IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA EL DECRETO DE REFORMA EN MATERIA DE INIMPUGNABILIDAD DE LAS ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL POR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, POR LO QUE NO PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 152/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIA: TERESA DE JESÚS SERRANO JIMÉNEZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al once de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veintitrés de junio de dos mil veinticinco, en este pleno regional, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 10/2025 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al fallar el recurso de queja 83/2025.
2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se radicó el asunto con el número de expediente 152/2025, con el tema: Determinar si se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 61 de la ley de amparo cuando se reclama el decreto de reforma al artículo 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación el 31 de octubre de 2024, por violaciones al procedimiento legislativo, se turnó el asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; además, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda.
3. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:
• No obra en el expediente electrónico el informe del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
• Mediante oficio 1414/2025 de uno de octubre de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito señaló que su criterio se encuentra vigente.
• En oficio DGCCST/X/574/10/2025 de diez de octubre de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que no hay contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el tema en disputa.
4. Confirmación de turno. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se listó este asunto.
II. Competencia
6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Décimo Sexto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
III. Legitimación
7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, Guanajuato.
IV. Criterios denunciados
8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 10/2025 en sesión de veintidós de mayo de dos mil veinticinco.
9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 83/2025 en sesión de doce de junio de dos mil veinticinco.
10. No sobra decir que si bien el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito omitió rendir el informe sobre la vigencia de su criterio, lo cierto es que de las constancias que obran en el expediente de esta contradicción no se advierten elementos para estimar que ha sido abandonado o superado.
V. Existencia de la contradicción
11. Por cuestión de orden, es necesario establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
12. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
13. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución”.
14. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:
15. Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
16. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
17. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.
18. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.”
19. Con base en las anteriores precisiones, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, procede a verificar la actualización de los requisitos anunciados.
20. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este elemento se satisface, porque los tribunales colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se aprecia del apartado en que se relataron los antecedentes de los criterios denunciados.
21. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional estima que en los ejercicios interpretativos realizados en los criterios denunciados sí existe un punto de toque, porque los tribunales contendientes abordaron la misma problemática, esto es, si es manifiesto e indudable el desechamiento del amparo en contra del procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal.
22. Para mayor claridad sobre la materia de los asuntos, las leyes analizadas en cada caso, así como las posturas de los tribunales colegiados, se sintetizan en el siguiente recuadro:
Ver recuadro
23. A partir de esta relatoría, puede aseverarse que respecto del contenido material del “DECRETO, por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro; ambos Tribunales Colegiados coincidieron en que no procede el amparo indirecto contra las adiciones o reformas a la constitución.
24. No obstante, para declarar infundado el recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de la demanda, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja administrativa 10/2025, determinó que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional, en términos de lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 82/2001.
25. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja administrativa 83/2025, asumió que no es manifiesta e indudable la causa de improcedencia aplicada en el acuerdo recurrido para desechar de plano la demanda, sino que sigue latente la posibilidad de que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra adiciones y/o reformas a la Constitución Federal por vicios en el procedimiento legislativo, toda vez que el Alto Tribunal de la Nación no se ha pronunciado de manera expresa sobre la procedencia del juicio de amparo contra adiciones y/o reformas a la Constitución Federal por vicios en el procedimiento legislativo. Aunado a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dejó latente la posibilidad de examinar la procedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Federal cuando se argumente la inconvencionalidad del numeral que prevé la causa de improcedencia.
26. En ese orden de ideas, se evidencia la existencia de la contradicción de criterios denunciada, en cuanto a si es indudable y manifiesta la improcedencia del amparo indirecto contra el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja administrativa 10/2025, determinó declarar infundada la queja en contra del desechamiento de la demanda, toda vez que el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional, en términos de lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 39/2002; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja administrativa 83/2025, asumió que no es manifiesta e indudable la causa de improcedencia aplicada en el acuerdo recurrido para desechar de plano la demanda, sino que sigue latente la posibilidad de que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra adiciones y/o reformas a la Constitución Federal por vicios en el procedimiento legislativo, toda vez que el Alto Tribunal de la Nación no se ha pronunciado de manera expresa sobre la procedencia del juicio de amparo en lo conducente. Aunado a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también dejó latente la posibilidad de examinar la procedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Federal cuando se argumente la inconvencionalidad del numeral que prevé la causa de improcedencia.
27. Tercer requisito: formulación de una pregunta genuina respecto de la cuestión jurídica. Este último requisito se actualiza, ya que a partir del punto de toque y diferendos interpretativos entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes, se desprende la siguiente cuestión: ¿Se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclama el decreto de reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, por violaciones al procedimiento legislativo?. Lo que encuentra apoyo en la tesis [A.]: 2a. V/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 28, marzo de 2016, tomo II, p. 1292. Reg. digital 2011246. “CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO”.
28. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 10/2025 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al fallar el recurso de queja 83/2025.
V. Estudio
29. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo,(6) el órgano jurisdiccional que conoce de un juicio de amparo debe examinar la demanda y desecharla de plano en el auto inicial si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
30. El Alto Tribunal ha señalado que una causa manifiesta e indudable de improcedencia es aquella que no requiere mayor demostración, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y que las causas de improcedencia, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo, deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones; además, si el desechamiento de una demanda se realiza con base en una causal manifiesta e indudable, debe operar un estándar probatorio más estricto como se desprende de la tesis 2a. LXXI/2002(7) de rubro y texto siguientes:
DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.
31. La causal de improcedencia manifiesta e indudable supone que no es necesario recibir los informes justificados que rindan las autoridades responsables, las pruebas que puedan aportarse en el juicio o los alegatos de las partes porque cualesquiera que fueran, no podría desvirtuarse aquella.
32. En este sentido, para desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se deben reunir dos requisitos: que de la demanda y sus anexos se desprendan elementos para estimar operante una causal de improcedencia y sobreseimiento y que no haya posibilidad de que esa apreciación pueda ser desvirtuada con la información que pueda aportarse al proceso.
33. Así se desprende de la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 32/2005(8) de rubro siguiente: “AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA”, en la cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró lo siguiente:
(...) la recta interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo, es que los términos de la propia demanda, demuestren un motivo notorio de improcedencia, o como dice el propio artículo, motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como por ejemplo, el caso de extemporaneidad de la demanda si la promoción del juicio de garantías se realiza después del término fijado por la ley, cuando en la propia demanda se expresa por el agraviado la fecha en que se le notificó la resolución o acuerdo que reclama o aquella desde la que haya tenido conocimiento de los hechos que estima violatorios de garantías o de su ejecución, o que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; o de manera más contundente, cuando se reclamen actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los acuerdos administrativos o resoluciones jurisdiccionales; o las sentencias dictadas en los juicios de amparo, o alguna otra en que no quepa duda alguna de que existe la improcedencia, pues de lo contrario, la demanda debe ser admitida.
Y es que no toda causa de improcedencia por el solo hecho de estar prevista en el artículo 73 de la Ley de Amparo puede justificar que al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito, la deseche de plano con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, como es el caso de la prevista en la fracción VI de aquel numeral, esto es, la falta de interés jurídico, pues no es en todos los casos un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías, en tanto que puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo y hasta la audiencia constitucional, mediante las pruebas que al efecto se aporten. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad; consecuentemente, ante esta hipótesis debe admitirse la demanda de garantías, porque el motivo aparente que en principio se advirtiera aún no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional.
Así las cosas, es importante destacar que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe ser desechada la demanda, sino que atendiendo a que por regla general debe estimarse procedente el juicio de garantías, se debe admitir, pues de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que estima le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada, sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.
(...)
Por otra parte, cabe precisar que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto, no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser propio en ese momento, ya que en ese estado procesal tan solo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano el desechamiento. (...)
34. Tratándose de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo,(9) referente a que no procederá el juicio de amparo, contra adiciones o reformas a la constitución es relevante considerar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2022 (11a.),(10) de rubro y texto siguiente:
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTAEN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS –RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera discrepante respecto a si cuando se impugna en amparo indirecto el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, se actualiza o no de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo.
Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve que cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –respecto a su contenido material–, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial.
Justificación: En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce de un juicio debe examinar la demanda y desecharla de plano en el auto inicial si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiendo por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de un hecho por ser seguro y evidente. Ahora, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –respecto a su contenido material–, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 135 constitucional, el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión –y en las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México–, con el carácter de órgano límite, la potestad (función) soberana de adicionar o reformar la Constitución General siendo, precisamente, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33977-bdeefbb2/improcedencia-del-amparo-indirecto-no-se-actualiza-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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