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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA MATERIA DE LA SUPUESTA OPOSICIÓN DE CRITERIOS LA CONSTITUYA EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE UN TRIBUNAL A LO DISPUESTO EN UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PROCEDE ORDENAR SU CANCELACIÓN CUANDO EL CRITERIO SUSTENTADO IMPLIQUE INOBSERVANCIA A LO DISPUESTO EN ALGUNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 557.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 88/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 38/2007 y el amparo directo 61/2007, el siete y catorce de marzo de dos mil siete, respectivamente, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

Revisión fiscal 38/2007

"OCTAVO. Aduce la autoridad recurrente en el primer agravio propuesto, sustancialmente, lo siguiente: Que la Sala del conocimiento determinó que, la resolución impugnada contenida en el oficio de catorce de junio de dos mil cuatro, resultaba ilegal, por omitir señalar el párrafo preciso que prevé la competencia territorial de la autoridad emisora, al haberse citado de forma genérica el acuerdo de circunscripción territorial, lo cual es incorrecto, porque la autoridad demandada sí fundó debidamente su competencia para emitir el acto impugnado. Que la Sala debe interpretar el texto de las resoluciones en su conjunto, como un todo, toda vez que, en ella, se especifica que quien emite la resolución es el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal por lo que, contrario a lo determinado por la Sala Fiscal, la autoridad sí fundó debidamente su competencia territorial, es decir, precisó el artículo, párrafo, acuerdo, fechas de publicación, así como las modificaciones que ha sufrido y, en el texto mismo, en la parte del rubro y la firma, se desprende que quien emite la resolución impugnada es el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, datos suficientes para conocer la autoridad emisora del acto y dar certeza al contribuyente de que la autoridad tiene competencia para perturbarlo en su esfera jurídica. Que las autoridades no tienen obligación constitucional de justificar ni fundar su existencia material en cada uno de los actos que emiten, ya que, lo que exige el artículo 16 constitucional es que las autoridades que realicen actos de molestia en perjuicio de los gobernados sean competentes, funden y motiven la causa legal del procedimiento y, en el caso, la existencia legal de la autoridad demandada está fundada en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Que si bien es cierto no se invocó la parte que se refiere a la administración local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, del contenido del artículo segundo, párrafo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, tal omisión no afecta a la parte actora, pues la autoridad competente para ejercer facultades lo hizo en atención al domicilio de la actora, la cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de la administración local de Recaudación del Centro del Distrito Federal, la cual sí tiene competencia para actuar respecto de contribuyentes que se encuentran en el Distrito Federal. Procediendo al estudio de los argumentos expuestos, éstos son infundados. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, determinó que la competencia de las autoridades administrativas, en el mandamiento escrito que contiene el acto de molestia, debe señalarse con precisión, esto es, señalar el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida y, en su caso, la respectiva fracción, inciso o subinciso. Jurisprudencia que aparece consultable en la página 31, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). Ahora, en relación con la fundamentación de la competencia de las autoridades que emiten el acto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, visible en la página 310, Tomo XXII, septiembre de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto, que: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Por su parte, en la resolución impugnada en el juicio contencioso, textualmente se señaló: (se transcribe). Transcripción de la que se demuestra que, si bien, como lo señala la autoridad recurrente, se citó para fundar la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, entre otros, el artículo segundo, párrafo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002, modificado por acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre y 30 de octubre de 2002; también lo es que no se indicó el párrafo específico que delimitaba su circunscripción territorial. Ello, porque dicho artículo segundo consta de diversos párrafos, como a continuación se demuestra: (se transcribe). En ese orden, como se puede apreciar, en el oficio 324-SAT-09-II-I-B-2-8650, de catorce de junio de dos mil cuatro, en que se contiene la resolución impugnada, si bien se hizo alusión al transcrito artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala, el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, también lo es que, como se indicó, no se señaló con exactitud y precisión el párrafo en que apoyó su actuación la autoridad hacendaria; es decir, el párrafo exacto que delimitaba su circunscripción territorial; por tanto, resulta acertada la determinación de la juzgadora, al considerar que, en la resolución impugnada citada, no se precisó con toda exactitud la competencia territorial de la administración local Jurídica del Centro del Distrito Federal. Efectivamente, si bien, como se ha dicho, en la resolución impugnada se citó el párrafo segundo del artículo segundo, del citado acuerdo, el cual textualmente señala: ‘El nombre, sede y circunscripción territorial en donde se ejercerán las facultades de las administraciones locales de Asistencia al Contribuyente, de Recaudación, de Auditoría Fiscal, y Jurídicas, serán las siguientes: ...’, tal cita es insuficiente para tener por acreditada la competencia territorial de la autoridad emisora de la citada resolución, pues en tal párrafo no se delimita, exactamente, la circunscripción territorial de la autoridad demandada. Por lo que, aun cuando en el texto de la resolución impugnada se haya especificado el nombre de la autoridad que emitió el acto impugnado, el artículo y párrafo, del acuerdo en cita, fecha de publicación, modificaciones y, en la parte del rubro y la firma, se desprenda que, quien emite la resolución impugnada es el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, como aduce la parte recurrente, tales datos son insuficientes para tener por satisfecho el requisito de fundamentación a que alude el artículo 16 constitucional, pues para cumplir con el mismo, como se ha dicho, era menester que, la autoridad demandada señalara con exactitud y precisión, la parte del acuerdo que le daba competencia para emitir el acto de molestia, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es, la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Siendo, por tanto, inexacto que la autoridad recurrente manifieste que las autoridades no tienen obligación constitucional de justificar ni fundar su existencia material en cada uno de los actos que emiten, al aducir que, lo que exige el artículo 16 constitucional es que, las autoridades que realicen actos de molestia en perjuicio de los gobernados sean competentes, funden y motiven la causa legal del procedimiento. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo siguiente: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’ El artículo 14 de la propia Constitución preceptúa, en su segundo párrafo, lo siguiente: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. Ahora bien, haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que, los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que, al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley o a la Constitución, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, la ilegalidad del acto y el precepto en que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que, su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental. En efecto, en el cuerpo de la ejecutoria que fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 9/2000, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dio origen a la tesis de jurisprudencia número 57/2001, citada al inicio del presente estudio, ese máximo órgano colegiado, dejó establecido, entre otras cosas que, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa en el acto de molestia, es necesario que, en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación, pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión. En conclusión, las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, a que se ha hecho referencia, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actué, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades, de ahí lo infundado del argumento expuesto por la autoridad recurrente."

Amparo directo 61/2007

"QUINTO. En el primer concepto de violación que formula la sociedad quejosa, argumenta que contrario a lo sostenido por la Sala responsable, la autoridad demandada en el juicio fiscal, de ninguna manera satisfizo el requisito de la debida motivación y fundamentación en cuanto a la competencia territorial de la administración local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, para poder emitir el oficio número 324-SAT-09-III-C-a-1-6546, en tanto que si bien dicha autoridad fundó su competencia material, no fue así en cuanto a la competencia territorial, pues no señaló expresamente el párrafo del artículo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, su modificación del veinticuatro de septiembre y treinta de octubre de dos mil dos, en el cual pretende fundar su competencia territorial, siendo que es obligación de la autoridad fiscal señalar el párrafo, fracción, inciso y subinciso del artículo correspondiente. Al respecto, la sociedad quejosa sigue manifestando que la Sala responsable de mutuo propio (sic), al referirse al artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, menciona: ‘en lo relativo a la circunscripción territorial de la administración local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal’, siendo que, esa mención o leyenda no se encuentra en el texto del oficio 6546, por lo que, añade la quejosa, era necesario que la autoridad emisora del oficio de referencia hubiese precisado exhaustivamente su competencia territorial citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso de la norma invocada, la cual, al tratarse de una norma compleja, debió de transcribir la parte correspondiente a la administración local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal. Planteamiento que se estima fundado, por las razones y motivos jurídicos expuestos a continuación. En la resolución impugnada a través del juicio de nulidad que se analiza, contenida en el oficio número 324-SAT-09-III-C-a-1-6546, de fecha treinta de abril de dos mil cuatro, para fundar la competencia de la autoridad emisora, se señaló lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se desprende que asiste la razón a la sociedad quejosa, al mencionar que dentro de la cita que se hace en el párrafo transcrito del artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, su modificación del veinticuatro de septiembre y treinta de octubre de dos mil dos, no se hace mención de la siguiente leyenda: ‘en lo relativo a la circunscripción territorial de la administración local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal’, como lo refiere la Sala responsable en la sentencia reclamada. No obstante lo anterior, atendiendo al principio de celeridad jurídica, no es el caso de reenviar el asunto para que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se ocupe de analizar la competencia de la autoridad demandada absteniéndose de señalar la leyenda mencionada, pues este Tribunal Colegiado puede avocarse a su estudio, considerando el contenido de la tesis LXXII/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto fueron aprobados en sesión privada de dieciocho de agosto de dos mil seis, en la que se sostiene lo siguiente: ‘'COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA OMITE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, TAL CUESTIÓN PUEDE PLANTEARSE EN LA DEMANDA DE AMPARO.’ (se transcribe). No es óbice a lo anterior, el que la tesis que se invoca sea una tesis aislada y no constituya jurisprudencia en los términos del artículo 192, de la Ley de Amparo y por lo mismo no sea obligatoria, pues ello no impide que este Tribunal Colegiado de Circuito, de menor jerarquía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda tomarlo en consideración y hacer el estudio jurídico de la cuestión planteada, ya que a pesar de ser un criterio aislado, refleja la opinión de dicho Alto Tribunal. Resultan aplicables al caso, las siguientes tesis emitidas por la anterior Tercera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes Cuarta Parte, VIII y Tercera Parte, LXXXVIII, Sexta Época, páginas ciento cuarenta y uno y setenta y seis, respectivamente, del siguiente rubro y contenido: ‘EJECUTORIAS AISLADAS DE LA CORTE.’ (se transcribe). ‘TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA APLICADAS POR LOS JUECES DE DISTRITO.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, este órgano colegiado, se avoca al estudio de los argumentos expuestos por la sociedad quejosa, encaminados a demostrar que la autoridad demandada en el juicio de nulidad, no funda debidamente su competencia territorial, pues no hace referencia alguna, ni precisión en cuanto al apartado referente del artículo segundo, párrafo segundo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, en el cual se pretende fundar dicha competencia territorial. Para determinar sobre lo fundado o infundado del planteamiento en cuestión, es necesario citar el texto íntegro del citado artículo segundo: (se transcribe). Las modificaciones al acuerdo transcrito, que refiere la autoridad emisora del oficio número 324-SAT-09-III-C-a-1-6546, realizadas mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de septiembre y treinta de octubre de dos mil dos, fueron respecto de las siguientes circunscripciones territoriales: (se transcribe). Como se advierte de las anteriores transcripciones, el dispositivo legal en estudio, no se subdivide en fracciones, sino que contienen una serie de párrafos que guardan interrelación en virtud de que versan sobre el nombre, sede y circunscripción territorial donde ejercerán sus facultades las administraciones locales de Asistencia al Contribuyente, de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas, del servicio de administración tributaria. Esto es, el precepto en comento no contiene apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos y, por ende, dado el cúmulo de párrafos por los que se compone, la misma puede estimarse una norma compleja. Sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que la autoridad emisora del oficio número 324-SAT-09-III-C-a-1-6546, no funde correctamente su competencia territorial, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal. Es decir, el que una autoridad tenga que fundar su competencia en un mandamiento escrito que contenga un acto de molestia o privación con apoyo en un precepto que no contenga apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, como el que se transcribe en párrafos precedentes, no la exime de la obligación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal de citar de forma exacta y precisa, el acto de molestia de que se trata, las normas legales que la facultan para su actuar, a fin de colmar la garantía de la debida fundamentación que establece dicho precepto constitucional, al atender al valor jurídicamente protegido, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de autoridad que afectan o lesionan su interés jurídico y, por ende, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Por tanto, en el caso en concreto, no basta que en el acto reclamado (resolución contenida en el oficio número 324-SAT-09-III-C-a-1-6546, de fecha treinta de abril de dos mil cuatro), se precise la denominación de la autoridad que lo emite (administración local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal), así como la cita, entre otros, del artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, sin precisar un apartado específico de dicho artículo, para estimar debidamente fundada la competencia territorial de dicha autoridad. Ello en virtud de que la autoridad tiene la ineludible obligación de fundar debidamente su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 16 constitucional, pues en ese entendido todo acto de autoridad debe emitirse por quien esté legitimado, expresándose en el documento, el carácter con que la autoridad en comento lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue dicha legitimación, aun en el supuesto de que la norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, inciso y subincisos, pues en tal caso, la autoridad debió llegar incluso al extremo de hacer la transcripción correspondiente del apartado correspondiente del precepto en que funda su competencia. Lo anterior, con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica a la sociedad quejosa frente al acto que afecta su interés jurídico, pues de esta forma dicha impetrante tendría conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario se le privaría de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla, debido a que desconocería el precepto legal que da competencia a la autoridad para emitir el acto reclamado y de poder controvertirlo porque estime que no se adecua al ordenamiento jurídico que le otorga facultades. De ahí que no basta que en el caso sólo se cite el artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, para fundar la competencia territorial de la autoridad demandada en el juicio de nulidad que se analiza, sino que es necesario que se precise de forma exhaustiva el párrafo específico en el que se contenga aquella, pues en este caso, la autoridad debió llegar incluso al extremo de transcribir la parte correspondiente del precepto que le otorga su competencia; con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario, significaría que a la quejosa es a quien le correspondería la carga de averiguar en el cúmulo de párrafos que contiene el artículo de referencia, si la autoridad tiene competencia de grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándola en un completo estado de indefensión, en virtud de que ignoraría en cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo, es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión, ninguna clase de ambigüedad, puesto que la finalidad de la misma, esencialmente, consiste en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión fiscal número 38/2007, opositor: Construcciones Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de siete de marzo de dos mil siete, siendo ponente la Magistrada Rosalba Becerril Velázquez. En las relacionadas circunstancias, resulta fundado el concepto de violación analizado y, por ende, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la sociedad quejosa, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y emita otra tomando en consideración lo resuelto en este fallo."

CUARTO. Por su parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 156/2006 y 244/2006, los días siete de junio y trece de septiembre de dos mil seis, determinó lo que a continuación se transcribe:

Revisión fiscal 156/2006

"SÉPTIMO. Para analizar los motivos de inconformidad que la autoridad recurrente hace valer, resulta pertinente señalar que de las constancias que integran el juicio de nulidad número 11356/05-17-09-2 del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil cinco, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Asesoría Creativa en Ventas, Sociedad Civil, por conducto de su representante Martha Olga Pinales Ruvalcaba, demandó la declaración de nulidad de las resoluciones emitidas por la administración local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, contenidas en los oficios 324-SAT-09-II-I-B-1-58623 y 324-SAT-09-II-I-B-1-58634, a través de los cuales determinó sendos créditos fiscales a su cargo. Seguido el juicio por su cauce legal, el diecisiete de enero de dos mil seis, la Sala del conocimiento dictó sentencia en la que después de desestimar los planteamientos de la actora contenidos en los conceptos de impugnación identificados en la demanda de nulidad como primero, tercero y cuarto, en los que se alegó, sustancialmente, que la resolución impugnada debía ser declarada nula por tener como base procedimientos fiscalizadores viciados desde su origen al haber sido emitidos por una autoridad que actúo en suplencia; así como el relativo a que la autoridad que emitió los oficios de requerimiento de documentación e información no es una autoridad materialmente competente para emitirlos; y el referente a que los oficios que contienen las solicitudes de información y documentación que dieron origen al ejercicio de las facultades de comprobación fueron ilegalmente notificados; declaró fundado el quinto de los conceptos de impugnación. Sobre el particular, la Sala Fiscal sostuvo, esencialmente, que la autoridad emisora de los oficios números 324-SAT-09-II-1-A-1-49676 y 324-SAT-09-II-I-A-1-49658, por los que el administrador local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, solicitó información y documentación a la empresa actora y por los que la autoridad fiscalizadora inició facultades de comprobación que culminaron con las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad por las que se le determinaron créditos fiscales, no fundó debidamente su competencia por territorio, pues citó para tal efecto el artículo segundo, segundo párrafo, del Acuerdo con que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos y del precepto citado no se desprende la competencia por territorio de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal, por lo que determinó que la fundamentación de la competencia de la autoridad es insuficiente, ya que al tratarse de una norma compleja debió especificar en cuál

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20256-00f77ad9/contradiccion-de-tesis-es-improcedente-cuando-la-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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