RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA NORMA DE EFICACIA INDIRECTA, QUE RESERVA AL LEGISLADOR ORDINARIO LA FACULTAD PARA SU REGULACIÓN E IMPOSICIÓN EN LAS LEYES SECUNDARIAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 108/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, DÉCIMO PRIMERO, CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia de administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Ministro presidente de este Alto Tribunal, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintidós de enero de dos mil tres, la revisión fiscal 322/2002, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. La autoridad recurrente en su único agravio aduce que la sanción económica que impuso al actor, está debidamente fundada y motivada, ya que citó como fundamento, entre otros preceptos, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Continúa alegando la demandada que al haberse apoyado la autoridad administrativa para sancionar económicamente al actor, en los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con lo que dispone el diverso 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la resolución impugnada debe considerarse legal, pues el diverso 53 en mención, claramente establece en su fracción V, la sanción económica por falta administrativa, amén que el multicitado artículo 54 de la ley de la materia, establece los elementos que se deben tomar en cuenta para imponer la sanción administrativa; preceptos legales que invocó la autoridad en el considerando I de la resolución primigenia de fecha 9 de abril de 2001. Este tribunal considera infundado el agravio en estudio por las siguientes razones: En nuestra Constitución Política existen preceptos legales que únicamente trazan principios no totalmente definidos en cuanto a su aplicación concreta, pues se deja a discrecionalidad y valoración del órgano que las deba de aplicar. A este tipo de normas se les caracteriza por no tener fuerza suficiente para desenvolverse integralmente, sino que están condicionadas a la intervención del legislador para que actualice sus postulados, es decir, no son normas autoaplicativas ya que requieren ser reglamentadas para su aplicación y, mientras son reglamentadas, constituyen una base y directriz para que el orden jurídico en general sea coincidente y acorde. En esta tesitura, este tribunal considera, como una norma programática el artículo 113 constitucional, el que regula lo siguiente: Artículo 113 (se transcribe). En efecto, se considera que dicho precepto es una norma programática, ya que únicamente faculta y habilita al legislador para que regule lo relacionado con: (i) las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones; (ii) las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que hubieran incurrido (las que consistirán en la suspensión, destitución e inhabilitación, así como la sanción económica, la que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados); y, (iii) los procedimientos y las autoridades para aplicarlas; sin embargo es claro que en ningún momento dichos postulados vinculan o ligan al servidor público, pues son precisamente las leyes que se emitan en acatamiento a tales normas programáticas las únicas que van a vincular al empleado y no este precepto constitucional que, únicamente otorga al legislador lineamientos y directrices generales para que éste las desarrolle en los ordenamientos reglamentarios correspondientes, y una vez emitidos, en ellos claramente se faculte a la autoridad administrativa para que vigile el desempeño del empleado, inicie el procedimiento e imponga las sanciones respectivas. Con lo antes expuesto, se demuestra que lo resuelto por la Sala Fiscal fue correcto, al considerar que la sanción económica que se impuso al actor no está debidamente fundada, pues -se insiste- el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente establece las bases generales a las cuales se deberán sujetar las leyes reglamentarias para determinar las sanciones en materia de responsabilidad de los servicios públicos, pero no es norma sustantiva de aplicación inmediata que establezca el contenido de faltas y sanciones que puedan aplicarse en contra de un servidor público. No es obstáculo a lo anterior, que se haya señalado como fundamento en la resolución de nueve de abril de dos mil uno, los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que éstos únicamente regulan cuáles son las sanciones que se impondrán al servidor público que cometa una falta administrativa y los elementos que se tomaran en cuenta para imponerlas, sin que en los citados artículos se señale, en caso de que se aplique una sanción económica, la forma en que se determinará el monto que deba pagar el empleado por los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones. En las relatadas condiciones, al haber resultado ineficaz el agravio examinado, debe declararse infundado el presente recurso."
En criterio sustentado anteriormente dio origen a la tesis aislada del tenor siguiente:
"SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA APLICARLES UNA SANCIÓN, POR SER UNA NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA. En nuestra Constitución Política existen preceptos legales que únicamente trazan principios no totalmente definidos en cuanto a su aplicación concreta. A este tipo de normas se les caracteriza por no tener fuerza suficiente para desenvolverse integralmente, pues están condicionadas a la intervención del legislador para que actualice sus postulados, es decir, requieren ser reglamentadas para su aplicación y mientras tanto constituyen una base y directriz para que el orden jurídico en general sea coincidente y acorde. Es así que el artículo 113 constitucional viene a ser una norma programática, ya que únicamente faculta y habilita al legislador para que regule lo relacionado con: a) las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones; b) las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que hubieran incurrido (las que consistirán en la suspensión, destitución e inhabilitación, así como la sanción económica, la que no podrá exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados); y, c) los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Sin embargo, es claro que en ningún momento dichos postulados vinculan o ligan al servidor público, pues son precisamente las leyes que se emitan en acatamiento a tales normas programáticas, las únicas que lo van a vincular y no el precepto constitucional que nos ocupa, que únicamente otorga al legislador lineamientos y directrices generales para que éste las desarrolle en los ordenamientos reglamentarios correspondientes que, una vez emitidos, claramente faculten a la autoridad administrativa para que vigile el desempeño del servidor público, inicie el procedimiento e imponga las sanciones respectivas. En consecuencia, el artículo que nos ocupa no puede servir de fundamento para aplicar una sanción a un servidor público." (No. Registro: 184,751. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003. Tesis I.4o.A.381 A. Página 1156).
En el mismo sentido se pronunció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2007, en sesión de veintitrés de marzo de dos mil siete, en la cual determinó en la parte que nos interesa, lo siguiente:
"OCTAVO. Ahora bien, se procede al análisis del agravio formulado por la autoridad recurrente presidente de la República. Señala que causa agravio el considerando sexto de la sentencia que se recurre, al considerar el a quo que el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es inconstitucional, al fijar una sanción económica consistente en dos tantos del daño y perjuicio causado, obligando a la autoridad administrativa a imponer una sanción económica de manera fija. Que sin embargo, el juzgador erróneamente sostiene que el momento de imponerle la sanción económica al impetrante de garantías, se aplicó los supuestos del artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos imponiéndole una multa fija, dejando de observar que si bien es cierto que el contralor interno en el Sistema de Transporte Colectivo Metro al emitir la resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil cinco, se apoyó en el artículo que se tacha de inconstitucional, ello fue únicamente para efectos del procedimiento de ejecución previsto en el segundo párrafo de dicho artículo, lo cual significa que al momento de imponerle la sanción económica a la parte quejosa, la autoridad respectiva realizó un estudio y análisis de los elementos previstos en el artículo 54 de la ley impugnada, además de ajustarse a los parámetros a que alude el artículo 113 de la Carta Magna. Por lo cual, añade la autoridad recurrente, se concluye que el Juez de los autos realizó una mala apreciación de las constancias de autos, y llevó a cabo una interpretación aislada del precepto que se impugna, toda vez que la autoridad sancionadora, al momento de imponer la sanción económica correspondiente, primero individualizó las sanciones que le fueron atribuidas al peticionario del amparo, al quedar demostrado que con su conducta contravino la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues para dicha individualización tomó en consideración los elementos establecidos en el artículo 54 del ordenamiento legal citado, y ajustándose a los parámetros establecidos en el artículo 113 constitucional procedió a imponer la sanción de referencia, lo que justifica que el artículo 55 impugnado no se materializó en perjuicio del quejoso, pues como ya se señaló, su cita fue únicamente para efectos del cobro de dicha sanción y no para su imposición, lo cual se traduce en que la autoridad administrativa sí ejerció su arbitrio para imponer la sanción económica de referencia. Agrega que en la especie, la autoridad administrativa respetó lo dispuesto por los artículos 113 constitucional y 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues se valoraron los elementos que prevé el citado numeral 54, al señalar que la conducta en que incurrió fue grave, en virtud de que se trata de una omisión administrativa, la cual se traduce en una falta de probidad del responsable en su desempeño como servidor público de la Administración Pública del Distrito Federal, que implicó un daño patrimonial causado al erario del Gobierno del Distrito Federal, por conducto del Sistema de Transporte Colectivo Metro; su nivel jerárquico dentro de la estructura de dicho sistema; que en cuanto a sus antecedentes, no se encontraron, y por lo que se refiere a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, no existieron circunstancias que lo obligaran a incumplir, o que le impidieran cumplir con sus obligaciones, lo que produjo un daño al Gobierno del Distrito Federal, por un total de ********** al haber infringido con su conducta lo previsto en el artículo 47, fracciones I y XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Continúa argumentando que, si en el caso se aplicó una sanción económica de dos tantos, es evidente que se está dentro del supuesto del artículo 113 constitucional pues no se rebasa el límite de tres tantos que dispone, resultando erróneo que el Juez de Distrito haya sostenido que dicha sanción se impuso con base en el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Aduce que por tanto, son inaplicables en el caso, las tesis que invoca el a quo en la foja ciento diecisiete de la sentencia recurrida, pues si bien, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el primer párrafo del artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es inconstitucional por contravenir el diverso 113 constitucional, porque impide a la autoridad administrativa graduar la cuantía de la sanción económica; también lo es que en la especie el citado artículo 55 no se aplicó al impetrante de garantías al momento de imponerle la sanción económica, pues dicho precepto únicamente se citó para efectos del procedimiento de ejecución que prevé el segundo párrafo de dicho numeral. Argumentos los anteriores que resultan ineficaces, pues contrariamente a lo aseverado por la autoridad recurrente, en la resolución sancionadora, sí fue aplicado el numeral 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para imponer la sanción al servidor público aquí quejoso. En efecto, si bien, la autoridad administrativa al emitir la resolución sancionadora realizó un estudio y análisis de los elementos previstos en el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cierto es que, también aplicó el numeral 55 de ese mismo ordenamiento legal para determinar la sanción a imponer al aquí quejoso. Lo anterior como se demuestra de la parte conducente de la resolución sancionadora, en la que se señaló: (se transcribe). Razón por la cual, contrariamente a lo aseverado por la autoridad recurrente, el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos impugnado, sí se materializó en perjuicio del quejoso, ya que se advierte de la transcripción anterior, que la imposición de la sanción económica se determinó en términos de ese numeral, al imponer dos tantos del daño ocasionado. No resultando por tanto, cierto lo dicho por la autoridad en cuanto a que el referido precepto legal únicamente se citó para efectos del cobro de dicha sanción, pues como quedó evidenciado, se citó para su imposición. Sin que tampoco asista razón a la autoridad recurrente al referir que si en el caso se aplicó una sanción económica de dos tantos, es evidente que se está dentro del supuesto del artículo 113 constitucional, al no rebasar el límite de tres tantos que dispone, y que por ello, la sanción económica impuesta al aquí quejoso se ajusta a los parámetros a que alude dicho precepto constitucional. Efectivamente, este Tribunal Colegiado considera, que dicho precepto constitucional no puede de servir de base para la imposición de la sanción económica, por tratarse de una norma programática. En efecto, en nuestra Constitución Política existen preceptos legales que únicamente trazan principios no totalmente definidos en cuanto a su aplicación concreta, pues se deja a discrecionalidad y valoración del órgano que las deba de aplicar. A este tipo de normas se les caracteriza por no tener fuerza suficiente para desenvolverse integralmente, sino que están condicionadas a la intervención del legislador para que actualice sus postulados, es decir, no son normas autoaplicativas ya que requieren ser reglamentadas para su aplicación y, mientras son reglamentadas, constituyen una base y directriz para que el orden jurídico en general sea coincidente y acorde. Situación que acontece con el artículo 113 constitucional, el cual establece: Artículo 113. (se transcribe). Como se indicó, se considera que dicho precepto es una norma programática, ya que únicamente faculta y habilita al legislador para que regule lo relacionado con: I. las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, II. las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que hubieran incurrido (las que consistirán en la suspensión, destitución e inhabilitación, así como la sanción económica, la que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados) y III. los procedimientos y las autoridades para aplicarlas; Sin embargo, en ningún momento dichos postulados vinculan o ligan al servidor público, pues son precisamente las leyes que se emitan, en acatamiento a tales normas programáticas, las únicas que van a vincular al empleado y no este precepto constitucional que, únicamente otorga al legislador lineamientos y directrices generales para que éste las desarrolle en los ordenamientos reglamentarios correspondiente y, una vez emitidos, en ellos claramente se faculte a la autoridad administrativa para que vigile el desempeño del empleado, inicie el procedimiento e imponga las sanciones respectivas. Por tanto, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente establece las bases generales a las cuales se deberán sujetar las leyes reglamentarias, para determinar las sanciones en materia de responsabilidad de los servidores públicos, pero no es norma sustantiva de aplicación inmediata que establezca el contenido de faltas y sanciones que puedan aplicarse en contra de un servidor público, por lo cual, no puede servir de fundamento para aplicar una sanción, dado que como ya se indicó, dicho precepto únicamente establece las bases generales a las cuales se deberán sujetar las leyes reglamentarias para determinar las sanciones en materia de responsabilidad de servidores públicos. Apoya esta consideración, el criterio jurisprudencial emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis número I.4o.A.381 A, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página 1156, del Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA APLICARLES UNA SANCIÓN, POR SER UNA NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA.’ (se transcribe). Criterio este último que fue sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo DA. 351/2004, aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil cinco, Magistrada ponente: María Rocío Ruiz Rodríguez. En relación al argumento relativo a que resulta inaplicable en el caso, las tesis que invoca el a quo en la foja ciento diecisiete de la sentencia recurrida, devienen en ineficaz, en la medida de que la sentencia emitida por el juzgador, sólo consta de noventa y ocho fojas, sin que haga referencia a cuales tesis se refiere."
CUARTO. Por su parte, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el catorce de octubre de dos mil cuatro el amparo directo 93/2004, determinó en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Por otra parte, enseguida se aborda el estudio de los conceptos de violación compendiados en los incisos j) y k), en los que el quejoso aduce que si la multa materia de la controversia se fundó en el artículo 113 constitucional, entonces la resolución impugnada está indebidamente fundada, dado que dicho precepto constitucional debe estar regulado en una norma secundaria, así como afirma que independientemente del precepto en que se haya fundado la referida multa, de todas formas es excesiva, confiscatoria e inconstitucional, pues se encuentra establecida en porcentaje fijo. Los planteamientos relativos resultan ineficaces para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, y para corroborarlo es pertinente recordar que sobre el particular la Sala responsable determinó que la autoridad demandada fundó la referida sanción económica en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no en el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que es inexacto que sea ilegal esa sanción, habida cuenta que el citado precepto constitucional establece porcentajes para la determinación de la cuantificación de la sanción, los cuales no deberán exceder de tres tantos de los daños y perjuicios causados con la conducta infractora, y en el caso concreto la aplicación fue de dos tantos, por lo que dicha sanción se encuentra ajustada a derecho. Ahora bien, a efecto de verificar la legalidad de tal determinación, es pertinente reproducir lo establecido en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente: (los artículos 109 y 113 se transcriben). Por su parte, los artículos 53, 54, 55 y 56 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos atribuidos al quejoso (mil novecientos noventa y nueve, y dos mil), establecían: (Los artículos 53, 54, 55 y 56 se transcribe). Como se aprecia, el artículo 109 de la Constitución General de la República establece los lineamientos generales a los que deben ajustarse el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, al expedir las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos, deslindando con claridad las diversas clases que se pueden presentar; es decir, según se trate de responsabilidades derivadas de juicio político, penal o administrativas. Por su parte, el artículo 113 constitucional prevé que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones; las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas; y que dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere el invocado artículo 109, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. A su vez, el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las sanciones por falta administrativa consistirán en apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. El artículo 54 de la propia ley prevé los elementos que deben tomarse en cuenta para imponer las sanciones administrativas, y en su fracción VI, que debe tomarse en cuenta el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. El artículo 55 de la citada legislación establece en su primer párrafo que la aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la misma ley, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados. Por su parte, el artículo 56 de la referida Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos prevé las reglas a seguir para la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 53, estableciendo en su fracción VI, que las de índole económico serán aplicadas por la contraloría interna de la dependencia o entidad. En ese contexto, debe puntualizarse que de conformidad con el citado artículo 113 constitucional, la sanción económica que prevé, se impone a los servidores públicos de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y por los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, hasta en tres tantos del monto a que asciendan esos trastornos originados por el actuar indebido del infractor; o sea que el Constituyente señaló los elementos a los que la autoridad debe atender para individualizar la sanción, estableciendo como parámetro mínimo el beneficio obtenido o el perjuicio ocasionado y como máximo el equivalente a tres tantos de ello, lo que es reconocido también en el artículo 54, fracción VII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En concordancia con lo anterior, es pertinente destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo en revisión número 513/96, en sesión del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, determinó que es inconstitucional el artículo 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por considerar que contraviene lo establecido en el citado artículo 113 constitucional, pues prevé que las sanciones económicas a los servidores públicos se aplicarán en dos tantos del lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados, sin establecer reglas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de graduar la cuantía de la sanción, obligando a la autoridad administrativa a aplicarla de manera fija, lo que le impide ejercer la facultad prudente del arbitrio para individualizar y cuantificar el monto de la sanción, provocando la aplicación de ésta a todos por igual, de manera invariable e inflexible. La anterior determinación dio origen a la tesis número P. CXL/97 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 207 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21406-11a3de78/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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