SEGUROS. NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN QUE LAS INSTITUCIONES RELATIVAS PAGAN COMO CONSECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SINIESTRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, OCTAVO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por autoridades que fueron parte en los recursos de revisión fiscal y en el juicio de amparo de donde derivan las resoluciones que contienen los criterios denunciados.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió la ejecutoria correspondiente a la revisión fiscal RF 130/2002, en la que el recurrente fue el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades; la ejecutoria mencionada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"... QUINTO. En el único agravio la parte recurrente expone como un primer argumento que la sentencia emitida es ilegal toda vez que la Sala Fiscal en forma errónea y contraria a derecho ‘dilucida’ la litis ante ella planteada, misma que centró en determinar si en la resolución impugnada se incurrió en ilegalidad al determinar que Seguros Comercial América, Sociedad Anónima de Capital Variable, era o no aplicable el artículo (sic) 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por ende, si debía estar afecta a la tasa general del 10% del impuesto al valor agregado, pero no se ocupó de analizar cuál es la tasa aplicable al caso particular. El anterior planteamiento resulta infundado en atención a lo siguiente. La controversia en el juicio de nulidad se circunscribe en términos del primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en resolver la pretensión del actor que se deduzca de su demanda de nulidad, puesto que dicho numeral dispone que (se transcribe). En tales condiciones, la Sala Fiscal para resolver el juicio de nulidad estableció cuál era la cuestión efectivamente planteada, tomando en consideración los conceptos de anulación planteados por la parte actora y los argumentos plasmados en su defensa por la autoridad demandada, hecho lo cual procede a la resolución de la controversia sometida a su consideración. Ahora bien, la Sala se ocupó de analizar los conceptos de impugnación de la parte actora identificados como primero y segundo de su demanda en los cuales, en esencia, aduce lo siguiente: Que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada, por ser violatoria de los artículos 38, fracción III, 130, 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación, puesto que en el caso, la autoridad omite tomar en cuenta las pruebas ofrecidas en el recurso y ante la autoridad demandada. Que procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, en razón de que la autoridad viola en su perjuicio el contenido del artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como el diverso 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, pues la aseguradora adquiere los efectos salvados, en virtud de que además de la indemnización que paga al asegurado por concepto del daño sufrido, le abona en los términos del precepto señalado en último término, el valor real de dichos efectos salvados y es con motivo de tal pago que se adquiere la propiedad de los salvamentos resultando procedente entonces, para efecto de la determinación del impuesto al valor agregado causado por esas enajenaciones de vehículos dañados, restar al precio del bien su costo de adquisición, para determinar la base del impuesto, por lo que resulta ilegal la manifestación de la autoridad vertida en el sentido de que la aseguradora no se dedica a comprar y vender bienes, sino a responder por riesgos materializados en un siniestro, por lo que no hay un costo de adquisición. Luego entonces, si el actor en los conceptos de impugnación se duele de que la autoridad no le permite aplicar para determinar la base del cálculo del impuesto al valor agregado la regla establecida en el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es correcto que la Sala Fiscal únicamente se haya ocupado de resolver ese punto de conflicto y no uno diverso como pudiera ser la tasa aplicable en dicho cálculo, puesto que el propio actor acepta que le resulta aplicable la tasa del 10% (diez por ciento), en razón de que no controvierte con argumento alguno la tasa que utilizó la autoridad demandada para determinar el crédito fiscal por concepto de las omisiones en el entero al fisco federal del impuesto al valor agregado, esto es así, en razón de que la parte actora se limita a controvertir que sí tiene un costo de adquisición y que por ello sí se encuentra en posibilidad de utilizar el mecanismo previsto en el artículo 20 antes invocado. Así las cosas, es correcta la fijación que realiza la Sala Fiscal de la ‘litis’ al resolver en el juicio de nulidad, en razón de que justamente, en la parte analizada por la Sala, únicamente existe controversia respecto de la aplicación de la mecánica del artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en tanto que el actor aduce que calculó legalmente el impuesto correspondiente conforme a las reglas establecidas en dicho numeral y, por su parte, la autoridad hoy recurrente sostiene que no puede aplicar el precepto en cita, en virtud de que los automóviles siniestrados o efectos salvados no tienen un costo de adquisición para la empresa de seguros. Una vez establecido lo correcto de la litis fijada y resuelta por la Sala Fiscal, ahora procede el estudio del razonamiento de la agraviada en el cual expresa medularmente, que la sentencia es ilegal en virtud de que el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no le era aplicable a la actora, en virtud de que únicamente establece el mecanismo por el cual debe calcularse el valor de enajenación respecto de los automóviles y camiones usados adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado dicho impuesto y, en el caso, la fórmula señalada en el numeral antes invocado mismo que establece como requisito indispensable para la aplicación del artículo 20 que exista un costo comprobado de adquisición, lo que no sucede en el caso, pues la actora sólo paga una indemnización como consecuencia de la actualización del siniestro protegido con el seguro respectivo, pero ello no implica que la indemnización sea su costo de adquisición, como se establece en la resolución impugnada a foja dieciocho, luego entonces, al no ser aplicable el numeral 20 antes citado, en relación con la enajenación de los bienes salvados que efectuó la empresa actora en el ejercicio de mil novecientos noventa y tres, motivo por el cual la recurrente considera la sentencia ilegal. El anterior planteamiento resulta fundado, por las siguientes razones. En principio es oportuno transcribir la parte de la resolución impugnada que invoca la autoridad recurrente, donde se dice (se transcribe). Como se desprende de lo antes señalado tanto en el recurso que nos ocupa como en la resolución impugnada ante la Sala Fiscal y en la contestación a la demanda la autoridad fiscal sostiene que el importe por indemnización que la institución de seguros paga al asegurado lo es derivado del contrato de seguro celebrado, pero en modo alguno esa indemnización corresponde a un costo de adquisición del bien materia del siniestro. Ahora bien, en razón de que la controversia se encuentra centrada en determinar el alcance del artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el año de mil novecientos noventa y tres, es oportuna su transcripción: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). El numeral en cita dispone que para efectos del cálculo del impuesto al valor agregado, tratándose de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas y que además no trasladen en forma expresa y por separado dicho impuesto, se considerará como valor el determinado en términos del artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cantidad a la cual podrá restársele el costo de adquisición del bien de que se trate, sin incluir los gastos que se originen con motivo de la reparación o mejoras realizadas en los mismos. Asimismo, establece ciertos requisitos a fin de poder aplicar ese procedimiento tales como efectuar el pago de la compra correspondiente con cheque nominativo y conservar copia de la factura y demás documentos en los que conste el nombre, domicilio del enajenante y los datos generales del vehículo. Como se desprende de lo anterior a fin de poder determinar la base del impuesto, en el caso de la enajenación de automóviles y camiones usados, adquiridos de personas físicas que no trasladen en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado, el enajenante puede disminuir del precio de venta el costo de adquisición del bien materia de la venta, pero sin incluir otros gastos realizados por ese bien. Por tanto, acorde con el numeral en comento, se establece como un elemento indispensable para poder realizar el cálculo del impuesto conforme a la regla precisada el que exista a cargo del enajenante un costo de adquisición, el cual la autoridad fiscal aduce que la compañía de seguros no tiene, en razón de que el pago que se realiza al asegurado es por concepto de indemnización derivado del contrato de seguro y no como pago de los efectos salvados, es decir, del vehículo siniestrado y considerado como pérdida total. Ahora bien, para poder determinar si la indemnización que pagó en su momento Seguros La Comercial de Chihuahua, Sociedad Anónima, (sic) a los asegurados de los contratos de seguros por la realización del siniestro verificado, puede asimilarse a un costo de adquisición respecto de los bienes salvados; es oportuno acudir a lo que dispone el artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, vigente en el año de mil novecientos noventa y tres, que dice: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Del numeral en cita se desprende que el objeto del contrato de seguro es el de reparar un daño sufrido por el asegurado o pagar una suma de dinero cuando se realice la condición pactada en el contrato. Por tanto, la compañía aseguradora asume con el contratante del seguro la obligación de resarcir el daño sufrido lo cual, en tratándose de la pérdida total del bien siniestrado, se traduce en el pago de la indemnización que corresponda según lo convenido en el contrato de seguro, por lo que la cantidad pagada por ese concepto, no es otra cosa que el cumplimiento efectivo y real del objeto del contrato de seguro, circunstancia que como bien lo afirma la recurrente, en modo alguno representa un costo de adquisición para la empresa de seguros del vehículo salvado, hasta en tanto no exista un documento que demuestre lo contrario. En ese orden de ideas este tribunal considera fundado el agravio de la autoridad recurrente, en cuanto a que no existe para efectos del cálculo del impuesto al valor agregado un costo de adquisición, como se encuentra previsto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que la empresa aseguradora no está comprando efectivamente al asegurado el vehículo salvado, sino que el pago realizado es por concepto de la indemnización derivada del siniestro previsto por las partes al momento de celebrar el contrato de seguro. Es decir, al momento en que las partes contratan un seguro, particularmente en el caso que nos ocupa sobre un vehículo, las partes no pactan precio alguno por dicho automóvil, ni el objeto del contrato es transmitir la propiedad del bien siniestrado, sino que el objeto del contrato es resarcir al asegurado el daño sufrido por el siniestro acaecido en el momento que éste se realice, sin que la empresa aseguradora pretenda adquirir el bien salvado, pues esta última responde por el daño en el vehículo en razón de que recibió como pago por parte del asegurado las primas calculadas acorde con el riesgo asegurado en la póliza correspondiente. En este punto conviene traer a colación el texto de las ‘condiciones generales’ de la póliza de seguro sobre automóviles residentes, misma que obra en el expediente del juicio natural y que se encuentra agregada como parte del expediente relativo al siniestro número 352/93, derivado de la póliza de fianza número J0154401, donde el asegurado es Patricio Romay Vallina, la cual en sus cláusulas quinta y octava expresa lo siguiente: (se transcribe). En tales condiciones, es claro que cuando sucede un siniestro donde el daño se califica como pérdida total la aseguradora tiene que responder por la totalidad del bien asegurado, motivo por el cual paga al beneficiario una indemnización por ese daño sufrido en el vehículo acorde con lo pactado en la póliza correspondiente; en esa razón se observa con claridad que no existe un concepto económico que pueda equipararse a un costo de adquisición de ese bien salvado, pues el pago realizado es una indemnización. En efecto, el asegurado le paga una prima a la compañía de seguros a fin de estar protegido con el contrato de seguro, por lo que al momento del siniestro las partes asumen las obligaciones convenidas (por parte del beneficiario cubrir las primas correspondientes y por la aseguradora pagar la indemnización acordada) dentro de las cuales no se encuentra la adquisición del vehículo salvado, por lo que en ese entendido para la empresa de seguros no existe un costo de adquisición diverso a la indemnización, motivo por el cual el agravio en estudio deviene fundado. Acorde con lo antes relatado, la determinación de la Sala Fiscal cuando sostiene que el pago de la indemnización lleva implícito el pago del valor del efecto salvado y que por ello adquiere los efectos salvados en propiedad, lo cual también representa su costo de adquisición; y en consecuencia, es válido que la aseguradora al enajenar ese salvamento cuando éste proviene de una persona física, pueda aplicar el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; circunstancia que en consideración de este tribunal es incorrecta, puesto que, se insiste, la indemnización no es por concepto de adquisición sino que surge como parte de las obligaciones contractuales de la póliza de fianza, en la cual la empresa de seguros se obliga a pagar al beneficiario una indemnización en caso de pérdida total del vehículo, a efecto de resarcir el daño sufrido en sus bienes (vehículo), que es precisamente el objeto del contrato y no el de adquirir los efectos salvados. A mayor abundamiento, no pasa desapercibido a este tribunal el contenido del artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, mismo que dispone: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). El numeral en cita establece, en lo que nos interesa, que la empresa de seguros puede adquirir los efectos salvados, circunstancia condicionada a que se abone o pague al asegurado el valor real del bien de conformidad con una determinación pericial. Así, el contenido de dicho numeral no se contrapone con lo establecido por este tribunal en cuanto a la interpretación del artículo 20 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que la indemnización que paga la compañía aseguradora es distinta del concepto precisado en el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, pues ahí se establece que la aseguradora pueda adquirir los efectos salvados pagando el valor real de los mismos conforme a una determinación pericial, pero ese pago no es en concepto de indemnización derivada del contrato de seguro sino como la voluntad, en su caso, de que la aseguradora adquiera dichos bienes salvados, lo que se debe hacer constar en un documento en el cual se pueda advertir que la aseguradora pagó la indemnización correspondiente y a su vez el pago realizado relativo a la adquisición del bien salvado como un concepto distinto, en razón de que esa adquisición no es materia del contrato de seguro, acorde con lo dispuesto en el artículo primero de la ley de la materia, tal como ha sido establecido en esta ejecutoria. En mérito de lo antes expuesto, al resultar fundado el agravio hecho valer por la parte recurrente, es procedente revocar la sentencia dictada el treinta de enero del año dos mil dos, en el juicio número 10695/01-17-07-2, para el efecto de que emita un nuevo fallo siguiendo los lineamientos señalados en esta ejecutoria; sin perjuicio de que examine los restantes conceptos de anulación vertidos por la accionante. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 6/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y uno, visible a página cuarenta y ocho, que a la letra reza: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió la copia certificada de la sentencia dictada en la revisión fiscal RF. 231/2003, en la que el recurrente fue el administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades; misma que en la parte que interesa es del tenor siguiente:
"CUARTO. Los agravios que se hacen valer son en una parte infundados y en otra inoperantes. Argumenta la recurrente que la resolución es ilegal ya que tratándose de un contrato de seguros no existe el costo de adquisición de un bien, en términos del artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que la institución de seguros al enajenar vehículos robados que logró recuperar no puede disminuir del valor de enajenación su costo de adquisición a que se refiere el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. También que para poder aplicar la operación prevista en el artículo 20 del mencionado reglamento es necesario que el enajenante haya adquirido los bienes y que en el caso, no se trata de una adquisición de bienes, porque a través del contrato de seguros no se puede adquirir la propiedad de los vehículos robados, no hay compraventa, por lo que si la institución de seguros logra recuperar el vehículo robado y posteriormente lo enajena no puede estimarse que haya adquirido en propiedad dicho vehículo mediante la indemnización que en su oportunidad hizo al asegurado y que por tal motivo al no existir adquisición de bienes no puede aplicar en su beneficio lo dispuesto por el artículo mencionado, que permite disminuir del precio de enajenación el costo de adquisición, para determinar el valor del impuesto de dicha enajenación. Son infundados los anteriores argumentos por las siguientes consideraciones. La litis en el presente asunto se traduce en dilucidar si el pago de la indemnización que hace la institución de seguros al asegurado respecto del vehículo robado le otorga el derecho de propiedad de dicho vehículo para lograr su recuperación y, por ende, si en la enajenación de vehículos robados recuperados debe aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que permite disminuir del valor de la enajenación el costo de la adquisición de tales bienes, para determinar el impuesto de dicha enajenación. A fin de resolver debidamente la cuestión es necesario transcribir los artículos 1o., 111 y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que rigen y regulan el objeto social de las instituciones de seguros, como es el caso de la actora en el juicio de nulidad. ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 111.’ (se transcribe). ‘Artículo 116.’ (se transcribe). Como se observa de las disposiciones antes transcritas, mediante el pago al asegurado de la indemnización, la aseguradora le hace el pago del valor total del vehículo robado, por lo que de esa manera adquiere la propiedad del vehículo robado que le da derecho a su recuperación, es decir, el pago por concepto de indemnización al asegurado sí constituye la adquisición de la propiedad del vehículo robado, pues opera a favor de la aseguradora la subrogación a que se refiere el artículo 116 anteriormente transcrito. Por tanto, si la aseguradora logra recuperar el vehículo robado, por el cual previamente le costó el pago de su valor al asegurado y posteriormente lo enajena en esa enajenación puede válidamente restar del precio su costo de adquisición, en los términos del artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece lo siguiente: ‘Artículo 20.’ (se transcribe). El precepto transcrito permite restar del precio del bien que se enajena el costo de adquisición, para determinar el valor de la operación que gravará el impuesto al valor agregado. En el caso resulta plenamente aplicable el precepto en estudio respecto de los vehículos robados, ya que la aseguradora paga por concepto de indemnización el valor total del vehículo adquiriendo la propiedad de éste y por ello procura su recuperación y esta adquisición es su costo, por lo que si recupera el vehículo robado por el cual previamente le costó el pago de su valor al asegurado y posteriormente lo enajena, en esa enajenación puede legalmente restar del precio su costo de adquisición, a que se refiere el precepto antes citado. El argumento en el sentido de que la indemnización que la aseguradora paga al fiado no es el costo de adquisición sino el cumplimiento de una obligación a cargo de la empresa aseguradora que consiste en resarcir el daño al asegurado al verificarse la eventualidad, es infundado pues si la aseguradora únicamente paga la indemnización y ello es suficiente para que opere la subrogación a que se refiere el artículo 11 de la Ley del Contrato de Seguro, debe decirse que el pago de dicho concepto hace aplicable el artículo 20 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al ser la subrogación el medio a través del cual la aseguradora puede proceder legalmente a la recuperación de los vehículos que revistan dicha característica. En tales circunstancias es correcto que la institución de seguros al tener un costo de adquisición de los vehículos robados que fueron recuperados y que posteriormente se enajenaron, le es aplicable para determinar el impuesto al valor agregado, lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado."
Finalmente, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito remitió copia certificada de la resolución dictada el diez de noviembre de dos mil cinco, en el amparo directo número DA. 351/2005, cuya quejosa fue Seguros Comercial América, Sociedad Anónima de Capital Variable; de la que se transcribe lo siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación transcritos son infundados en una parte y fundados en otra, por las consideraciones que se exponen a continuación. Dentro del primer concepto de violación que hace valer la quejosa, ésta se duele en esencia de que la Sala responsable emitió su fallo en clara contravención de lo dispuesto en los artículos 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, ya que no obstante que reconoció que la propiedad de los efectos salvados sí fue transmitida por la actora, por así desprenderse de las documentales que exhibió, como son las valuaciones de daños practicadas por peritos de los vehículos que adquiere de sus asegurados, y concluyó que en el caso sí se cumplen los supuestos establecidos en el segundo de los preceptos legales en cita, sin embargo, dicha responsable determinó que no acreditó que efectivamente abona a los asegurados el valor real del efecto salvado estimado por perito y que del pago de la indemnización no se desprende que lo pagado comprenda también el importe de la valuación de daños practicada. Añade que tal determinación es contraria a derecho, porque para arribar a ella la Sala valoró un documento que la actora no ofreció como prueba en el juicio de nulidad, como son los pagos de ‘las indemnizaciones’, ni razonó por qué tomó en cuenta los supuestos documentos, siendo que la demandante sí ofreció las probanzas necesarias para acreditar la separación entre precio e indemnización, sin que éstas hubieran sido objetadas, de las que se desprende que en cada pago efectuado al cliente, que de manera genérica se le llama finiquito, se cubren dos elementos, como es la indemnización en sí misma y los efectos salvados, sin que exista precepto legal que la obligue a realizar dos pagos y exhibir dos cheques. Que con independencia de la indemnización, la aseguradora abona al asegurado en su finiquito el valor del salvamento, ya que de no ser así, este último no le transmitiría la propiedad del efecto salvado, lo cual la responsable señala en su sentencia que sí existe, ni obrarían las documentales que también valoró dicha juzgadora en el fallo reclamado. Que ni el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, ni el 20 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, obligan a la actora a efectuar por separado el pago de la indemnización propiamente dicha y el del efecto salvado según estimación pericial, ni existe prohibición para que ambos conceptos se incluyan en un solo pago global ya que la única exigencia referida en el primero de dichos preceptos, es que se abone al asegurado el valor real del efecto salvado según estimación pericial, lo cual sí se cumplió según lo reconoció la propia Sala en la sentencia reclamada. Que además, de los documentos que ofreció como prueba en el juicio de nulidad, consistentes en las facturas originales de los vehículos debidamente endosadas a favor de la aseguradora, las valuaciones de daños, las fichas contables denominadas ‘ficha única’ y las facturas de ventas de los vehículos dañados, se desprende que el costo de adquisición determinado por la actora conforme al procedimiento que aplicó es distinto del importe correspondiente al monto global pagado a los asegurados por concepto de ‘indemnización’, puesto que este último comprende tanto el pago de dicha indemnización en sí misma como el del valor real del efecto salvado. Que por otro lado, la Sala introduce indebidamente a la litis, que para poder demostrar plenamente que se abonó a los asegurados los pagos respectivos de los efectos salvados, la actora debió exhibir los cheques nominativos correspondientes, como lo establece el artículo 20, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que dicho argumento no fue observado por la autoridad demandada, ni es parte de la motivación de la resolución impugnada, aunado a que la propia exactora reconoció que la aseguradora realizó los pagos a sus asegurados mediante cheque nominativo por lo que en todo caso la actora sí cumplió con el requisito previsto en el precepto legal invocado. Que la determinación de la Sala en cuanto a que las constancias de recibido del importe de la indemnización carecen de firma del funcionario de la empresa que la emitió, resulta contraria a derecho, ya que dichos documentos no los ofreció la actora y, por ende, no está obligada a firmar ningún documento en el cual un tercero se da por recibido de determinada cantidad de dinero, pues, en su caso, será dicho tercero el que firme el recibo, aunado a que al asumir tal consideración, la Sala mejora también la motivación de la resolución impugnada, dado que tal observación no la hizo la autoridad demandada. Que la Sala se contradice al resolver en otro apartado que en el importe de indemnización no se precisa que también incluye el pago por los efectos salvados al asegurado y que dicho importe fue determinado por dictamen pericial de la empresa aseguradora, no obstante que en párrafos anteriores de su sentencia reconoció que la actora aplicó los procedimientos para que los peritos practiquen las valuaciones de daños de los vehículos que adquiere de sus asegurados, colmando con ello el requisito a que alude el artículo 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, por lo que no guarda relación esto último con su afirmación posterior, si ella misma reconoció que el dictamen pericial sí se llevó a cabo. En su segundo concepto de violación la inconforme aduce que al determinar la Sala del conocimiento que respecto a todos aquellos asegurados no indicados en la lista que formula, sobre los cuales la actora no ofreció ninguna probanza, deberá considerarse que prevalece la legalidad y validez del acto impugnado, en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, dicha responsable pasa por alto que los expedientes de siniestros allegados por la demandante los ofreció únicamente como muestra, dado el elevado número de siniestros ocurridos a sus asegurados, por lo que resultaría sumamente complejo exhibir la totalidad de los expedientes, lo cual precisó en su demanda de nulidad con el fin de que la Sala pudiera constatar que sí se identifica y distingue la indemnización del valor del salvamento y que dicho valor es determinado según estimación pericial, aunado a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19771-3d067f93/seguros-naturaleza-de-la-indemnizacion-que-las-instituciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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