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Modo: Corpus Pro

ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20530
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, , Pág. 305.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a las materias en que se especializa esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De ahí que si la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por la señora Ministra presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, es evidente que la misma proviene de parte legítima, independientemente de que uno de los asuntos no derive de un amparo directo sino de una revisión fiscal porque se encuentra íntimamente relacionado con el primero.

Sirve de apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen lo siguiente:

(Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, agosto de 2003. Tesis 2a./J. 65/2003. Página 330).

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 80/2007, promovida por el titular de la jefatura de Servicios Jurídicos y Representante Legal de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el nueve de mayo de dos mil siete, consideró en la parte que interesa, que:

"QUINTO. Los agravios son infundados e inoperantes. La recurrente aduce que la existencia o no de relación laboral no es imputable al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que éste únicamente acepta, recibe y asegura a las personas que el propio patrón propone como sujetos de aseguramiento. Que conforme a lo establecido en el artículo 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, así como el 3o. del reglamento de afiliación, el cumplimiento por parte de los patrones en cuanto a la inscripción de sus trabajadores, se puede llevar a cabo a través de medios magnéticos, los cuales mantienen el carácter de documentos originales y en consecuencia las certificaciones que expida el propio instituto con base en esa información, contenida en dichos medios, igualmente mantienen el carácter descrito, y por consiguiente tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por el segundo y tercer párrafos del artículo 286-L de la Ley del Seguro Social, quinto párrafo del numeral 17-D, en relación con el cuarto párrafo del artículo 130, ambos del Código Fiscal de la Federación, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Que el patrón para cumplir con la obligación que establece el artículo 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo hizo a través de medios magnéticos utilizando para tal efecto el número patronal de identificación electrónica, el cual sustituye su firma autógrafa, y dicha información la conserva el instituto en términos del artículo 4o. del reglamento de afiliación, lo cual es corroborado con los datos proporcionados por el área de Afiliación de la subdelegación correspondiente, contenida en la documentación denominada ‘cuentas individuales’ de todos y cada uno de los trabajadores que se relacionan en los créditos impugnados. Que se desestimó la negativa consistente en que no existe una relación de trabajo, toda vez que el hecho que motivó las cédulas combatidas fue que el patrón inscribió ante el instituto a las personas que aparecen enlistadas en dichas cédulas, por considerarlas como sujetos de aseguramiento, lo cual no puede dejarse de considerar argumentando la ausencia de avisos de alta, baja y modificación de salario; puesto que como se ha señalado las incidencias descritas no fueron comunicadas mediante los documentos impresos denominados ‘avisos afiliatorios’. Que el instituto acreditó los hechos que motivaron la emisión de las cédulas de liquidación combatidas, tal como lo establece el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que tiene las cuentas individuales de todos y cada uno de los trabajadores enlistados en dichas cédulas, con las que demuestra que la actora presentó ante el instituto dichas comunicaciones con el objeto de cumplir con su obligación de inscribir a las personas con las que consideraba tener una relación de índole laboral, por lo que independientemente de que dichas cuentas que expide el propio instituto se traten de documentos elaborados unilateralmente por los empleados y funcionarios del propio instituto, se traducen en un instrumento de control de uso ordinario que se emplea para registrar los movimientos de afiliación de los trabajadores, con base en los datos proporcionados unilateralmente por el propio patrón a través de medios magnéticos los cuales mantienen el carácter de documentos originales; de ahí que sea improbable que se alteren los datos de registro, sobre todo por la trascendencia de índole fiscal que ello implica. Que las certificaciones y las cuentas individuales que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social, son documentos susceptibles de demostrar que una persona se encuentra inscrita en ese instituto, ya que la falsedad o alteración del contenido de esos documentos que provienen de los medios magnéticos presentados por el propio patrón, corresponde demostrarla a la accionante con los elementos, documentos y demás archivos con los que el propio patrón cuenta para el control y administración de su empresa, y la cual está obligada a conservar por cinco años, conforme a lo establecido en los artículos 9o. segundo párrafo, 15, fracción II de la Ley del Seguro Social, en relación con el artículo 804, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo. Que en el expediente aparece agregado el informe de la subdelegación 8 San Ángel, en la cual se anexan las documentales denominadas ‘cuentas individuales’ de todos y cada uno de los trabajadores que se relacionan en los créditos combatidos, las cuales contienen los movimientos de alta, reingreso, inclusive de modificación de salario de dichos trabajadores, por lo que dichas cuentas constituyen un medio de prueba reconocido por la ley, de tal suerte que si el patrón no demuestra que la información contenida en dicho documento no fue generada por ella, se constituye una presunción humana en términos del artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, por lo que las citadas cuentas individuales deben ser valoradas en términos de los artículos 230 y 237 del propio ordenamiento jurídico, por lo que se revierte en este caso la carga de la prueba a la parte actora, para que pruebe que su contenido no concuerda con la realidad de lo que transmitió por medios electrónicos. Finalmente, la inconforme señala que a través de la liquidación de cuotas obrero patronales se le dieron a conocer a la parte actora las razones especiales, causas inmediatas y motivos particulares que generaron su cobro, así como los preceptos de derecho que apoyan la actividad del instituto, de donde se desprende que fueron debidamente precisados los hechos que dieron motivo a los actos impugnados, los que concuerdan con los supuestos fácticos de los preceptos aplicables. Por su parte, la Sala consideró que contrario a las afirmaciones de la autoridad demandada, conforme a lo dispuesto por los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación, y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, cuando el patrón niegue lisa y llanamente conocer los hechos y documentos en que se apoyó el instituto para emitir las cédulas de liquidación combatidas, corresponde a dicha autoridad acreditar que su resolución se encuentra debidamente fundada y motivada. Asimismo, la responsable sostuvo que como la autoridad administrativa menciona que las cédulas combatidas fueron emitidas con base en datos que constan en los avisos de afiliación, de ahí surge la obligación del instituto de acreditar la existencia de la relación laboral, pues legalmente tiene la obligación de dar a conocer al particular los elementos que fueron considerados como sustento para emitir su determinación, y al no hacerlo vicia sus resoluciones, dado que las mismas carecen de soporte legal necesario a fin de considerarlas válidas; por tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al ser omiso en exhibir los avisos de afiliación que vinculan al patrón con los trabajadores mencionados en las cédulas de liquidación controvertidas, no se puede tener por acreditada la relación laboral. Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer, en atención a las consideraciones siguientes: En efecto, la entonces parte actora acompañó al escrito de demanda de nulidad, las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales emitidas por el titular de la Subdelegación 8 San Ángel del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondientes a los periodos de dos mil dos (fojas 18 a 66), en las que se asentó la certificación siguiente: ‘La presente cédula de liquidación se emite con base en los datos con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los trabajadores al servicio del patrón señalado al rubro; cuyos datos de identificación, salario base de cotización y movimientos de inscripción y modificación de salario y baja se precisan en este documento, mismos que fueron comunicados por el propio patrón al instituto y que se conservan en los términos que establece el artículo 3o. del reglamento de afiliación, así como con los datos manifestados por el patrón al efectuar el pago de las cuotas obrero patronales correspondientes al período de cotización ...’. De lo anterior se observa que la autoridad administrativa asentó en las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, lo siguiente: Que los datos y elementos precisados en las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, fueron comunicados al Instituto Mexicano del Seguro Social por el propio patrón. Que esa información se conserva en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del reglamento de afiliación. El citado numeral del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, dispone que: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). Ahora bien, considerando que la empresa patronal Grupo Bahía, Sociedad Anónima de Capital Variable, no reconoció lo asentado por la autoridad demandada en las cédulas de liquidación impugnadas, en razón de que negó lisa y llanamente la relación laboral con los trabajadores a que se refieren dichas cédulas, resulta incuestionable que no se puede tener por acreditado el vínculo laboral con la certificación realizada por una autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social en las cédulas de liquidación de cuotas obrero patronales, ya que el punto que se cuestiona es precisamente el relativo a los datos que proporciona dicho instituto, lo que lleva a considerar que la autoridad demandada debió acreditar la relación laboral con las documentales que demostraran fehacientemente la voluntad de la empresa patronal de dar de alta a los trabajadores de que se trata, máxime que la certificación en cuestión se hizo en relación a información que conserva el instituto respecto de los datos proporcionados mediante formatos impresos, situación que se encuentra contemplada en el artículo 4o. del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, que prevé lo siguiente: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Así las cosas, debe considerarse que la certificación de mérito, por sí misma resulta insuficiente para acreditar la relación laboral, toda vez que en ésta el titular de la Subdelegación 8 San Ángel del Instituto Mexicano del Seguro Social hace constar que los datos contenidos en las cédulas de liquidación fueron proporcionados por el patrón; sin embargo, en la certificación de que se trata no se precisa el origen de la información que asienta la autoridad, ni el nombre de la persona que como representante de la empresa haya realizado, en su caso, los movimientos, lo que se considera necesario a efecto de que la actora hubiese estado en condiciones de verificar si la persona que supuestamente efectuó los trámites se encuentra autorizada para tales efectos. Esto es, la multicitada certificación no demuestra que la empresa actora haya usado el número patronal de identificación electrónica, como llave pública de sistema criptográfico, para la afiliación de los supuestos trabajadores de la empresa, en sustitución de la firma autógrafa, es decir, que la información que en ellos se contiene haya sido efectivamente entregada por ella al instituto, lo que pudo acreditarse con las constancias de los movimientos afiliatorios realizados por el periodo de dos mil dos. Por otra parte, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios fiscales, en términos del artículo 5o., segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por regla general corresponde a la actora probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el caso se está en presencia del caso de excepción a que se alude en el artículo 82 del propio Código Federal de Procedimientos Civiles, cuenta habida de que en dicho precepto legal se establece que el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Las aseveraciones precedentes es posible corroborarlas del contenido de los artículos 81 y 82 invocados, los cuales son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 81.’ (se transcribe). ‘Artículo 82.’ (se transcribe). Del artículo 82 transcrito se colige que el que niega lisa y llanamente un hecho, por ese solo motivo arroja a su contraparte la carga de la prueba. En el caso se estima que como la actora negó la relación laboral que pudiera dar origen a las cédulas de liquidación, correspondía al instituto demandado acreditar el extremo requerido, exhibiendo los avisos afiliatorios al ser quien tenía los elementos para acreditar los extremos asentados en tales cédulas; sin embargo, al contestar la demanda la autoridad omitió aportar tales documentos (fojas 86 a 106). Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, se establece que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, salvo que el afectado niegue lisa y llanamente los hechos que los motiven, pues entonces corresponderá a la autoridad probarlos. Tal dispositivo legal es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 68.’ (se transcribe). El contenido del precepto legal transcrito lleva a confirmar el sentido de la sentencia recurrida, pues ante la negativa lisa y llana de la parte actora, la Sala correctamente concluyó que correspondía a la autoridad demandada acreditar la relación laboral con los avisos de afiliación. En apoyo a lo anterior, se invoca en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 157/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de noviembre de dos mil cuatro, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDE AL PATRÓN DESVIRTUAR LOS AVISOS DE AFILIACIÓN EXHIBIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUANDO AQUÉL NIEGUE LISA Y LLANAMENTE LA RELACIÓN LABORAL.’ (se transcribe). No obsta a lo anterior, lo aducido por la inconforme en el sentido de que en el expediente aparece agregado el informe de la Subdelegación 8 San Ángel, en la cual se anexan las documentales denominadas ‘cuentas individuales’ de todos y cada uno de los trabajadores que se relacionan en los créditos combatidos, las cuales contienen los movimientos de alta, reingreso, inclusive de modificación de salario de dichos trabajadores, y que con dichos documentos también se acredita la relación laboral. Lo anterior, en razón de que la autoridad demandada no exhibió los originales de las impresiones de consultas de cuentas individuales de trabajadores de la parte actora, sin que pueda constituir una presunción humana en términos del artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, como erróneamente lo sostiene la inconforme, que el patrón no haya demostrado que la información contenida en dichos documentos no fue generada por ella; toda vez que la autoridad al contestar la demanda únicamente exhibió copia certificada de las propias cédulas impugnadas (folios 107 a 169), las cuales ya habían sido aportadas por la accionante al momento de la presentación de la demanda de nulidad, de ahí que resultara innecesario ampliar dicha demanda para acreditar aquella situación, por lo que las referidas cuentas no tenían por qué ser valoradas en términos de los artículos 230 y 237 del citado código tributario federal. Por último, resulta inoperante el aspecto relativo a que en la liquidación de cuotas obrero patronales se le dieron a conocer a la parte actora las razones especiales, causas inmediatas y motivos particulares que generaron su cobro, así como los preceptos de derecho que apoyan la actividad del Instituto Mexicano del Seguro Social; toda vez que la Sala estimó que las cédulas de liquidación impugnadas se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, porque la autoridad demandada omitió acreditar la relación laboral, no obstante que se encontraba obligada a ello, cuestión que como quedó precisado en párrafos precedentes, no desvirtuó la recurrente. En las relatadas condiciones al resultar infundados e inoperantes los agravios hechos valer, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de revisión."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió los amparos en revisión 340/2006, 406/2006, 183/2006, 454/2006 y 464/2006, resultando únicamente necesario transcribir las consideraciones torales del primero de ellos, por coincidir, en esencia, con las de los otros asuntos.

"SÉPTIMO. Son infundados en parte e inoperantes en otra, los conceptos de violación hechos valer. Alega la impetrante en el primer concepto de violación, que al confirmarse la validez de las resoluciones impugnadas, se aplican en forma inexacta los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación y 3o., 4o., 5o. y demás relativos del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en los que, dice, están fundados y motivados los documentos exhibidos por la demandada y de aquellos que dice tener en su poder, destacándose los movimientos de inscripción, modificación de salario y baja, los cuales no fueron aportados al juicio. Que en el juicio de nulidad se tuvo por acreditada la relación laboral, atento a las consultas de cuenta individual, las que, señala, no tienen relación con el periodo impugnado ni contienen elementos que permitan concluir que fueron presentadas por la impetrante, por lo que no pueden tener valor probatorio, pues el segundo párrafo del artículo 210-A del Código Fiscal de la Federación, es preciso para valorar la fuerza probatoria de la información, que se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada o archivada y si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, lo que, dice, en el caso no ocurre, ya que de las consultas de cuenta individual, no se puede derivar el hecho de que hayan sido presentadas por su representante legal o persona con facultades para ello. Es inoperante en parte e infundado en otra, lo así alegado. Lo inoperante de la parte del concepto de violación que se analiza, deriva del hecho de que la responsable, al emitir la sentencia reclamada, señaló expresamente que la información certificada exhibida por las autoridades demandadas, se vincula a cada uno de los trabajadores con el registro patronal de la empresa demandante, que se exhibió documentación que acredita la relación laboral entre la empresa demandante y los trabajadores listados en el acto combatido y al periodo señalado, por lo que si la promovente se limita a impugnar el valor probatorio de las documentales exhibidas, tal manifestación resulta inoperante, pues, se insiste, la responsable expresamente reconoció que las certificaciones expedidas por el instituto demandado y que sustentaron la emisión del acto impugnado, sí se vinculaban con la empresa y con los trabajadores detallados en las cédulas ante ella combatidas. Por otra parte, resulta infundada la afirmación de la impetrante, respecto de la inexacta aplicación de los artículos 3o., 4o. y 5o. del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, los que son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). De los preceptos legales en cita se tiene, en la parte que interesa, que: a) El registro de patrones, inscripción de trabajadores, el pago de los créditos fiscales a cargo de patrones, trabajadores y demás sujetos obligados, así como la comunicación de sus modificaciones salariales y bajas, se harán en los formatos impresos autorizados que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, por el instituto, salvo que se cumpla a través de alguno de los señalados en el artículo 5, del mismo ordenamiento. b) Que la información presentada en formatos impresos se podrá conservar por el instituto en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, en relación con el registro de patrones y demás sujetos obligados; inscripción, modificación de salario y baja de trabajadores y demás sujetos de aseguramiento. c) Que el instituto podrá expedir certificaciones de la información así conservada, en términos de las disposiciones legales aplicables. d) Que los patrones y demás sujetos obligados que en los términos del artículo 15 de la ley, realicen los trámites correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, deberán utilizar el número patronal de identificación electrónica, como llave pública de sistemas criptográficos. e) Que la información en la que se utilice el número patronal de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, así como las certificaciones que de ésta expida el instituto, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. La interpretación armónica y sistemática de lo anterior, permite concluir que se trata de dos formas de aportar información ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una a través de formatos impresos, y otra por medio de la utilización de medios electrónicos. Respecto de los formatos impresos, se faculta al instituto para conservar dicha información, en medios electrónicos y expedir certificaciones de la información ahí conservada; en cuanto a la información presentada por medios electrónicos, también se autoriza a que la misma se conserve en medios similares y a expedir certificaciones de esa información (artículos 4o. y 5o., primer párrafo). Asimismo, en los artículos 4o. y 5o., se faculta al instituto a emitir certificaciones de la información conservada por él, la cual tiene valor probatorio, la primera en términos de la legislación aplicable y la segunda, según se prevé en el propio artículo 5o., que la equipara a la presentada en formatos con firma autógrafa. En tal sentido, las certificaciones presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 45-49), son susceptibles de merecer valor probatorio, pues son expedidas en términos de la facultad que para tal efecto se le da al instituto demandado, en el citado Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, y en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, se presumen legales, siendo, como sostuvo la responsable, obligación procesal de la contribuyente combatir el contenido de tales documentales, pues al haber sido expedidas dichas certificaciones en ejercicio de la facultad legal para ello, se desvirtuó la negativa lisa y llana expresada por la peticionaria, respecto de la relación laboral con los trabajadores listados en las cédulas de liquidación de cuotas, por lo que tampoco se inobservó lo precisado en el artículo 210-A del Código Fiscal de la Federación. En tal sentido resulta inoperante la manifestación de la impetrante, en el sentido de que niega lisa y llanamente la revisión de pagos realizada, así como los pagos a que se hace referencia en la sentencia impugnada, y que éstos hayan sido formulados por ella, así como los registros contables, documentos y demás elementos que tomó en consideración la autoridad para emitir las cédulas de liquidación. Lo anterior obedece a que al merecer valor probatorio el contenido de las consultas de cuenta individual aportadas por el demandado al juicio, resulta insuficiente la negativa lisa y llana de la quejosa respecto del contenido de la información en ellas contenida, asimismo, en la sentencia impugnada, la responsable se ocupó del argumento de queja que ahora se expone y lo desestimó por infundado, señalando que en el cuerpo de la resolución impugnada, se precisó el salario base de cotización de los trabajadores y que éste se había obtenido de la información que el propio patrón le proporcionó, documentos entre los cuales fueron tomados en consideración los avisos de inscripción, modificación de salario y baja de los trabajadores, así como los preceptos legales que contemplan el régimen financiero de los seguros de invalidez y vida, riesgos de trabajo, guarderías y prestaciones sociales, señalando que con base en tales preceptos se determinaban las cuotas omitidas por el patrón y que, además del contenido de las cédulas se advertía el pago enterado por la patronal respecto de las cuotas por ella determinadas, las determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus diferencias. En tal sentido, si respecto de la negativa lisa y llana de conocer los elementos que se tomaron en cuenta para la emisión de las cédulas de liquidación, la responsable se ocupó y realizó pronunciamiento expreso al respecto, lo manifestado en el presente concepto de violación deviene inoperante, pues se insiste en negar lisa y llanamente el conocimiento de lo asentado en las cédulas impugnadas, sin combatir eficazmente lo resuelto sobre el punto, por parte de la responsable. Dice la peticionaria, que el documento idóneo para acreditar la existencia de la relación laboral, son los avisos de afiliación y que, si de lo asentado en las cédulas de liquidación de la demandada, se advierte que ésta tuvo a la vista los movimientos afiliatorios de cada una de las personas consignadas en tales resoluciones, señala, no existe razón alguna para no haberlas exhibido, pues es precisamente a través de dichos documentos, que la demandada está obligada a acreditar la relación laboral entre la impetrante y las personas contenidas en la liquidación impugnada y no, dice, a través de las consultas de cuenta individual, cuyos datos, no fue demostrado en juicio que hubieran sido enviados por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20530-d032f2fe/estados-de-cuenta-individuales-de-los-trabajadores-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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