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Modo: Corpus Pro

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y TRANSMISIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 75 BIS-B, FRACCIÓN I, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE PREVÉ EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 8 DE AGOSTO DE 2008).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21311
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 893.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 133/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS HUERTA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, dado que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis que en asuntos de materia administrativa sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el autorizado de la parte quejosa en los juicios de amparo indirecto en donde se sustentaron los criterios aparentemente contradictorios.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso atender a las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo número 73/2008-I, una vez que revocó la sentencia recurrida, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

"QUINTO. ... Así las cosas, es de considerarse, que el primer argumento planteado por la inconforme es fundado, toda vez que el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Baja California, a la letra dispone, en lo que interesa: ‘Artículo 75 Bis-B.’ (se transcribe). De lo que se advierte que la legalidad del impuesto, como el resto de las obligaciones tributarias establecidas en la ley, tiene su origen en la conjunción de un hecho real o imponible y de una hipótesis normativa o presupuesto que lo prevea y defina; hipótesis que debe estar contenida en una norma jurídica formal y materialmente legislativa, que comprenda todos los elementos del impuesto; como lo son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, de manera que los contribuyentes tengan plena certeza, sobre la forma como deben contribuir al gasto público, sin dejar ningún margen para que las partes o las autoridades determinen cuál será el hecho imponible del impuesto y quién deberá pagarlo; extremos que en el caso que nos ocupa quedan indefinidos, pues se considera como objeto del tributo tanto la transmisión de la propiedad como la adquisición de la misma y como sujetos indistintamente al enajenante o al adquirente, lo que si bien pudiera considerarse apegado a derecho, al existir la posibilidad legal de que un tributo tenga dos objetos y dos sujetos, en el caso que nos ocupa resulta contraventor al principio de legalidad tributaria, al generar incertidumbre por no definir en forma clara y precisa las situaciones que dan origen a la obligación fiscal, dejando en manos de las autoridades o al arbitrio de las partes que intervienen en la enajenación de inmuebles, el determinar cuál es el objeto y por ende cuál el sujeto o causante del impuesto, al contemplar una disyuntiva, cuando la ley debe ser clara en señalar cuál será el hecho imponible del impuesto y quién deberá pagarlo o bien definir en qué situación específica será la enajenación y en qué situación será la transmisión de dominio y, por consecuencia, cuándo el sujeto del tributo será el enajenante o cuándo el adquirente, extremos que al no quedar plenamente definidos en la norma de que se trata contravienen los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria, ya que dispone: ‘... El objeto de este impuesto es la adquisición de inmuebles y los derechos sobre los mismos. Cuando por acuerdo expreso o tácito de las partes, por determinación de la ley o por resolución de las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, el enajenante se ve obligado al pago, el objeto de este impuesto será la transmisión de dominio ... Sin que por otra parte, pueda considerarse, que por el hecho de que la fracción VIII del precepto en cita, señale que las partes que celebren alguno de los actos señalados como fuente de adquisición de inmuebles o transmisión de dominio, sean responsables solidarios del pago del impuesto de mérito, pues para que exista la responsabilidad solidaria, primeramente debe existir la responsabilidad principal, es decir, quién es el causante del tributo, extremo que, como se señaló con antelación queda indefinido en el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, que prevé el impuesto sobre adquisición de inmuebles cuya inconstitucionalidad se analiza, al dejar al arbitrio de las partes o de las autoridades las hipótesis de causación o la obligación de pago, cuando a fin de evitar arbitrariedades, el legislador debió implementar las medidas legales necesarias para definir la obligación principal de manera que el gobernado tenga la certeza jurídica, de saber en qué casos y cuándo será el sujeto pasivo, lo que constituye precisamente la ratio legis de la seguridad jurídica tributaria, garantía que en el caso se estima violada en perjuicio de la impetrante del amparo. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los criterios jurisprudenciales sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 172 y 173 del tomo 91-96, Primera Parte, Materia Constitucional, Administrativa, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente señalan: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’. ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcriben). En ese contexto, atendiendo a la finalidad y al derecho a la seguridad jurídica que se tutela en el artículo 31, fracción IV, constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, el acatamiento de éste tiene lugar, cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las partes o de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, generen al gobernado certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Tomando en cuenta lo anterior, y dada la violación al principio de legalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del impetrante, la obligación tributaria inmersa en el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal (sic), y como consecuencia de ello, el recaudador de rentas municipal de Mexicali, Baja California, le devuelva a los quejosos ********** la cantidad que enteraron con motivo del impuesto sobre la adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, declarado inconstitucional, por ser dicha autoridad ante quien se realizó el pago, tal y como se desprende de la copia certificada de la declaración para el pago de dicho gravamen, con número de control ********** de fecha siete de diciembre de dos mil siete, por la cantidad de ********** moneda nacional, máxime, que a dicha autoridad le compete la recaudación del impuesto inconstitucional. En las condiciones antes apuntadas, y al resultar fundado el concepto de violación antes analizado, lo que trajo como consecuencia que se decretara la inconstitucionalidad de la ley reclamada, deviene innecesario examinar los restantes argumentos relativos a la inconstitucionalidad de dicha disposición legal, pues en nada haría variar el sentido del presente fallo. Sentado lo anterior, se impone confirmar, aunque por diversos motivos, la sentencia sujeta a revisión, y por ende, conceder el amparo a los quejosos en contra del artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California para los efectos precisados en la parte final del presente considerando."

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el recurso de revisión AR. 169/2008, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. ... Asimismo, contrario a lo que afirma la recurrente, del análisis del texto del artículo combatido, es inexacto que exista incertidumbre en cuanto al objeto o causa generadora del impuesto, porque contrario a lo que indica el quejoso, el segundo párrafo de la fracción I del artículo combatido no es indefinido, sino que revela de forma clara que la causa generadora del impuesto lo es la adquisición de inmuebles (sujeto pasivo: adquirente) y en ciertos casos, la transmisión de dominio (sujeto pasivo: enajenante), como cuando por acuerdo expreso o tácito de las partes, por determinación de la ley o por resolución de las autoridades sea el enajenante quien esté obligado al pago. De ello no quiere decir que la definición del impuesto y de los sujetos causantes se deje en manos de quienes intervienen en la enajenación de inmuebles, ni que ello dependa de la voluntad de autoridades de cualquier índole; lo que representa, es la previsión de diversos supuestos que pueden acontecer en caso de que se adquieran inmuebles o se transmita su dominio, lo cual ayuda a conocer al adquirente o enajenante en qué casos tiene el carácter de sujeto pasivo del tributo. Luego entonces, es evidente que serán sujeto pasivo del impuesto, por regla general, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Estado, así como de sus derechos reales o posesorios; mientras que, por otra parte, el enajenante será sujeto pasivo del impuesto por transmisión de dominio, siempre que así lo hayan acordado en forma expresa o tácita las partes, cuando lo determine la ley o cuando así lo resuelva algún tribunal del trabajo, judicial o administrativo. Como se observa, el objeto del impuesto puede ser la adquisición del inmueble o la transmisión del dominio, y esa circunstancia se determinará en función de la persona que esté obligada a su pago, porque en caso de que el adquirente obtenga un inmueble a él le corresponde pagar el tributo, pero si esa carga le corresponde al enajenante porque así lo pactaron las partes, porque así lo manda la ley o algún tribunal, el objeto será la transmisión de dominio. Por lo anterior, es de advertirse que en ningún momento se genera la incertidumbre jurídica de que se duele el quejoso, toda vez que si una persona va a adquirir un inmueble, tiene conocimiento cierto de que a él le corresponde el pago del impuesto, a no ser que se grave la transmisión de dominio y no la adquisición, lo cual puede ocurrir invariablemente si el adquirente conviene con el enajenante que éste lo sustituya en la obligación tributaria, o que por mandato de la ley o de un tribunal se le imponga al enajenante esa carga. En conclusión, no se transgrede el principio de legalidad tributaria, porque la fijación del tributo no queda al arbitrio de las autoridades exactoras, sino que éstas deben aplicar la disposición general obligatoria en los términos en que aparece según el supuesto colmado; tampoco existe el riesgo de que se propicie el cobro de impuestos imprevisibles, dado que la adquisición de inmueble o la transmisión del dominio, según sea el caso, será el hecho generador del impuesto; sin que se esté en el caso de que se pretenda el cobro de impuestos a título particular y, como se explicó en el párrafo anterior, el particular puede, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador quien precisa los elementos del tributo. En tales condiciones, ante lo infundado e inoperantes de los agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Dicha negativa se hace extensiva al acto de aplicación consistente en las declaraciones de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y traslación de dominio, toda vez que no fueron reclamados por vicios propios."

CUARTO. Precisado lo anterior, procede sintetizar las consideraciones en que se sustentaron las ejecutorias en examen.

En la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión número 73/2008-I, se sostuvo lo siguiente:

• La legalidad del impuesto, como el resto de las obligaciones tributarias establecidas en la ley, tiene su origen en la conjunción de un hecho real o imponible y de una hipótesis normativa o presupuesto que lo prevea y defina, hipótesis que debe estar contenida en una norma jurídica formal y materialmente legislativa, que comprenda todos los elementos del impuesto, como lo son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, de manera que los contribuyentes tengan plena certeza sobre la forma como deben contribuir al gasto público, sin dejar ningún margen para que las partes o las autoridades determinen cuál será el hecho imponible del impuesto y quién deberá pagarlo.

• Que en el caso que ocupa, tales extremos quedan indefinidos, pues se considera como objeto del tributo tanto la transmisión de la propiedad como la adquisición de la misma y como sujetos indistintamente al enajenante o al adquirente, lo cual genera incertidumbre por no definir en forma clara y precisa las situaciones que dan origen a la obligación fiscal, dejando en manos de las autoridades o al arbitrio de las partes que intervienen en la enajenación de inmuebles el determinar cuál es el objeto y, por ende, cuál el sujeto o causante del impuesto, al contemplar una disyuntiva, por lo que no quedan plenamente definidos en la norma de que se trata, contraviniendo, por ende, los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria.

• Sin que pueda considerarse que por el hecho de que la fracción VIII del precepto en cita señale que las partes que celebren alguno de los actos apuntados como fuente de adquisición de inmuebles o transmisión de dominio, sean responsables solidarios del pago del impuesto de mérito, pues para que exista la responsabilidad solidaria primeramente debe existir la responsabilidad principal.

• Por ello, dada la violación al principio de legalidad tributaria apreciada, consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, concedió la protección constitucional solicitada para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica del impetrante la obligación tributaria inmersa en el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal y, como consecuencia de ello, el recaudador de rentas municipal de Mexicali, Baja California, devuelva a los quejosos la cantidad que enteraron con motivo del impuesto sobre la adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, declarado inconstitucional, por ser dicha autoridad ante quien se realizó el pago.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en la ejecutoria que dictó al resolver el recurso de revisión AR. 169/2008, en lo conducente, sostuvo:

• Que del análisis del texto del artículo combatido no se desprende que exista incertidumbre en cuanto al objeto o causa generadora del impuesto, porque el segundo párrafo de la fracción I no es indefinido, sino que revela de forma clara que la causa generadora del impuesto lo es la adquisición de inmuebles (sujeto pasivo: adquirente) y, en ciertos casos, la transmisión de dominio (sujeto pasivo: enajenante), como cuando por acuerdo expreso o tácito de las partes, por determinación de la ley o por resolución de las autoridades sea el enajenante quien esté obligado al pago.

• De lo anterior, sostuvo el órgano colegiado, no quiere decir que la definición del impuesto y de los sujetos causantes se deje en manos de quienes intervienen en la enajenación de inmuebles, ni que ello dependa de la voluntad de autoridades de cualquier índole; lo que representa es la previsión de diversos supuestos que pueden acontecer en caso de que se adquieran inmuebles o se transmita su dominio, lo cual ayuda a conocer al adquirente o enajenante en qué casos tiene el carácter de sujeto pasivo del tributo.

• De ahí que sostuviera que serán sujetos pasivos del impuesto, por regla general, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles ubicados en el territorio del Estado, así como de sus derechos reales o posesorios; mientras que, por otra parte, el enajenante será sujeto pasivo del impuesto por transmisión de dominio, siempre que así lo hayan acordado en forma expresa o tácita las partes, cuando lo determine la ley o cuando así lo resuelva algún tribunal del trabajo, judicial o administrativo.

• Como se observa, el objeto del impuesto puede ser la adquisición del inmueble o la transmisión del dominio, y esa circunstancia se determinará en función de la persona que esté obligada a su pago, porque en caso de que el adquirente obtenga un inmueble a él le corresponde pagar el tributo, pero si esa carga le corresponde al enajenante porque así lo pactaron las partes, porque así lo manda la ley o algún tribunal, el objeto será la transmisión de dominio; de ahí que en ningún momento se genera la incertidumbre jurídica de que se duele el quejoso, toda vez que si una persona va a adquirir un inmueble, tiene conocimiento cierto de que a él le corresponde el pago del impuesto, a no ser que se grave la transmisión de dominio y no la adquisición, lo cual puede ocurrir invariablemente si el adquirente conviene con el enajenante que éste lo sustituya en la obligación tributaria, o que por mandato de la ley o de un tribunal se le imponga al enajenante esa carga.

• En tales condiciones, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo impetrado.

QUINTO. Una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que se consideran contradictorios es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas, y

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos;

Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 26/2001, que aparece publicada en la página 76 del Tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados que quedaron sintetizadas en el considerando anterior se advierte que ambos analizaron un punto específico similar, a saber, si el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California violenta el principio de legalidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Así, mientras que el primero resolvió que el precepto legal en mención sí lo hace, en tanto que permite a las autoridades judiciales, laborales y administrativas, así como a los particulares, determinar dos elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles, como lo son el objeto y sujeto.

En cambio, el restante órgano colegiado sostuvo lo contrario, al considerar que en ningún momento se genera la incertidumbre jurídica invocada, toda vez que si una persona va a adquirir un inmueble tiene conocimiento cierto de que a él le corresponde el pago del impuesto, a no ser que se grave la transmisión de dominio y no la adquisición, lo cual puede ocurrir invariablemente si el adquirente conviene con el enajenante que éste lo sustituya en la obligación tributaria, o que por mandato de la ley o de un tribunal se le imponga al enajenante esa carga.

De lo anterior, es posible concluir que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que a pesar de que analizan el mismo precepto legal, esto es, el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, arribaron a conclusiones divergentes; a saber, mientras el primero determinó que dicho numeral sí viola el principio de legalidad tributaria, el restante tribunal sostuvo que no lo hacía.

En estas condiciones, el punto de contradicción que debe ser resuelto consiste, precisamente, en determinar:

• Si el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, es violatorio del principio de legalidad tributaria, al establecer en el segundo párrafo de su fracción I que cuando por acuerdo expreso o tácito de las partes, por determinación de la ley o por resolución de las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, el enajenante se ve obligado al pago, el objeto de este impuesto será la transmisión de dominio.

Debe precisarse que no es obstáculo para determinar que en el caso concreto existe la contradicción de tesis, el que ninguno de los Tribunales Colegiados haya elaborado y publicado tesis sobre el tema, pues para que proceda la denuncia es suficiente con que se sustenten criterios discrepantes en las sentencias respectivas sobre el mismo punto jurídico.

Sirve de apoyo a esta conclusión la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, que aparece publicada en la página 77 del Tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

SEXTO. El criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, es el que a continuación se desarrolla.

Como se precisó en el considerando anterior, la materia de la presente resolución de contradicción de tesis consiste en determinar si el artículo 75 Bis-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, al establecer en el segundo párrafo de su fracción I que cuando por acuerdo expreso o tácito de las partes, por determinación de la ley o por resolución de las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, el enajenante se ve obligado al pago, el objeto de este impuesto será la transmisión de dominio, implica dejar al arbitrio de aquéllas o de un particular, la determinación de uno de los elementos esenciales del tributo y, por ende, vulnera el principio de legalidad tributaria, que sobre la materia consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A efecto de resolver el punto de contradicción, se considera conveniente, en primer término, determinar los alcances del principio tributario de legalidad, para posteriormente, a la luz de dicho principio, analizar concretamente los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles que establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, esto es, el objeto y sujeto de la contradicción.

En este tenor, el Pleno de este Alto Tribunal al interpretar los alcances del principio de legalidad que en materia de contribuciones consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha determinado que aquéllos consisten en que los tributos sean establecidos mediante un acto legislativo, es decir, que provenga del órgano que tiene atribuida la función de crear leyes (aspecto formal) y en que los elementos esenciales de aquéllos, tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material), todo ello con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica al contribuyente en el momento de cumplir sus obligaciones y evitar cualquier arbitrariedad por parte de las autoridades hacendarias en la determinación y cobro respectivos, según se desprende de la tesis de jurisprudencia visible en la página 173 de los Volúmenes 91-96, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

Asimismo, se ha pronunciado el Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 165, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21311-4e8f17e1/adquisicion-de-inmuebles-y-transmision-de-dominio-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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