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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21529
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 803.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados al resolver, en amparo directo, aspectos relativos a la materia administrativa que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que en lo conducente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto la denuncia de contradicción de tesis es formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que sustentan uno de los criterios materia del presente asunto; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo DA. 47/2007 en sesión de veintidós de marzo de dos mil siete, con relación al tema de contradicción, consideró lo siguiente:

"SEXTO. Los argumentos que a manera de conceptos de violación se exponen en la demanda de amparo son ineficaces. En ellos aduce la quejosa, en esencia, lo siguiente: ... c) La Sala responsable violó el principio de congruencia de las sentencias al considerar que la demanda de nulidad había sido extemporánea en relación con la resolución de ocho de febrero de dos mil cinco dictada en el expediente administrativo 202/97, ya que tal aspecto no fue materia de la litis en la apelación ni en el juicio natural. Ello, aunado a que de advertirse una diversa causal, la Sala Superior debió modificar o en su caso revocar la sentencia recurrida y no lo hizo. Por razón de técnica, los argumentos antes expuestos se estudiarán en orden distinto al propuesto. Así, resulta infundado el argumento precisado en el inciso c), ya que si bien es cierto que la causal de improcedencia invocada por la responsable no se hizo valer por ninguna de las partes en el juicio natural, ni formó parte de los agravios expuestos en la apelación, también lo es que ello no es obstáculo para que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la invocara y la hiciera valer, pues las causales de improcedencia pueden invocarse oficiosamente una vez advertidas por el juzgador, sin importar la instancia en que se encuentre el asunto. Al respecto, resulta conveniente citar el contenido de los artículos 20, 43, primer párrafo, 54, fracción II y último párrafo, 72, fracción XII, 73, fracción II, y 87, todos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. ‘Artículo 20, artículo 43, artículo 54, artículo 72, artículo 73 y artículo 87’ (se transcriben). De la interpretación sistemática de los artículos 54, fracción II y último párrafo, 72, fracción XII y 73, fracción II, anteriormente citados, se desprende que el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal puede resultar improcedente en diversos casos que la propia ley establece, y que de advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, la demanda debe desecharse o en su caso, debe sobreseerse el juicio. En este contexto, cabe precisar que la improcedencia a que se refieren los numerales en cuestión debe entenderse como la imposibilidad jurídica que existe para que la acción intentada sea estudiada por el juzgador y por lo tanto, al advertirse un motivo de improcedencia, éste debe abstenerse obligatoriamente de pronunciarse sobre la cuestión de fondo o sustancial que se plantea. Así, la improcedencia del juicio constituye un obstáculo para que la acción consiga su objeto, por existir un impedimento para que el órgano jurisdiccional competente analice y resuelva sobre la cuestión debatida. Importa destacar en este punto, que las disposiciones que establecen las causales de improcedencia que a su vez generan la consecuencia jurídica del sobreseimiento del juicio, son de orden público, según se advierte del texto del artículo 54 de la ley invocada, el cual dispone que ‘... previo a la admisión de la demanda de oficio, deberá entrar al estudio de las causales de improcedencia que de la misma se adviertan y, en caso de actualizarse alguna de ellas, procederá a desechar la demanda ...’. De lo anterior se puede colegir que la invocación de las causas de improcedencia puede válidamente hacerse en cualquier etapa del procedimiento, porque son de orden público, y por esta razón el legislador no ha establecido ningún límite temporal para que sean invocadas; y no podría ser de otra manera, dado que, como ya se ha visto, se hagan valer o no, el juzgador tiene el deber de analizarlas aun oficiosamente. No obsta a lo anterior el hecho de que el artículo 54 antes citado se refiera únicamente al Magistrado presidente de la Sala correspondiente, a quien le compete, de entrada, examinar el escrito respectivo de la demanda a fin de cerciorarse acerca de la eventual existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia que generarían el desechamiento categórico de la demanda, ya que si bien las causas manifiestas e indudables de improcedencia de la demanda deben ser analizadas por dicho funcionario, lo cierto es que si el motivo de improcedencia fuera dubitable para él, entonces no podría éste decretar el desechamiento de la demanda y, en consecuencia, las causas de improcedencia que se invocaran por los oponentes del accionante o que se advirtieran posteriormente sólo podrían ser analizadas por el Pleno de la Sala Ordinaria correspondiente, o en su caso, por el de la Sala Superior del tribunal. Precisado el punto en cita, se advierte que en el juicio contencioso administrativo en cuestión, el juzgador tiene la obligación de analizar oficiosamente las causales de improcedencia tal como lo establece el artículo 54, último párrafo, de la ley en comento y que este estudio debe hacerse tanto al admitir la demanda como al momento de dictar sentencia, pues de advertirse la actualización de alguna de estas causales, la demanda deberá desecharse o en su caso, el Pleno de la Sala correspondiente deberá decretar el sobreseimiento respectivo. Asimismo, cabe señalar que la obligación que imponen los preceptos citados a los Magistrados integrantes de las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el sentido de que deben analizar las causales de improcedencia que adviertan en los juicios que ante ellos se tramiten, no sólo se limita a las Salas ordinarias del citado tribunal, sino que también aplica a la Sala Superior del mismo, pues de advertirse un motivo de improcedencia que origine el sobreseimiento del juicio, el Pleno deberá invocarla y sobreseer en el juicio, ya que, como se vio anteriormente, ante la actualización de alguna causa de improcedencia el juzgador debe abstenerse obligatoriamente de estudiar el fondo del asunto. Esto se considera así, además, en congruencia con la naturaleza de la Sala Superior del tribunal en cuestión, ya que ésta, en términos de los artículos 20 y 87 antes citados, se constituye como órgano revisor de las sentencias dictadas por las Salas ordinarias al conocer del recurso de apelación y, en este sentido, se le otorgan amplias facultades para analizar los asuntos que se sometan a su consideración a través de dicho recurso. Para la mejor comprensión de las facultades que se le otorgan a la Sala al conocer del recurso de apelación, conviene precisar que en términos generales, se ha considerado que los recursos ‘... son medios de impugnación oponibles dentro del mismo proceso ante un órgano jurisdiccional de superior jerarquía, tanto por violaciones cometidas en el procedimiento como en las resoluciones judiciales respectivas. En virtud de su característica consistente en la necesidad de interponerlos ante el tribunal de alzada o jerárquicamente superior, este tipo de impugnación se conoce como vertical ...’. Asimismo, el recurso de apelación -como el que se hizo valer en contra de la sentencia dictada en el juicio natural- se ha definido como ‘... el recurso que se presenta ante el juzgador de grado superior (ad quem) para que repare los defectos, errores y vicios de una resolución emitida por el Juez de jerarquía inferior (Juez a quo). Se le explicó como el recurso que pretende someter una resolución emitida en la primera instancia a la consideración de un juzgador superior, con objeto de que la revoque o modifique de acuerdo con el interés del agraviado. Es por tanto, la impugnación de una sentencia o actuación del juzgador ante un tribunal mayor, o de segundo grado, con la pretensión de que revise, tanto el procedimiento como el fondo, transformando la revocación o bien ordenando si procede la reposición cabal de dicho procedimiento. ...’ (Santos Azuela, Héctor. Teoría General del Proceso. Mc Graw Gill, México, D.F., pp. 210 a 212). En este mismo sentido, Becerra Bautista señala que la apelación es ‘... el recurso en virtud del cual un tribunal de segundo grado, a petición de parte legítima, revoca, modifica o confirma una resolución de primera instancia ...’ (Becerra Bautista, José. Proceso Civil en México. Porrúa, México, D.F., 1998, p. 556). De lo anterior se advierte que el recurso de apelación es aquel que se interpone ante un órgano superior para que revise la providencia del inferior y corrija sus errores. Así, la apelación de las sentencias otorga al superior, en este caso a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, competencia sobre todo el proceso como órgano resolutor de instancia, y por lo mismo tiene la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva el litigio, máxime las causales de improcedencia, las cuales, como ya se vio, son de orden público y de estudio preferente en razón de que su actualización impide al juzgador pronunciarse sobre el fondo del asunto. En relación con el tema en cuestión, cabe decir que el estudio de los motivos que dan lugar a la improcedencia deben analizarse obligatoriamente por el órgano revisor aun y cuando el juzgador de primer grado haya omitido su análisis, dado que al no existir pronunciamiento sobre el particular tampoco puede existir firmeza sobre ese punto, lo que faculta al superior a analizar oficiosamente las cuestiones de procedencia conducentes. Aunado a lo anterior cabe señalar que en el caso particular rige también el principio de derecho que señala que ‘el que puede lo más puede lo menos’, pues como se vio anteriormente, en términos del artículo 87 de la ley de la materia, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para revisar las sentencias dictadas por las Salas Ordinarias de ese mismo tribunal mediante el recurso de apelación y, en su caso, revocarlas o modificarlas, lo que denota la intención del legislador de proveer a la referida Sala Superior de una mayor jerarquía que le permite realizar el estudio oficioso de las cuestiones de procedencia como la de la especie. Una vez precisado el punto relativo a que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultado para analizar oficiosamente las causales de improcedencia que pudieran obstaculizar el estudio de fondo de los asuntos que se le presenten, se procede a analizar si la causal de improcedencia invocada en el caso se actualizaba tal y como lo adujo la responsable. En este sentido, debe señalarse que de los artículos 72, fracción XII y 43, primer párrafo, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que el juicio contencioso administrativo resulta improcedente si la demanda respectiva no se presenta dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada, contados a partir del día siguiente al en que se le hubiese notificado al afectado o del que se hubiere tenido conocimiento u ostentado sabedor de la misma, o de su ejecución. Ahora, de la lectura de la sentencia aquí impugnada se advierte que la Sala responsable, después de dar contestación a los agravios expuestos por la recurrente en el recurso de apelación 6666/2006, consideró que independientemente de la causal de improcedencia invocada por la Sala a quo, el juicio natural era improcedente respecto de la resolución de ocho de febrero de dos mil cinco -acto impugnado- ya que la parte actora había tenido conocimiento de dicha resolución desde el dieciocho de febrero de dos mil cinco y presentó la demanda hasta el veintisiete de abril siguiente, es decir, mucho después de los quince días que señala el artículo 43 de la ley de la materia; determinación que este Tribunal Colegiado considera apegada a derecho, ya que, por una parte, la Sala en cuestión sí podía invocar la referida causal de considerarla actualizada y, por otra, la demanda natural sí fue presentada de forma extemporánea, pues el término de quince días que establece el precepto citado transcurrió del veintidós de febrero de dos mil cinco al catorce de marzo del mismo año, debiendo descontarse el día veintiuno de febrero de ese año -fecha en que surtió efectos la notificación respectiva-, así como el diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete, de febrero, cinco, seis, doce y trece de marzo, todos del año dos mil cinco, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 38 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Luego, si la ahora quejosa considera que la Sala responsable actuó incorrectamente al invocar la causal de improcedencia antes citada debido a que no se hizo valer por las partes en el juicio natural ni formó parte de la litis en la apelación, lógico resulta concluir que tal argumento resulta infundado. Aunado a lo anterior, debe decirse que contrario a lo sostenido por la promovente, en el caso no procedía la modificación o revocación de la sentencia recurrida, ya que el sobreseimiento en el juicio respecto de la resolución de ocho de febrero de dos mil cinco no cambió al actualizarse una diversa causal de improcedencia."

El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo administrativo 3953/2001-198 en sesión de veintiocho de marzo de dos mil uno, con relación al tema de contradicción, determinó lo siguiente:

"QUINTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es preciso señalar lo siguiente: La parte actora, hoy quejosa, impugnó la nulidad de la orden de visita de verificación de ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, en relación al anuncio espectacular ubicado en avenida Insurgentes No. 1038, colonia Insurgentes San Borja. Para acreditar el interés que le asistía, respecto del juicio de nulidad promovido, la hoy parte quejosa exhibió, entre otros, la licencia de anuncio con folio 023492, correspondiente al anuncio antes mencionado, expedido a favor de ********** por autoridades de la delegación Benito Juárez del Distrito Federal, con fecha de vencimiento al trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. A su vez, exhibió la factura 077 mediante la cual ********** vende a ********** (hoy quejosa), un anuncio tipo unipol de medida 16.00 metros por 6.00 metros con altura de 10 metros, instalado en ********** con licencia ********** otorgada por el órgano desconcentrado en comento, de vigencia trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis a trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Asimismo, ofreció como prueba de su parte el contrato de arrendamiento celebrado el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, entre: ‘... contrato de arrendamiento que celebran por una parte ********** representada en este acto por ********** y a quien en lo sucesivo se le determinará (sic) ********** y por otra parte ********** y/o ********** y a quien en lo sucesivo se le denominará ********** de conformidad con las siguientes cláusulas ...’. Cuyo objeto del contrato fue el espacio de terreno ubicado en ********** para que la hoy quejosa lo destinara al uso del anuncio publicitario, antes referido. La duración de dicho contrato se pactó entre ambas partes hasta el treinta de noviembre de dos mil tres. A su vez, de entre una de las cláusulas del contrato referido se encuentra la siguiente: ‘... Décima primera. El arrendador en este acto faculta a el arrendatario en términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, para en su nombre y representación, actúe ante las instancias judiciales correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 2419 del referido ordenamiento jurídico con el objeto de que en caso de ser necesario, el arrendatario proceda a defender como dueño la cosa dada en arrendamiento. ...’. Al final de dicho contrato, es importante establecer, que se encuentran las firmas de los que intervinieron en él. Establecido lo anterior, en un primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que se transgrede en su perjuicio el artículo 14 constitucional, toda vez que la Sala Superior se confunde al sobreseer en el juicio, puesto que erróneamente considera que no se había acreditado el interés legítimo de la parte actora; sin embargo, estima la quejosa, ello es incorrecto, ya que el artículo 7o. del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal no hace referencia a que el titular del permiso o licencia respecto al anuncio publicitario, tenga que ser necesariamente quien promueve el juicio, puesto que dicho precepto legal solamente a hecho de que (sic) se debe contar con la licencia respectiva y que a la fecha de una verificación ésta se encuentre vigente, mas no que la persona que lo explota, necesariamente tenga que ser quien tramitó dicha licencia o permiso, como en el caso sucedió, en virtud de que ella, la quejosa, arrendó el espacio de terreno en donde se encuentra el anuncio espectacular referido (mismo que es de su propiedad), ofreciendo al efecto el contrato de arrendamiento de mérito; motivo por el cual, si la legislación que regula el caso no prevé que se tenga que hacer dicho trámite y, sobre todo, que la licencia o permiso que lo avalaba se encontraba vigente, resultaba innecesario llevarlo a cabo. El concepto de violación es fundado, de acuerdo a lo siguiente: El artículo 7o. del Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal, vigente al momento en que se practicó la visita al inmueble en donde se ubica dicho anuncio, a la letra decía: ‘7o.’ (se transcribe). De la lectura del precepto anterior, se observa que para poder colocar un anuncio publicitario se debe contar con una licencia o permiso expedido por la autoridad competente del Distrito Federal. Ahora bien, en el presente caso, el anuncio que nos ocupa contaba con una licencia que fue expedida el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis y expiraba su vigencia el trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Así, de lo anterior, se concluye que dentro del lapso de dicha vigencia, la persona quien solicitó y le fue concedida la licencia del anuncio en comento (lo cual resulta ser la litis del asunto, es decir, saber si contaba o no con los requisitos legales que prevé la legislación de la materia respecto a la licencia de mérito), vendió a la ahora parte quejosa dicho anuncio publicitario y, por otro lado, la ahora parte quejosa arrendó el espacio de terreno en donde se encontraba el anuncio de referencia. De las relacionadas consideraciones, este Tribunal Colegiado considera que le asiste razón a la parte quejosa, tomando en cuenta que, contrariamente a lo señalado por la Sala responsable, la parte quejosa sí acreditó su interés legítimo en relación al anuncio espectacular antes citado, ya que, primeramente, la actora exhibió la licencia otorgada por autoridades del Distrito Federal, a través de la cual se autorizaba la colocación de dicho anuncio, mismo que a la fecha en que se exhibió, esto es, al promover el juicio de nulidad, aun se encontraba vigente, exhibiendo al efecto, el original de la factura ********** que amparó la compraventa a favor de la hoy quejosa del anuncio en cita. Asimismo, la hoy parte quejosa exhibe el contrato de arrendamiento que le concede derechos respecto del espacio que ocupa el anuncio espectacular en cita, que si bien, es un documento privado, lo cierto es que ello no impide que se le otorgue valor probatorio. Sobre todo, por el hecho de que primeramente, las autoridades delegacionales no combatieron el interés legítimo de la actora y, por otra, la autoridad responsable, vía recurso de apelación, actualiza incorrectamente una causal de improcedencia, no obstante que en el juicio original además de que no se combatió, ella no contaba con la facultad para actualizarla de oficio, puesto que así no lo prevén los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que a la letra dicen: ‘Artículo 72 y artículo 73.’ (se transcriben). Efectivamente, en sentido opuesto a lo señalado por la autoridad responsable, la parte quejosa, actora en aquel juicio, sí acreditó legalmente el interés legítimo al que alude, toda vez que, como ya se dijo, además de que exhibió el contrato de arrendamiento que le concede un derecho, igualmente exhibe la licencia otorgada por autoridades del Distrito Federal, que autorizan la colocación del anuncio publicitario de mérito, sin que en su caso, como lo señaló la parte quejosa, la legislación aplicable obligue a que si ya existe una licencia se deba de tramitar otra, en virtud de que existe un cambio de titular, como en el caso sucede, ya que no debe perderse de vista que la visita de verificación va encaminada al anuncio, es decir, si cuenta o no con una licencia que permita su colocación y uso y no, a una diversa situación jurídica. Es aplicable al caso, por analogía la tesis aislada, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 1675, Tomo CXXV, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: ‘HOTELES TRASPASO DE (CAMBIO DE NOMBRE EN LAS LICENCIAS).’ (se transcribe). Pues ello, además de que, no lo prevé la ley de la materia, no sería posible, tomando en cuenta que el anuncio de referencia, al tiempo en que se llevó a cabo la visita de verificación aun contaba con la licencia de mérito. Así las cosas, al resultar fundado el primer concepto de violación, lo procedente es conceder la protección federal solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efecto la resolución reclamada y en su lugar, emita otra, en la que, con plena libertad de jurisdicción, entre al estudio de los agravios hechos valer en el recurso de apelación. Finalmente, al resultar fundado el primer concepto de violación, resulta innecesario el examen de los demás, en términos de la tesis de jurisprudencia 168, publicada en la página 113, Tomo VI, de Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’."

El criterio sustentado en la resolución de referencia dio origen a la tesis I.13o.A.31 A, publicada en el Tomo XIV, página 1421, correspondiente al mes de agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya sinopsis es:

"SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA ANALIZAR DE OFICIO, EN LA APELACIÓN, UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte claramente que la Sala Superior de dicho tribunal carece de facultades para analizar de oficio una causal de improcedencia al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, es decir, que si la causal de improcedencia no la hacen valer las partes en el juicio, dicha autoridad no cuenta con facultades para hacerlo, tomando en cuenta que los preceptos legales en cita no lo prevén en ninguna de sus partes."

CUARTO. Procede ahora decidir respecto a la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis.

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:

a) El examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales, en relación con las cuales se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que tal diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La jurisprudencia a que se alude se identifica con el número P./J. 26/2001 y se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, Novena Época, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21529-97fff3ea/apelacion-la-sala-superior-del-tribunal-de-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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