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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS EN QUE LABORAN Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 131/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19821
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 851.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 131/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia laboral, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remitió la resolución correspondiente al amparo directo DT. 10058/2004, de fecha doce de noviembre de dos mil cuatro, en la que el quejoso fue el jefe de Gobierno del Distrito Federal; la ejecutoria mencionada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"CUARTO. Son inatendibles en una parte, infundados en otra y finalmente inoperantes los anteriores conceptos de violación. En efecto, la primera calificación se aplica a los argumentos en los que se aduce que la Sala responsable omitió realizar un estudio ‘minucioso y exhaustivo’ de la excepción de incompetencia planteada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su contestación de demanda; lo anterior es así, porque no consta que el ahora quejoso opusiera dicha excepción, a fin de que la Sala responsable estuviera obligada a pronunciarse a ese respecto, pues se advierte que únicamente hizo valer la de falta de acción y de derecho de los actores para reclamar las prestaciones que le demandaron, sosteniendo que entre él y los demandantes no existió relación laboral alguna, afirmando que la misma sólo se dio entre éstos y la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal; luego, si la excepción de competencia de que se trata, no se planteó al contestar la demanda, no formó parte de la litis laboral y, por ello tampoco puede serlo de la controversia constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia número 328, publicada en la página 265, Tomo V, Volumen 1, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es como sigue: ‘LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.’ (se transcribe). Por otra parte, los conceptos de violación son infundados porque contra lo que aduce el titular quejoso, es correcto que la Sala responsable determinara no llamar a juicio como tercero interesado a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal; lo anterior es así, porque aun cuando la mencionada autoridad arribó a tal conclusión en el acuerdo plenario de fecha tres de abril de dos mil tres, lo que reiteró en el laudo reclamado, considerando en dicho acuerdo lo siguiente: (se transcribe). (foja 146); sin establecer las razones del porqué en el caso, resultaban aplicables los artículos 7o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que invocó como fundamento de dicha determinación, pues ni siquiera transcribe los mismos; lo cierto es que tal determinación resultó correcta, dado que, como lo consideró la Sala del conocimiento, la relación laboral entre quienes laboran directamente en la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, no se da con ésta, sino con el Gobierno del Distrito Federal, por ser dicha secretaría una dependencia de éste, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que dispone lo siguiente: ‘Artículo 15.’ (se transcribe); lo que se reitera en el artículo 7o. del reglamento de la citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo contenido, en lo conducente es como sigue: ‘Artículo 7o.’ (se transcribe); es cierto que el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que: ‘Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo las directivas de la Gran Comisión de cada Cámara asumirán dicha relación.’; sin embargo, no es posible establecer una correlación de lo dispuesto en el primero y en el segundo de los artículos transcritos, con lo previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de determinar que quien se encuentra al frente de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal antes citada, sea uno de los titulares con los que se entabla una relación jurídica de trabajo, en términos de lo dispuesto por el referido artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues de éste claramente se desprende que la relación jurídico laboral únicamente se da entre los trabajadores y los titulares a que hace referencia el artículo 1o. de la propia Ley Federal de los Trabajadores del Estado, que en lo conducente dispone lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe); es decir, entre otros, con el jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, pero no entre éstos y las dependencias internas de aquél, sin que obste que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se denominará a quien se encuentre al frente de la Secretaría de Transportes y Vialidad como ‘titular’ de la misma, pues como ya se dijo, esa calidad para efectos de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado, únicamente la tienen los servidores públicos que están al frente de las dependencias que señala el artículo 1o. de esta ley anteriormente transcrito, dentro de las que se encuentra el Gobierno del Distrito Federal; luego, es correcto que se tuviera como único demandado al titular ahora quejoso, por ser éste, de acuerdo con lo antes expuesto, el único responsable de la relación laboral de quienes trabajan en sus diversas dependencias."

CUARTO. Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DT. 997/2004, el dos de diciembre de dos mil cuatro, en el que el quejoso fue el jefe de Gobierno del Distrito Federal, determinó lo que a continuación se transcribe:

"CUARTO. Los conceptos de violación que se hacen valer son fundados en atención a las siguientes consideraciones. El quejoso en su primer concepto de violación, aduce que en el laudo que por esta vía se combate, se le condenó a reconocer que el puesto de inspector verificador es de base, a respetar el cumplimiento de las funciones del actor en el puesto de inspector o verificador, así como a pagar las diferencias salariales a partir de mil novecientos noventa y ocho, incrementos salariales, diferencias de salario en aguinaldo y primas vacacionales; asimismo, a otorgar clave de cobro al trabajador como inspector y/o verificador adscrito a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, condena que dice es violatoria de las garantías individuales establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la autoridad responsable no hizo un análisis jurídico de sus argumentaciones realizadas en su escrito de contestación a la demanda en el sentido de que negó acción y derecho al actor para reclamarle todas y cada una de las prestaciones que señaló en su escrito de demanda, toda vez, que la relación jurídica que tuvo el hoy tercero perjudicado fue con la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, y no así para el Gobierno del Distrito Federal, que la razón de ello fue que a partir del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el Distrito Federal, en virtud de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, a cargo del Gobierno del Distrito Federal, el cual en términos de los artículos 25, 27 y 28 del Código Civil para el Distrito Federal, es una persona moral pública que se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su reglamento interior y, por tanto, dejó de ser una dependencia del Gobierno Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 constitucional, que de conformidad con el artículo 122 constitucional, el Gobierno del Distrito Federal está conformado por tres órganos locales de Gobierno, como son: la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, este último también designado como el titular de la administración pública del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y que en términos del ordenamiento constitucional el jefe de Gobierno del Distrito Federal en su calidad de autoridad local es el titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal, que la Ley Orgánica del Distrito Federal establece en su artículo 15 las dependencias que conforman a la administración pública centralizada del Distrito Federal y que entre ellas está la Secretaría de Transportes y Vialidad por lo que atendiendo a lo que establece el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la relación jurídica de trabajo debe entenderse establecida entre los titulares de las dependencias que conforman a la administración pública en términos del artículo 15 precitado y los trabajadores a su servicio, puesto que son los titulares directos de la relación laboral, en términos de las reformas constitucionales por las cuales pasó a ser entidad federativa del Distrito Federal, por tanto, resulta que la relación laboral únicamente existió entre el actor y la Secretaría de Transportes y Vialidad. El concepto de violación en estudio es fundado. Del escrito de demanda se desprende, que el actor reclamó entre otras cuestiones la declaración judicial de que tiene plaza, puesto o cargo de inspector o verificador de base y como consecuencia de lo anterior el cumplimiento de sus funciones en el puesto de inspector o verificador, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, aduciendo que en el caso no consentido de que no tuviese el nombramiento respectivo ello no era obstáculo para considerar que ha realizado las funciones inherentes al puesto que reclamó. El demandado antes de proceder a dar contestación al escrito de demanda, manifestó que la relación jurídica que aparentemente mantuvo el actor fue con la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, aduciendo que cualquier resolución que se tome afectará de forma directa los intereses de dicha secretaría, ello en términos del artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Sala responsable en el laudo reclamado, condenó al demandado aquí quejoso a otorgar al actor el puesto de base de inspector o verificador. Ahora bien, tal condena es ilegal, en base a lo siguiente. El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: ‘Artículo 43.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 122 de la referida Constitución dispone que son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia. A su vez, el artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, previene que el jefe de Gobierno será el titular de la administración pública del Distrito Federal y el artículo 15 de la ley en comento dispone que el jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones de varias dependencias entre otras, de la Secretaría de Transportes y Vialidad. Ahora bien, de lo anterior tenemos que el jefe de Gobierno del Distrito es el titular de la administración pública del Distrito Federal y que para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de la dependencia denominada Secretaría de Transportes y Vialidad. Por otra parte, el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). De lo anterior, tenemos que la relación jurídica de trabajo debe entenderse establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores de base a su servicio, por ende, es de concluirse que en el caso, la relación de trabajo se dio única y exclusivamente entre la Secretaría de Transportes y Vialidad y el actor, circunstancia que se ve reforzada con el memorándum original, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal, que obra a fojas nueve de autos, de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos, por medio del cual se comisionó al actor a la Dirección de Inspección y Mejoramiento de los Servicios, con tres oficios de comisión en original que obran a fojas doce, trece y catorce de autos, suscritos por el subdirector de Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Autotransporte Urbano, de los que se desprende que con fechas, primero de mayo de mil novecientos noventa y tres, primero de junio de mil novecientos noventa y tres, primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, el demandante fue comisionado como inspector en las Delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc zona norte, con un horario de la 7:00 a las 19:00 horas, con el objeto de que inspeccionara que el servicio público de pasajeros concesionado, se prestara a la ciudadanía con las máximas medidas de comodidad, seguridad e higiene y con los oficios número RDF 1446/2000 y RDF 5061/2000, en original que obran a fojas treinta a treinta y uno de autos, de fecha veintinueve de junio de dos mil, suscritos por el director de la Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección de Recursos Financieros y Humanos de la Secretaría de Transportes y Vialidad, de los que se desprende que el demandante fue adscrito a la Dirección General del Instituto del Taxi, y se le informó que en su nueva adscripción realizaría las funciones de inspector, así como con la constancia laboral que obra a foja 32 del expediente laboral de la que se desprende que se informó que José Martín Sosa Rojas labora en la Secretaría de Transportes y Vialidad. En consecuencia, al ser el laudo reclamado violatorio de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, debe concederse el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicita, para el efecto de que la Sala responsable lo deje insubsistente y en su lugar emita otro en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria considere que la relación de trabajo se dio única y exclusivamente entre la Secretaría de Transportes y Vialidad y el actor y hecho que sea resuelva lo que proceda."

QUINTO. Ahora bien, una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas, y

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el número P./J. 26/2001, publicada en la página setenta y seis, del Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En estas condiciones, tenemos que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DT. 10058/2004, sostuvo en síntesis, lo siguiente:

1. Determina que contrariamente a lo que aduce la parte quejosa es correcto que la Sala responsable determinara no llamar a juicio como tercero interesado a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, esto en virtud de que la relación de trabajo de los que ahí laboran se da con el Gobierno del Distrito Federal, por ser dicha secretaría una dependencia de éste en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, lo que se reitera en el artículo 7o. del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

2. Que si bien el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé que la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones y los trabajadores de base a su servicio, también lo es que no es posible establecer una correlación de lo dispuesto entre esa disposición y el artículo 1o. del mismo ordenamiento, a efecto de determinar que quien se encuentra al frente de la Secretaría de Transportes y Vialidad, sea uno de los titulares con los que se entabla una relación jurídica de trabajo, toda vez que del artículo 2o. se desprende con claridad que la relación jurídico laboral únicamente surge entre los trabajadores y los titulares a que hace referencia el diverso artículo 1o. de esa ley, es decir, entre otros, con el jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, pero no entre éstos y las dependencias internas de aquél.

3. Agrega que no es óbice a lo anterior, que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se denomine a quien se encuentre al frente de la Secretaría de Transportes y Vialidad como titular de la misma, pues reitera, esa calidad para efectos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, únicamente la tienen los servidores públicos que están al frente de las dependencias que señala el artículo 1o. de esa ley, dentro de las que se encuentra el Gobierno del Distrito Federal; concluyendo que es correcto que se tuviera como único demandado al jefe de Gobierno, por ser el único responsable de la relación laboral de quienes trabajan en sus diversas dependencias.

Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DT. 997/2004, llegó a las conclusiones siguientes:

1. Ese órgano jurisdiccional declaró fundado el concepto de violación hecho valer por el Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, esto en virtud de que la relación jurídica laboral que tuvo el tercero perjudicado se entabló con la Secretaría de Transportes y Vialidad y no con el Gobierno del Distrito Federal.

2. Para arribar a esa determinación el Tribunal Colegiado toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 43 y 122 constitucionales; 5o. y 15, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para concluir que la relación jurídica de trabajo debe entenderse establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores de base a su servicio, por lo que en el caso, la relación de trabajo se dio única y exclusivamente entre la Secretaría de Transportes y Vialidad y la parte actora, lo que se ve confirmado con diversas constancias que enumera en la ejecutoria de que se trata.

Ahora bien, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados que han quedado sintetizadas en los párrafos que anteceden, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

Lo antes dicho es así, porque los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre el mismo tema, ya que al resolver los asuntos sometidos a su consideración, se ocupan de una cuestión jurídica esencialmente igual, consistente en determinar con quién se establece la relación de trabajo de los que laboran en el Gobierno del Distrito Federal, esto es, si se entabla con el jefe de Gobierno o con el titular de la dependencia en la que presta sus servicios el trabajador; sobre esa base, también se advierte que en torno a esa cuestión, arribaron a conclusiones jurídicas discrepantes, ya que un tribunal considera que la relación de trabajo se da entre el trabajador y el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el otro es de la opinión de que dicha relación jurídica se entabla con el titular de la dependencia del Distrito Federal en la que presta servicios el trabajador y no con el jefe de Gobierno.

En efecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que la relación laboral de quienes trabajan en la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, no se da con el titular de esa dependencia, sino con el jefe de Gobierno, ello en virtud de que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, dicha secretaría es una dependencia del Gobierno del Distrito Federal; aclarando que no es óbice a lo anterior lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que en términos de esa disposición, la relación laboral sólo se da entre los trabajadores y los titulares a que se refiere el artículo 1o. de la misma ley, entre ellos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo que implica que la relación no se instaura con las dependencias internas de esa entidad.

Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, considera que del análisis a lo dispuesto en los artículos 43 y 122 constitucionales; 5o. y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 2o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que el jefe de Gobierno del Distrito Federal es el titular de la administración pública del Distrito Federal, quien para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de diversas dependencias, como lo es la Secretaría de Transportes y Vialidad, de donde concluye que la relación jurídica de trabajo debe entenderse establecida entre los titulares de las dependencias y los trabajadores de base a su servicio, es decir, que en el caso, la relación de trabajo se dio únicamente entre la secretaría mencionada y el actor, y no con el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Lo descrito demuestra, como ya se precisó, que los Tribunales Colegiados analizaron la misma problemática, esto es, determinar con quién se establece la relación de trabajo de los que laboran en el Gobierno del Distrito Federal, cuando prestan servicios en una dependencia de dicho gobierno, esto es, si con el jefe de gobierno o con el titular de la dependencia en la que trabajan y, como se ve, sobre esa cuestión formularon conclusiones contradictorias, por lo que los elementos que se requieren para la existencia de la contradicción de tesis denunciada, se encuentran acreditados.

En estas condiciones, el punto de derecho en el cual se plasma la contradicción consiste en decidir con quién se establece la relación laboral de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal cuando éstos se encuentran adscritos a una secretaría o dependencia de dicho gobierno, es decir, si ese vínculo laboral se da con el jefe de gobierno o con el titular de la dependencia en la que laboran.

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer el criterio que a continuación se desarrolla.

En primer término, resulta pertinente formular una descripción de los juicios de amparo en los que se dictaron las resoluciones materia de la presente contradicción.

1. En el juicio de amparo directo DT. 10058/2004, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se tiene como antecedente que mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil dos, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, César Sánchez Pérez y otros, demandaron del jefe de Gobierno del Distrito Federal, diversas prestaciones consistentes en la declaración judicial de que tienen el puesto, plaza o cargo de inspector o verificador de base, la expedición del nombramiento correspondiente y el pago de las cantidades que resulten de diferencias salariales, entre otras prestaciones.

Del juicio tocó conocer a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien mediante laudo de veinticinco de mayo de dos mil cuatro, dictado en el juicio laboral 6617/02, determinó que los actores acreditaron la procedencia de su acción, por lo que condenó al jefe de Gobierno del Distrito Federal a reconocerles el puesto o plaza de inspectores o verificadores de base, expedirles el nombramiento correspondiente, pagarles las diferencias salariales demandadas y reubicarlos en su centro de trabajo.

En contra de esa determinación el jefe de Gobierno del Distrito Federal, promovió juicio de amparo directo, mediante oficio presentado el catorce de julio de dos mil cuatro, el cual fue resuelto por ejecutoria de doce de noviembre siguiente, en el sentido de negar el amparo solicitado.

2. En el juicio de amparo directo DT. 997/2004, del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se advierte que mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dos, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, José Martín Sosa Rojas, demandó del Gobierno del Distrito Federal, diversas prestaciones a saber, la declaración judicial de que tiene el puesto, plaza o cargo de inspector o verificador de base, el cumplimiento de las funciones que desempeñaba con ese carácter, el pago de las cantidades que resulten por concepto de diferencias salariales y la reubicación en su centro de trabajo.

Del juicio conoció la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien por laudo de veintidós de junio de dos mil cuatro, dictado en el juicio laboral 4616/02, determinó que el actor acreditó la procedencia de su acción, por lo que condenó al Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Transportes y Vialidad, a reconocer que el puesto de inspector verificador es de base, a respetar el cumplimiento de las funciones que desempañaba la parte actora y a pagarle las diferencias salariales demandadas.

Posteriormente, el Gobierno del Distrito Federal por conducto de su apoderada, promovió juicio de amparo directo en contra de esa determinación, mediante oficio presentado el diecinueve de octubre de dos mil cuatro, el cual fue resuelto por ejecutoria de dos de diciembre siguiente, en el sentido de conceder el amparo solicitado.

Por otra parte, el artículo 122, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución General de la República, establece lo siguiente:

"Artículo 122. ...

"Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

"...

"El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta."

Asimismo, los artículos 5o., 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, son del tenor siguiente:

"Artículo 5o. El jefe de Gobierno será el titular de la administración pública del Distrito Federal. A él corresponden originalmente todas las facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegarlas a los servidores públicos subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su entrada en vigor y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión, excepto aquellas que por disposición jurídica no sean delegables.

"El jefe de Gobierno contará con unidades de asesoría, de apoyo técnico, jurídico, de coordinación y de planeación del desarrollo que determine, de acuerdo con el presupuesto a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19821-cf9170cc/servidores-publicos-del-gobierno-del-distrito-federal-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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