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Modo: Corpus Pro

NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS. SU PRÁCTICA FUERA DEL PLAZO DE 10 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, HACE QUE SE TENGAN COMO FORMALMENTE HECHAS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DE DICHA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21192
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 928.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia administrativa, del conocimiento de este cuerpo colegiado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes de los tribunales contendientes.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que se estiman como posiblemente contradictorias.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia del once de octubre de dos mil seis, dictada al resolver el juicio de amparo directo 234/2006; sustentó, en lo que aquí interesa, las consideraciones siguientes:

"SEXTO. El concepto de violación es infundado. Para mejor comprensión del asunto es necesario reseñar las constancias que obran en el juicio contencioso administrativo 20702/04-17-07-6, a las cuales se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 1. Orden de inspección ZFMT/204/02 emitida el once de noviembre de dos mil dos, por la delegada en el Estado de Veracruz de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dirigida al ahora quejoso **********, con el objeto ‘... de verificar si el inspeccionado cuenta con título de concesión y demás documentos que acrediten su legal ocupación ... uso, aprovechamiento y explotación de la zona federal marítima terrestre... así como corroborar que las áreas libres comprendidas en la zona federal marítima terrestre no hayan sido invadidas o detentadas ilegalmente ...’ (fojas 42 a 44). 2. Acta de inspección de once de noviembre de dos mil dos, de la que resultó, en esencia, que al constituirse en el ‘... el área de zona federal marítima terrestre ocupada por **********, siendo una superficie total de ********** m2 aproximadamente, con uso agropecuario dedicado a la ganadería, encontrándose con la naturaleza propia del lugar, así como que se encuentra circulada (sic) parte de la zona federal con postes y alambre de púas, mencionándose que el espacio libre es de aproximadamente de 12 a 15 mts. de los lados norte y sur y todo lo largo de los 536 mts. También se manifiesta que el área de zona federal marítima terrestre que fue concesionada a ********** (finado) actualmente se encuentra fraccionada o dividida entre varios ocupantes, siendo uno el inspeccionado ********** quien ocupa la mayor parte ...’ (páginas 45 a 52). 3. Con motivo de la orden y acta de inspección relatadas anteriormente, el treinta de mayo de dos mil tres, se emitió la resolución U.J. 001/03 ZOFEMAT, en la cual se impuso al aquí agraviado ********** una sanción económica que asciende a $**********, al considerársele infractor ‘... por ocupar ********** metros cuadrados de zona federal marítima terrestre sin contar con concesión o permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (por lo que) incumple con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales, así como por impedir el libre acceso a la zona federal, toda vez que se encuentra circulada con postes y alambre de púas, de conformidad con el artículo 7o., fracción II, del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítima Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, incurre en las infracciones previstas por el artículo 74, fracciones I y IV del (citado) reglamento ...’ (hojas 37 a 41). 4. Inconforme con la resolución anterior ********** interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil tres (páginas 53 a 72). 5. El trece de julio de dos mil cuatro ********** demandó la nulidad de la resolución ficta recaída al medio de impugnación precisada en el punto que antecede, argumentando que transcurrió con exceso el término de tres meses a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se hubiese emitido y notificado la determinación relativa al recurso en sede administrativa. 6. El director general de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la subprocuraduría jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al contestar la demanda entablada en contra del procurador federal de Protección al Ambiente, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación (que señala que el juicio contencioso administrativo será improcedente ‘Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado’), argumentando que no se configura la negativa ficta, ya que el dos de octubre de dos mil tres se resolvió el recurso de revisión interpuesto por la actora, determinación que se le notificó el veinticuatro de junio de dos mil cuatro. Al efecto, la autoridad demandada anexó como prueba de su parte la cédula de notificación visible a foja 107, que en lo que interesa dice: ‘... En Xalapa, Ver., siendo las 14 horas con 45 minutos del día 24 de junio de 2004 ... se presentó ********** (ilegible) quien tiene su carácter de autorizada ... a quien (en) este acto le notificó formalmente para todos los efectos legales a que haya lugar, la resolución del recurso de revisión de fecha 2 de octubre de 2003 ...’. 7. El dieciséis de febrero de dos mil seis, el demandante ********** amplió su demanda, argumentando, entre otras cosas, que si la resolución expresa se emitió el dos de octubre de dos mil tres y se notificó hasta el veinticuatro de junio de dos mil cuatro, era claro que esta última actuación se emitió en contravención a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone que las resoluciones deben de notificarse diez días después de su emisión (fojas 123 a 134). Ahora bien, el solicitante de garantías aduce que fue incorrecta la determinación adoptada por la Sala responsable, toda vez que si la notificación de la resolución que recayó al recurso de revisión no se realizó dentro del plazo de diez días a que alude el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ésta es ilegal y, consecuentemente, no surte efecto alguno. De igual manera, agrega que al no haberse notificado la resolución expresa en el término legal de diez días, se actualizan los supuestos de los artículos 209 bis, fracción III y 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se debió declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, toda vez que éste se emitió en contravención a las disposiciones legales aplicables, a saber, el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En consecuencia, concluye el agraviado, si la notificación de la resolución que recayó al recurso intentado es ilegal y, por ende, inexistente en el caso en concreto se está en presencia de una negativa ficta. El argumento antes expuesto es infundado. El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). De la interpretación literal del precepto legal en estudio, según ordena el numeral 14, párrafo último, de la Carta Magna, se advierte que se configura la negativa ficta cuando no se emite resolución dentro del plazo de tres meses; es decir, ante la inactividad de la administración pública para resolver un procedimiento, instancia o medio de defensa, una vez transcurrido el término aludido, el gobernado deberá entender que obtuvo un fallo desfavorable a sus intereses. Debe señalarse que el legislador no previó la actualización de la negativa ficta cuando una determinación administrativa no haya sido notificada dentro del término legal establecido para ello. Por su parte, el diverso numeral 39 del ordenamiento legal en estudio dispone: ‘Artículo 39.’ (se transcribe). Del precepto legal en estudio se advierte que las autoridades administrativas, entre otras cosas, tienen la obligación de notificar sus determinaciones dentro de los diez días siguientes a su emisión. Al efecto, es pertinente señalar que la doctrina ha realizado diversas clasificaciones de las normas jurídicas, entre las que se encuentran las normas perfectas y las imperfectas. Las primeras son aquellas que contienen un supuesto de hecho, así como una sanción en caso de encuadrar en el mismo o no cumplir con la obligación prevista. Por su parte, las normas imperfectas prevén un caso fáctico, pero no contemplan sanción alguna en caso de inobservancia del precepto legal. Así las cosas, el numeral en estudio es una norma imperfecta, al disponer que las autoridades notificarán sus resoluciones dentro de los diez días siguientes a su emisión, sin prever ninguna sanción procesal en caso de inobservancia. Es decir, la notificación extemporánea, por ese simple hecho no puede considerarse ilegal y, por ende, inexistente, ya que el legislador no previó esa posibilidad. Conviene señalar que la determinación anterior no autoriza a los órganos del Estado notificar sus resoluciones en cualquier momento, es decir, sin sujeción temporal alguna, ya que en todo caso deberán de observar las reglas de la caducidad, previstas en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De igual manera, la inobservancia al plazo legal para la notificación de las resoluciones podría ser motivo de responsabilidad administrativa por parte del servidor público correspondiente, pero se insiste, sin llegar al extremo de considerarla nula e inexistente. Por tanto, la circunstancia de que la resolución de dos de octubre de dos mil tres -que recayó al recurso de revisión interpuesto por el ahora agraviado- se haya notificado fuera del plazo de diez días previsto por el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no implica la ilegalidad de esta última actuación (notificación) y, por tanto, no se configuró la negativa ficta alegada por el actor en el juicio contencioso administrativo, tomando en consideración que a la fecha en que presentó su demanda de nulidad (trece de julio de dos mil cuatro) ya le había sido notificada aquélla determinación (veinticuatro de junio del mismo año). Es decir, al momento en que el actor ejerció su acción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa existía una resolución expresa y notificada, y por vía de consecuencia, no existía la negativa ficta alegada. Sostener un criterio en contrario, implicaría que cualquier inobservancia a lo señalado por el artículo 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se tradujera en la nulidad o inexistencia de la notificación realizada. Por ejemplo, si en la notificación no se especificara si la determinación respectiva es o no definitiva, o se omitiera especificar el recurso administrativo que procediere, debería concluirse que tal actuación es ilegal y nula, lo cual es jurídicamente inadmisible, ya que la finalidad esencial de la notificación consiste en hacer saber al gobernado la determinación adoptada por el Estado. Sin que sea obstáculo a lo anterior el contenido de diversos preceptos legales invocados por el quejoso, previstos en el Código Fiscal de la Federación, vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, que se transcriben en seguida: ‘Artículo 209 Bis.’. ‘Artículo 238.’ (se transcriben). Del análisis literal del primero de los preceptos transcritos, únicamente se desprende la forma en que actuará la Sala en el caso de que el actor aduzca no conocer el acto impugnado, pero no hace referencia, ni siquiera de manera indirecta, al supuesto en que se combata la negativa ficta; de ahí que no sea aplicable al presente caso. Máxime si el demandante, ahora agraviado, no combatió la notificación realizada el veinticuatro de junio de dos mil cuatro, por vicios en cuanto a su desahogo (por transgresión a los artículos 35 a 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que prevén las reglas en que habrán de realizarse las notificaciones), sino que exclusivamente alegó su extemporaneidad. Por su parte, el artículo 238, fracción IV, del ordenamiento tributario invocado, no puede entenderse en el sentido que pretende el agraviado, es decir, que cuando no se notifique en el plazo legal una resolución administrativa se configure la negativa ficta. En las relatadas circunstancias, se impone negar el amparo solicitado por el quejoso."

De la anterior ejecutoria derivó la tesis publicada con el número I.7o.A.492 A, en la página 1369, del Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:

"NEGATIVA FICTA. NO SE CONFIGURA POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD NO REALICE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXPRESA EN EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SI AL PRESENTARSE LA DEMANDA DE NULIDAD YA SE HABÍA PRACTICADO. La negativa ficta se configura, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ante la inactividad de la administración pública para resolver un procedimiento, instancia o medio de defensa, en el plazo de tres meses, después del cual, el gobernado deberá entender que obtuvo un fallo desfavorable a sus intereses. Por su parte, el artículo 39 del ordenamiento legal en estudio dispone, entre otras cosas, que las autoridades administrativas deben notificar sus determinaciones dentro de los diez días siguientes a su emisión; sin embargo, la inobservancia de este plazo no implica la ilegalidad o inexistencia de la notificación hecha de manera extemporánea, toda vez que se está en presencia de una norma imperfecta (sin que ello autorice a los órganos del Estado a notificar sus resoluciones en cualquier momento, ya que en todo caso deberán de observar las reglas de la caducidad, previstas en el artículo 60 del referido cuerpo legal administrativo). Por tanto, no se configura la negativa ficta cuando la resolución expresa que haya recaído al recurso planteado se notifique fuera del plazo de diez días a que hace mención el precepto legal invocado en último término, y la demanda de nulidad se presente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con posterioridad a tal notificación, ya que al ejercer la acción, existía una resolución expresa y notificada."

En la sentencia de veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y nueve, dictada al resolver la revisión fiscal número RF. 10/1989, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sostuvo en lo que aquí interesa, las consideraciones siguientes:

"QUINTO. Los agravios transcritos son parcial y sustancialmente fundados. Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los casos a que se refieren el primero y el último de los párrafos del citado precepto legal, hay que distinguir dos situaciones: una, cuando en el recurso administrativo correspondiente sólo se impugne la notificación. Aquí la autoridad competente, al resolver el recurso, quedará constreñida a decidir únicamente ese problema: el de la notificación del acto. La otra situación es cuando se combate la notificación, pero también el acto administrativo. En este supuesto, si la autoridad resuelve que no hubo notificación o que lo fue ilegal, debe tener el recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo, o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II del mismo artículo, y proceder al estudio de la impugnación formulada en contra del mencionado acto administrativo; pero no debe ya ordenar la reposición del procedimiento para que se verifique o, en su caso, para que se efectúe nuevamente la notificación del acto, puesto que ya se cumplió con la finalidad del medio legal para impugnar las notificaciones: que el particular esté en aptitud de interponer, oportuna y eficazmente, el recurso que proceda contra el acto administrativo correspondiente. Y si la inconforme ya se hizo sabedora del acto, o si a ésta ya se le dio a conocer en el mismo recurso, no hay razón lógica para que se mande reponer el procedimiento y no se estudie la impugnación hecha valer contra el acto administrativo, máxime que la ley expresamente dispone que sí se analice. En el caso concreto, como la inconforme lo argumenta, **********, al interponer el juicio de inconformidad que dio origen a la resolución reclamada en nulidad ante la Sala a quo, únicamente manifestó: (se transcribe). (fojas 517 del expediente de la primera instancia); pero no expresó argumento alguno relativo al por qué consideraba ilegales, en sí mismas, las notificaciones de las cédulas de liquidación también impugnadas. En tales condiciones, no había razón para que la Sala Regional de Occidente declarara la nulidad de la resolución impugnada, a fin de que el instituto demandado procediera ‘al conocimiento y resolución de lo solicitado por la actora’, respecto a la nulidad de notificaciones de que se trata, máxime que esa cuestión ya la había analizado la autoridad demandada desde el aspecto que era necesario determinar si el recurso de inconformidad estaba o no en tiempo, pues como la ahora recurrente también lo señala ********** no desconocía ‘el fondo del asunto en controversia ya que incluso vertió motivos de inconformidad al respecto’. Ciertamente, en el propio escrito de inconformidad se manifestó que el diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cuatro ********** recibió el oficio número 212.5 de la delegación estatal en Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, requiriendo el pago por diferencias encontradas con motivo de la auditoría realizada a la empresa, por el periodo comprendido del tercer bimestre de mil novecientos setenta y ocho al sexto bimestre de mil novecientos ochenta y tres; que el treinta de julio de mil novecientos ochenta y cuatro se solicitó la aclaración administrativa respecto de esas diferencias; que el siete de agosto siguiente se levantó acta complementaria número 0795; que el diez del mismo mes de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social efectuó las aclaraciones administrativas, calculando al catorce de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro los intereses moratorios respectivos, liquidando la empresa bajo protesta el trece del mismo mes ‘toda vez que como se señaló en el recurso de aclaración respectivo que mi representada entre otros conceptos no estaba conforme en liquidar las diferencias encontradas bajo el rubro de otros conceptos o bien bajo el rubro de tiempo extraordinario ... dicha liquidación se efectuó el trece de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, una vez terminada la aclaración respectiva como se comprueba con las cédulas de diferencias que se combaten en el presente recurso’ -el subrayado es de este Tribunal Colegiado- (siguen argumentos relativos a que el tiempo extraordinario no debe integrar el salario base de la cotización, excepto cuando esté pactado) -hojas de la 4 a la 9-. Además, la entonces recurrente mencionó con exactitud los números de las cédulas de liquidación que impugnó, así como las actas en que se originaron, ofreciendo las primeras como anexo número 1; copia al carbón de ‘las actas’ **********, **********, y **********, como anexo número 8 y copia fotostática del acta **********, como anexo número 10. Entonces, como lo afirma la parte aquí inconforme, a la empresa no se le causó algún estado de indefensión al decidir aquélla, en el tercer considerando de la inconformidad, que aunque la notificación de las cédulas de diferencias de cuotas obrero patronales no cumplió con los requisitos legales, se tenía a ********** sabedora de los actos impugnados e interponiendo en tiempo y forma el mismo recurso de inconformidad, ya que estaba combatiendo también, expresamente, las aludidas cédulas de diferencias de cuotas obrero patronales, y expresó argumentaciones de fondo. Como son fundados en lo sustancial los agravios, con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República y 91, fracción I, de la Ley Reglamentaria de Amparo, se procede al análisis de los agravios que a su vez hizo valer la actora, y que no fueron estudiados por la Sala a quo. SEXTO. Los agravios cuyo análisis omitió la Sala responsable, son del tenor siguiente: (se transcriben). SÉPTIMO. Los agravios transcritos en el considerando inmediato anterior son, por una parte, infundados y, por otra, inoperantes. La copia certificada que obra a fojas de la 490 a la 492 de los autos de la primera instancia, corresponde al acta de folios números **********, ********** y ********** de la auditoría practicada a la empresa demandante en treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y tres. En tal acta, entre otras cosas, se asentó: (se transcribe). En la resolución que recayó al recurso de inconformidad relativo, respecto a los argumentos de fondo hechos valer, se dijo: (se transcribe). Como se ve, contrario a lo que afirma la demandante, en la auditoría practicada no se tomó en cuenta ‘el tiempo que en forma extraordinaria laboraron diversos trabajadores’ de la propia actora. Lo que se manifestó al respecto fue que los cambios de grupos determinados como mixtos, se originaron por que el patrón no estableció el salario diario integrado, acumulando al salario fijo de los trabajadores ‘las siguientes percepciones: sustituciones, ajustes y otras percepciones que no pudieron ser plenamente identificadas por la empresa’, señalándose que tales partidas ‘son prestadas por las nóminas de la empresa bajo el rubro de tiempo extra, sin constituir que la remuneración se deba al concepto señalado’; aclarándose que ‘lo mismo ocurrió con el renglón de ajustes que no pudo ser plenamente identificado’. Además, la autoridad demandada consideró que las percepciones ‘por sustituciones y ajustes, fueron debidamente desglosadas en la nómina exhibida por el organismo actor y precisadas en las cédulas ‘M’; y que ‘únicamente las otras percepciones se manejaron en el casillero de tiempo extraordinario ...’. Empero, la actora no da algún argumento tendiente a demostrar que los conceptos ‘sustituciones y ajustes’ sí ‘se manejaron en el casillero de tiempo extraordinario’. La demandante sobre el particular sólo introduce un nuevo argumento, relativo a que los auditores en ningún momento especificaron ‘qué tipo de sustituciones y ajustes se tomaron en consideración para dar las bases de la liquidación que ahora impugna’, sin que de cualquier manera la actora tenga razón, ya que esos conceptos son justamente los que los auditores localizaron en las nóminas y que la empresa no justificó a qué corresponden. En este punto resulta oportuno citar el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, que determina que ‘Para los efectos de esta ley el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y ... cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.’. El mismo artículo 32 señala cuáles conceptos, dada su naturaleza, no se tomarán en cuenta para la integración del salario base de cotización. Por ende, si ********** pretendió que se excluyeran los conceptos ‘sustituciones y ajustes’ porque, a su decir en la inconformidad y en este juicio en revisión, correspondían a tiempo extraordinario, debió aportar las pruebas conducentes. En relación a este último, la autoridad demandada consideró que en el escrito de inconformidad, se refiere que se anexan los recibos de pago de cada trabajador, tendientes a acreditar ‘que las partidas consideradas no integran parte del salario de cotización’, pero que, sin embargo, bastaba ‘analizarlos documentos ofrecidos como prueba por la actora, para darse cuenta que en ningún lugar se encuentran dichos recibos’. Estas consideraciones no fueron rebatidas en este juicio de nulidad. Precisa aclarar que los agravios marcados con el número IV contienen propiamente un argumento de fondo, aunque la Sala a quo los consideró de carácter procesal y procedió a su estudio bajo tal aspecto. No obstante, estos concretos agravios, que como se dijo contienen un alegato de fondo, son infundados porque, como también ya se dijo, no fue el tiempo extraordinario lo que sirvió de base a las cédulas de diferencias de cuotas obrero patronales. Por las mismas razones es inaplicable la jurisprudencia que se transcribe en el apartado V. Finalmente, es inexacto que el Instituto Mexicano del Seguro Social ‘sostenta (sic) que el servicio prestado fue por tiempo fijo, sin que este extremo se hubiere probado durante la auditoría practicada.’. Lo que el aludido Instituto consideró fue que la empresa ********** no acumuló los conceptos detectados por los auditores ‘al salario fijo de sus trabajadores, esto es, lo que consideró fijo fue el salario, no las percepciones que no justificó la empresa. Como son en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios, procede reconocer la legalidad de la resolución impugnada en nulidad."

La anterior ejecutoria dio origen a la tesis publicada en la página 496, del Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica:

"NOTIFICACIONES. SU IMPUGNACIÓN EN LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CUANDO TAMBIÉN SE COMBATE EL ACTO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los casos a que se refieren el primero y el último de los párrafos del citado precepto legal, hay que distinguir dos situaciones: una, cuando en el recurso administrativo correspondiente sólo se impugne la notificación. Aquí la autoridad competente, al resolver el recurso, quedará constreñida a decidir únicamente ese problema: el de la notificación del acto. La otra situación es cuando se combate la notificación, pero también el acto administrativo. En este supuesto, si la autoridad resuelve que no hubo notificación o que lo fue ilegal, debe tener al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo, o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II del mismo artículo, y proceder al estudio de la impugnación formulada en contra del mencionado acto administrativo; pero no debe ya ordenar la reposición del procedimiento para que se verifique o, en su caso, para que se efectúe nuevamente la notificación del acto, puesto que ya se cumplió con la finalidad del medio legal para impugnar las notificaciones que el particular esté en aptitud de interponer, oportuna y eficazmente, el recurso que proceda contra el acto administrativo correspondiente. Y si la inconforme ya se hizo sabedora del acto, o si a ésta ya se le dio a conocer en el mismo recurso, no hay razón lógica para que se mande reponer el procedimiento y no se estudie la impugnación hecha valer contra el acto administrativo, máxime que la ley expresamente dispone que si se analice."

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el veintisiete de febrero de dos mil ocho, en el toca ADF. 665/2007, en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente:

"QUINTO. Resultan fundados los conceptos de violación antes transcritos. Por razón de método, se impone el estudio del tercero de los conceptos de violación que vierte el quejoso, en el que alega que la Sala Fiscal, transgredió en su perjuicio los artículos 14, párrafos segundo y tercero, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 237 del Código Fiscal de la Federación; que lo anterior es así, porque en forma ilegal fundamentó la resolución reclamada, en concreto, en el considerado que se contiene en la página trece, en el Código Fiscal de la Federación, cuando en el caso, se trata de un procedimiento llevado a cabo por la Procuraduría Federal del Consumidor, consistente en una notificación, en los términos del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que es aplicable el capítulo sexto, título tercero de este último ordenamiento jurídico; que suponiendo que el capítulo de notificaciones indicado en último término resultara insuficiente para reglamentar el actuar de la autoridad administrativa, son aplicables las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque así se establece en el numeral 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior es así, porque es ilegal que en la resolución reclamada, la responsable al analizar la notificación impugnada, haya aplicado los artículos 134, 135 y 136 del Código Fiscal de la Federación; toda vez que, el artículo 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que para la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21192-e8c020db/notificaciones-administrativas-su-practica-fuera-del-plazo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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