse a juicio a lo patrones referidos, ya que el interés que afirma puede ser perjudicado, lo hace depender de que: ‘... que se les incrementaría el grado de siniestralidad y en consecuencia el grado de riesgo, así como también el instituto se reservaría el derecho de aplicar capitales constitutivos para el caso de que se diera la figura de patrón omiso ...’, y esto, como se ve, no importa una afectación en la esfera de derechos del instituto quejoso; y así, la sola desestimación de la petición en términos del artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no trae aparejado que el Instituto Mexicano del Seguro Social resienta una lesión a sus derechos fundamentales. Máxime que no se advierte que el laudo le irrogue perjuicio los referidos terceros pues en el mismo no se emite alguna consideración al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis II.1o.C.T.52 L, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página 690, Tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, que este tribunal comparte y que establece: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, LO SON SI EL PATRÓN ALEGA FALTA DE LLAMAMIENTO DE UN TERCERO A JUICIO, SIN PRECISAR LOS EXTREMOS QUE PRETENDE JUSTIFICAR CON ELLO.’ (se transcribe). En términos similares se pronunció este tribunal -entre otros- en los amparos directos 400/2003, 580/2003 y 918/2004, resueltos en sesión de dos de julio y uno de octubre de dos mil tres y nueve de marzo de dos mil cinco, respectivamente. SÉPTIMO. no se hará el estudio de los conceptos de violación que vierte el Instituto quejoso en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que mediante ejecutoria pronunciada en esta fecha, en el diverso juicio de amparo directo 296/2005, este Tribunal Colegiado concedió al aquí tercero perjudicado Pablo Puebla Coronado y otro, la protección constitucional en los siguientes términos: (se transcriben). De donde se sigue que, si a virtud de la ejecutoria mencionada, cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que respecta a la controversia laboral planteada por el aquí tercero perjudicado Pablo Puebla Coronado, es inconcuso que ello hace innecesario el estudio de las cuestiones que ven al fondo del asunto. Sin embargo, debe decirse que tal circunstancia no impedía a este Tribunal Colegiado realizar el estudio relativo a las violaciones procesales planteadas por el instituto quejoso, puesto que el hecho de que el tribunal del amparo haya otorgado la protección constitucional al aquí tercero perjudicado y quejoso en el diverso juicio de amparo relacionado, no lleva como consecuencia necesaria el sobreseimiento en el presente juicio relacionado, pues ello sólo procede cuando por virtud de los efectos de la protección constitucional, los motivos de inconformidad hechos valer en el diverso relacionado quedan prácticamente sin materia, hipótesis en la que, como se vio, no caben las cuestiones planteadas como violaciones procesales. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación aducidos, lo que procede es negar al instituto quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, por lo que respecta al acto que se reclama de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al presidente y actuario ejecutor adscritos a la misma, al no reclamarse por vicios propios, atentas las razones que sustentan a la tesis de jurisprudencia número 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 72, que establece: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.’ (se transcribe)."

Amparo directo 176/2005:

"SÉPTIMO. Cabe señalar en cuanto a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, mediante el que se alega violación a las reglas fundamentales del procedimiento laboral, son inoperantes y fundados pero inoperantes. El quejoso aduce esencialmente en su primer concepto de violación, que la responsable no fundamenta el motivo por el cual le negó el trámite del incidente de personalidad planteado, además de que para probar su afirmación efectuada respecto a las manifestaciones hechas en contra de la personalidad del apoderado del actor ofreció la prueba pericial calígrafa, es decir, de lo que se duele en esencia es la negativa de la responsable de dar trámite al respectivo incidente de personalidad y la cuestión al ofrecimiento de la prueba pericial, sin embargo, ello es materia de prueba en caso de que se hubiera admitido ese incidente. En efecto, como se asentó, es inoperante el concepto de violación sintetizado, ya que la Junta se pronunció en el sentido de que: (se transcribe). Es decir, reconoció la personería de quien compareció a la audiencia en nombre del actor, de ahí que el demandado tenía que haber reclamado esa determinación a través del juicio de amparo indirecto, el cual era procedente por tratarse de un acto dentro de juicio cuya trascendencia y magnitud afectaba al quejoso en grado predominante o superior, por tratarse de una cuestión de personalidad previamente al fondo, la que -se insiste- era combatible mediante el juicio constitucional de amparo indirecto y no como una violación a las leyes del procedimiento laboral reclamable en amparo directo. Luego, como el peticionario de amparo no atacó esa determinación en su oportunidad, el motivo de disenso que esgrime al respecto se torna inoperante, por no ser factible su análisis en la vía en que la propuso. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 11, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Así como la tesis jurisprudencial número 365, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza a foja 300, Tomo V, volumen 1, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone: ‘PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). En otro aspecto, cabe señalar que es inoperante lo alegado por la parte quejosa en su segundo concepto de violación atinente a que la Junta responsable violó el procedimiento al admitir una demanda obscura, toda vez aduce que la parte actora no precisó las circunstancias de lugar, tiempo y modo que establece la jurisprudencia, ya que únicamente manifiesta haber sido despedido por Raúl Reyna Rangel sin establecer en ningún momento el lugar o el cómo, limitándose a señalar la fecha pero sin señalar el horario. Ello es así, toda vez que la Junta responsable no analizó el hecho del despido, sino que la responsable le arrojó la fatiga procesal a la demandada de acreditar la excepción opuesta por la patronal relativa a que el actor renunció a su empleo y consideró acreditado tal evento con la comunicación de quince de enero de dos mil cuatro. Por tanto, la supuesta obscuridad que pudiese presentar la demanda laboral en cuanto al despido en nada trascendió al sentido del laudo. Finalmente, es fundado pero inoperante lo alegado por la parte quejosa en su tercer concepto de violación, referente a que la Junta responsable admitió una prueba que no propuso la parte actora. Al respecto precisa señalar que la parte actora ofreció la prueba confesional de la siguiente manera: (se transcribe). La parte demandada respecto a dicho medio de convicción señaló: (se transcribe). La Junta responsable respecto de dicho medio de convicción consideró: (se transcribe). De lo anterior se desprende que, si bien la Junta responsable admitió la prueba por la persona que resultó ser representante de las personas morales demandadas Juan Camarena Maqueda, lo cierto es que su desahogo no le causa perjuicio, toda vez que la Junta responsable no tomó en cuenta dicho medio de convicción para efectuar condena alguna. Y es que conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 158 de la Ley de Amparo, para que las violaciones a las leyes del procedimiento puedan impugnarse en amparo directo es necesario que se reúnan los siguientes requisitos: a) Que afecten las defensas del quejoso; y, b) Que trasciendan al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los números 48 y 61, Tomo VI, Parte SCJN, páginas 30 y 39, respectivamente, del Apéndice de 1995, que disponen: ‘AMPARO DIRECTO. CUÁNDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES.’ (se transcribe). ‘AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.’ (se transcribe). Luego, es inconcuso que no se surten los aludidos requisitos, ya que como se ha visto, la admisión y desahogo de dicho medio de convicción no trascendió al resultado del laudo dejando sin defensas al quejoso. En ese contexto, al resultar infundados y fundados pero inoperantes los conceptos de violación al procedimiento hechos valer por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sin que sea oportuno examinar las cuestiones de fondo que hace valer en los restantes conceptos de violación, dado que en el juicio de amparo directo número 177/2005, relacionado con el presente, promovido por el actor en el juicio laboral, en ejecutoria pronunciada por este tribunal en esta misma fecha, se concedió el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene la reposición del procedimiento laboral a efecto de que: 1. Deje insubsistente el laudo impugnado; y. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que: 2.1. Reitere las absoluciones relativas a los conceptos de reparto de utilidades y prima dominical. 2.2. Requiera al aquí quejoso para que aclare la demanda laboral, y precisen cuáles son las cantidades que se le adeuda por concepto de fondo de ahorro y los periodos en los cuales ahorró. 2.2. Provea lo necesario para que tanto el perito de la intención del actor como el de la demandada acepten y protesten desempeñar su cargo con arreglo a la ley. En consecuencia, las violaciones de forma y fondo aducidas por la quejosa en los demás conceptos de violación quedarán insubsistentes con motivo de la reposición del procedimiento ordenado en el amparo 177/2005, relacionado con el presente juicio."

Amparo directo 961/2004:

"SEXTO. Son fundados pero inoperantes, infundados e inoperantes los conceptos de violación de índole procesal, los cuales por cuestión metodológica serán analizados en orden diverso a como fueron pronunciados. La empresa quejosa manifiesta en el noveno y décimo motivos de desacuerdo plasmados en la ampliación de la demanda de garantías que la actora en el desahogo de la prueba confesional, se condujo con evasivas al responder las preguntas diez a doce y veintiuno del interrogatorio libre, no obstante que fue apercibido para que contestara en forma clara y directa, ya que el trabajador manifestó que la respuesta a esas interrogantes estaba en la demanda lo cual es falso, pues en ese libelo no existe respuesta de lo que se le preguntó, por lo que afirma que la responsable debió hacerle efectivo el apercibimiento y declararlo confeso al tenor de las posiciones relacionadas con las citadas preguntas; de lo que deviene ilegal la condena a horas extras y media hora de descanso. Es fundado pero inoperante la anterior inconformidad. Fundado, ya que no se cumplieron las reglas establecidas para el desahogo de la prueba confesional por posiciones a cargo del actor, pues se condujo con evasivas al contestar el interrogatorio libre, y con tal proceder se incumplió lo preceptuado en la fracción VI del artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo. Así, los cuestionamientos diez a doce y veintiuno, de que ahora se duele la quejosa, son los siguientes: (se transcriben). Cabe precisar que, según obra a foja ciento ocho, en el desahogo de la prueba confesional sólo medió protesta de ley pero no se hizo apercibimiento. Ahora, aun cuando sí fueron evasivas las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20683-10e162b6/amparo-directo-es-improcedente-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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