RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. FACULTADES DEL PERSONAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO SÉPTIMO Y PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial número 2a./J. 65/2003, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 330, Tomo XVIII, agosto de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice al rubro:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis se estima necesario tener presente la parte conducente de las consideraciones de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron.
I. La parte que interesa de las consideraciones que sirvieron de sustento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, la revisión fiscal número RF-142/2003-1831, en sesión de dos de junio de dos mil tres, es la siguiente:
"TERCERO. La lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que las consideraciones que rigen la determinación de nulidad del acto administrativo impugnado, consisten en que el hecho de que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, haya habilitado a Rubén Alba Quintero, por conducto del oficio citatorio, para que lo auxiliara celebrando la audiencia de ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV, antepenúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, no comprendía la facultad de firmar el acta de audiencia, porque al hacerlo sustituyó al titular, quien es el legalmente facultado para firmar dicha acta. En el único agravio vertido por la autoridad señala que la sentencia transgrede los artículos 237 y 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, ya que resulta falso que el acta de audiencia de ley de veinticinco de febrero de dos mil dos tuviere que haber sido firmada ineludiblemente por el titular del área de responsabilidades y no por el personal responsable de la diligencia, esto es, por Rubén Alba Quintero, quien de conformidad con el artículo 47, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo también tiene la obligación de firmarla, en virtud de la delegación que se le realizó a fin de que condujera el procedimiento hasta ponerlo en estado de resolución. Alega la autoridad demandada que dicha facultad de auxilio se debe a la imposibilidad física y material de que los titulares intervengan en todas y cada una de las actuaciones derivadas de la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios incoados a los servidores públicos. Además, que el numeral 47 de la legislación en cita no prevé que el titular del área de responsabilidades sea el único que deba suscribir el acta de audiencia de ley, ni tampoco da pauta a la interpretación efectuada por la Sala Fiscal. Para estar en aptitud de examinar el agravio planteado por la autoridad recurrente es necesario reproducir el contenido del oficio citatorio número CI-AR-UR-PEP. 18.575.0360/2002, de veintinueve de enero de dos mil dos, signado por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el cual en la parte que interesa es del tenor literal siguiente: ... De la lectura de la documental reproducida con anterioridad se advierte que entre los fundamentos que contiene se encuentra el artículo 47, fracción IV, inciso a), punto 1 y antepenúltimo párrafo, de la propia fracción, del reglamento en cita. Asimismo, se tiene en cuenta que el precitado oficio y el artículo 47, fracción IV, antepenúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo fueron citados como fundamentos de la competencia por parte de quien celebró y suscribió la audiencia de ley de veinticinco de febrero de dos mil dos (folios 42 a 45 del expediente fiscal). Atento a lo anterior, resulta indispensable la cita del artículo 47 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que en la parte conducente señala: Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. ‘Artículo 47.’ (se transcribe). Ahora bien, del artículo reproducido se desprende la existencia de los órganos de control interno en las dependencias, órganos desconcentrados, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, al frente de los cuales se encuentra un titular, quien entre otras funciones tiene la de recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones aplicables en los términos de ley; se observa que el reglamento también prevé la existencia de las áreas de responsabilidades, auditorías y quejas en dichos órganos internos de control, las cuales están a cargo de un titular y en el caso del área de responsabilidades tiene facultades para iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin de determinar las probables responsabilidades a que hubiere lugar e imponer, en su caso, las sanciones de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y que en el ejercicio de tales facultades se auxiliarán del personal adscrito a los propios órganos. Sin embargo, la parte final transcrita del artículo invocado no puede ser interpretada con la amplitud que pretende la autoridad recurrente, pues si bien es cierto que prevé la existencia de personal adscrito a los órganos internos de control para auxiliar a los titulares de las áreas de auditoría, responsabilidades y quejas en el ejercicio de sus funciones, no significa que por esa circunstancia se conviertan en titulares de las facultades que corresponden a dichas autoridades, pues el término auxiliar en nuestro sistema jurídico debe entenderse como el funcionario técnico o administrativo de categoría subalterna que no tiene atribuciones para dirigir o resolver una instancia o procedimiento, sino para coadyuvar con la autoridad de la que dependa en el ejercicio de sus funciones. Dicho de otra forma, el personal adscrito a los propios órganos internos de control carece de facultades no sólo para suscribir el acta de audiencia de ley sino también para conducir dicha diligencia, en atención a que el alcance del auxilio establecido en la norma únicamente comprende el apoyo operativo al funcionario titular, quien es el encargado de conducir y dirigir los asuntos y procedimientos a su cargo, por lo que la referida facultad de auxilio no se puede considerar como un relevo en las obligaciones y facultades que le competen exclusivamente a los respectivos titulares. La norma en cuestión autoriza a la autoridad demandada a auxiliarse del personal de apoyo adscrito al órgano interno de control para sustanciar los procedimientos y atender los asuntos a su cargo, mas no puede ser fundamento jurídico para permitir que un servidor público, sin competencia prevista en la ley, presida el desarrollo de la audiencia a que se refiere el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues esa actuación se verifica dentro de un procedimiento disciplinario previsto en la ley y por ende, debe dirigirlo la autoridad que tenga facultades para ello. No es óbice a lo anterior el hecho de que, a través del citatorio de veintinueve de enero del dos mil dos, el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción haya facultado al señor Rubén Alba Quintero para conducir la audiencia prevista en el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues tanto su existencia como sus atribuciones deben estar expresamente establecidas en los ordenamientos jurídicos reglamentarios de las dependencias a que pertenecen y no en un diverso acuerdo emitido por el superior jerárquico, así sea el titular de la dependencia. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo (sic) 77, mayo de 1994, página 12, cuyo tenor es: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’(se transcribe). En las relatadas consideraciones y ante la ineficacia del agravio propuesto, se estima que en el caso procede confirmar la sentencia recurrida."
El señalado órgano jurisdiccional, sostuvo en esencia, las mismas consideraciones al resolver por unanimidad de votos, en sesión de dos de junio de dos mil tres la revisión fiscal RF-107/2003-1406, por tanto, resulta innecesario transcribir las consideraciones de ese fallo.
El anterior criterio dio origen a la tesis aislada I.1o.A.110 A, que dice:
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. FACULTADES DEL PERSONAL AUXILIAR DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL, ASÍ COMO DE LAS ÁREAS DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES, EN CUANTO A LA ATENCIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE LOS ASUNTOS A SU CARGO. De lo dispuesto en el artículo 47, fracción IV, antepenúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo -hoy Secretaría de la Función Pública- vigente hasta el 29 de noviembre de 2001, se advierte que para la atención de los asuntos y la sustanciación de los procedimientos a cargo de los titulares de los órganos internos de control, así como los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, éstos se auxiliarán del personal adscrito a los propios órganos; sin embargo, ello no significa que el personal auxiliar se subrogue en las facultades y funciones propias de los titulares, pues el término ‘auxiliar’ en nuestro sistema jurídico debe entenderse como el personal de apoyo técnico, operativo y administrativo de categoría subalterna cuya función es coadyuvar con la autoridad o funcionario del que dependa en el ejercicio de sus funciones; de ahí que la referida facultad de auxilio no puede considerarse como un relevo en las obligaciones que competen exclusivamente a los respectivos titulares, tales como la dirección y conducción de los asuntos y procedimientos a su cargo. En estas circunstancias, a manera de ejemplo, resulta ilegal que un auxiliar presida y conduzca el desarrollo de la audiencia a que se refiere el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos."
II. La parte conducente de la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión del día veintidós de octubre de dos mil tres, la revisión fiscal número 2707/2003, es la siguiente:
"QUINTO. Son fundados los razonamientos narrados con antelación, por los motivos siguientes: En la sentencia impugnada se determinó sustancialmente que Armando Hiram Hinojosa, María Cristina Serrano Salazar y Luz María Ballesteros Reyes, no tenían competencia legal para levantar el acta en la audiencia que se celebró en cumplimiento a lo previsto en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que si bien era cierto que el artículo 26, fracción IV, último párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo disponía que los órganos de control interno y los titulares de las áreas de quejas, auditoría y responsabilidades, serán auxiliados por el personal adscrito al propio órgano de control interno para atender los asuntos de su competencia y la sustanciación de los procedimientos a su cargo; lo cierto era que el propio precepto normativo establecía una distinción, consistente en que los titulares del área de responsabilidades de los órganos de control interno de las dependencias, de los órganos desconcentrados, de las entidades en las que son designados o de la Procuraduría General de la República, exclusivamente tenían atribuciones para instruir el procedimiento disciplinario, por lo que sólo podían auxiliarse por el personal aludido para sustanciar ese procedimiento (fojas 283 a 285 vuelta). De ese modo, en la sentencia impugnada fueron definidos los vocablos ‘instruir’ y ‘sustanciar’, en el sentido de que el primero de ellos significaba: ‘formalizar un procedimiento’, mientras que la segunda palabra debía entenderse como: ‘conducir un juicio por la vía procesal hasta ponerlo en estado de sentencia’, lo que sirvió de base a la Sala para concluir que el legislador había tenido la intención de establecer que los titulares de los órganos de control interno solamente podían auxiliarse del personal adscrito a ellos para sustanciar el procedimiento y no para instruirlo, es decir, que no tenían atribuciones para darle formalidad por ser una facultad exclusiva de que dichos titulares, quienes debían firmar todas y cada una de las actuaciones celebradas con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidades, situación que no se había satisfecho en la especie, pues las personas que actuaron en la celebración de la audiencia habían firmado el acta respectiva, con lo que se pretendió dar formalidad al procedimiento, siendo que sus facultades se limitaban a la sustanciación del mismo (fojas 285 vuelta y 286). Por otro lado, refirió la Sala que la demandada no había demostrado que el personal que intervino en la celebración de la audiencia estaba adscrito al órgano interno de control de la Comisión Federal de Electricidad, o bien a su área de responsabilidades, por lo que tampoco en ese aspecto se habían cumplido los requisitos previstos por el artículo 26, fracción IV, último párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Con apoyo en los razonamientos descritos, fue declarada la nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo (fojas 286 a 287 vuelta). Es pertinente manifestar que para el examen del tema traído a este medio de defensa debe considerarse al procedimiento en un sentido estricto, esto es, como aquellos actos concatenados entre sí que se realizan dentro del proceso por las partes, el órgano encargado de dilucidar la controversia y los terceros ajenos a la relación sustancial, para la aplicación de una ley a un caso concreto, lográndose de ese modo la solución del conflicto de intereses. Debe apuntarse también que si bien es verdad que el tratadista Joaquín Escriche definió la palabra ‘instruir’ como lo manifestó la Sala, es decir, ‘formalizar un procedimiento’, no menos cierto resulta que no debe limitarse el concepto a esa definición. Efectivamente, en términos generales el procedimiento, considerado como un proceso, se divide en dos grandes etapas llamadas instrucción y juicio, la primera de ellas subdividida a su vez en tres etapas, la postulatoria, probatoria y preconclusiva. La mencionada en primer término, es aquella en que las partes plantean sus pretensiones y su contraria opone sus excepciones, con lo que se fijan los límites de la litis, respecto a la cual deberán ofrecerse pruebas, alegarse y finalmente dictarse la sentencia o resolución respectiva. La etapa probatoria es aquella en que son ofrecidas las pruebas por las partes contendientes, el órgano encargado de dirimir el conflicto las admite o desecha y ordena su desahogo, el que al llegar a su conclusión pone el asunto en la subetapa denominada preconclusiva, en la que las partes exponen las conclusiones en relación con las etapas concluidas (postulatoria y probatoria). Una vez que se ha desarrollado la etapa de instrucción, el procedimiento pasa a la etapa de juicio, en la que el órgano encargado de dilucidar el conflicto emite la resolución correspondiente al aplicar la ley al caso concreto. En conclusión, la instrucción comprende todos los actos procesales realizados por el tribunal, las partes en conflicto y los terceros ajenos a la relación sustancial, para precisar el contenido de litigio y aportar al juzgador todos los elementos indispensables para decidir el conflicto de intereses sometido a su consideración. Por su parte, la palabra sustanciación es definida por Eduardo J. Couture en la forma siguiente: ‘1. Acción y efecto de tramitar el juicio oyendo alternativamente a ambas partes, hasta ponerlo en estado de dictar sentencia. 2. Acción y efecto de dar a la parte contraria en un juicio, una oportunidad para exponer sus razones’ (Vocabulario Jurídico, página 553, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1988). En ese orden de ideas, puede inferirse que existen características similares entre las palabras instruir y sustanciar, que permiten concluir que el legislador los empleó como sinónimos en el texto del artículo 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En efecto, los vocablos que nos ocupan significan en un sentido amplio las acciones que tienen como fin oír a las partes contendientes, ofrecer y desahogar pruebas y presentar alegatos, hasta poner el conflicto en estado de resolución. Dicho de otro modo, desarrollar los actos necesarios para que el juzgador cuente con toda la información indispensable para aplicar la ley al caso concreto y solucionar el problema debatido. Ahora bien, los artículos 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 26, segundo párrafo, fracciones III, punto 1 y IV, inciso a), punto 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, establecen lo siguiente: ‘Artículo 64.’ (se transcribe). ‘Artículo 26.’ (se transcribe). Para los fines del estudio de la reproducción realizada se desprenden los datos siguientes: a) Que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo está facultada para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos;. b) Que para la aplicación de este tipo de sanciones, debe citarse a una audiencia al presunto responsable, comunicándole la responsabilidad que se le imputa, el día y la hora de la celebración de la audiencia y el derecho que tiene para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga;. c) Que para el mejor desempeño de las funciones de la secretaría de que se trata, designará a los delegados y subdelegados ante las dependencias de la administración pública federal centralizada, órganos desconcentrados y Procuraduría General de la República;. d) Que la propia secretaría nombrará a los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública federal y la Procuraduría Federal de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de esos órganos;. e) Que los titulares de los órganos internos de control tienen facultades, en el ámbito competencial respectivo, para recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y para darle seguimiento hasta fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponerle las sanciones correspondientes;. f) Que los titulares de las áreas de responsabilidades tienen atribuciones para instruir el procedimiento indagatorio e imponer cuando proceda las sanciones respectivas; y. g) Que para la sustanciación de los procedimientos a cargo de los titulares de los órganos internos de control, así como los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidad, se auxiliarán del personal adscrito al propio órgano de control. En esa tesitura y partiendo de la premisa de que los vocablos ‘instruir’ y ‘sustanciar’ fueron empleados como sinónimos por el legislador, válidamente puede concluirse que los funcionarios que actuaron en la audiencia prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, eran competentes legalmente para ese efecto, dado que su actuación se limitó a auxiliar al titular del área de responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad en la instrucción del procedimiento administrativo, es decir, a la recepción de las pruebas del servidor público y de los alegatos que formuló, de tal manera que como lo sostiene la ocursante, no existió ninguna sustitución de facultades por el hecho de que el acta respectiva haya sido firmada por dichas personas, en razón de que el hecho de que los titulares de las áreas de responsabilidades puedan auxiliarse en la sustanciación del procedimiento administrativo, tiene como objeto el que no estén presentes en la celebración de la audiencia para que ejerzan sus demás facultades y para que en sus ausencias no se detenga la función de control de la dependencia; por tanto, al no haberlo considerado así la Sala, su proceder fue indebido en el aspecto examinado. Por lo que hace a que en la sentencia recurrida se introdujeron cuestiones ajenas a la litis, por haberse examinado si en la especie la demandada acreditó que las personas que celebraron la audiencia multirreferida estaban adscritas al órgano interno de control, aspecto que afirma la inconforme no fue debatido por la actora; debe señalarse que también en este argumento asiste razón al inconforme, debido a que de la lectura de la demanda de nulidad, se advierte que la accionante reconoció expresamente que los funcionarios que intervinieron en esa actuación lo habían hecho exclusivamente en su carácter de personal adscrito al órgano de control interno de la Comisión Federal de Electricidad, motivo por el cual, solamente podían intervenir en auxilio del órgano competente pero no ejerciendo facultades que no les fueron conferidas en forma específica (foja 10), de tal forma que dichas afirmaciones hacen prueba plena en su contra, conforme a la fracción I del artículo 234 del Código Fiscal de la Federación y en ese sentido resulta correcto lo afirmado en el agravio respecto a que no existió controversia alguna sobre esa cuestión y, por ello, no debió determinarse en la sentencia impugnada que correspondió a la inconforme la carga procesal de acreditar el extremo aludido. En las relatadas consideraciones, al ser correctos los planteamientos de la recurrente, lo que procede es declarar fundado el presente medio de defensa. ..."
Este criterio dio origen a la tesis aislada I.7o.A.267 A, que dice:
"SERVIDORES PÚBLICOS. EL LEGISLADOR EMPLEÓ COMO SINÓNIMOS LAS PALABRAS ‘INSTAURAR’ Y ‘SUSTANCIAR’ EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV, INCISO A), DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 16 DE JULIO DE 2001. Conforme al artículo 26, fracción IV, inciso a), numeral 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, vigente hasta el 16 de julio de 2001, los titulares de las áreas de responsabilidades de los órganos internos de control en las dependencias tienen facultades para iniciar e instruir el procedimiento de investigación a fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer, en su caso, las sanciones de conformidad con lo previsto en la ley de la materia. La disposición normativa también establece, en el antepenúltimo párrafo de la misma fracción IV, que para la atención de los asuntos y la sustanciación de los procedimientos a su cargo, los titulares de los órganos internos de control, así como los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades se auxiliarán del personal adscrito a los propios órganos internos de control. Con el fin de interpretar el artículo de que se trata, debe considerarse al procedimiento en un sentido estricto, esto es, como aquellos actos concatenados entre sí realizados dentro del proceso por las partes, el órgano encargado de dilucidar la controversia y los terceros ajenos a la relación sustancial, para la aplicación de una ley a un caso concreto, lográndose de ese modo la solución del conflicto de intereses. En ese sentido, el procedimiento, considerado como un proceso, se divide en dos etapas principales llamadas instrucción y juicio, la primera subdividida en tres etapas: la postulatoria, probatoria y preconclusiva. La mencionada en primer término, es aquella en la que se plantean las pretensiones y se oponen las excepciones, con lo que se fijan los límites de la litis. En la etapa probatoria son ofrecidas las pruebas, el órgano encargado de dirimir el conflicto las admite o desecha y ordena su desahogo, cuyo fin tiene como efecto que se pase a la subetapa denominada preconclusiva, en la que las partes exponen las conclusiones en relación con las etapas concluidas (postulatoria y probatoria). Finalizada la etapa de instrucción, el procedimiento entra a la etapa de juicio, en la que es emitida la resolución correspondiente. En conclusión, la instrucción comprende todos los actos procesales realizados por el tribunal, las partes en conflicto y los terceros ajenos a la relación sustancial, para precisar el contenido del litigio y aportar al juzgador todos los elementos indispensables para decidir el conflicto de intereses sometido a su consideración. En ese orden de ideas, puede inferirse que existen características similares entre las palabras ‘instruir’ y ‘sustanciar’ que permiten concluir que el legislador las empleó como sinónimos en el artículo 26 citado, ya que ambos vocablos significan en un sentido amplio las acciones que tienen como fin oír a las partes contendientes, ofrecer y desahogar pruebas y presentar alegatos, hasta poner el conflicto en estado de resolución; por tanto, cuando la actuación de los funcionarios que actúan en la audiencia prevista en el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se limita al auxilio del titular del área de responsabilidades de la dependencia de que se trate respecto a la instrucción del procedimiento administrativo, es decir, a la recepción de las pruebas del servidor público y de los alegatos que formuló, es de concluirse que cuentan con competencia legal para ese efecto."
III. Las consideraciones que interesan de la ejecutoria pronunciada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión del día diecinueve de marzo de dos mil tres, la revisión fiscal número 344/2002, son las siguientes:
"SEXTO. En este orden de ideas, es incorrecto lo estimado por la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, en el sentido de que la auxiliar debía tener facultades de representación, pues bastaba con que estuviera adscrito al órgano de control interno, además de que no existe disposición aplicable al caso que prevenga formulismo alguno, en el sentido de designar personal adscrito al Área de Responsabilidades del Órgano de Control Interno en la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que auxilie en la sustanciación de los procedimientos a cargo del titular del área. Asimismo, atendiendo al contenido del artículo 26, fracción IV, inciso a), apartado 1 y antepenúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, vigente el veintiocho de mayo del año dos mil uno, cuando se llevó a cabo la audiencia de ley, se advierte que los titulares de la contraloría interna podrían atender los asuntos de su competencia y sustanciar los procedimientos a su cargo, auxiliándose del personal adscrito a dicha unidad como se advierte de su contenido que dice a la letra: ‘Artículo 26.’ (se transcribe). En efecto, como puede observarse dicho precepto establece que los titulares de las áreas de responsabilidades, auditorías y quejas de los órganos internos de control tendrán en el ámbito de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad en la que sean designados, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos órganos, las facultades que les atribuya expresamente el titular de la secretaría. También dispone que para la atención de los asuntos y la sustanciación de los procedimientos a su cargo los titulares de los órganos internos de control, así como los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades se auxiliarán de personas adscritas a los propios órganos internos de control. Ahora bien, en el acta de la audiencia de ley, celebrada el veintiocho de mayo de dos mil uno, en el procedimiento administrativo de responsabilidad número DR/084/00, instruido contra Antonio Romero Aguilar, se hizo constar que mediante acuerdo de inicio de procedimiento de fecha cuatro de mayo de dos mil uno, el titular del Área de Responsabilida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20265-c4ca69eb/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-facultades-del-personal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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