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Modo: Corpus Pro

AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20864
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, , Pág. 334.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 263/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la entonces Ministra presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 532/2006, con fecha veintiocho de febrero de dos mil siete, determinó lo siguiente:

"QUINTO. Deben desestimarse los conceptos de violación hechos valer. Antes de realizar el estudio respectivo, importa precisar los siguientes antecedentes que se desprenden del juicio de nulidad de origen: 1. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil seis, la empresa Textiles Santa Fe, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de las siguientes resoluciones: (se transcribe). Al respecto, la parte actora exhibió como pruebas de su parte entre otras, el oficio número 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, por el que se comunica a la contribuyente el avalúo del inmueble que le fue embargado para garantizar el monto de los créditos fiscales impugnados (fojas 23 y 24). 2. Por auto de diez de febrero de dos mil seis, previo requerimiento al promovente para que acreditara su representación (foja 5), el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto con el número de expediente 65/06-12-02-4, admitió a trámite la demanda y corrió traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de ley formularan la contestación respectiva (foja 171 frente y vuelta). 3. Mediante oficio 325-SAT-21-I-IV-5323, de fecha tres de mayo de dos mil seis, el administrador local Jurídico de Puebla Sur, en representación de las demandadas, formuló la contestación de demanda (fojas 178 a 206). Al respecto, la autoridad oficiante manifestó como causas de improcedencia, por un lado, que el oficio el oficio (sic) número 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, por el que se comunica a la contribuyente el avalúo del inmueble que le fue embargado para garantizar el monto de los créditos fiscales impugnados, debió haberse controvertido mediante el recurso de revocación previamente a acudir al juicio de nulidad y que al no haberlo hecho así la actora se actualizaba la causa (fojas 179) y, por otro, que la accionante consintió los créditos fiscales combatidos, así como los actos del procedimiento administrativo de ejecución controvertidos, anteriores al avalúo de mérito, al no haberlos controvertido dentro del término legal previsto para tal efecto a partir de que le fueron notificados (fojas 181 a 184), para lo cual ofreció como pruebas las documentales que estimó pertinentes para demostrar lo anterior. 4. Por auto de diecinueve de mayo siguiente, se tuvo por contestada la demanda fiscal y se corrió traslado a la actora para que en el término de veinte días ampliara la demanda de nulidad (foja 374). 5. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil seis, se tuvo por ampliada la demanda de nulidad (fojas 390) y por acuerdo de veintidós de agosto siguiente se tuvo por contestada esa ampliación (foja 430). 6. Seguido el trámite respectivo, el día veintidós de septiembre de dos mil seis, la Sala responsable dictó sentencia en el juicio fiscal de que se trata, en la que resolvió lo siguiente: en el considerando tercero, por una parte estimó fundada la causa de improcedencia invocada por las autoridades demandadas respecto de los créditos fiscales impugnados y de los consecuentes actos del procedimiento administrativo de ejecución, en razón de que la parte actora los consintió al no haber promovido el juicio dentro del plazo previsto para tal efecto en el artículo 13, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y, en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, la Sala estimó procedente sobreseer en el juicio en relación con el oficio 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, por el que se comunicó a la actora el avalúo realizado al inmueble embargado, señalando al respecto que antes de acudir al juicio contencioso administrativo la contribuyente debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, la Sala Fiscal sobreseyó en el juicio de nulidad, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en el artículo 8o., fracciones IV y VI, en relación con el numeral 9, fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicha sentencia constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Precisado lo anterior, en el primer concepto de violación (fojas 5 a 19), la quejosa sostiene en esencia que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de que la Sala Fiscal omitió estudiar de oficio la competencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, como lo dispone el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que, como se advierte del considerando tercero del fallo reclamado, la responsable omitió pronunciarse sobre la debida fundamentación de la autoridad exactora para emitir los actos del procedimiento administrativo de ejecución relativo a los créditos fiscales combatidos. En apoyo a lo anterior, la impetrante cita la jurisprudencia 2a./J. 99/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’. Debe desestimarse el concepto de violación antes resumido. En efecto, del contenido de los antecedentes precisados, en relación con los argumentos hechos valer por la parte quejosa, conviene precisar que dado que la Sala Fiscal en el considerando tercero de la sentencia reclamada estimó la actualización del motivo de improcedencia previsto en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto de los créditos fiscales impugnados y sus consecuentes actos del procedimiento administrativo de ejecución, al señalar que éstos ya habían sido consentidos, por lo que sobreseyó al respecto con fundamento en el artículo 9o., fracción II, del mismo ordenamiento legal; la conclusión a la que arribó la Sala responsable, en cuanto al sobreseimiento en el juicio fiscal por lo que se refiere a los créditos fiscales combatidos y a los actos del procedimiento administrativo de ejecución respectivo, le impedía precisamente hacer un pronunciamiento de fondo respecto de las resoluciones impugnadas, tal como sucede con el tema de competencia que ahora hace valer la parte quejosa. Lo anterior, porque la principal consecuencia jurídica del sobreseimiento consiste en que la Sala Fiscal se encuentre imposibilitada para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo y, por ende, al haberse sobreseído en el juicio fiscal, resultan inoperantes los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo directo que no combaten las consideraciones por las que la responsable decretó el sobreseimiento referido, sino que se refieren a temas relativos al fondo del asunto, tales como la competencia de la autoridad demandada para emitir las resoluciones respectivas, pues su examen no podía ser abordado por la Sala dado el sentido del fallo fiscal, y por tanto, tampoco pueden ser analizados por este Tribunal Colegiado. Tiene aplicación al caso, por compartirse, la jurisprudencia 757 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito Judicial, publicada en la página 566, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, cuyo contenido es el siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.’ (se transcribe). Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o.A. J/4 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1601, del Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se comparte y es del tenor siguiente: ‘CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA FALTA DE SU ANÁLISIS POR LA SALA FISCAL NO RESULTA ILEGAL, SI SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO DE NULIDAD.’. Por otra parte, en el segundo concepto de violación (fojas 19 a 21), la quejosa sostiene en esencia que la sentencia reclamada es violatoria de garantías, toda vez que la Sala ilegalmente sobreseyó en el juicio de nulidad respecto del oficio 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, por el que se comunicó a la contribuyente el avalúo del inmueble que le fue embargado, señalando al respecto que antes de acudir al juicio contencioso administrativo, la actora debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, recurso que es optativo en términos del artículo 120 del mismo ordenamiento legal; y sin que asista razón a la responsable al señalar que en el caso del avalúo, en forma excepcional, el recurso de revocación sí debe agotarse antes de la promoción del juicio de nulidad, como lo señala el artículo 175 del código tributario federal, por prever un término de diez días para la interposición del aludido medio de defensa contra los avalúos realizados por las autoridades fiscales. Es infundado el concepto de violación anterior. En efecto, primeramente conviene señalar que por regla general, se tiene que la interposición del recurso de revocación, en forma previa a la promoción del juicio contencioso administrativo resulta optativa. Al respecto, importa transcribir en primer lugar los artículos 116, 120 y 121 del Código Fiscal de la Federación, así como el diverso 11, fracciones I a IV y segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que disponen lo que sigue: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). ‘Artículo 120.’ (se transcribe). ‘Artículo 121.’ (se transcribe). ‘Artículo 11.’ (se transcribe). De los artículos antes transcritos, se desprende lo que sigue: a) Que los actos administrativos dictados en materia fiscal federal son impugnables a través del recurso de revocación. b) Que la interposición de dicho recurso por parte del interesado, por regla general, es optativa antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. c) Que el término general para la interposición del recurso de revocación es de cuarenta y cinco días, con excepción de los casos previstos en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación, este último que se refiere a la interposición del recurso contra el avalúo de bienes embargados. d) Que de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano jurisdiccional conocerá de resoluciones definitivas, entendiéndose como tales, aquéllas contra las cuales no se admita recurso o cuando el recurso sea optativo. Ahora bien, la regla general del término para la interposición del recurso de revocación, admite en términos del propio artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, la excepción prevista en el artículo 175 del código tributario federal, que señala lo siguiente: ‘Artículo 175.’ (se transcribe). El precepto legal anterior, establece que la base para la enajenación de bienes inmuebles embargados será el avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial y, en los demás casos, los que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, y a falta de éste el avalúo pericial. En contra de tales actos, el artículo 175 del Código Fiscal Federal, dada la especial naturaleza del avalúo y del procedimiento para su cálculo, señala un término especial para la interposición del recurso de revocación a que alude el artículo 117, fracción II, inciso d), del ordenamiento legal en cita, que si bien por regla general es de cuarenta y cinco días según el numeral 121 del propio código, en el caso a estudio la ley prevé que el embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación personal del avalúo, señalando además como requisitos particulares que deben designar en el mismo, como perito de su parte, a cualquiera de los valuadores señalados en el reglamento de este código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. La reducción del término general al especial de diez días para la interposición del recurso de revocación, encuentra su justificación en que el avalúo es un procedimiento técnico mediante el cual se determina el valor de los bienes embargados en una fecha cierta y, por ende, si la certeza de la valuación depende necesariamente del momento en que se realiza, su impugnación debe efectuarse en forma sumaria para confrontar el avalúo de la autoridad con el del inconforme y en caso de existir diferencias de más del diez por ciento de su valor, el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación dispone que la autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador. Asimismo, en este tenor, el precepto legal en estudio dispone que cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no designen valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas personas no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad, esto es, que dicho avalúo adquirirá firmeza, lo que alude a la obligatoriedad en la interposición del recurso de mérito. De todo lo expuesto, se tiene que de una interpretación armónica de los artículos 116, 120, 121 y 175 del Código Fiscal de la Federación, por regla general la interposición del recurso de revocación previsto contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, es optativa antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pudiendo interponerse dentro del término de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado; regla general que admite, en el caso del avalúo de bienes embargados, la excepción prevista en el artículo 175 del código tributario federal, en cuanto al término y obligatoriedad en la interposición del recurso de revocación. Ello, porque dada la especial naturaleza del avalúo y del procedimiento para su cálculo, el artículo 175 del código tributario federal señala un término especial para la interposición del recurso de revocación que el embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación personal del avalúo, lo que encuentra su justificación en que el avalúo es un procedimiento técnico mediante el cual se determina el valor de los bienes embargados en una fecha cierta y, por ende, si la certeza de la valuación depende necesariamente del momento en que se realiza, su impugnación debe efectuarse en forma sumaria para confrontar el avalúo de la autoridad con el del inconforme, y en caso de existir diferencias de más del diez por ciento de su valor, con el que realice un perito tercero valuador; asimismo, el citado precepto legal también dispone que cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto del mismo artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad, esto es, que dicho avalúo adquirirá firmeza, lo que denota que dada su especial naturaleza, celeridad y procedimiento, en el caso del avalúo de bienes embargados resulta obligatorio para el inconforme acudir al recurso de revocación en forma previa a la promoción del juicio fiscal. Expuesto lo anterior, en el caso concreto se estima que como legalmente lo estimó la Sala Fiscal, antes de acudir al juicio contencioso administrativo en contra del oficio 322-SAT-21-1-D-3-24344 de fecha once de octubre de dos mil cinco, emitido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, por el que se comunicó a la contribuyente el avalúo del inmueble que le fue embargado, la quejosa debió agotar el recurso de revocación en los términos de los artículos 117, fracción II, inciso d) y 175 del Código Fiscal Federal, y al no haberlo hecho así, resultaba improcedente el juicio de nulidad por no haberse hecho valer previamente el recurso de revocación. No pasa inadvertida para este Tribunal Colegiado la jurisprudencia 2a./J. 109/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48, Tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.’ (se transcribe). Sin embargo, si bien de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, procede el juicio de nulidad en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, sin necesidad de agotar previamente el recurso de revocación; lo cierto es que, como se advierte de su texto, en dicha jurisprudencia se analizó la regla general de procedencia del referido recurso en sede administrativa en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución prevista en el artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, regla general que no resulta aplicable al caso concreto en el que, como se precisó con antelación, dada la especial naturaleza del avalúo y del procedimiento para su cálculo, el recurso de revocación se rige por los artículos 117, fracción II, inciso d) y 175 del ordenamiento legal en cita, conforme al que tratándose del avalúo de bienes embargados resulta obligatorio para el inconforme acudir al recurso de revocación en forma previa a la promoción del juicio fiscal. Apoya lo anterior la tesis clave TC066224.9 AD1, sustentada por este Tribunal Colegiado, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS. ES UN CASO DE EXCEPCIÓN EN QUE DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 117, FRACCIÓN II, INCISO D) Y 175 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTES DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA DICHO ACTO.’ (se transcribe). En mérito de lo anterior, al haberse desestimado los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."

No se transcribe la diversa ejecutoria dictada en el amparo directo 30/2007, dada la similitud con la sentencia arriba transcrita.

De las ejecutorias referidas derivó la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXV, abril de 2007

"Tesis: VI.1o.A.224 A

"Página: 1663

"AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS. ES UN CASO DE EXCEPCIÓN EN QUE DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 117, FRACCIÓN II, INCISO D) Y 175 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTES DE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA DICHO ACTO. Si bien en la jurisprudencia 2a./J. 109/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.’, se sostuvo la procedencia del juicio de nulidad en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, sin necesidad de agotar previamente el recurso de revocación, en dicha jurisprudencia se analizó la regla general de procedencia del referido recurso en sede administrativa en contra de los actos del procedimiento administrativo de ejecución prevista en el artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación; regla general que admite, en el caso del avalúo de bienes embargados, la excepción contenida en el artículo 175 del código tributario federal, en cuanto al término y obligatoriedad en la interposición del recurso de revocación. Ello, porque dada la especial naturaleza del avalúo y del procedimiento para su cálculo, el artículo 175 del código en cita señala un término especial para la interposición del recurso de revocación que el embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación personal del avalúo, lo que encuentra su justificación en que éste es un procedimiento técnico mediante el cual se determina el valor de los bienes embargados en una fecha cierta, y por ende, si la certeza de la valuación depende necesariamente del momento en que se realiza, su impugnación debe efectuarse en forma sumaria para confrontar el avalúo de la autoridad con el del inconforme, y en caso de existir diferencias de más del diez por ciento de su valor, con el que realice un perito tercero valuador; asimismo, el citado precepto legal también dispone que cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto del mismo artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad, esto es, que dicho avalúo adquirirá firmeza, lo que denota que dada su especial naturaleza, celeridad y procedimiento, en el caso del avalúo de bienes embargos resulta obligatorio para el inconforme acudir al recurso de revocación en forma previa a la promoción del juicio fiscal."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 449/2007, el veintiuno de septiembre de dos mil siete, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Previo al análisis del único concepto de violación, y para mayor comprensión del asunto, se estima necesario precisar algunos hechos que se tornan relevantes dentro del juicio contencioso administrativo 88/07-12-02-6. El actor, aquí quejoso Cándido Aguilar Rodríguez, demandó la nulidad del oficio 322-SAT-21-II-2006-SCCO-02-17822, de diecinueve de octubre de dos mil seis, emitido por la Administración Local de Recaudación de Puebla Norte, mediante el cual se comunicó el avalúo de los bienes embargados con motivo del crédito número 16733, acompañando a la demanda, entre otras documentales, copia del aludido oficio impugnado (fojas 18 y 19 del juicio de nulidad). La autoridad, al contestar la demanda, invocó la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 8, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, que el acto impugnado no era susceptible de ser atacado vía juicio de nulidad, sino que previamente debió agotarse, en forma obligatoria, el recurso de revocación previsto en el arábigo 175, del Código Fiscal de la Federación (fojas 58 a 77 ídem). El accionante intentó ampliar la demanda de nulidad en contra del diverso acto consistente en el oficio SAT-322-04-01-13074, mediante el cual se nombró al perito valuador de los bienes embargados (fojas 114 a 126 del juicio de nulidad). Empero, la Sala responsable, mediante acuerdos de veintinueve de mayo de dos mil siete, consideró que no era procedente dicha ampliación, al no haberse exhibido por la autoridad, en la contestación, el aludido oficio y, por ende, no se surtía el supuesto previsto en la fracción IV, del numeral 17, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 129 y 130 del juicio fiscal). El treinta y uno de mayo de dos mil siete, la Sala dictó sentencia en la cual decretó el sobreseimiento, al estimar acreditada la causal de improcedencia invocada por la autoridad en la contestación de demanda, esto es, la prevista en la fracción VI del artículo 8o., de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: ‘Artículo 8o.’ (se transcribe). Ello, al no haberse enderezado, en contra del acto impugnado, el recurso de revocación previsto en el normativo 175 del Código Fiscal de la Federación, cuya interposición no era optativa sino obligatoria. Ésta es la sentencia que aquí se reclama. En el único motivo de disenso constitucional el accionante refiere lo siguiente: La Sala realizó una indebida aplicación del numeral 175, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que no era procedente sobreseer en torno al acto impugnado, dado que no es necesario interponer el recurso de revocación previamente al juicio de nulidad, pues a pesar de que ese dispositivo prevé la procedencia del referido recurso en un plazo de diez días, en contra del acto que da a conocer el avalúo de bienes embargados, no es aplicable al presente caso para condicionar el ejercicio de la acción de nulidad. El recurso de revocación a que alude el numeral 175, del Código Fiscal de la Federación, en todo caso, es sólo para aquellos supuestos en que no se esté de acuerdo con el monto del avalúo de la autoridad, lo que no constituyó la litis planteada en el juicio de nulidad, pues lo que se reclamó fue que las autoridades hacendarias violaron los dispositivos del citado código que rigen el procedimiento administrativo de ejecución, al no haberse dado a conocer los actos previos al avalúo de los bienes, como lo es, la designación del perito valuador, de ahí que no había razón para condicionar la procedencia del juicio contencioso administrativo, trasgrediendo la responsable con su proceder, las garantías de legalidad y seguridad jurídica estatuidas en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal. Debe dejarse sin efecto la sentencia reclamada, pues en el caso particular no era obligatorio interponer el recurso de revocación en términos del arábigo 175 del código tributario federal, sino que era posible acudir directamente al juicio de nulidad, de ahí que la Sala, al no apreciarlo así y sobreseer el juicio, actuó en contravención a las disposiciones legales aplicables y, por ello, debe ordenársele que desestime la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad, y entre al estudio del fondo del asunto. Es sustancialmente fundado dicho concepto de violación. Cabe reiterar que a través del oficio impugnado en el juicio de nulidad se comunicó al actor, aquí quejoso, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el avalúo de los bienes embargados para hacer efectivo el crédito fiscal determinado número 16733, lo que se aprecia del contenido de tal documental, que en lo conducente dice: (se transcribe). (Fojas 18 y 19 del juicio fiscal). La Sala responsable para sobreseer en el juicio de nulidad que nos ocupa, adujo medularmente que la resolución impugnada debió ser cuestionada a través del recurso de revocación contemplado en el artículo 175, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 117, fracción II, inciso d), del propio ordenamiento, dado que se prevé el procedimiento que debe seguirse cuando no se está conforme con la valuación efectuada por la autoridad, procedimiento especial que fue previsto e impuesto de manera obligatoria por el legislador, para el caso de que los embargados o terceros acreedores se inconformen en contra del avalúo practicado y, por ende, el aludido recurso de revocación debe agotarse previamente al juicio contencioso administrativo, en caso de inconformidad con dicho avalúo. Decisión que, como se alega, es ilegal. El arábigo 175 del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo segundo, establece: (se transcribe). Tal dispositivo contempla la posibilidad de hacer valer en el plazo de diez días, el recurso de revocación contra la inconformidad que se detente en torno a la valuación de los bienes. Empero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 76/2005-SS, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20864-4e43d9b4/avaluo-de-bienes-embargados-es-optativo-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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