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Modo: Corpus Pro

ALCOHOLÍMETRO. EL ARTÍCULO 102, PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. LA POSIBILIDAD DE QUE LA MULTA SE CONMUTE POR ARRESTO HASTA POR 36 HORAS, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, NO CONSTITUYE UN DERECHO DE OPCIÓN A FAVOR DEL INFRACTOR, SINO UNA FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 682.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que pronunció una de las ejecutorias que participan en este asunto.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso atender a las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados, siendo las que a continuación se transcriben.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo en revisión número RA. 75/2007, promovido por Francisco Javier Lizárraga Gallareta, en lo conducente, sostuvo:

"SEXTO. Procediendo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, mismos que se estudian en su conjunto por la íntima relación que guardan entre sí, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, se consideran infundados, por los motivos que a continuación se precisan. En efecto, la recurrente aduce sustancialmente en sus agravios lo siguiente: 1. Que contrario (sic) a lo considerado por la a quo federal, del artículo 21 constitucional se aprecia que a las autoridades administrativas les corresponde aplicar las sanciones a los infractores de reglamentos administrativos, que podrán consistir en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; y no así al legislador, porque la facultad de imponer las sanciones referidas era exclusiva de dichas autoridades, para lo cual el legislador deberá prever tanto la multa como el arresto hasta por treinta y seis horas, ya que la disyunción ‘o’, implicaba la opción de una u otra sanción, que sólo podía determinarla la autoridad administrativa y no el legislador; por lo que si el artículo 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal violaba lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, al prever el arresto de veinte a treinta y seis horas, como correctivo único e insustituible, limitando la facultad de la autoridad administrativa a imponer la sanción que considerara aplicable al caso. 2. Que no podía acontecer lo considerado por la a quo, en cuanto a que la norma secundaria sólo prevea una sanción a la infracción de algún reglamento gubernativo, siempre y cuando dicha sanción consista en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; dado que la autoridad administrativa, limitada en sus facultades constitucionales por disposición (sic) legislativas secundarias, estaría ante una infracción carente de correctivo y, por ende, imperfecta. 3. Que el artículo 21 constitucional, faculta a la autoridad administrativa a imponer en primer lugar la sanción pecuniaria y en caso de que la misma no pueda ser cubierta por el infractor, dicho correctivo se permutará por la sanción corporal, pues si bien el conductor de un vehículo bajo los efectos del alcohol, además de infringir normas administrativas, pudiera llevar a cabo conductas ilícitas; el primer tipo de infracción se sancionará con correctivos menores como la multa o el arresto hasta por treinta y seis horas, y las conductas ilícitas con correctivos mayores, previstos en la legislación penal, sustentando sus afirmaciones con la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: ‘ALCOHOLÍMETRO. EL ARTÍCULO 102 PÁRRAFO PRIMERO, DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER UN ARRESTO INCONMUTABLE COMO SANCIÓN POR CONDUCIR UN VEHÍCULO, CON DETERMINADA CANTIDAD DE ALCOHOL EN LA SANGRE O EN AIRE EXPIRADO, VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.’. Ahora bien, el artículo 21 constitucional, determina literalmente lo siguiente: ‘Artículo 21.’ (se transcribe). Del artículo 21 constitucional se desprende claramente que delimita tanto las facultades a las autoridades judiciales como a las autoridades administrativas, precisando las facultades de investigación y persecución de delitos al Ministerio Público, el que se auxiliará por la policía que estará bajo su autoridad y mando; y que las multas impuestas a los infractores que fuesen jornaleros, obreros o trabajadores, no excederá para los infractores de un día de su ingreso. Ahora, en relación con las facultades de las autoridades administrativas de aplicar las sanciones correspondientes a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, señala que dichas sanciones sólo pueden consistir en multa o bien, arresto de hasta treinta y seis horas, delimitando con ello, en términos generales, las facultades de las autoridades judiciales y administrativas, pues prevé la atribución privativa para aplicar penas por hechos delictuosos sólo a la autoridad judicial, ya que la autoridad administrativa no puede imponer castigos por delitos, sino sólo por faltas administrativas. Así, las garantías de seguridad jurídica que contempla dicho precepto, en materia de sanciones administrativas son las siguientes: Que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía; que la autoridad administrativa está limitada a la aplicación de las sanciones de multa o arresto hasta treinta y seis horas, debiendo, además, tomar en consideración la condición de jornalero, obrero, trabajador infractor o desempleado. En esas circunstancias, el precepto constitucional en comento delimita las sanciones que puede imponer la autoridad administrativa, por la respectiva infracción a sus ordenamientos. Es por ello que para que una sanción impuesta por autoridad administrativa sea constitucional, debe estar prevista en una ley o reglamento específico y limitarse a una multa o un arresto de hasta treinta y seis horas. Sirve de sustento a lo anterior la tesis número 1a. LXXIV/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y dos, Tomo XIX, junio de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘SANCIONES ADMINISTRATIVAS. CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICÍA, SÓLO PODRÁN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO, LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY.’ (se transcribe). A efecto de profundizar en el verdadero sentido del párrafo primero del artículo 21 constitucional, tomando en cuenta los objetivos que en general tuvo el legislador para establecer en tal precepto las sanciones aplicables ante la infracción a reglamentos gubernativos y de policía, es importante destacar que de la exposición de motivos del decreto del tres de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, por medio del cual se reformó el artículo 21 constitucional, se desprende que fue voluntad del legislador privilegiar la libertad como valor supremo de la convivencia social y el derecho, al establecer lo siguiente: (se transcribe). Esta iniciativa pone de relieve el reconocimiento del Ejecutivo Federal de la necesidad de considerar que la imposición de un arresto hasta por quince días, proveniente de multa no pagada, afecta a los infractores de escasos recursos, puesto que el cumplimiento del arresto impide la obtención del salario o jornal durante un periodo prolongado; cuando el propósito del Constituyente es brindar al infractor de escasos recursos la posibilidad de optar por el arresto en lugar de cubrir la multa impuesta y proteger así su patrimonio. En efecto, de la exposición de motivos transcrita deriva que si bien es cierto que en el artículo 21 constitucional el legislador estableció el arresto administrativo como un tipo de sanción, también lo es que el motivo que lo llevó a considerarlo como tal fue el hecho de brindarle al infractor de escasos recursos la posibilidad de optar por el arresto, en lugar de cubrir la multa que se le impusiere, a efecto de que no se le afectara su patrimonio, y sólo ante la imposibilidad económica de pagar la multa se previó su permuta por el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. En ese contexto, se propuso el cambio al texto actual que, en concepto de la iniciativa, lograría el equilibrio entre una correcta impartición de justicia por faltas administrativas y las condiciones económicas y sociales de las mayorías nacionales. Lo anterior se corrobora del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, en cuanto a la iniciativa en comento en la parte que al caso interesa, es del siguiente tenor: (se transcribe). De ese dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial se distingue como elemento determinante que se conceda una protección mayor a los infractores de escasos recursos, que carecen de una defensa jurídica eficaz, por lo que el término de quince días se sustituyó por un plazo máximo de treinta y seis horas, dado que el cumplimiento del arresto impedía frecuentemente la obtención del salario o jornal, haciendo inoperante el propósito del Constituyente de no afectar el patrimonio de los trabajadores de escasos ingresos, por el arresto. A su vez, el dictamen emitido respecto de la iniciativa presidencial por las Comisiones Unidas Segunda de Puntos Constitucionales y Segunda de Justicia dice en lo conducente: (se transcribe). El anterior dictamen, que dio paso a la aprobación de la iniciativa presidencial, cristaliza el propósito legislativo de defender a las mayorías populares, conservando la voluntad del Constituyente, pues establece un nexo congruente entre la comisión de una falta administrativa y la aplicación de la sanción, señalando que se encuentra justificado que se elimine como alternativa el arresto hasta por quince días, no para eludir la sanción, sino previendo que la privación temporal de la libertad no sea una pena que riña con el espíritu del Constituyente de proteger el patrimonio de las personas de escasos recursos que no pueden cubrir una multa, considerando el nivel socioeconómico de diversos sectores de la sociedad. Los antecedentes legislativos analizados con antelación son reveladores de que la iniciativa presidencial, que finalmente provocó la modificación del párrafo primero del artículo 21 constitucional, indica que la realidad socioeconómica del país llevó a que el cumplimiento del arresto impidiera la obtención del salario o jornal, y que además la ampliación del arresto hasta por quince días -si proviniera de multa no pagada- redundaría en perjuicio de los infractores de escasos recursos. En el contexto apuntado, cabe decir que la Constitución establece normas fundamentales que en sus preceptos aseguran estabilidad y certeza, que son necesarias para la existencia del Estado y de su orden jurídico, y en ocasiones determinadas previsiones constitucionales, por la materia que regulan, son redactadas por el Constituyente con el fin de que su contenido pueda ser ajustado a las nuevas condiciones sin experimentar un cambio sustancial, circunstancia que brinda mayor fuerza al principio de estabilidad de la preceptiva constitucional. Por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias ya sean jurídicas, económicas, sociales o políticas, para fijar su justo alcance debe atenderse, precisamente, a esas circunstancias; sin que la interpretación relativa permita desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecerlo. En ese sentido, de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que el contexto del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pone de manifiesto que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas, pudiendo la multa permutarse sólo si el infractor demuestra la imposibilidad económica de pagarla, por un arresto que no excederá de treinta y seis horas; lo que permite concluir que para imponer una sanción de las previstas en ese precepto, se requiere que la sanción se establezca con base en un reglamento gubernativo, el cual debe servir de base a la aplicación de multas o arrestos administrativos, pero ciñéndose a los términos que establece el dispositivo constitucional; esto es, considerando la multa como sanción a una infracción y si ésta no puede ser cubierta por razones de índole económica, debe conmutarse por un arresto que no podrá exceder de treinta y seis horas, con el fin de que la infracción no quede exenta de sanción. Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar la inconstitucionalidad planteada, se estima pertinente tomar en consideración el contenido de los artículos 99, 100 y 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que disponen: ‘Artículo 99.’ (se transcribe). ‘Artículo 100.’ (se transcribe). ‘Artículo 102.’ (se transcribe). De la lectura a los preceptos 99, 100 y 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal transcritos se desprende que procede el arresto administrativo inconmutable de veinte a treinta y seis horas al conductor que se encuentre bajo los siguientes supuestos: Cometiendo actos que violen las disposiciones del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y muestren síntomas de que conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas; y, Si tienen una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro. Además, conforme a los artículos en análisis, los agentes de policía pueden detener la marcha de un vehículo cuando seguridad pública establezca y lleve a cabo programas de control y preventivos de ingestión de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos, por lo que quien conduzca en ese estado será remitido al juzgado cívico correspondiente, y si el médico de dicho juzgado determina el consumo de alcohol y/o las sustancias referidas, se dará aviso inmediato a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para que proceda a la cancelación de la licencia de conducir en los términos de la ley, amén de la sanción correspondiente a un arresto administrativo inconmutable que el Juez Cívico deberá imponer al infractor, en su carácter de autoridad administrativa. En efecto, en los artículos 99 a 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal se establece que los conductores de vehículos a quienes se les encuentre cometiendo actos que violen las disposiciones del propio reglamento, como lo es mostrar síntomas de ingestión de alcohol, quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección del grado de intoxicación que corresponda, siendo presentados ante el juzgado cívico, quién a su vez será la autoridad encargada de la determinación de la sanción a que se hayan hecho acreedores según las disposiciones legales de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que resulta ser la aplicable en los casos señalados, en virtud de que ésta se observa en el ámbito de las facultades conferidas a los Jueces Cívicos del Distrito Federal, quienes son precisamente las autoridades administrativas encargadas de imponer la sanción correspondiente al caso en estudio. Cabe precisar que la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece a este respecto lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). Así, del artículo 21 constitucional en análisis se aprecia claramente que la facultad de las autoridades administrativas que prevé, relativa a que pueden aplicar las sanciones a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, dependerá precisamente de lo previsto en dichos ordenamientos legales, ya que la disyuntiva ‘o’ determina una alternativa en función al reglamento violado, esto es, la imposición de la sanción dependerá de que se prevea en dicha norma secundaria la multa ‘o’ el arresto hasta por treinta y seis horas, ‘o’ incluso, ambas sanciones, dependiendo del grado de gravedad de la sanción; siendo que sólo podrá conmutarse la multa por el arresto, en caso de que no pueda pagarse aquélla, siempre que la ley así lo establezca; es decir, que la ley reglamente la conmutabilidad de la multa por el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Lo anterior es así, dado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone las bases generales necesarias para establecer los lineamientos esenciales en la creación de las normas legales, de los cuales no puede apartarse el legislador en el ejercicio de sus competencias constitucionales; por tanto, si el artículo 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal establece que a quienes comentan las infracciones previstas en los artículos 99 y 100 del citado reglamento, como son el conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, serán sancionados con arresto inconmutable de veinte hasta treinta y seis horas, es evidente que el legislador consideró aplicable tal sanción atendiendo a la gravedad de la infracción, ya que en el caso el consumo de bebidas embriagantes por un conductor pone en riesgo el bien jurídico de más alta envergadura, como lo es la vida, no sólo de terceros, sino la del propio conductor, por lo que la sanción señalada en el reglamento corresponde al bien jurídicamente salvaguardado, protegiendo la libertad del individuo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada registrada con el número LXIX/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Novena Época, abril de 2006, página 158, del rubro y texto siguientes: ‘PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.’ (se transcribe). En efecto, la evolución de los criterios interpretativos del concepto de sanción, permiten establecer que la condición determinante para considerar inconstitucional el establecimiento de la misma es el hecho de que la autoridad facultada para imponerla tenga o no la posibilidad de valorar en cada caso las condiciones particulares que rodean la imposición de esa sanción, como un medio para evitar excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. Esa posibilidad de valorar en cada caso las condiciones particulares que rodean la imposición de la sanción, que se erige como regla general para considerar inconstitucional el establecimiento de una de ellas, admite por lo menos una lógica excepción: que acorde a la naturaleza de la infracción, sea factible conceder a la autoridad facultada para imponerla esa posibilidad de valoración. A fin de comprender mejor la afirmación anterior es necesario establecer cuáles son los fines que justifican la imposición de sanciones. Dentro de los elementos que convergen en la imposición de la sanción se encuentra el perjuicio ocasionado o susceptible de ocasionarse, debiendo proteger el bien común. Cuando se viola una disposición de carácter general y abstracta se atenta contra todo el sistema normativo en su conjunto, se ofende a la sociedad por contravenir el pacto de civilidad que establecen los diversos ordenamientos jurídicos. El primero en observar los mandamientos legales debe ser el propio gobernado, de tal suerte que su conducta no contravenga al orden social. El derecho antes que nada es un orden directivo, regulador de las voluntades dispuestas a colaborar al bien general, es un orden de libertad; sólo en forma supletoria y para aquellos que no quieren colaborar es un orden coactivo. El Estado fija las sanciones para inhibir una conducta que es nociva para la sociedad; por ello, únicamente se impone la sanción cuando se transgrede el derecho. Se parte del principio de buena fe y con base en él se estima que las sanciones nunca van a ser aplicadas porque el gobernado no dará motivo para su imposición. Las sanciones atienden a un castigo suficientemente efectivo para que el infractor no vuelva a atentar contra la disposición lesionada, en otras palabras, para que no sea reincidente en su conducta (verdadero aspecto subjetivo de la norma) que resulta ofensiva para los que sí cumplen con la ley. La materia de la sanciones es la que determina qué elementos deben ser considerados por el legislador para plasmarlos en la ley, con el fin de que la autoridad encargada de su imposición pueda valorarlos, y así proteger el interés público cuando se han transgredido las normas jurídicas o administrativas que protegen el orden social. La facultad del Estado para dictar esas normas que respondan al reclamo del interés general tiene como consecuencia ineludible que se le provea de los medios necesarios para hacerlas cumplir, ya que es inherente a todo ordenamiento dar efectividad a las normas que lo integran. Las sanciones son los medios idóneos para el cumplimiento de la ley, obligando al renuente a someterse a ella. Consecuentemente, tanto en su fase intimidatoria de amenaza del poder público ante su posible inobservancia, como en su fase de imposición y ejecución, constituyen una coacción directa que deriva de la violación de la ley. Estas son las sanciones represivas como el arresto inconmutable de veinte a treinta y seis horas, que se prevé en el artículo 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. En efecto, el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal regula en principio las normas mínimas de convivencia entre los conductores de vehículos y los menores, personas en edad avanzada, personas con discapacidad y peatones en general, así como la de conductores y pasajeros, en su tránsito por la vía pública del Distrito Federal, según lo dispone su artículo primero, es decir, tiene como objeto fundamental preservar la seguridad de las personas. Sirve de sustento a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis número I.1o.A.101 A, visible en la página mil ciento dos, Tomo XVIII, octubre de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE CONSIDERAR LA TRASCENDENCIA DE LA MATERIA QUE REGULA.’ (se transcribe). Por su parte, como quedó apuntado, el artículo 21 constitucional tiene la finalidad de evitar sanciones excesivas. En su conjunto, los citados preceptos legales invocados regulan la sanción que recibirá el conductor que haya conducido en estado alcoholizado o bien, bajo el influjo de estupefacientes, es decir, sustancias que alteren el estado físico y psicológico de una persona. En esas circunstancias, el precepto que el quejoso tilda de inconstitucional, es decir, el artículo 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal no contraviene el artículo 21 constitucional, en atención a lo siguiente: En primer lugar, el arresto tiene un límite, siendo éste de veinte a treinta y seis horas, con lo que se ajusta al criterio que establece el citado artículo de nuestra Carta Magna; en segundo, la característica que el quejoso le connota de inconstitucional, aduciendo en relación con la inconmutabilidad de la sanción, ésta es en base a una razón en específico, atiende a la gravedad de la conducta, la naturaleza del infractor y que tiene como razón de ser, en esencia, que la comunidad no resienta los daños graves que se puedan producir por los conductores de vehículos, si no adquieren el hábito de conducir bajo un estado sobrio, puesto que en caso de ser así se podría llegar a producir un daño en los bienes o en las personas integrantes de la sociedad; es evidente que si no se regula esa situación, se pondría a la sociedad en riesgo de que acontezcan graves percances, pues aun cuando no es inminente que se produzca un accidente, es indudable que ello se propicia. Luego, si se examina con detenimiento la disposición impugnada, se advierte que no establece la conmutabilidad de sanciones; ello porque debemos ser precisos al señalar que se está ante la presencia de un infractor que pone en peligro tanto su vida, como la de las demás personas, por lo que no hay razón ni le asiste el derecho a exigir una optatividad, cuando la Constitución (artículo 21) no la prevé. En efecto, el texto constitucional consagrado en su artículo 21 es claro al establecer que a la autoridad administrativa corresponde la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa ‘o’ arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente; es decir, prevé que en caso de que no se pueda pagar la multa correspondiente, ésta se conmutará con el arresto, sin que ello implique optatividad entre la imposición de la multa o el arresto administrativo, pues la finalidad de este precepto constitucional es el que se sancione la infracción cometida, por lo que, aun en el supuesto de que no pueda el infractor pagar la multa, pagará la infracción con el arresto administrativo. Lo anterior nos lleva a concluir, que el objetivo del precepto constitucional en análisis no consiste en otorgar una opción entre las sanciones administrativas a las infracciones administrativas, sino más bien, que en las leyes reglamentarias se puede imponer ya sea una multa o un arresto, atendiendo a la gravedad de la infracción que se cometa, pues como se dijo, el efecto de aquél es que no debe quedar sin castigo conducta alguna que infrinja algún dispositivo administrativo, de ahí que contrario (sic) a lo manifestado por el quejoso recurrente, no determina alternatividad el primer párrafo del artículo 21 constitucional, al prever que ‘... si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas ...’, pues es evidente que dicha expresión obedece a que las leyes reglamentarias, atendiendo a la gravedad de las infracciones cometidas al mismo, podrán imponer una multa o, un arresto atendiendo a la naturaleza de las infracciones sancionadas, pues debe tenerse presente que por ‘permutable’ se entiende la sustitución de una cosa por otra; mientras que por ‘opcional’ se debe entender la posibilidad de elegir una u otra cosa, según convenga a determinadas situaciones e intereses. Por tanto, el hecho de que el artículo 102 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal establezca como sanción administrativa inconmutable al arresto hasta por treinta y seis horas, a quien conduzca con una cantidad de alcohol en la sangre, superior a 0.8 gramos por litro; no lo hace inconstitucional, respecto del diverso artículo 21 de nuestra Carta Magna; pues es evidente que en el reglamento de mérito se justifica la gravedad de tal infracción, cuando se conduce con un contenido de 0.8 mg/l, de alcohol en la sangre (equivalente a más de tres o cuatro copas de vino o su mezcla preparada), dado que una persona con esa cantidad de alcohol en su organismo sufre depresión del sistema nervioso central, que afecta directamente su sistema motriz, mismo que controla su conciencia; por tanto, al estar bajo el influjo de tal sustancia, pudiera realizar conductas inconscientes, debido al estado de somnolencia que pudiera provocarle, y con ello acarrear daños a terceros y al sujeto mismo, lo cual precisamente dicha normatividad pretende evitar, como se corrobora con el ‘Aviso de Establecimiento del Programa de Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en Conductores de Vehículos en el Distrito Federal’ que reglamenta el artículo 102 del referido Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, que es del tenor siguiente: (se transcribe). Así, de la lectura que se realice al aviso antes transcrito se desprende que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública implementó el Programa de Control y Prevención de Ingestión de Alcohol en Conductores de Vehículos en el Distrito Federal, que tiene por objeto primordial salvaguardar la integridad física y bienes de los conductores de vehículos, así como de sus familias y terceros, preservar el orden público y la vialidad en el Distrito Federal, como se precisó con anterioridad, por lo que en esos términos se considera apegada a derecho las consideraciones de la a quo, en el sentido de que el arresto determinado en el artículo 102 del Reglamento de Tránsito para el Distrito Federal es una de las alternativas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20331-04727c9c/alcoholimetro-el-articulo-102-parrafo-primero-del-reglamento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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