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Modo: Corpus Pro

RENTA. LA PROHIBICIÓN PARA DEDUCIR INTERESES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 32, FRACCIÓN XXVI Y 215 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2005, SE ACTUALIZA SÓLO CUANDO EL ENDEUDAMIENTO PROVENGA DE UNA ENTIDAD EXTRANJERA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20971
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 368.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 324/2007 el dieciséis de enero de dos mil ocho, en la parte que interesa, sostuvo:

"SEXTO. El concepto de violación es fundado, al tenor de las consideraciones que enseguida se exponen. La impetrante de garantías argumenta medularmente que la Sala responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, por inobservancia del diverso 5o. del Código Fiscal de la Federación, al interpretar incorrectamente los numerales 32, fracción XXVI y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; lo anterior, en atención a que el tres de marzo de dos mil cinco realizó una consulta a la autoridad tercero perjudicada solicitándole la confirmación, en el sentido de que la remisión que la fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace al artículo 215 de la propia ley, es para indicar que sólo es aplicable la disposición cuando los préstamos hayan sido otorgados por partes relacionadas residentes en el extranjero, esto es, que el dispositivo legal citado en primer término, limita la deducción de los intereses que generan los préstamos brindados por partes relacionadas que residan fuera del país; que la autoridad enjuiciada al contestar la solicitud de confirmación de criterio, emitió una determinación incongruente con lo solicitado, toda vez que resolvió una cuestión diversa a la planteada, al estimar que no procedía confirmar su solicitud, en virtud de que la referencia aludida, contrario a lo estimado por la solicitante, tiene como propósito dar a conocer cuándo se considera que dos o más personas son partes relacionadas; aspectos que, aduce, sirvieron de base para que la responsable declarara ilegalmente la validez de la resolución impugnada en la sentencia que ahora se reclama. Continúa exponiendo que el artículo 215 de la ley en comento se encuentra inmerso en el capítulo II denominado ‘De las empresas multinacionales’, precisamente porque se refiere a contribuyentes que tienen operaciones con residentes en el extranjero, por tal circunstancia, la limitación de deducir los intereses generados con motivo del préstamo adquirido, es aplicable exclusivamente a partes relacionadas residentes fuera del país. Y que por tanto, resulta ilegal la interpretación que efectuó la Sala de los preceptos legales en comento, al determinar que la relación que guardan busca definir el término ‘partes relacionadas’ y no el lugar de residencia de éstas. En ese aspecto, estima que la sentencia reclamada resulta ilegal, toda vez que la Sala responsable efectuó una interpretación que fue más allá de lo que la ley expresamente prevé y autoriza, en virtud de que apreció de manera ilegal e inexacta la litis planteada, vulnerando lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación que prevé que las disposiciones fiscales que establezcan cargas y excepciones a los particulares son de aplicación estricta y que se considera que establecen cargas a los contribuyentes, las normas que se refieren a la base gravable, que es a lo que alude la fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Finalmente, argumenta que fue incorrecta la conclusión alcanzada por la responsable, en el sentido de que la actualización del supuesto normativo previsto en la fracción XXVI del artículo 32 no debe condicionarse al lugar de las partes relacionadas. Por su parte, la responsable, al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado en el presente juicio, sostuvo que contrario (sic) a la apreciación de la demandante, al realizar la interpretación concatenada de lo dispuesto por los artículos 32, fracción XXVI y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la finalidad de ambos preceptos es definir el concepto ‘partes relacionadas’, sin restringir la aplicación del numeral 32 al lugar de residencia de las partes relacionadas, manifestando que la anterior interpretación la había realizado en su apreciación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, a efecto de analizar los argumentos propuestos a este tribunal, se estima necesario reproducir el párrafo primero del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, así como los diversos 1o., fracción I, 32, fracción XXVI y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco, que establecen: Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). Ley del Impuesto sobre la Renta: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 32’ (se transcribe). ‘Artículo 215’ (se transcribe). Del análisis integral de los citados preceptos, se colige que las disposiciones fiscales que impongan cargas y excepciones a los contribuyentes, como la prevista en la fracción XXVI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es de aplicación estricta; que las personas morales residentes en México están obligadas al pago de la contribución del impuesto sobre la renta; que para efectos del impuesto en comento, entre otros conceptos, no son deducibles los intereses que deriven de las deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su capital, que provengan de capitales tomados en préstamo que hayan sido otorgados por una o más personas que se consideren partes relacionadas en los términos del numeral 215 de esa ley, siempre que el monto de las deudas ascienda al triple del monto del capital contable según el estado de posición financiera del contribuyente. También puede inferirse que la referencia que el artículo 32, fracción XXVI, hace respecto al dispositivo legal 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es para señalar que la prohibición de la deducción de intereses respecto de las deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su capital, que provengan de capitales tomados en préstamo, sólo aplica respecto de dichas operaciones concertadas con una o más personas que se consideren partes relacionadas residentes en el extranjero; que si bien, como lo estimó la responsable, el precepto 215 define cuándo debe considerarse que dos o más personas son partes relacionadas, también debe tenerse presente que el legislador situó el citado artículo en el capítulo II del título VI de la ley en comento, que regula lo relativo a las ‘empresas multinacionales’, razón por la que la Sala no debió interpretar libremente los preceptos legales de referencia, toda vez que las normas que se refieren a la integración de la base gravable del impuesto sobre la renta, dentro de las que se encuentran las que versan sobre partidas no deducibles como lo es el artículo 32 de la ley en estudio, deben ser interpretadas de manera estricta. En ese orden de ideas, asiste razón a la impetrante de garantías, en el sentido de que la responsable no debió interpretar a priori, las disposiciones fiscales que impongan cargas y excepciones a los contribuyentes, en la especie, la que dispone la fracción XXVI del artículo 32, fracción XXVI, (sic) en relación con el 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco, ya que éstos numerales deben ser de aplicación estricta, esto es, deben interpretarse tal y como están previstos en la legislación, máxime si la disposición fiscal es clara y no da lugar a confusión de ninguna índole. En esa tesitura, se concluye que, en atención a la interpretación estricta de los numerales 32, fracción XXVI y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco, de conformidad con lo previsto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, al ser disposiciones que establecen cargas fiscales a los particulares, al limitar la deducción de los intereses que deriven de las deudas que tenga el contribuyente en exceso en relación con su capital, que provengan de capitales tomados en préstamo que hayan sido otorgados por una o más personas que se consideren partes relacionadas en los términos del artículo 215 de esa misma ley, resulta inconcuso que si tal precepto hace alusión a contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, la responsable no debió concluir que en la prohibición para la deducción de intereses no era relevante el lugar en el que se encuentre el prestamista, pues como podrá observarse, esa es la condición para que pueda actualizarse la citada restricción para deducir, a saber, que la operación se haya celebrado con partes relacionadas que no residan en el país; de ahí lo fundado del concepto de violación propuesto por el peticionario de garantías. Sustenta lo anterior, las consideraciones que sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el amparo en revisión 1522/2006, que son del tenor literal siguiente: (se transcribe). Como podrá observarse, las consideraciones sostenidas por el Tribunal Constitucional robustecen la conclusión alcanzada en párrafos precedentes por este órgano jurisdiccional, en el sentido de que el precepto 215 hace alusión a partes relacionadas residentes en el extranjero y, por ende, la aplicación del diverso 32, fracción XXVI, está condicionada al lugar de residencia de las partes relacionadas, toda vez que está plenamente justificada la prohibición de mérito, en la inteligencia de que tratándose de personas relacionadas residentes en el país, el prestamista podrá deducir los intereses generados a su cargo, ya que el prestatario deberá considerar como ingreso acumulable el importe total de los mismos; situación diversa que se presenta tratándose de adeudos celebrados con prestatarios residentes en el extranjero, en la que el prestamista no podrá deducir los intereses derivados de la contraprestación en comento, en virtud de que el extranjero no se ubica en los alcances de la legislación tributaria mexicana, de ahí la razón lógica y justificada de que la fracción XXVI del multicitado numeral 32 se actualice sólo en el supuesto de que el endeudamiento provenga de una entidad extranjera. Del criterio reproducido, derivó la jurisprudencia 1a./J. 78/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, página setecientos veintitrés, que establece: ‘RENTA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005).’ (se transcribe). En ese orden de ideas, se concluye que la interpretación efectuada por la Sala responsable al artículo 32, fracción XXVI, en relación con el diverso 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contravino en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad consagrada por el artículo 16 de la Carta Magna, al no observar lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, cabe precisar que no pasa inadvertido el oficio presentado el tres de septiembre de dos mil siete ante la oficialía de partes de este órgano colegiado, mediante el cual el administrador de lo contencioso ‘2’ de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en representación de las tercero perjudicadas formuló alegatos, respecto de los cuales este tribunal no tiene obligación de analizarlos, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional por ser simples opiniones o conclusiones que pretenden fundar la pretensión de la parte que los ofrece; sin embargo, se analizarán, toda vez que de su contenido, se advierten cuestiones discrepantes con las consideraciones que sustentan el presente fallo. En las referidas alegaciones, argumentó que del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, relativo a la iniciativa del decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el veintiocho de octubre de dos mil cuatro, se desprende que la intención del legislador de que las reglas de subcapitalización, no fueran aplicables sólo a los residentes en el extranjero, como pretende que se le confirme al impetrante de garantías, sino también a partes relacionadas residentes en México, razón por la que no debe considerarse que el artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta remite al diverso 215, con la intención de limitar la primera de las disposiciones únicamente a partes relacionadas residentes en el extranjero, por lo que, en su apreciación, el actuar de la responsable fue apegado a derecho. Además, alega que dicho criterio ya fue confirmado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DA. 82/2007, promovido por Iusacell, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que determinó que la remisión del artículo 32, fracción XXVI, al artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta era para determinar qué debía entenderse por partes relacionadas, sin hacer distinción a su residencia. En el primer aspecto, debe decirse que funda su argumento en un dictamen relativo a la iniciativa del decreto a que hace mención, el cual se estima que se trata sólo de una opinión emitida por la citada comisión, para ser presentada y discutida por el Pleno de la Cámara de Diputados, en el cual si bien es cierto, a su entender, la voluntad del legislador era que la limitación de deducción prevista en la fracción XXVI del numeral 32 no fuera aplicable sólo a los residentes en el extranjero, sino también a partes relacionadas residentes en México, también resulta verdad que esas observaciones o exposición de motivos no fueron incorporadas al texto de la disposición legal que ahora se analiza y, por ende, carece de todo valor normativo, esto es, no se puede invocar un derecho u obligación por el hecho de que se infiera de la exposición de motivos de los debates del legislador, si no se plasmó expresamente en el articulado de la norma correspondiente, pues de lo contrario, se estarían tomando en consideración cuestiones que resultan ajenas a la norma. Al respecto, resulta orientadora la tesis 1a. LXXXV/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de dos mil siete, página doscientos tres, cuyos rubro y texto disponen: ‘PROCESO LEGISLATIVO. LAS RAZONES EXPUESTAS POR LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN ÉL Y QUE NO FUERON REFLEJADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES PROMULGADAS EN EL DECRETO RESPECTIVO, NO FORMAN PARTE DEL CUERPO LEGAL DE UN ORDENAMIENTO, POR LO QUE EN SU INTERPRETACIÓN NO PUEDEN INTRODUCIRSE ELEMENTOS NO INCORPORADOS EN EL TEXTO DE LA DISPOSICIÓN LEGAL DE QUE SE TRATE.’ (se transcribe). En cuanto al segundo alegato, se considera que el criterio que invoca no es obligatorio para este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, ya que fue emitido por otro Tribunal Colegiado. En ese contexto, resulta innecesario el análisis de los demás motivos de inconformidad, en virtud de que el analizado resultó suficiente para conceder al impetrante la protección constitucional; lo anterior, con sustento por analogía, en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, ciento setenta y cinco-ciento ochenta, Cuarta Parte, página setenta y dos, del tenor siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). En las relatadas consideraciones, se determina que el actuar de la Sala responsable denota una clara violación a la garantía de legalidad que consagra el artículo 16 constitucional, por lo que se impone conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal se demandó, para el efecto de que deje insubsistente el fallo reclamado, y emita uno nuevo en el que al interpretar la fracción XXVI del artículo 32 y 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, atienda a lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, en los términos precisados en el último considerando de esta ejecutoria."

Por su parte, el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 82/2007, el diecinueve de abril de dos mil siete, en la parte conducente, respectivamente, sostuvo:

"SEXTO. En el presente caso es conveniente atender a la siguiente relación de antecedentes que se advierten de constancias de autos y de lo manifestado por las partes: 1) Iusacell, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil cinco ante la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria solicitó que se confirmara su criterio en el sentido de que la referencia que hace el artículo 32, fracción XXVI, al artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es para indicar que dicho numeral sólo es aplicable cuando los préstamos hayan sido otorgados por partes relacionadas residentes en el extranjero. 2) El administrador de Consultas y Autorizaciones ‘3’ de la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes perteneciente a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio 330-SAT-IV-3-3-12538/05 de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, resolvió no confirmar a Iusacell, Sociedad Anónima de Capital Variable, que la referencia que hace el artículo 32, fracción XXVI, al artículo 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es para indicar que dicha disposición sólo es aplicable cuando los préstamos hayan sido otorgados por partes relacionadas residentes en el extranjero, sino que señaló que para determinar los intereses no deducibles provenientes de un endeudamiento excesivo era necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a lo dispuesto en el artículo tercero, fracción III, del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y que establece subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro y, en lo que corresponda, a lo establecido en el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se mencionan. 3) Iusacell, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad del oficio 330-SAT-IV-3-3-12538/05 de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, en el que no se confirmó el criterio planteado en su escrito de tres de marzo de dos mil cinco. 4) De la demanda de nulidad conoció la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que la admitió el veintitrés de febrero de dos mil seis, la registró como 5198/06-17-07-5 y mediante sentencia de veintiuno de agosto de dos mil seis, declaró la validez de la resolución administrativa impugnada. En su único concepto de violación la quejosa aduce que la Sala emitió una sentencia indebidamente fundada y motivada, porque interpretó los artículos 32 y 215 de una forma contraria a derecho pues reiteró el argumento de la autoridad demandada, en el sentido de que la consulta versó sobre la imposibilidad de deducir el pago del impuesto sobre la renta, atento al lugar en que se encuentren las personas; sin embargo, la quejosa señala que la consulta en realidad versó exclusivamente sobre el alcance y sentido de la remisión que hace el artículo 32 al 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar quiénes se consideran partes relacionadas en términos de ese último numeral. Entonces, la promovente del amparo afirma que la Sala fue más allá de lo previsto en la ley de la materia que implica una remisión exclusiva a la definición de partes relacionadas residentes en el extranjero, por lo que señala que es ilegal que la Sala haya determinado que el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no limita su aplicación a otro tipo de partes relacionadas como los no residentes en el extranjero, máxime que conforme a un principio fundamental de derecho las autoridades sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Por tanto, la quejosa afirma que la Sala apreció de manera ilegal la litis y vulneró lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación que ordena que las disposiciones que establezcan cargas a los particulares sean de aplicación estricta como lo son las que determinan la base gravable, que es a la que se refiere el artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que la base gravable se forma por ingresos y deducciones y el particular únicamente podrá deducir de sus ingresos las partidas que estén permitidas por la ley y cumplan con los requisitos que la misma exige, por lo que la sentencia es ilegal toda vez que la Sala remitió a un concepto general establecido en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que señala el concepto de partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que es ajeno a la base gravable determinada en el citado artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y la Sala no fundó ni motivó debidamente sus razonamientos al respecto. Es infundado el único concepto de violación expresado por la quejosa atento a los siguientes razonamientos: Contrario a lo afirmado por la quejosa, la Sala determinó que la consulta versó sobre la remisión que hace el artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta al artículo 215 del propio ordenamiento para determinar lo que se entiende por partes relacionadas y señaló que no era necesario considerar el lugar en que se encontraran las personas para definir ese concepto por lo que era infundado el argumento de la actora en el sentido de que era innecesario que la autoridad demandada en el juicio de nulidad hiciera referencia al lugar en que se encontraba el prestamista, toda vez que era preciso referirse al ‘lugar en que se encontrara el prestamista’ para resolver la confirmación de criterio solicitada por la actora, pues ésta pretendió limitar la aplicación del artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para la no deducción de intereses a préstamos de personas relacionadas siempre que fueran residentes en el extranjero. En efecto, de la consulta formulada por la actora mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil cinco ante la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria se observa que solicitó que se confirmara su criterio en el sentido de que ‘la referencia que hace el artículo 32, fracción XXVI, al artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es para indicar que dicho numeral sólo es aplicable cuando los préstamos hayan sido otorgados por partes relacionadas residentes en el extranjero’, de donde se advierte que, tal como lo afirmó la Sala, sí era preciso aclarar que el artículo 32, fracción XXVI, remite al diverso 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar lo que se debe entender por partes relacionadas con independencia de la residencia de las mismas, sin que dicha circunstancia implique variar el sentido de la confirmación de criterio planteado por la quejosa, porque precisamente se resolvió que se debe entender que el multicitado artículo 32, fracción XXVI, remite al diverso 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para definir el concepto de partes relacionadas, que la quejosa afirma fue su pretensión al presentar su solicitud el tres de marzo de dos mil cinco. También es infundado el argumento de la quejosa, en el sentido de que es ilegal que la Sala hubiera determinado que el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no limita su aplicación a otro tipo de partes relacionadas diverso de los residentes en el extranjero, toda vez que remite a un concepto general que es ajeno a la base gravable determinada en dicho artículo 32, porque entonces el legislador hubiera remitido al artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Al respecto, la Sala resolvió que el artículo 32, fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta regula los casos específicos en que el pago de los intereses que hagan los contribuyentes por préstamos con personas relacionadas no serán deducibles, y remite al artículo 215 de dicho ordenamiento para definir lo que debe entenderse por partes relacionadas; la Sala expresó que si bien el artículo 215 de la citada ley prevé las operaciones que celebren los contribuyentes con partes residentes en el extranjero, la remisión que hace el diverso artículo 32, fracción XXVI, de la multicitada Ley del Impuesto sobre la Renta no debía entenderse limitada a esa calidad de partes relacionadas (residentes en el extranjero) porque no limitaba su aplicación a las mismas, sino que se concretaba a remitir al artículo 215 para definir a quiénes se consideran partes relacionadas para efectos de la no deducción de intereses por préstamos que hubiera adquirido la contribuyente con dichas partes relacionadas. Por tanto, la Sala señaló que la intención del legislador al remitir el artículo 32, fracción XXVI, al artículo 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, era para determinar lo que debía entenderse por partes relacionadas, y que el citado numeral 215 preveía diversos supuestos de los previstos en el artículo 106, noveno párrafo, del multicitado ordenamiento, sin que fuera aplicable que la persona con la que el contribuyente celebrara operaciones fuera residente en México o en el extranjero, porque el artículo 32, fracción XXVI, no distinguía al respecto. Por tanto, la Sala reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada. Ahora bien, los artículos 32, fracción XXVI y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes en marzo de dos mil cinco, en que la quejosa solicitó la confirmación de criterio establecían: (se transcriben). De lo antes transcrito se advierte que el artículo 32, fracción XXVI, remite al diverso 215, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar lo que debe entenderse por partes relacionadas, toda vez que en sus diversos párrafos al hacer referencia al artículo 215 señala ‘... una o más personas que se consideren partes relacionadas en los términos del artículo 215 de esta ley’. Por su parte, el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se considera que dos o más personas son partes relacionadas: a) Cuando una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideren partes relacionadas de dicho integrante. b) Tratándose de un establecimiento permanente, la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes. Asimismo, en la exposición de motivos del decreto que reforma, adiciona, deroga y establece diversas disposiciones fiscales, y se establecen subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso se estableció respecto de la no deducibilidad de intereses provenientes de un endeudamiento excesivo de las empresas, lo siguiente: ‘Ley del Impuesto sobre la Renta.’ (se transcribe). De la exposición de motivos se advierte que la intención del legislador fue establecer en el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta un mecanismo consistente en que las empresas no pudieran deducir los intereses que derivaran del exceso de endeudamiento en relación con el capital fiscal de la empresa, con independencia del lugar en que se encontrara el prestamista, con la finalidad de evitar que las empresas redujeran la base del impuesto o ubicaran a su conveniencia las utilidades o pérdidas que hubieran sufrido. Por tanto, la sentencia reclamada está debidamente fundada y motivada y es conforme a derecho la afirmación de la Sala, en el sentido de que la intención del legislador al remitir al artículo 32, fracción XXVI

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20971-d1aae32c/renta-la-prohibicion-para-deducir-intereses-en-terminos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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