PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA NO GUARDA RELACIÓN CON LA MATERIA DE LA MISMA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DESDE SU ANUNCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se refiere a la posible contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los asuntos, que si bien tratan un tema de materia común, las resoluciones respectivas se dictaron dentro de procedimientos administrativos, cuya materia corresponde a la especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que los motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja QA. 77/2008, promovido por ********** en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"Ahora, se estudian en forma conjunta los dos agravios del recurso, por estar estrechamente vinculados, en los que se aduce: Que la resolución que se recurre es ilegal, ya que es violatoria de lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 79 y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley mencionada; toda vez que la adición al cuestionario sobre el cual versa la prueba pericial contable, no tiene relación inmediata con la litis planteada y pretende acreditar determinadas situaciones particulares de la parte quejosa que por ningún motivo inciden en la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Que las preguntas del cuestionario que pretende adicionar la autoridad responsable, no guardan relación alguna con el interés jurídico de la quejosa para solicitar el amparo, extremo por el que ésta ofreció la prueba pericial; lo anterior es así, ya que la litis del juicio constitucional consiste en determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil siete. Que como en dicho cuestionario se adicionan cuestionamientos que no inciden en el estudio de constitucionalidad que se propone, como lo es el índice de rotación de inventarios o su política para la reposición de los activos, lo procedente era que la a quo desestimara de plano las mismas. Que la finalidad de la delegada de las autoridades responsables es dilatar el procedimiento al pretender que los peritos contables en el juicio se ocupen de estrategias y políticas contables de cada quejosa y no así de las generalidades de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad se pretende probar. Que en el oficio por el que la delegada de las autoridades responsables pretende adicionar preguntas al cuestionario sobre el cual debe versar la prueba pericial contable, no se establecen los extremos o circunstancias que se pretenden acreditar con dichas preguntas. Que las autoridades responsables al pretender acreditar extremos distintos a aquellos por los cuales se ofreció la probanza que nos ocupa, lo procedente era que ofreciera otra prueba pericial contable dentro del término legal y no adicionar el cuestionario correspondiente, por lo que si no lo hizo así precluyó su derecho. Se considera que no le asiste la razón a las recurrentes por las siguientes razones: En el cuestionario propuesto por la parte quejosa, formuló veinticuatro preguntas, divididas en siete rubros denominados: ‘ingresos gravados’, ‘intereses’, ‘regalías’, ‘sueldos y salarios’, ‘erogaciones distintas de las inversiones hasta el 31 de diciembre de 2007’, ‘inversiones’ y ‘pérdidas fiscales.’. Las preguntas, en esencia, se dirigen a determinar si las empresas enajenaron bienes, prestaron servicios independientes u otorgaron el uso o goce temporal de bienes, conforme al artículo 1o. de la ley reclamada, en enero y febrero de dos mil ocho; si cobraron efectivamente la contraprestación pactada por la realización de las actividades; si esas cantidades fueron consideradas ingreso acumulable al momento de determinar el pago provisional del impuesto. Si en el mes de enero o febrero de dos mil ocho se realizó el pago de intereses devengados con motivo de deudas contratadas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete; a quién se realizaron; si se consideraron como partida deducible los intereses pagados. Si las cantidades entregadas por algunas de las quejosas a sus trabajadores por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral fueron consideradas como un concepto deducible para efectos del impuesto reclamado; si incluyeron aquellas erogaciones efectuadas a favor de sus trabajadores que resultaron ingresos exentos para ellos. Si por lo que toca a algunas de las empresas quejosas, adquirieron bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete que no hayan sido considerados como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tenían que continuar utilizando para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de la ley reclamada; si para el pago del impuesto controvertido se dedujeron de los ingresos las erogaciones realizadas por la adquisición de bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; si en enero de dos mil ocho se obtuvieron ingresos efectivamente pagados por la enajenación de bienes adquiridos con antelación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; si se acreditó el impuesto en la parte que corresponde al seis por ciento del saldo por deducir en términos del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única. Si al uno de enero de dos mil ocho, algunas de las empresas quejosas cuentan con inversiones que hayan adquirido con anterioridad a este año y que ya hubieran sido completamente depreciadas; si existen inversiones pendientes de depreciar; si cuentan con inversiones efectuadas antes del uno de enero de dos mil ocho y, en su caso, el saldo pendiente por depreciar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; si cuentan con inversiones efectuadas con anterioridad a dos mil ocho pendientes de depreciar a esa fecha; si son propietarias de bienes deducidos inmediatamente y si existe saldo pendiente por depreciar. Por su parte, en el oficio de ampliación del cuestionario elaborado por la delegada de las autoridades responsables, esencialmente se realizaran las siguientes preguntas: (se transcribe). Ahora bien, la prueba pericial en materia de contabilidad se refiere a una ciencia en la cual la juzgadora no es docto. La contabilidad es una técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de un proceso de captación de las operaciones que cronológicamente mida, clasifique, registre y resuma con claridad. La contabilidad se avoca a la captación de las operaciones efectuadas por una entidad, las cuales son analizadas, clasificadas y registradas, a fin de producir información, por lo que es un registro histórico. Por ende, si en el caso las quejosas controvierten la constitucionalidad de los artículos 2o., 3o., fracción I, tercero, cuarto y quinto párrafos, 3o., fracción II, 5o., fracción I y II, 6o., fracción I y III, 8o., primero, segundo, quinto, penúltimo y último párrafos, 9o. y 10, primero, segundo, tercero, quinto, penúltimo y último párrafos, artículos quinto, sexto y noveno transitorios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única expedido por el Ejecutivo el uno de noviembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre del año en cita, y por su parte, la prueba pericial originalmente ofrecida por la quejosa así como la ampliación del cuestionario se dirigen a verificar sustancialmente si las normas reclamadas causan afectación al interés jurídico de las quejosas, entonces se considera que lo resuelto por la a quo, es acertado al admitir la ampliación del cuestionario, ya que tiene relación inmediata con los hechos controvertidos, por lo que es procedente admitirla con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. No debe perderse de vista que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, corresponde a las quejosas demostrar los hechos constitutivos de su acción y a las autoridades demandadas sus excepciones, por lo cual, de no admitirse la ampliación del cuestionario se rompería con la igualdad procesal de las partes. En consecuencia, al no existir elementos que puedan determinar que no debía admitirse la ampliación del cuestionario de la prueba pericial, entonces, resultó correcta la determinación de la Juez. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia cuya observancia resulta obligatoria para los Juzgados de Distrito como para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, P./J. 41/2001, abril de 2001, página 157, que a la letra dispone: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En ese contexto, no asiste razón a la recurrente cuando en sus agravios aduce, en concreto, que la juzgadora no debió admitir la adición propuesta por la autoridad recurrente, por no tener relación con la litis constitucional ni con las preguntas formuladas por la quejosa al ofrecer la prueba pericial contable. Esto es así, pues si bien la juzgadora está en aptitud de desechar una prueba cuando queda claramente evidenciado su no idoneidad, también lo es que, ante la duda de ello, debe admitirse, y en su caso, al efectuarse la valoración, entonces, determinar la idoneidad de la misma. Por otra parte, resulta también incorrecto lo aseverado por la recurrente en cuanto señala que, en todo caso, la responsable debió ofrecer otra pericial contable. La ineficacia de dicho agravio estriba en que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la autoridad responsable no debió proponer una diversa prueba pericial para formular las preguntas que efectuó en adición. Lo anterior se estima así, ya que los numerales que regulan la prueba pericial no hacen esa limitación, sino por el contrario, del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la parte contraria del oferente puede adicionar las preguntas que estime necesarias. En efecto, el citado artículo 146 del citado ordenamiento legal otorga expresamente el derecho a las partes de adicionar dicha probanza, según se desprende de su transcripción: (se transcribe). Como puede advertirse, el precepto transcrito contempla expresamente la facultad a las partes distintas del oferente de la prueba pericial de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, esto es, puede ampliar la materia en que se rinde la probanza, sin limitarla a que las preguntas tengan que estar en relación directa con las propuestas por la oferente de la prueba. En ese sentido, dicho precepto de ninguna manera constriñe a que la adición tenga relación directa con las preguntas, sino, como se indicó, el numeral en cita, otorga el derecho a las demás partes para que adicione el cuestionario con lo que les interese, y si en el caso la quejosa pretende demostrar que los artículos que tacha de inconstitucionales le afectan en su esfera jurídica, lógico es que la autoridad intente demostrar lo contrario. Así es, no resulta jurídico lo argumentado por la recurrente, pues con tales manifestaciones pretende que la prueba pericial se circunscriba a los lineamientos y medios de convicción por ella aportados, lo que resulta contrario a la naturaleza de tal probanza, pues dicho medio de convicción tiene por objeto que todas las partes, no sólo la oferente, a través de un dictamen rendido por un especialista en determinada materia, aporten los elementos suficientes que creen convicción en el juzgador respecto de aspectos técnicos o científicos, que debido a su complejidad no se alcancen a comprender, de ahí que limitar tal análisis a una de las partes, resulta violatorio del principio de igualdad procesal. En ese sentido, es inexacto lo manifestado por la recurrente, puesto que lo que pretende es que la prueba pericial se desahogue sólo en los términos por ella propuestos. De ahí que se consideren infundados los argumentos de inconformidad. Cabe señalar que no se desconoce los diversos criterios sustentados por el Sexto y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el recurso de queja QA. 57/2008, de once de junio de dos mil ocho y QA. 32/2008, de cuatro de junio de dos mil ocho, que resuelven en sentido contrario a lo determinado por este Tribunal Colegiado, sin embargo, atendiendo a las razones expuestas en este fallo, es que no se comparten los criterios sustentados en los mismos. Así las cosas, lo procedente es declarar infundada la queja."
Asimismo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja QA. 57/2008, interpuesto por ********** en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:
"Previo al análisis de los agravios de la recurrente, resulta necesario resaltar las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe precisarse que la parte recurrente funda el presente recurso en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe). De la anterior transcripción se infiere que el legislador estableció para la procedencia del recurso de queja, en la hipótesis de mérito (con base en la premisa principal consistente en que las resoluciones impugnables no admitan expresamente el diverso de revisión en términos del artículo 83 de la ley de la materia, y con objeto de garantizar la expedités del juicio), la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente su desarrollo; es por ello que, en forma especial, lo sujetó al requisito consistente en que con la resolución dictada por el Juez de Distrito pudiera causarse un daño o perjuicio que fuere de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva. En esa tesitura, la materia del recurso de queja excepcional a que se refiere el numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que se apoya la recurrente, se contrae a determinar, en la especie, si con la determinación del juzgador, en la que tuvo a la delegada de la autoridad responsable, presidente de la República y subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, formulando adición al cuestionario de la prueba pericial en materia de contabilidad, es factible o no que se cause daño o perjuicio a la inconforme, que sea de imposible reparación, aun en el dictado del fallo definitivo. Ahora bien, el supuesto precisado se acredita, toda vez que se requiere que la resolución recurrida sea tal que, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio grave a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, extremos que se reúnen, toda vez que el auto recurrido en queja, en la parte controvertida, se refiere a la determinación de tener por adicionado el cuestionario de la prueba pericial en contabilidad ofrecida por la quejosa, por lo que tal determinación tiene las características de trascendental y grave, y puede causar daño o perjuicio no reparables en la sentencia definitiva con que culmine el juicio. Esto es así, porque la circunstancia de que el Juez de Distrito haya estimado tener por adicionado el cuestionario a la prueba pericial contable, sin analizar previamente si la adición cumple con los principios de idoneidad y pertinencia, esto es, que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos y que sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, es decir, que tal adición del cuestionario propuesto tenga relación con la litis propuesta, que se traduce en la aplicación en perjuicio o no de la quejosa, de las disposiciones tildadas de inconstitucionales, por tanto, la determinación del a quo le causa a la recurrente un perjuicio grave que no es reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, por lo que en tales condiciones se estima que se dan, en la especie, las características de trascendental y grave. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 74/2001, publicada en la página seis, Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que es del tenor siguiente: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’ (se transcribe). De la jurisprudencia transcrita se desprende, como antes se dijo, que para la procedencia del recurso de queja en análisis, se requiere la satisfacción de los extremos consistentes en que, atendiendo al caso específico, la resolución ordenadora de preparación y desahogo de pruebas legales y conducentes, sea de naturaleza trascendental y grave, que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, de imposible reparación, incluso, en la determinación final del juicio de garantías promovido en la vía indirecta. Requisitos que, como ya se dijo, este Tribunal Colegiado estima se satisfacen en el caso particular, toda vez que el acuerdo cuya legalidad se discute, de veinticuatro de abril de dos mil ocho, se considera como uno de los que puedan, por su naturaleza trascendental y grave, causar un daño o perjuicio no reparable en el fallo definitivo. Ahora bien, en los agravios, la recurrente aduce esencialmente lo siguiente. Que el acuerdo recurrido resulta violatorio de lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley antes mencionada, ya que la ampliación al cuestionario por la responsable, no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad, es decir, no tiene una relación inmediata con los hechos controvertidos, en tanto que no guarda relación con la litis del juicio, pues con aquélla lo que se pretende acreditar son determinadas situaciones particulares de la quejosa, que no inciden en la constitucionalidad de los actos reclamados. Sostiene que las preguntas formuladas en la ampliación al cuestionario, no guardan relación alguna con el interés jurídico para acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal (extremo por el cual la parte quejosa ofreció la prueba pericial contable); además, se enfocan en demostrar particularidades de las quejosas que no inciden en el estudio de constitucionalidad que se propone, como lo es el índice de rotación de inventarios o su política para la reposición de los activos. Que la adición al cuestionario sobre el cual debe versar la prueba pericial contable, esto es, las preguntas formuladas no son idóneas para acreditar los extremos que se pretende, por lo que estima incorrecto que se tuvieran por adicionadas las preguntas propuestas por la responsable, pues el Juez de Distrito no tenía elementos para determinar si dichas preguntas tienen o no relación con la litis constitucional o, en su caso, si son el medio idóneo para acreditar determinados hechos. Son esencialmente fundados los agravios de la recurrente. En principio, para estar en condiciones de resolver este asunto, es necesario tener presente que las peticionarias del amparo reclamaron la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, específicamente, los artículos 2o., 3o., fracción II, 5o., fracción I, 6o., fracciones I y III, 8o., primero, segundo, quinto, penúltimo y último párrafos, 9o. y 10, primero, segundo, tercero, quinto, penúltimo y último párrafos, quinto, sexto y noveno transitorios. Ahora bien, conforme a los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria al juicio de garantías por disposición del segundo párrafo del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto es admisible cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho. En este sentido, tratándose de la prueba pericial, el derecho a adicionar el cuestionario sobre el cual se desahogará no es pleno, sino que deben cumplirse ciertos requisitos, entre los que se encuentra la relación inmediata que debe tener con los hechos controvertidos, conforme al principio de idoneidad de la prueba, regulado por el mencionado artículo 79, de tal modo que si las preguntas adicionales no guardan relación con la litis o los hechos que se pretende probar con dicho medio de convicción, no se satisface ese requisito y el ofrecimiento que se haga es ilegal, ante lo cual el Juez, desde su anuncio, debe desechar la referida adición al cuestionario para los peritos. De lo anterior se desprende que para que proceda la admisión de las adiciones formuladas al cuestionario, propuestas por la contraparte de la oferente, es necesario que tales cuestiones tengan relación o estén vinculadas con el hecho que la parte que ofreció la probanza pretende demostrar, y en caso de no ser así, deben desecharse, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio, debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis. Luego, el Juez de Distrito debe decidir si las preguntas que se contienen en la adición al cuestionario guardan o no relación con el presentado por la parte quejosa, ya que el derecho que tienen las partes para formular repreguntas en cuanto a la prueba pericial admitida, de conformidad con el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con los cuestionamientos que la parte oferente hubiera formulado, deben ser en función de lo que se pretende acreditar, sin introducir cuestiones ajenas a lo que es materia de dicha prueba, para que así no deje en total estado de indefensión a alguna de las partes, y, por ende, un agravio irreparable. Una vez asentadas las anteriores premisas, resulta necesario tener presente el contenido del escrito presentado ante el juzgado del conocimiento, el siete de abril de dos mil ocho, por el cual las quejosas anunciaron la prueba pericial en materia contable, de donde se advierte que dicha prueba se ofreció para acreditar lo siguiente: a) Que la quejosa ********** en el mes de enero de 2008, realizó el pago de intereses devengados en 2008. b) Que la quejosa ********** realizó el pago de intereses en el mes de enero de 2008, devengados en ese año, con motivo de deudas contratadas hasta el 31 de diciembre de 2007. c) Que la quejosa ********** pagó intereses devengados en 2008, en el mes de enero del mismo año, a instituciones de crédito, instituciones de seguros, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas de bolsa, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple que se consideren como integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a personas cuya actividad exclusiva es la intermediación financiera en términos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única o aquellas que realizan operaciones de cobranza de cartera crediticia. d) Que la quejosa ********** para la determinación del cálculo del impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de 2008, según corresponda, no dedujo los intereses pagados en dichos meses. e) Que las quejosas ********** al momento de presentar la declaración correspondiente al mes de enero de 2008, no consideraron como deducible para efectos del impuesto empresarial a tasa única, las erogaciones que efectuaron a favor de sus trabajadores por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. f) Que las quejosas ********** al momento de presentar la declaración correspondiente al mes de enero de 2008, al determinar el crédito de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral y aportaciones de seguridad social previsto en los artículos 8o. y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no incluyeron aquellas erogaciones efectuadas a favor de sus trabajadores que resultaron ingresos exentos para estos últimos. Con lo anterior las quejosas pretenden acreditar que las disposiciones legales reclamadas, impiden conocer para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la totalidad de las erogaciones efectuadas por la parte quejosa por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. g) Que las cantidades que las quejosas ********** entregaron a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo y que acreditaron contra el impuesto sobre la renta a su cargo, no fueron consideradas como impuesto sobre la renta efectivamente pagado para efectos del acreditamiento de éste contra el impuesto empresarial a tasa única en la declaración del pago provisional del mes de enero de 2008. Con lo anterior las quejosas pretenden acreditar que las disposiciones legales reclamadas, restringen a los contribuyentes el derecho de acreditamiento del impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones, como ocurre en el caso del subsidio al empleo, aun cuando dicho acreditamiento se hubiere realizado en los términos previstos en las disposiciones fiscales aplicables. h) Que las quejosas ********** y ********** adquirieron bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales seguían teniendo a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y que utilizan para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. i) Que las quejosas ********** obtuvieron ingresos efectivamente pagados en el mes de enero de 2008 por la enajenación de bienes que hayan sido producto de las adquisiciones de bienes realizada hasta el 31 de diciembre de 2007 que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. j) Que en el pago provisional de impuesto empresarial a tasa única del mes de enero de 2008, las quejosas señaladas en el inciso anterior no dedujeron el monto de las erogaciones por la adquisición de bienes hasta el 31 de diciembre de 2007 que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o bien, que sólo acreditaron el impuesto en la parte que corresponde al 6% del saldo por deducir en términos del ‘Decreto por el que se cargan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007. k) Si a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, las quejosas ********** cuentan con inversiones efectuadas con anterioridad al 1o. de enero de 2008. l) Que las quejosas ********** cuentan con un saldo pendiente por depreciar al 31 de diciembre de 2007, respecto de las erogaciones efectuadas para adquirir inversiones (activos fijos, gastos, cargos diferidos y operaciones en un periodo preoperativo) con anterioridad a 2008. m)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21250-a473d36d/prueba-pericial-en-el-juicio-de-amparo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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