MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LES OTORGÓ EL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la XVIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, quien fue autoridad responsable en los expedientes de donde derivan los criterios que se denuncian como contradictorios.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió la resolución correspondiente a la queja administrativa 135/2005-I, de fecha veinticuatro de enero de dos mil seis.
La resolución mencionada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"CUARTO. Es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada, el agravio expresado por el tercero perjudicado aquí recurrente, en el que alega que le causó perjuicios la determinación del Juez Primero de Distrito en el Estado, en la que resolvió que era infundado el recurso de queja que interpuso por el exceso en el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo. En efecto, de las constancias que integran el juicio de amparo 455/2003 del que deriva la resolución impugnada se aprecia que mediante sentencia constitucional de fecha veintitrés de octubre de dos mil tres, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Marco Antonio Jiménez Carrillo ‘... para el efecto de que la autoridad responsable: Congreso del Estado deje insubsistente la determinación tomada en sesión de fecha veintinueve de abril de dos mil uno y en su lugar, atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, dicte una nueva resolución en la que resuelva la ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, que venía desempeñando, con todas las consecuencias legales que genera la ratificación.’. Inconformes con la anterior determinación el tercero perjudicado Fernando Tovar Rodríguez y las autoridades responsables Legislatura Constitucional del Estado de Baja California y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, interpusieron recursos de revisión en contra de la sentencia antes mencionada, de los que conoció este Primer Tribunal Colegiado, bajo los números 636/2003 y 646/2003, los cuales se resolvieron el día dieciocho de marzo de dos mil cuatro, y en los que si bien se modificó la sentencia impugnada, sin embargo, quedó firme la parte de la misma en la que se concedió el amparo respecto del acto reclamado a la Legislatura Constitucional del Estado, consistente en la resolución por la que se determinó su no ratificación en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, mediante auto de veinte de diciembre de dos mil cuatro, el Juez de Distrito declaró que el fallo protector había quedado cumplido, en virtud de que el Congreso del Estado de Baja California, le remitió copia certificada del dictamen número 427, aprobado por el Pleno, mediante el cual se dejó insubsistente la determinación tomada en sesión de veintinueve de abril de dos mil uno, y en su lugar se dictó una nueva en la cual se ratificó al quejoso Marco Antonio Jiménez Carrillo, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia ‘... y como consecuencia de lo anterior se reinstaló al quejoso en su cargo de Magistrado del citado tribunal, y la reinstalación con motivo de su ratificación, trascendió del primero de noviembre de dos mil uno hasta el veintiocho de octubre de dos mil tres, fecha en que se le notificó la resolución pronunciada en el juicio político que se instauró en contra del quejoso y otros, emitida por el Congreso del Estado erigido en jurado de sentencia, en el cual se le impuso la sanción de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un periodo de ocho años ...’; de igual forma, el secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado remitió copia certificada de los cheques números 0031289 y 031288 y el recibo finiquito firmado por el quejoso y que le fueron entregados con motivo de los sueldos y prestaciones económicas comprendidas del periodo del primero de noviembre de dos mil uno al veintiocho de octubre de dos mil tres, que derivaron como consecuencia de la reinstalación por su ratificación. No obstante lo anterior, mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil cinco, los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la XVIII Legislatura del Estado de Baja California, informaron al a quo, que a fin de dar debido cumplimiento a lo ordenado en el mencionado dictamen 427, con fecha ocho de febrero de dos mil cinco, se aprobó por el Pleno del Congreso del Estado de Baja California, el dictamen número 59 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en el que se ordenó la reinstalación en los respectivos cargos de Magistrados Numerarios, de Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón, J. Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Óscar Valenzuela Ávila y Marco Antonio Jiménez Carrillo, con todas las consecuencias legales que genera la reinstalación; asimismo, se determinó dejar sin efectos los actos posteriores y que fueron consecuencia de la no ratificación de los Magistrados, como son la elección y nombramiento de cada Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado que ocuparon, correlativamente, la adscripción de los antes mencionados, misma que dijo, determinó el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en la sesión plenaria correspondiente a dicho órgano, y la cual le fue notificada al aquí recurrente, el día diez de febrero de dos mil cinco. Mediante diverso escrito presentado ante el Juez Primero de Distrito en el Estado José Antonio Pérez Pérez aquí recurrente, en su carácter de tercero perjudicado, interpuso recurso de queja en contra del dictamen número 59 a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, y que dijo la autoridad responsable se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 455/2003, asimismo, impugnó el cumplimiento dado al mismo por parte del Consejo de la Judicatura del Estado, pues dijo, existió exceso en el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo al quejoso. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, el Juez Primero de Distrito en el Estado procedió a emitir la correspondiente resolución al recurso de queja que se promovió por exceso en el cumplimiento a la ejecutoria, y en esencia determinó que no existió exceso, en virtud de que la responsable fijó debidamente su alcance y consecuencias, dado que dejó sin efecto los actos posteriores y que derivaron de la no ratificación del Magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, como lo fueron la elección y nombramiento del Magistrado aquí recurrente, José Antonio Pérez Pérez, cargo que ocupó correlativamente mientras se decidía en forma definitiva el amparo concedido a aquél, ya que estimó que el nombramiento de éste derivó de la no ratificación en el cargo del Magistrado quejoso en el juicio de amparo 455/2003, y que por ello, al haber cesado la causa que originó el nombramiento del recurrente, resultaba lógico que quedaran sin efecto todas las consecuencias que habían generado su no ratificación. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el tercero perjudicado, aquí recurrente, en contra de la anterior determinación se arriba a la conclusión de que la misma fue ilegal, en virtud de que como acertadamente lo expone, se dejó sin efecto su nombramiento como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, bajo el argumento de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, la cual, contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, no la obligaba a ello. Lo anterior es así, en virtud que del contenido del dictamen número 59, se advierte que el hecho de que se dejara sin efecto su nombramiento, obedeció al cumplimiento que se debía dar a las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo 425/2003 y 455/2003 del Juzgado Primero de Distrito; 516/2002 y 1/2004 del Juzgado Segundo de Distrito; 661/2002 del Juzgado Tercero de Distrito y 427/2003 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito, todos con residencia en esta ciudad, en los que se ordenó la reinstalación en sus respectivos cargos de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón, J. Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Óscar Valenzuela Ávila y Marco Antonio Jiménez Carrillo, así como dejar sin efectos los actos posteriores, los cuales dijo ‘... fueron consecuencia de la no ratificación de los Magistrados, como son la elección y el nombramiento de cada Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que ocupó correlativamente la adscripción, de los CC. Raúl González Arias, Olimpia Ángeles Chacón, J. Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Óscar Valenzuela Ávila y Marco Antonio Jiménez Carrillo, misma que determinó el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en la sesión plenaria correspondiente de dicho órgano ...’. Dicha determinación irrogó perjuicio al promovente, en virtud de que, por una parte, como lo sostiene el recurrente, mediante auto de fecha veinte de diciembre de dos mil cuatro, el propio Juez Primero de Distrito en el Estado emitió un auto en el que determinó que el fallo protector había quedado cumplido, es decir, antes de que el Congreso del Estado emitiera el dictamen número 59 de fecha ocho de febrero de dos mil cinco, en el que se dejó sin efecto la elección y nombramiento del Magistrado que ocupó correlativamente el lugar del quejoso, lo que evidencia la incongruencia de la determinación del a quo, en cuanto a que dicha determinación atendió al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siendo que ya la había declarado cumplida con anterioridad y, por otra parte, debe decirse que el fundamento en que se apoyó el Congreso del Estado para emitir esa determinación, no obedeció al cumplimiento que debía darse a las ejecutorias de amparo dictadas en los juicios promovidos por los Magistrados que no habían sido ratificados en sus cargos, dado que debió advertir que el cumplimiento a las mismas no implicaba dejar sin efectos actos autónomos e independientes que no estaban en relación directa con el alcance y efectos concesorios de las sentencias de amparo, ya que como lo afirma el recurrente, la validez del Decreto 355 en el que se hizo la designación de nuevos Magistrados, entre los que él se encontraba, no dependía necesaria y forzosamente de la existencia y validez del dictamen 10 en el que el Congreso del Estado negó la ratificación como Magistrado estatal al quejoso, porque aquel decreto (el 355), gozaba de autonomía e independencia respecto del aludido dictamen, debido a que la Legislatura Local hizo uso de las facultades que le confieren los artículos 27, fracción I, 58 y demás relativos de la Constitución del Estado, así como el diverso 7o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para nombrar diez nuevos Magistrados, sin que se aprecie que el mismo hubiere sido de manera provisional, en tanto se resolvían los juicios de amparo promovidos por los anteriores Magistrados, lo que debió implicar que al momento de dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo, no se debió invocar esa circunstancia como fundamento para dejar insubsistente el nombramiento del quejoso, sin que obste para arribar a dicha determinación, la afirmación del a quo en el sentido de que el ahora recurrente ocupó correlativamente el cargo de Magistrado que tenía Marco Antonio Jiménez Carrillo, mientras se resolvía en forma definitiva el amparo que había promovido, pues esa circunstancia no debió ser apta para estimar que el Decreto 355 antes mencionado fue una consecuencia necesaria y directa de la no ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado, dado que en dicho decreto se determinó lo relativo a su elección o designación como Magistrado, mientras que la cuestión relativa a la asignación o adscripción que con posterioridad se le dio, no obedeció a un acto del Congreso del Estado, sino del Consejo de la Judicatura del Estado, que fue quien decidió a ese respecto, lo que corrobora que se trató de un acto autónomo e independiente que no tenía por qué ser dejado insubsistente al dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Máxime, si se toma en consideración que de las copias certificadas que el recurrente ofreció como prueba dentro del juicio de garantías, obra la relativa al recurso de revisión 390/2004, promovido por el Congreso del Estado en contra de la sentencia concesoria de amparo, que se tramitó y resolvió ante este Tribunal Colegiado y que estaba en relación al juicio de garantías 427/2003, interpuesto por Óscar Valenzuela Ávila, en el que el mencionado Congreso planteó como causa de improcedencia la prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo que se hizo consistir en la falta de interés jurídico del antes mencionado para reclamar la validez del Decreto 355 en el que se hizo la designación de nuevos Magistrados, entre los que se encontraba el ahora quejoso, y al resolver este tribunal, se determinó que ese decreto no dependía ‘... necesaria y forzosamente de la existencia y validez del dictamen 11, en el que el Congreso del Estado negó la ratificación como Magistrado estatal al hoy quejoso, porque aquel decreto (el 355), goza de autonomía e independencia respecto del dictamen 11, debido a que la Legislatura Local tenía facultades para nombrar diez nuevos Magistrados ...’, es decir, con lo anterior se pone de manifiesto que ya se había dejado claro que el decreto y determinaciones que tuvieron que ver con la ratificación de los Magistrados anteriores, no dependía de la existencia y validez de la determinación en virtud de la cual se nombró nuevos Magistrados. Además, dicha cuestión también fue abordada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 10/2005, que promovió Felipe de Jesús Padilla Villavicencio, en su carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Baja California y el Magistrado Germán Leal Franco, como presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, la que si bien versó sobre la invalidez de la alteración y/o modificación y las consecuencias jurídicas que se llevaron a cabo durante el procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, correspondiente al mencionado Tribunal de Justicia Electoral, es decir, no versaba sobre las cuestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria que aquí se aborda, sin embargo, de su contenido se aprecia que al dar contestación a la demanda de donde deriva dicho medio de control constitucional, el gobernador y Congreso del Estado hicieron valer la causal de improcedencia que apoyaron en el hecho de que Felipe de Jesús Padilla Villavicencio (quien guarda una situación similar al aquí recurrente en relación con el dictamen 59 y cumplimiento a la ejecutoria de amparo), al momento de presentar la demanda relativa a la controversia había dejado ya de ser Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y que por ello carecía de legitimación para representar a éste. Atendiendo a lo anterior, ese Alto Tribunal procedió a realizar una síntesis de los antecedentes relativos al dictamen Número 59 emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y aprobado por el Congreso del Estado, que es el mismo que el recurrente impugna como consecuencia de un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y previo un análisis de los antecedentes de dicho dictamen, concluyó que el mismo no era idóneo para demostrar que Felipe de Jesús Padilla Villavicencio ya no era Magistrado Numerario a la fecha de presentación de la aludida controversia y, al respecto, dijo: ‘... si bien es cierto que en ese dictamen en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 390/2004, precisada en el punto tres precedente, se ordenó reinstalar materialmente en el cargo de Magistrado Numerario del tribunal citado a Óscar Valenzuela Ávila y dejar insubsistente el nombramiento de la persona que venía ocupando dicho cargo (fojas 518 vuelta y 519 vuelta del primer tomo citado) (sic), también lo es que esas determinaciones no son eficientes para demostrar que como consecuencia de ellas el ocho de febrero de dos mil cinco, terminó el cargo de Magistrado Numerario de Felipe de Jesús Padilla Villavicencio, en primer lugar, porque en el dictamen en estudio no se hizo ninguna determinación expresa en ese sentido; en segundo término, porque en autos no existe prueba alguna de la cual deriven elementos para poner de relieve que Felipe de Jesús Padilla Villavicencio, ocupaba el cargo de Magistrado en sustitución de Óscar Valenzuela Ávila e, incluso, en el dictamen analizado tampoco se externó consideración alguna en relación con ese tema. En corolario de lo anterior, se colige que el dictamen 59 analizado no es suficiente ni eficiente para demostrar que el nombramiento de Felipe de Jesús Padilla Villavicencio como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, hubiera terminado el ocho de febrero de dos mil cinco y que por ello, el nueve del propio mes cuando se presentó ante este Alto Tribunal la demanda de donde deriva el presente medio de control constitucional, ya no tenía ese cargo; luego, contrariamente a lo argumentado por el gobernador y Congreso demandados se considera que la persona citada, en la fecha indicada, era Magistrado Numerario del tribunal citado ...’. Lo anterior es de atenderse conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cabe agregar, que no pasa desapercibido para este tribunal que la autoridad responsable se encontraba obligada a dar cumplimiento a las diversas ejecutorias de amparo en los términos que le fueron ordenados por los Jueces de Distrito, sin embargo, debe quedar claro que ello no implicaba que con fundamento en las mismas se dejara sin efecto el nombramiento del diverso Magistrado del Tribunal Superior, aquí recurrente, pues eso no se dijo en aquellas resoluciones y como se vio, la naturaleza de las mismas no obligaba a ello, por lo que deberá declararse fundado el presente recurso de queja, a fin de que el Congreso del Estado deje insubsistente la aprobación que realizó del decreto reclamado y dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en este fallo, estime que son actos independientes lo relativo al cumplimiento a las diversas ejecutorias de amparo que en el mismo se mencionan y restablezca al recurrente en el puesto de Magistrado que venía ocupando con la restitución de los emolumentos correspondientes a su cargo."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la queja administrativa 118/2005, el veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, consideró lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO. Resultan sustancialmente fundadas las consideraciones que, a guisa de agravio se acaban de transcribir. En efecto, este Tercer Tribunal Colegiado después del examen integral de las constancias derivadas del juicio de garantías 272/2004-I, promovido por María Esther Rentería Ibarra, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, advierte que la resolución reclamada consistente en la sentencia de fecha once de octubre de dos mil cinco, que declaró fundado el recurso de queja por exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, promovido por Avel Pérez Alcalá, como lo señala la parte quejosa, se apartó de la normatividad contemplada en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo. A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar los antecedentes que dieron origen a esta alzada. Mediante escrito que fue turnado al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, el primero de junio de dos mil cuatro, compareció María Esther Rentería Ibarra y demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Legislatura Constitucional del Estado y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó: ‘a) De La Legislatura del Estado reclamó la aprobación del dictamen número 428 en su integridad, así como todas sus consecuencias de hecho y de derecho, dictamen en cuyos puntos resolutivos se contiene: Primero, la decisión de no aprobar la ratificación de María Esther Rentería Ibarra como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y Segundo, instruye al propio Congreso del Estado, para que proceda a realizar un nuevo nombramiento de Magistrado Numerario en sustitución de la suscrita (condición que ya ocurrió con el nombramiento de diez nuevos Magistrados Numerarios, de ahí que todos ellos aparezcan ahora como terceros perjudicados); b) Del Consejo de la Judicatura del Estado, reclamó todo acto relacionado con el cumplimiento de la sentencia, en caso de obtenerse la protección federal, como sería la reinstalación de la quejosa en el cargo de Magistrada adscrita a la Primera Sala Civil, que venía desempeñando, el pago de los salarios dejados de percibir y en general cualquier consecuencia que se derive de la ejecutoria y que por razón de sus funciones competa ejecutar al Consejo de la Judicatura.’. Tramitado que fue el citado juicio de garantías, el treinta de septiembre de dos mil cuatro, el a quo dictó sentencia definitiva mediante la cual concedió a la quejosa de mérito la tutela constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable, Congreso del Estado, dejase insubsistente la resolución tomada en sesión de veintinueve de abril de dos mil uno y, en su lugar, dictara una nueva en la que en acatamiento a los lineamientos del fallo protector relativos a la valoración de las pruebas existentes en el sumario, resolviera la ratificación de la quejosa en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con efectos a partir de la fecha del acto reclamado y determinara lo demás que correspondiera. Una vez que el órgano de control constitucional ordenó requerir a las autoridades responsables Congreso del Estado y al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, por el debido cumplimiento a la ejecutoria, la primera de las mencionadas mediante oficio con folio número 00913, informó que dio cumplimiento, por lo que dio vista a la quejosa, quien mediante escrito de diecinueve de abril de dos mil cinco, expresó que no se había dado cabal cumplimiento, en virtud de que no se le habían cubierto las prestaciones a que tenía derecho, lo que dio lugar a que requiriera nuevamente a las mencionadas autoridades, quienes finalmente hicieron de su conocimiento que el cinco de agosto de dos mil cinco, le fueron cubiertas a la quejosa las prestaciones, dándose vista a la quejosa. Ahora bien, mediante escrito de cuatro de julio de dos mil cuatro, el tercero perjudicado Avel Pérez Alcalá, hizo valer el recurso de queja por exceso en la ejecución de la sentencia, el cual fue declarado procedente por el Juez de Distrito, lo que dio lugar a la queja de queja que nos ocupa. En tal contexto jurídico normativo, en aras de dilucidar la queja materia de esta alzada, debe precisarse que el Congreso del Estado de Baja California, en cumplimiento del fallo protector otorgado a la quejosa María Esther Rentería Ibarra, aprobó el siete de abril de dos mil cinco, el dictamen número 69 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales (fojas 248 a 312 de las constancias remitidas), mediante el cual dejó sin efectos los actos posteriores y que fueron consecuencia de la no ratificación de la Magistrada antes nombrada, como lo fueron la elección y el nombramiento del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a favor de Avel Pérez Alcalá, que ocupó correlativamente su adscripción de la C. María Esther Rentería Ibarra, misma que determinó el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, en la sesión plenaria correspondiente de dicho órgano, que llevó a cabo en cumplimiento de la facultad que le otorga el artículo 65, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado. En la especie, como lo hace valer el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos de la XVIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, licenciado Walter Riedel Barocio, los argumentos torales en lo que el a quo fincó la determinación que se revisa, consistieron medularmente en que en el nombramiento de Avel Pérez Alcalá no se estableció que fuera en sustitución de María Esther Rentería Ibarra, ni se condicionó a dicho nombramiento para que en caso de que fuera restituida aquélla, quedara sin efectos; que era incuestionable que la validez del nombramiento de Avel Pérez Alcalá, contenido en el Decreto 355, no dependía necesaria y forzosamente de la existencia del dictamen de no ratificación de María Esther Rentería Ibarra (428); que para cumplimentar el fallo protector dictado en el expediente 272/04-1 del Juzgado Tercero de Distrito, bastaba que se ratificara a María Esther Rentería Ibarra, en el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con todas sus consecuencias jurídicas, entre las cuales no se encontraba la de dejar sin efecto el nombramiento de alguno de los Magistrados designados en el Decreto 355, toda vez que dichas designaciones no vulneraban las garantías individuales de María Esther Rentería Ibarra; que el artículo 58 de la Constitución Estatal deja abierta la puerta para que, desde el punto de vista estrictamente constitucional, el Tribunal Superior de Justicia del Estado se integre con más de trece Magistrados, lo cual no causa un perjuicio a la esfera de María Esther Rentería Ibarra, lo cual sí podría suceder en caso contrario; y que María Esther Rentería Ibarra no impugnó la constitucionalidad o no del Decreto 355 en la demanda que originó el expediente 272/2004-I del Juzgado Tercero de Distrito y, por tanto, no fue objeto tal cuestión del fallo protector dictado en el referido expediente. Tales argumentos fáctico legales a juicio de este Tercer Tribunal Colegiado devienen inatendibles. En efecto, tal como lo sostiene el inconforme, de ninguna manera se colmó la hipótesis legal de exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo 272/2004-I del índice del Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en la medida en que al emitirse por parte de su representado el Congreso del Estado de Baja California, el fallo protector fijó debidamente el alcance y consecuencias del mismo, dado que dejó sin efecto los actos posteriores y que fueron consecuencia de la no ratificación de la Magistrada María Esther Rentería Ibarra, como lo fueron la elección y el nombramiento del Magistrado ahora inconforme Avel Pérez Alcalá, cargo que ocupó correlativamente mientras se decidía en forma definitiva el amparo concedido a aquélla. Sin que constituya obstáculo a la conclusión anterior, lo aducido en el sentido de que si bien del nombramiento del Magistrado Avel Pérez Alcalá, no se desprendía que se hubiese efectuado en sustitución de María Esther Rentería Ibarra; asimismo, lo argumentado en cuanto a que tampoco del Dictamen 355, de siete de septiembre de dos mil uno, por el cual fueron nombrados los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se desprendía que dichos nombramientos estuviesen condicionados a que en caso de regresar la Magistrada María Esther Rentería Ibarra, debían quedar sin efecto; lo anterior, porque tales manifestaciones no constituyen una razón valedera para estimar que hubo exceso por parte de la responsable en el cumplimiento del fallo protector de que se trata, porque en el caso, la concesión de la tutela constitucional trajo como consecuencia lógica y legal, no sólo la reinstalación de la profesionista antes nombrada, sino también, el pago de las prestaciones que debió devengar y, por ende, los actos posteriores a la vulneración de la garantía constitucional vulnerada, como lo fueron, precisamente la elección y el nombramiento del Magistrado Avel Pérez Alcalá, ya que ello derivó (consecuencia) de la no ratificación en el cargo de la Magistrada Rentería Ibarra, de ahí que al haber cesado la causa que originó el nombramiento de Pérez Alcalá, resulta lógico que queden sin efecto todas las consecuencias que habían generado la no ratificación de aquélla, misma que fue declarada insubsistente por el Juez Federal de origen. Por otra parte, el hecho de que la quejosa María Esther Rente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19535-c587f65b/magistrados-del-tribunal-superior-de-justicia-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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