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Modo: Corpus Pro

POLICÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19912
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1375.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada, corresponde a la materia laboral, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que es uno de los órganos contendientes.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, remitió la resolución correspondiente a la competencia 12/2006, de fecha doce de julio de dos mil seis. La resolución mencionada, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"TERCERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito, considera que la autoridad competente para conocer y resolver sobre la demanda promovida por Óscar Mora Pérez contra la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, dependencia de la que reclama entre otras cosas, la reinstalación en el puesto que venía desempeñando como oficial primero adscrito a la Dirección General de Policía Vial y Tránsito de la Secretaría de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Jalisco, debe ser la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Esto es así por las consideraciones jurídicas siguientes: En primer término, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido reiteradamente una interpretación jurídica en el sentido de que los miembros de las corporaciones policiacas al servicio de los gobiernos de los Estados y sus Municipios, es de naturaleza administrativa y que, por tanto, está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes y no con base a las normas de carácter laboral; lo anterior por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente señala: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, dispone: ‘Artículo 116.’ (se transcribe). A su vez, el artículo 115, fracción VIII, de nuestra Carta Magna preceptúa: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). Ciertamente, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se desprende el imperativo que tienen las legislaturas de los Estados para regular las relaciones de los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero siempre acatando las bases establecidas en el artículo 123 del Código Supremo y de sus disposiciones reglamentarias; por lo que en el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales, se encuentra expresamente señalado en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del ámbito laboral; al referirse el Constituyente a que ‘se regirán por sus propias leyes’, con lo cual se está creando para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías, un estatus jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa; por lo que es indiscutible, que esta consideración constitucional de sustracción, sí aplica a los cuerpos policiacos de los Estados y Municipios, pues la misma Constitución establece su observancia por la legislación estatal, al estar ésta supeditada a los principios establecidos en el invocado artículo 123 de la Constitución Federal, según se desprende de los diversos 115 y 116 del mismo magno cuerpo normativo, entre los cuales se encuentra el mencionado de exclusión de los miembros de las instituciones policiales de las relaciones laborales del Estado. Lo anterior ya fue determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte en su jurisprudencia 24/1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, cuya voz dice: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Ahora bien, a fin de determinar si la relación jurídica que existe, entre el actor Óscar Mora Pérez y la demandada es de naturaleza administrativa o laboral, es necesario tener en cuenta, lo que al efecto dispone el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, que ya fue transcrito en esta ejecutoria, de lo que se advierte que en cuanto a las relaciones existentes entre los miembros de las instituciones policiacas deberán regirse por sus leyes especiales; dicha distinción al derecho laboral, está contenida en la exposición de motivos de la reforma a este precepto, en el sentido de que dadas las circunstancias de que en la actualidad, sin prejuzgar sobre la conducta del accionante, existen elementos policiacos que han realizado una deficiente actuación en su proceder y se han visto beneficiados con recursos y juicios de garantías, que hacen factible su reinstalación al puesto que desempeñaban, lo que a la postre afectaba los intereses de la sociedad a quien resulta de suma importancia, contar con una policía competente y honrada; por ello, el ánimo del legislador fue en el sentido de que estos malos elementos, no fueran protegidos por las normas laborales en el sentido de que se abuse de los procesos en él contenidos, así como de los juicios de garantías y se permita la reincorporación a su puesto, buscando para ello establecer mecanismos administrativos, que permitan sancionarlos en caso de negligencia, pues con ello, se pretende a final de cuentas, la protección y beneficio de toda la sociedad, a quien le interesa contar con cuerpos policiacos eficientes y libres de corrupción, de ahí que, tratándose de las instituciones policiacas, la Carta Magna ha establecido que los mismos, no estarán sujetos al ámbito laboral, sino que se regirán por sus propios reglamentos de carácter administrativo. Por otra parte, el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece lo siguiente: ‘Artículo 14.’ (se transcribe). Del precitado artículo es de advertirse que, en concordancia a la Ley Suprema, en el Estado de Jalisco se dispuso que los miembros de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado o Municipios, se regirán por sus propias leyes; entendiendo como fuerza pública, a las instituciones que gozan de las facultades coercitivas para la persecución y la aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de orden social. En las anotadas condiciones, a fin de estar en aptitud de decretar la competencia de alguno de los órganos contendientes, es menester precisar si el actor, recae dentro de los supuestos de excepción que contempla la Carta Magna, como aquellos sujetos a un orden legal diverso al laboral, para lo cual debemos tomar en cuenta el sentido de la expresión ‘policía’ y las funciones que dicho cargo conlleva. Miguel Acosta Romero citado por Carlos A. Morales Paulín, en la obra Derecho Burocrático, Editorial Porrúa, S.A., Primera Edición, 1995, página 181, sostuvo que el término ‘policía’ que se identifica en las diversas corporaciones policiacas que a nivel federal, estatal y municipal existen, que revela la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, es el siguiente: ‘Policía: proviene del latín politia y del griego politeia; en términos generales, es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas cumpliéndose las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. En otros sentidos también significa un cuerpo organizado y estructurado encargado exclusivamente de mantener el orden de una ciudad, en vista de los principios de seguridad, salubridad y tranquilidad. En este caso el concepto de policía se refiere a los cuerpos encargados de vigilar y respetar el orden ... de todos los aspectos de la tranquilidad y el buen orden de un Estado.’. En términos generales, podemos concluir que las instituciones policiales, tienen como función, la continua tutela, vigilancia y protección del orden público y la paz social, ejercitando para tal efecto la facultad coactiva de que gozan dichos cuerpos, para la persecución, aprehensión y puesta a disposición de la autoridad competente, a los sujetos que violen las normas de orden social. Luego, como se puntualizó, según se advierte de la demanda, el actor manifestó que ocupaba el cargo de oficial primero adscrito a la zona I de la Dirección General de Policía Vial y Tránsito de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, circunstancia que fue reconocida por la demandada en su escrito respectivo. Ahora bien, dado que el servidor público actor reclama la reinstalación en su puesto de trabajo; el pago de salarios vencidos y otras prestaciones, se tiene que el mismo dota de competencia legal al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para conocer de las controversias derivadas de la relación de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, con el personal operativo de su adscripción, al considerar precisamente como policías a los integrantes de esa corporación expresamente en el artículo 25, de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, que dice lo siguiente: ‘Artículo 25.’ (se transcribe). Por su parte, el Reglamento de la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 151.’ (se transcribe). ‘Artículo 155.’ (se transcribe). Por tanto, como en el caso concreto se trata, al considerar la propia Ley de los Servicios de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco y el Reglamento respectivo, que los integrantes de ese cuerpo operativo son policías y ejercen las funciones antes descritas, es inconcuso que la entidad pública demandada participa del concepto a que alude el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una institución policial, sin distinguir, por lo que el actor al ser oficial primero (policía de vialidad y tránsito), es claro que excluido queda del derecho burocrático y, por tanto, su relación con ese cuerpo operativo es de carácter administrativo y debe regirse por su propia ley y no por la ley laboral estatal, por lo que en atención a lo previsto por el artículo 25 de ese ordenamiento y los diversos 2o., fracción XXII, 151 y 155, del reglamento ya transcritos, se estima que la autoridad competente para conocer y resolver sobre la acción de reinstalación y sus acciones accesorias, es la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. De lo anterior, se obtiene que la Policía de Vialidad y Tránsito, tiene como funciones, entre otras, cuidar de la seguridad y respeto del peatón en las vías públicas; proteger y auxiliar a las personas cuando sufren accidentes en las vías públicas; coadyuvar con otras autoridades en la conservación del orden público y de la tranquilidad de la comunidad, cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de la ley; así como levantar infracciones a los conductores a efecto de determinar y aplicar la sanción correspondiente y según el caso, el arresto de los infractores de la norma, de lo que se deduce que los miembros de esa institución tienen las aptitudes y funciones propias de un cuerpo policiaco, toda vez que están facultados para coadyuvar en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad, con atribuciones para levantar infracciones y determinar las sanciones correspondientes y cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de la ley, así como el poder determinar el arresto de los infractores en circunstancias particulares, de ahí el poder de mando para hacer prevalecer las normas sociales, sin que importe o no al presente caso, el que las facultades inherentes a los cuerpos policiacos, no las realicen de manera continua, ya que lo anterior no disminuye la calidad de policía que le es otorgada por la propia ley especial que regula su función y, por ende, es irrelevante el argumento de la Quinta Sala Administrativa en el sentido de que el actor no actúa como miembro de las corporaciones de seguridad pública, por no ser comprendido en dicha ley como tal. Ya que debe decirse que la apreciación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que estimó que la relación jurídica, que existió entre el actor y la Secretaría de Vialidad demandada, es de naturaleza administrativa, es correcta y que por ello el Tribunal de lo Administrativo debe conocer de la presente demanda, dado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias con los rubros: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, así como la contradicción de tesis con el rubro: ‘SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.’, sostuvo que por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, los miembros de los cuerpos de seguridad, así como los militares, marinos y el personal del servicio exterior, debido a la naturaleza de las actividades que desempeñan y que están encomendadas a vigilar y proteger el orden público de los gobernados, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o de los Municipios a las que presten servicios, con lo cual se les excluye considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución para la que presten servicios; consideraciones que resultan aplicables al caso por analogía, ya que si bien en éstos se encuentran aspectos relacionados con el antiguo texto que ostentaba el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución, en relación a que los miembros de seguridad pública, se regirán por sus propias leyes, lo cierto es también que, de los casos tratados en las mismas, se analizan reclamos realizados por policías, de los cuales como ya se vio, cuentan con funciones similares a las realizadas por el actor, esto es, la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad y además, levantar infracciones a quien infrinja la ley para efectos de determinar y aplicar la sanción correspondiente, así como la facultad de determinar el arresto de los infractores, lo cual sí es concordante con el texto actual del precitado artículo constitucional, en el que se estipula claramente que serán objeto de una relación administrativa, los miembros de las instituciones policiales. Sin que sea óbice a lo anterior, se repite, el que, como lo adujo la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, no se contemple como miembros de seguridad pública a los miembros de la Secretaría de Vialidad y que por el contrario, sean considerados como auxiliares de los cuerpos policiacos, pues en contrario se debe tomar en consideración que la propia Ley de los Servicios de Vialidad y Tránsito y su Reglamento, consideran a sus miembros operativos como policías y que su función como ya se ha establecido, si bien puede darse el caso que no sea de manera continua, es similar a la de éstos y en virtud de la reforma del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador incluyó a las instituciones policiales como aquellas que tienen una relación de otra naturaleza a la laboral y no así a la totalidad de los miembros de seguridad pública, de los cuales cabe aclarar no todos deben regirse bajo una relación administrativa, sino únicamente a los cuerpos policiacos, pues así se ha impuesto por la Carta Magna, de ahí que el fundamento o razones por las que se estima que la relación existente entre la demandada y el actor, es de carácter administrativo, deriva de las funciones propias del servidor y del carácter reconocido como de policía que le otorga la propia ley y no así, de la circunstancia de que forme o no parte de un miembro de seguridad pública por la ley respectiva, pues en el presente caso, debe aplicarse estrictamente el sentido literal de la norma constitucional, en el sentido de que sólo los miembros de las instituciones policiacas, se regirán por sus propias leyes y no así, el que estos cuerpos como tales, sean o no considerados en una ley estatal, como integrantes de la seguridad pública, pues como ya se vio, de la propia ley que regula a estos servidores públicos, se les reconoce el carácter de policía, lo que hace indudable la procedencia de la excepción impuesta por la Constitución. En las anotadas condiciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B fracción XIII, de la Constitución, los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la relación existente entre los citados elementos y la Federación, Estados o Municipios en donde presten sus servicios, es de carácter administrativo y no laboral, precisamente porque las determinaciones que tomen las entidades en contra de ellos, son en su carácter de autoridad y no así de patrones, esto en virtud de la calidad y funciones que éstos desempeñan; consecuentemente, si el cuerpo operativo de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco o cualquiera de los Municipios que la integran, de acuerdo a su ley especial y al reglamento que de ella emana, les es reconocido el carácter de policía de vialidad y transporte y los faculta a cuestiones propiamente dichas de un policía, pues sus actos tienen la característica coercitiva de todo acto policial; este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, llega al convencimiento de que dichos elementos se colocan en el supuesto de exclusión del ámbito laboral que es impuesto por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, por ende, la relación existente entre éstos y el Gobierno del Estado de Jalisco o cualquiera de sus Municipios que lo integra es de carácter administrativo, pues en apego y aplicación a la Carta Magna y su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la totalidad de los miembros de los cuerpos policiacos deben regirse por sus propias leyes, ya que las determinaciones que sean tomadas en su relación con el Estado, cualesquiera que ésta sea, se harán en el carácter de autoridad y no como patrón por equiparación, sin que sea óbice a la anterior determinación, el que dicho cuerpo operativo no sea considerado como miembro de seguridad pública directo sino como auxiliar y que las facultades coercitivas de las que están investidos, no las realicen de manera constante, habida cuenta que la calidad de la relación existente entre ambas partes no está basada en las indicaciones de una ley general, sino en la ley especial en la que se les reconoce el carácter de policías y funciones inherentes a estos, pues aun cuando en efecto pueda darse el caso de que éstas funciones no sean aplicadas o puestas en acción, no limita ni destruye el otorgamiento de ellas y, por ende, el carácter de policía que le es dado. Asimismo, por lo que ve al argumento que planteó la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo, en el sentido de que la competencia correspondía al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en virtud de que aduce, que el demandante es un servidor público que demanda prestaciones laborales, por lo que se coloca en los supuestos de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y, por ende, ante la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, debe señalarse que tales razonamientos son ineficaces, ya que la competencia que ahora le es otorgada, no obedece a las características de las prestaciones reclamadas y el carácter de funcionario público con el que cuenta el accionante, habida cuenta que el argumento toral para fincar la competencia, en favor de la autoridad administrativa, parte de la base de que es planteada por un miembro de un cuerpo de policía de vialidad y tránsito estatal, de acuerdo a las manifestaciones realizadas por el actor en su escrito inicial de demanda y la aceptación por parte de la demandada en su contestación, de ahí que deriva de una relación administrativa y no laboral de conformidad a lo impuesto en la propia Constitución, por lo que no se surte de modo preciso la competencia legal de alguna autoridad del trabajo; y por otra parte, es cierto que a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, únicamente le compete resolver los conflictos administrativos y fiscales, pero igualmente cierto resulta que estas controversias se limitan a las que se susciten entre la administración pública de esta entidad federativa y los particulares, lo cual excluye al actor; sin embargo, de acuerdo a lo analizado en la presente resolución, todas las prestaciones que exigen y pretenden derivan de la relación jurídica que como miembro de un cuerpo policiaco los ligó en el ámbito jerárquico administrativo con la entidad demandada, por lo que la referida Sala al dirimir la litis planteada debe, forzosa y necesariamente, tomar en consideración el estatus que corresponde a los miembros de un cuerpo policiaco y no la situación jurídica de un particular y la tipificación de las prestaciones reclamadas. Desde luego, ante los reclamos del actor, le corresponden prestaciones similares a las laborales; ello por razón lógica, dado que en ambos casos (relación laboral o administrativa), existe la prestación del servicio; sin embargo, los miembros de las instituciones policiales tienen una relación diversa a la laboral y eso es bastante para que los reclamos se demanden ante una autoridad administrativa y no de trabajo, dado la imposición de la propia Constitución que los separa de cualquier índole laboral y los coloca en el régimen administrativo. Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, lo manifestado por la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo, de que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, señale la competencia de los tribunales administrativos a conflictos que surjan a través de una resolución o acto administrativo; así como el que la ley que le da nacimiento a ese tribunal y la Ley de la Justicia Administrativa del Estado, no le otorga jurisdicción para resolver sobre ese tipo de asuntos; sin embargo, como se ha expuesto en esta ejecutoria, la relación entre el actor y la dependencia demandada, es de índole administrativa, por lo que las controversias que se deriven de la misma, tienen el mismo carácter administrativo como ya se puntualizó y al no establecerse por la legislación especial aplicable al cuerpo de policía y vialidad y tránsito estatal o municipal que conforman los miembros de la Secretaría de Vialidad y Transportes del Estado de Jalisco, cuál es el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre ese tipo de conflictos, debe decirse que es el Tribunal de lo Administrativo el competente, ya que es el más afín para conocer de dichos asuntos, teniendo como fundamento supremo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 123 apartado B, fracción XIII y el número 17 y por el tipo de relación que ligaba al trabajador con la secretaría demandada, la cual se insiste es de índole administrativa, pues de no hacerlo así, se dejaría en estado de indefensión al actor, quien no podría contar con una autoridad que escuche sus reclamos y le otorgue la concesión de los derechos que reclama le sean respetados. Del mismo modo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, la particularidad de que la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, señalara que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Estatal, así como por lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos, se advierta que competa al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, conocer respecto a los conflictos que surjan entre el Estado con sus trabajadores, así como de las inconformidades que existan por la aplicación de sanciones vía procedimientos administrativos; sin embargo, debe decirse que esa competencia deriva de la relación laboral, que existe entre ambas partes, lo que en la especie no sucede, dado que los miembros de los cuerpos policiacos en si, no son equiparables a los trabajadores ordinarios que en todo Estado pueden existir, en virtud de que su relación, ya fue catalogada fuera del ámbito laboral y colocada en lo que refiere al cuerpo normativo administrativo. Del mismo modo, cabe señalar que al accionante no le fue aplicada la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para fundar la resolución del cese administrativo, lo que en caso de haber sucedido así, es innegable que le competía al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de dicho proceso, al transformarse esa dependencia por ley, en un tribunal revisor en materia administrativa, más por el contrario, al fundarse la sanción que le fue impuesta al actor, en la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, pues así se advierte de las manifestaciones de la demanda y de la aceptación de la entidad demandada en su contestación, es inconcuso entonces que aun cuando en efecto se le aplicó una sanción con base a una ley burocrática estatal, la competencia recae en el Tribunal de lo Administrativo, en función de la calidad de la relación que contaba con la demandada el accionante, la cual ya se dijo, es de naturaleza administrativa y no laboral. Así pues, la autoridad competente para conocer de la demanda relativa, es la Quinta Sala Unitaria de referencia, pues de acuerdo al sistema de turno de asuntos del mismo Tribunal de lo Administrativo, fue a ella a la que correspondió el conocimiento del asunto. Finalmente, debe señalarse como hecho notorio, el que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la competencia 5/2006, suscitada entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, en donde contendían para conocer y resolver de la demanda interpuesta por José Trinidad Ortiz Moreno, contra la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco; expediente en el que el citado colegiado determinó que la relación existente entre los miembros operativos de la Secretaria de Vialidad y Transporte del Estado es de naturaleza laboral, bajo el argumento de que la función directa de sus miembros operativos, es la de brindar orientación y participación con la población en general tendiente tanto a la prevención de accidentes viales mientras que las funciones de vigilar y proteger el orden público y la paz social de los gobernados, no son utilizadas de manera constante, aun cuando les son atribuidas, por lo que si bien coadyuvan con otras autoridades en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad, cierto es que su finalidad principal no es la de proteger el orden público y la paz social de los gobernados en sentido lato, sino únicamente lo relativo al orden y control de la circulación vehicular y peatonal en las vías públicas abiertas a la circulación que no sean de competencia federal, razón por la cual aduce el citado colegiado, dichos trabajadores no pueden ser considerados como parte integral de un cuerpo de seguridad pública, pues agrega que por disposición legal contenida en el artículo 6o. de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, el cuerpo operativo de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, tendrá el carácter de ‘autoridad auxiliar de la seguridad pública’, cuando para ello sea requerido, así como el que en su artículo 8o. del citado cuerpo normativo, no contempla a los miembros de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, como parte de los cuerpos de seguridad pública llegando, por ende, a la conclusión el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que los agentes de vialidad no se encuentran en la hipótesis de exclusión de la relación laboral de que habla la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 constitucional. Sobre el criterio antes transcrito, cabe decir que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio, en cuanto que la relación existente entre estos servidores públicos y los Estados y sus Municipios es de naturaleza laboral, habida cuenta que como se ha señalado en la presente ejecutoria, el que no sean comprendidos como miembros de los cuerpos de seguridad pública y sólo les revista el carácter de auxiliares, pas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19912-22631c6e/policia-de-vialidad-y-transito-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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