EMBARGO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL ARTÍCULO 152 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL MENCIONAR LA DESIGNACIÓN DEL "EJECUTOR", NO LIMITA EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE A LA OFICINA EXACTORA PARA NOMBRAR SOLAMENTE A UNA PERSONA CON ESA CALIDAD. PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La presente contradicción de tesis fue denunciada por parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues fue promovida por el titular de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, que fue parte dentro de las revisiones administrativas señaladas como opuestas en la denuncia de contradicción de tesis.
TERCERO. Para determinar la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 160/2007 en fecha diez de agosto de dos mil siete, determinó lo siguiente:
"SEXTO. El análisis de los argumentos que expone el recurrente en sus agravios, conduce a determinar lo siguiente. Consta en autos que el actor ********** ocurrió a demandar la nulidad de los actos consistentes en el mandamiento de ejecución de dieciséis de agosto de dos mil seis, acta de requerimiento de pago y embargo de once de septiembre siguiente, relativos al crédito fiscal número D-96594, por la cantidad de ********** emitidos por el administrador local de Recaudación de Saltillo, Coahuila. La autoridad enjuiciada contestó la demanda, sosteniendo la legalidad de los actos impugnados. La Segunda Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia el veintidós de febrero de dos mil siete, en la cual declaró la nulidad de los actos combatidos. Ese fallo constituye la materia del presente recurso de revisión fiscal. Expone en síntesis el recurrente que la sentencia que impugna resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 152 del Código Fiscal de la Federación y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues contrario a lo sostenido por la Sala Fiscal, el mandamiento de ejecución y el acta de requerimiento de pago y de embargo, relativos al crédito fiscal número D-96594, sí contienen el dispositivo legal que le confiere la facultad al ejecutor para actuar dentro de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, ya que la autoridad demandada fundamentó su actuación, entre otros, en los artículos 27, fracción II, en relación tanto con el numeral 25, fracción XXXI, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, como con el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, dispositivo que establece las formalidades del procedimiento administrativo de ejecución, preceptos de los cuales se advierte la competencia del administrador local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, para ordenar llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, en los términos de la legislación aplicable y, específicamente, del artículo 152 del Código Fiscal de la Federación se desprende que el ejecutor sea designado por el jefe de la oficina exactora, que en el caso lo es el administrador local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, de ahí que la sentencia recurrida resulte ilegal. Asimismo sostiene el inconforme que el referido administrador designó a los ejecutores para actuar de manera conjunta o separada, dentro de las diligencias levantadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución, lo cual resulta ajustado a derecho, pues dichos ejecutores fueron designados por un funcionario competente, tal y como lo prevén los artículos referidos y la Sala pretende que la autoridad fiscal señale un dispositivo legal que le confiera a dichos ejecutores facultades para actuar en forma conjunta y separada, lo que resulta ilegal, puesto que pretende equiparar el procedimiento administrativo de ejecución a una visita domiciliaria, no obstante que son facultades distintas, además de que en el procedimiento administrativo de ejecución, es una designación del personal que podrá actuar en las diligencias, sin que se obligue a que todos actúen en la misma, contrario a la visita domiciliaria, en donde los visitadores sí podrán actuar conjunta o separadamente. Que uno de los requisitos del procedimiento administrativo de ejecución, es que el ejecutor debe ser designado por el jefe de la oficina exactora, y por otro lado, si en los artículos que reglamentan el actuar de la autoridad se faculta al administrador local de Recaudación de Saltillo para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, se debe concluir que ese funcionario se halla facultado para llevar a cabo la designación del ejecutor, y que los actos impugnados, se encuentran debidamente fundados con la cita de los artículos en comento. También aduce el revisionista, que resulta irrelevante que el jefe de oficina exactora designe a varios ejecutores para actuar conjunta o separadamente, puesto que es una manifestación que realiza dicho funcionario, pues designa a varios, pero finalmente quien actúa es uno de ellos, lo cual no causa agravio al actor, ya que del acta de requerimiento de pago y embargo se desprende que sólo actuó un ejecutor de los designados legalmente por la autoridad, y únicamente cuando hubieran actuado varios podría causarse perjuicio al demandante. Es infundado lo expuesto por el recurrente, pues el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que todo acto de molestia debe dimanar de autoridad competente y debe cumplir con el principio de legalidad, que otorga al gobernado la mayor protección dentro de nuestro orden jurídico, garantía de legalidad en la que se contienen las exigencias de fundamentación y motivación que debe cumplir todo acto autoritario. En efecto, la fundamentación legal consiste en que los actos que originen la molestia deben basarse en una norma general; es decir, que ésta prevea el precepto que le otorgue a la autoridad emisora competencia o facultad para emitirlo, así como que contenga la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad. Este concepto de fundamentación de todo acto autoritario, que cause al gobernado una molestia en sus bienes jurídicos, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad, que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; ello es así, porque conforme a dicho principio las autoridades deben gozar de facultades expresas para actuar, esto es, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia debe estar previsto en un cuerpo legal, y no puede derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución que se arrogue. Así, la exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las condiciones siguientes: a) Que el órgano del Estado del que tal acto provenga esté investido de facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo; b) Que el propio acto se prevea en dicha norma; c) Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan; y, d) Que en el citado acto se contengan expresamente los preceptos específicos que funden su competencia y la causa legal de su proceder. Específicamente en materia administrativa, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) Los cuerpos legales y preceptos jurídicos que se están aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que encuadre la conducta del gobernado para que esté obligado a determinar cuestiones, los cuales deben ser señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones, párrafos y preceptos aplicables; y, b) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado, precisándose igualmente los preceptos, fracciones, incisos y subincisos aplicables. Puntualizado lo anterior, cabe señalar que resulta infundado lo argumentado por el inconforme, en virtud de que los dos artículos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el del Código Fiscal de la Federación, que la autoridad cita en el mandamiento de ejecución para justificar su competencia son del tenor siguiente: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). ‘Artículo 27.’ (se transcribe). ‘Artículo 152.’ (se transcribe). Ahora bien, de la transcripción que antecede se advierte que la autoridad tiene facultad para designar ejecutores y éstos deberán ser designados por el jefe de la oficina exactora y se constituirán en el domicilio del deudor, identificándose ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y embargo de bienes, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación; que de la mencionada diligencia se levantará acta pormenorizada, de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda. Luego, de lo anterior queda claro que de ninguno de los preceptos citados por la autoridad demandada para justificar su competencia, se advierte que el administrador local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, tenga facultades para autorizar a los ejecutores a actuar de manera conjunta o separadamente, pues incluso el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a un solo ejecutor, y aun cuando en el caso sea un solo ejecutor el que llevó a cabo la diligencia, lo cierto es que la autoridad designó a diez de ellos, sin justificar la competencia para autorizarlos a actuar de manera conjunta o separadamente, no obstante que precisamente se trata de una facultad de la autoridad, la cual, como cualquier otra que se ejerce, debe encontrarse claramente fundada en el acto de molestia, por tanto, se corrobora que en el mandamiento de ejecución se debe incluir el fundamento legal que consigna las facultades que ejerce la autoridad emisora, entre las que se encuentra la designación de las personas para efectuar la diligencia y, sobre todo, la facultad para autorizar a los ejecutores para efectuar la diligencia conjunta o separadamente, pues no puede desatenderse el hecho de que la exigencia de la debida fundamentación de la competencia, atiende a la seguridad jurídica del contribuyente, a quien se dirige la orden, al determinar que solamente los ejecutores expresamente facultados puedan presentarse ante él, para materializar el mandamiento de ejecución, y sólo con las facultades que la ley les confiere o las que les son delegadas en los términos de ley, de tal suerte que, si pretenden realizar las facultades encomendadas, de manera conjunta con otro, sin precisarse el precepto que autoriza a hacerlo de esa manera, no se justificarían las facultades para ello, y la facultad de realizar la ejecución de manera conjunta o separada, como cualquier otra que se ejerce por una autoridad, debe encontrarse debidamente fundada. En ese orden de ideas, si la autoridad enjuiciada señaló que los ejecutores que designó, podían actuar conjunta o separadamente y no fundamentó su competencia para autorizar esa ejecución, es inconcuso que no se cumplió con la garantía de la debida fundamentación y motivación que consagra el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que si dicha garantía lleva implícita la idea de exactitud y precisión, en la cita de las normas legales, que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia y que debe darse al particular la posibilidad de dar certeza y seguridad jurídica frente a los actos de las autoridades que afecten su esfera jurídica, así como asegurar la prerrogativa de su defensa; siendo indiscutible que para estimar satisfecha dicha garantía, por lo que toca a la competencia de la autoridad administrativa para autorizar a los visitadores que han de efectuar la diligencia para que la efectúen de manera conjunta o separada, es menester que en el documento en que se contenga, se invoque la disposición legal, acuerdo o decreto, donde se otorguen tales facultades a la autoridad emisora, pues de no hacerlo así, se deja al gobernado en estado de indefensión, ya que con ello ignora si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y, por ende, si está o no ajustado a derecho, pues como claramente lo estableció el Máximo Tribunal del país, la garantía de fundamentación conlleva implícita la idea de exactitud en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia. De lo anterior se colige que, contrario a lo argumentado por el recurrente, no se fundamentó la facultad de la autoridad para autorizar a los ejecutores designados a actuar ya sea conjunta o separadamente; resultando insuficiente que en la referida orden de ejecución se hayan citado como fundamento, diversos dispositivos legales, habida cuenta que ninguno de ellos constituye el fundamento preciso para establecer que se encuentran facultados para actuar de manera conjunta o separada. En ese contexto, sin perjuicio de que en el caso no se trata de una orden de visita, sino del procedimiento administrativo de ejecución, es evidente que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, habida cuenta que acorde a lo precisado con antelación, todo acto de autoridad que cause una molestia al gobernado, debe estar debidamente fundado y motivado, en acatamiento a lo previsto en dicho precepto y en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Corolario de lo anterior, es obligado establecer que la Sala Fiscal no violó por inobservancia lo dispuesto en los artículos 237, primer párrafo y 239 del Código Fiscal de la Federación, ni por indebida aplicación el numeral 38 del mismo ordenamiento tributario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia clave 2a./J. 57/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la denuncia de contradicción de tesis 94/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 31, Tomo XIV, noviembre de 2001, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ (se transcribe). Similar criterio sostuvo este Tribunal Federal al resolver, entre otras, las revisiones fiscales 142/2005, 126/2005, 155/2005, 183/2005, 147/2005, 286/2005, 24/2006, 38/2006, 23/2006, 42/2006, 71/2006, 78/2006 y 223/2006, resueltas respectivamente en sesiones de veinticinco y treinta y uno de agosto, uno y ocho de septiembre todas de dos mil cinco; y dos y dieciséis de febrero, nueve y dieciséis de marzo, diecinueve de abril y siete de septiembre de dos mil seis, así como el amparo directo 62/2007, fallado el diecinueve de abril de dos mil siete. Por otra parte, no es aplicable al caso, el criterio que sustentó este órgano colegiado, al resolver la revisión fiscal 242/2006 en sesión plenaria de veinticuatro de agosto de dos mil seis, toda vez que al tener a la vista dicho asunto, se aprecia que en la orden de verificación de comprobantes fiscales, el administrador local de Auditoría Fiscal de Torreón citó el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, para autorizar a un visitador, a fin de realizar la visita domiciliaria en forma conjunta o separada, y en el presente asunto el administrador local de Recaudación de Saltillo, Coahuila, no invocó el citado numeral el cual lo faculta para designar a los visitadores que efectuarán la diligencia ordenada en el mandamiento de ejecución impugnado de dieciséis de agosto de dos mil seis. En mérito de lo anterior, al haber resultado infundados los agravios expresados por el inconforme, procede confirmar la sentencia recurrida."
CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver la revisión fiscal número 40/2007 con fecha veintinueve de marzo de dos mil siete, determinó en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. El primer agravio vertido por la autoridad recurrente es parcialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia sujeta a revisión, de conformidad con las consideraciones siguientes: En efecto, expone la inconforme en su primer capítulo de queja, que resulta ajustado a derecho que el administrador local de Recaudación de Saltillo, en el Estado de Coahuila, en los mandamientos de ejecución impugnados, designara a los ejecutores para actuar en forma conjunta o separada dentro de las diligencias instauradas en el procedimiento administrativo de ejecución, en virtud de que tales ejecutores están siendo nombrados por un funcionario competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, que establece que el ejecutor debe ser designado por la autoridad exactora. Sin embargo, manifiesta la agraviada, que la Sala Fiscal en forma ilegal pretende que la autoridad demandada señale un dispositivo legal en el que se le confiera a dichos ejecutores facultades para actuar en forma conjunta o separada, equiparando el procedimiento administrativo de ejecución, a la visita domiciliaria, no obstante que dichas facultades son de naturaleza distinta, además de que es importante destacar que tratándose del procedimiento administrativo de ejecución es una manifestación o designación del personal que podrá actuar en las diligencias, sin que se obligue a que todos actúen en la misma. Las anteriores argumentaciones devienen fundadas, toda vez que si en el caso concreto el acto administrativo impugnado en el juicio de nulidad lo constituye un acto emitido en el procedimiento administrativo de ejecución, como lo son los mandamientos de ejecución controvertidos, y no una orden de visita domiciliaria, por lo que es inconcuso que la autoridad de ninguna manera tenía obligación de citar en esos mandamientos, el precepto que facultara al administrador local de Recaudación de Saltillo, en el Estado de Coahuila, para designar múltiples visitadores y para que éstos actuaran conjunta o separadamente, dado que tal exigencia únicamente es aplicable a las órdenes de visita domiciliaria, conforme a lo establecido en la fracción II y segundo párrafo del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación; siendo que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra regulado por los artículos 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación. A ese respecto, es conveniente transcribir los artículos 43, fracción II y segundo párrafo, y 152, primer párrafo, ambos del Código Fiscal de la Federación, mismos que disponen: ‘Artículo 43.’ (se transcribe). ‘Artículo 152.’ (se transcribe). Ahora bien, del precepto legal citado en primer término (artículo 43, fracción II y párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación), se advierte que en el mismo se establecen las facultades con que cuentan las autoridades fiscales para designar en una orden de visita domiciliaria múltiples visitadores, y para que éstos actúen conjunta o separadamente en la práctica de la misma. Por otra parte, del primer párrafo del artículo 152 del código tributario en cita se desprenden las atribuciones de las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal a través del mismo, y específicamente la disposición expresa en el sentido de que el ejecutor encargado de llevar a cabo las diligencias de requerimiento de pago y embargo, debe ser designado por el jefe de la oficina exactora; precepto legal este último que debe destacarse sí fue citado por la autoridad demandada en los mandamientos de ejecución impugnados en el juicio de nulidad. Ahora bien, establecido lo anterior, y contrario a lo señalado por la Sala Fiscal, la autoridad demandada de ninguna manera tenía obligación de citar en los mandamientos de ejecución impugnados disposición legal alguna, que expresamente facultara al administrador local de Recaudación de Saltillo, en el Estado de Coahuila, para que éste pudiera designar múltiples visitadores y para que éstos actuaran conjunta o separadamente, dado que se reitera que tal exigencia únicamente es aplicable tratándose de las órdenes de visita domiciliaria, actos respecto de los cuales sí existe un precepto legal que en forma expresa confiere esa facultad a la autoridad administrativa, como lo es la fracción II y segundo párrafo del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, pero no así en tratándose de los mandamientos de ejecución combatidos, como incorrectamente lo consideró la Sala Fiscal, pues al emitirse tales actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, la facultad para designar ejecutores se encuentra contemplada en el artículo 152 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por otra parte, resulta importante destacar que si bien en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, que regula la facultad de la autoridad fiscal para designar ejecutores, no establece expresamente que la autoridad pueda designar múltiples ejecutores y que éstos puedan actuar conjunta o separadamente, como acontece tratándose de las órdenes de visita domiciliaria; sin embargo, ello de ninguna manera implica que la autoridad no se encuentre en aptitud para ello, dado que se trata de una facultad implícita contenida en ese propio numeral, en el que genéricamente se otorga a las autoridades fiscales (jefe de la oficina exactora) la facultad de designar ejecutores. Lo anterior es así, toda vez que si bien conforme a nuestro sistema constitucional de facultades específicamente otorgadas a las autoridades, éstas sólo pueden hacer lo que la ley les permite, a diferencia del particular que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, y por ello, las autoridades para actuar con competencia en términos del artículo 16 constitucional, al causar perjuicios o molestias a los particulares, deben actuar con facultades legales que les hayan sido otorgadas en la Constitución o en alguna ley; sin embargo, debe señalarse que existen cierto tipo de facultades que se otorgan en forma genérica, de manera que las autoridades no pueden actuar fuera de los fines, objetivos y materia que se les señalan, pero que al mismo tiempo, por la naturaleza misma de la facultad otorgada, resultaría imposible que la propia legislación comprendiera todos los elementos y matices de la facultad otorgada, pues sería imposible que la ley previera de manera particular toda la infinidad de hipótesis que pudieran presentarse, de ahí que las notas distintivas de las normas jurídicas sean su abstracción y su generalidad, y en estos casos, se deben estimar constitucional y legalmente conferidas todas las facultades implícitas en las expresamente otorgadas, entendiendo por implícitas aquellas facultades sin las cuales sería nugatorio, o se vería sustancialmente mermada la facultad que expresamente se otorgó, a diferencia de aquellos preceptos legales en los que se otorgan facultades en forma restrictiva, de manera que no puede hablarse ahí de facultades implícitas, y sólo se puede admitir que se ejerciten las facultades expresa y limitativamente otorgadas, como lo son, entre otras, las normas que imponen cargas a los particulares, fijan infracciones y sanciones, y que se reconocen en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual dichas disposiciones son de aplicación estricta, sin que las autoridades administrativas, en relación con dichas cargas, infracciones y sanciones, puedan ampliar sus facultades por razones de interés público, o de conveniencia en el ejercicio de sus facultades, ni por ningunas otras. Por lo anterior, si el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, de manera genérica otorga facultades al jefe de la oficina exactora, para designar ejecutores, debe concluirse que se encuentra implícita la facultad para nombrarlos en forma múltiple y para que éstos actúen en forma conjunta o separada, pues de considerar lo contrario, resultaría nugatoria la facultad que expresamente se le otorgó a la autoridad para designar a las personas que puedan llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Además, debe puntualizarse que si bien el legislador en la fracción II y párrafo segundo del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación estableció de manera expresa y particular la facultad que tiene la autoridad para designar a múltiples visitadores y para que éstos actúen conjunta o separadamente tratándose de órdenes de visita domiciliaria ello se debió a que en esa hipótesis legal lo que se busca es proteger la inviolabilidad del domicilio del gobernado, dado que la autoridad fiscal, al practicar la orden de visita, se introduce al domicilio del contribuyente y, por ende, el legislador, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que asimila la orden de visita domiciliaria a la orden de cateo, estimó conveniente que en tal caso, a fin de que no hubiere ambigüedades, se precisaran de manera particular las facultades de la autoridad en su actuación, dada su trascendencia para actuar introduciéndose al domicilio del gobernado. Por lo anterior, debe concluirse que la Sala responsable no estuvo en lo correcto al considerar que el administrador local de Recaudación de Saltillo en el Estado de Coahuila debió citar en los mandamientos de ejecución impugnados el numeral que lo facultara para designar múltiples ejecutores y para que éstos actuaran en forma conjunta o separada, toda vez que como quedó precisado con anterioridad, dicha facultad se encuentra implícita en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, que lo faculta a designar ejecutores, siendo que tal exigencia esgrimida por la Sala responsable, sólo es aplicable a las órdenes de visita domiciliaria, al establecerse expresamente dichas facultades en el artículo 43, fracción II y segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, consultable en la página 333 del Tomo VI, diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.’ (se transcribe). Por último, resulta innecesario el estudio del segundo agravio esgrimido por la inconforme, donde controvierte el tipo de nulidad decretado en la sentencia que se impugna, en virtud de que al ser parcialmente fundado de el primer agravio esgrimido por la recurrente, es dable revocar la sentencia combatida, conforme a lo expuesto en el presente considerando y, por ende, la nulidad cuestionada ya no subsiste. En mérito de lo anterior, al resultar fundado esencialmente el primer agravio, resulta procedente revocar la sentencia impugnada para el efecto de que la Sala Fiscal conforme a los lineamientos que se precisan en la presente ejecutoria, considere que la autoridad emisora de los mandamientos de ejecución, sí citó el fundamento que la facultaba para designar múltiples visitadores y para que éstos actúen conjunta o separadamente, ya que dicha facultad se encuentra implícita en el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, declare infundado el segundo concepto de impugnación de la demanda fiscal, y hecho lo anterior, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho sea procedente."
QUINTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia, sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, aplicada al caso por analogía:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:
a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencial
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21353-af0699bd/embargo-en-el-procedimiento-administrativo-de-ejecucion-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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