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PRUEBA PERICIAL EN GRAFOQUÍMICA (DATACIÓN DE TINTAS). ES INADMISIBLE LA CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO SOBRE TÍTULOS DE CRÉDITO PARA DETERMINAR SU ANTIGÜEDAD. DATACIÓN DE TINTAS EN DOCUMENTOS CUESTIONADOS. LAS TÉCNICAS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES Y DE LÍQUIDOS SON LAS METODOLOGÍAS CIENTÍFICAMENTE VALIDADAS PARA SU DETERMINACIÓN. ESTÁNDAR DE PRUEBA EN JUICIOS MERCANTILES. SE RIGE POR LA PROBABILIDAD PREPONDERANTE Y EL PRINCIPIO DISPOSITIVO. PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA EN DOCUMENTOS ESCRITOS. ESTÁNDARES QUE DEBE OBSERVAR LA PERSONA JUZGADORA PARA SU ADMISIÓN EN JUICIOS MERCANTILES. PRUEBA PERICIAL EN GRAFOQUÍMICA. SU DEFINICIÓN, OBJETO Y DISTINCIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS FORENSES PARA EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 145/2025. · Registro digital (IUS): 33947
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.361.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 145/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintidós de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido vía interconexión el ocho de septiembre de dos mil veinticinco, el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, remitió la ejecutoria de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, dictada en el juicio de amparo directo civil 210/2024, en la que los Magistrados integrantes de dicho órgano colegiado denunciaron la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por dicho tribunal colegiado en el amparo directo precisado y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al decidir el amparo directo civil 205/2024.

2. Radicación en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de once de septiembre de dos mil veinticinco, se ordenó registrar con el número de expediente 145/2025 la denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Trigésimo Circuito, con el tema determinar si la negativa para realizar pruebas químicas a un pagaré a fin de conocer la antigüedad de la tinta y con ello, en su caso, demostrar la alteración del documento produce una violación al derecho de defensa, atendiendo la necesidad de salvaguardar el principio de literalidad que rige el título de crédito y se requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.

3. Informes de los tribunales colegiados.

• Mediante oficio 7058/2025 de doce de septiembre de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 8883/2025 de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio DGCCST/X/558/09/2025 de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con los temas en disputa.

4. Nueva integración del pleno regional. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Petriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza integran este pleno regional; (1) además, en dicho proveído, se returnó este asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.

5. Confirmación de turno. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

6. Amicus curiae. Por oficio recibido en este pleno regional el veintiuno de enero de dos mil veintiséis, acordado el veintidós de enero siguiente, ***** ********* ******* ********* ***** ** ** ***** ** ******** *** ********* *********** ** ******** ********* ******** ******* ** ** *********** ************ ****** *********** * ** ** *********** ******* ****** *** ************** ************* *** ** *********** ** ********* ** *****, formuló manifestaciones en esa calidad y expresó diversas consideraciones en cuanto al tema en disputa.

II. Competencia

7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(6) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Trigésimo Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia civil.

III. Legitimación

8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, pues la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

IV. Criterios denunciados

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 210/2024, en sesión de veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

10. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 205/2024, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.

V. Existencia de la contradicción de criterios

11. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. En el caso, debe tenerse por existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo directo civil 210/2024 y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al decidir el amparo directo civil 205/2024, para lo cual se expondrán los hechos relativos al tema en donde se estima la existencia de la contradicción en estudio.

13. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos.

Una persona física, demandó en la vía ejecutiva mercantil, el pago de diversas prestaciones a una persona moral y sustentó su pretensión al indicar que la demandada suscribió un pagaré en el que se comprometió a cubrir incondicionalmente la cantidad reclamada.

La persona moral al contestar la demanda ofreció la prueba pericial en grafoquímica consistente en aplicar ácido clorhídrico a la firma para probar su excepción de que el pagaré fue signado en fecha posterior a la plasmada en dicho documento.

Tribunal ordinario.

Negó la admisión de la prueba pericial en grafoquímica y confirmó su negativa al resolver el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada.

Dictó sentencia en la que determinó procedente la vía ejecutiva mercantil; asimismo, que el actor probó los hechos constitutivos de su acción y la parte demandada no justificó sus excepciones; por lo que condenó a ésta última a pagar la cantidad señalada como suerte principal, y se le absolvió del pago de gastos y costas; de igual forma, se ordenó el remate de lo embargado y con su producto el pago a la parte actora, en caso de que no se hiciere dentro del término de ley.

Inconforme con la determinación, la parte demandada promovió juicio de amparo directo.

14. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito (parte considerativa en la que se estima estriba la contradicción de criterios).

Octavo. El examen de los conceptos de violación se realizará desde el enfoque del estricto derecho, toda vez que se trata de un asunto en materia mercantil en el que rige con mayor rigor ese principio y no es el caso en que se actualice alguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la queja deficiente.

La quejosa se duele en el primer motivo de disidencia de violaciones procesales, las que son de estudio preferente ante la eventualidad que de resultar fundada alguna de ellas, eso sería suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada para ordenar la insubsistencia de la sentencia reclamada y ordenar la reposición del procedimiento.

La quejosa sostiene como irregularidades procesales las siguientes:

(i) La falta de autorización para que el perito en materia de grafoscopía y documentoscopía aplicara productos químicos al pagaré base de la acción.

(ii) La inadmisión de la prueba documental consistente en los comprobantes fiscales que debía rendir el actor; y,

(iii) La inadmisión de las pruebas supervinientes siguientes: a) documental, consistente en el dictamen pericial rendido por el ingeniero (...) en el expediente 264/2021 del índice de ese juzgado; y, b) inspección judicial, que debería realizar personal facultando de ese juzgado sobre las constancias del citado expediente.

(...)

Ahora bien, de las constancias procesales del expediente de origen, se obtiene que la parte quejosa preparó para esta instancia constitucional el reclamo de las violaciones procesales de cuenta, puesto que en contra de las determinaciones que estima dieron lugar a las violaciones procesales que combate, interpuso el medio ordinario de defensa previsto por el Código de Comercio que rige el procedimiento mercantil de origen relativo al recurso de revocación.

Para sustentar lo dicho, es necesario narrar algunos antecedentes del juicio natural que son los siguientes:

Al contestar la demanda, la parte demandada (aquí quejosa), entre otros medios de convicción, ofreció:

a. La prueba pericial en documentoscopía y grafoscopía, con la finalidad de que se estableciera la temporalidad del llenado del documento base de la acción, para lo cual solicitó que se autorizara la aplicación de productos químicos sobre una zona de tres por tres milímetros de ese título de crédito, indicando que esa prueba —según dijo— no destruye el documento, sino que solo deja pequeñas y tenues manchas que siguen permitiendo su lectura; y,

b. La prueba documental, consistente en los comprobantes fiscales que debía rendir el actor para justificar la suscripción del pagaré.

Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el actor (hoy tercero interesado) dio contestación a la vista que se le dio con el ofrecimiento que hizo su contraparte de la citada prueba pericial, manifestando su oposición a la admisión de ese elemento de convicción —entre otras razones—, dada la pretensión de utilizar productos químicos que pudieran ocasionar un daño a su documento. Oposición que el accionante sustentó en el criterio de rubro: “PRUEBA PERICIAL GRAFOQUÍMICA BAJO EL SISTEMA DE “MUTILACIÓN O CONFITEO” EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. SU DESAHOGO AFECTA UN DERECHO SUSTANTIVO POR CAUSARSE UN DAÑO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO”.

Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, la entonces jueza interina responsable se pronunció sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y entre otras cuestiones resolvió:

a. Admitir la citada prueba pericial por considerar que era pertinente para esclarecer los hechos controvertidos, ya que con ella la demandada pretendía probar que el documento basal fue prefabricado y simulado, estableciendo la temporalidad en que se llenó; sin embargo, no autorizó la aplicación de productos químicos en el pagaré, indicando que los peritos se encontraban en posibilidad de hacer uso de otros métodos y técnicas que no conllevaran la alteración del documento, dada su obligación de resguardar y mantener íntegro el título de crédito —en las mismas condiciones que fue presentado para su cobro—, al ser un documento al que el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito le atribuye las características de literalidad e incorporación, máxime que de requerirse la intervención de un perito tercero en discordia, ya no estaría en igualdad de condiciones que los expertos nombrados por las partes para analizar el contenido íntegro del citado documento.

b. Inadmitir la prueba documental consistente en los comprobantes fiscales que debía exhibir la parte actora, porque la demandada no acreditó su existencia, más aún porque el accionante indicó que los extendería cuando se le cubriera el pago exigido en juicio; aunado a que la citada juzgadora estimó impertinente dicha probanza para demostrar si la demandada se obligó o no al pago del monto consignado en el título de crédito base de la acción, y menos para acreditar su supuesta simulación, que es en lo que basó sus excepciones.

Inconforme con esta determinación —que no permitió la aplicación de productos químicos en el documento base de la acción y la inadmisión de comprobantes fiscales—, la demandada interpuso recurso de revocación mediante ocurso presentado el siete de diciembre de dos mil veintidós —resuelto como infundado mediante resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés—.

Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, la parte demandada ofreció las pruebas supervenientes siguientes: i) documental, consistente en el dictamen pericial rendido por el ingeniero (...) en el expediente 264/2021 del índice del juzgado responsable; e ii) inspección judicial, consistente en la que debería realizar personal facultando sobre las constancias del citado expediente.

Por auto de trece de diciembre de dos mil veintitrés, el entonces juez interino responsable inadmitió las probanzas referidas en el párrafo que antecede; indicó que no admitía la documental por no tener relación con los hechos, ya que se refiere a un pagaré distinto al sometido a controversia, y la diversa de inspección no la admitió dado que las pruebas supervenientes solo atañen a documentos.

La demandada interpuso recurso de revocación en contra de esa determinación mediante promoción de ocho de enero de dos mil veinticuatro, el que fue desestimado en resolución de doce de febrero de la citada anualidad.

Pues bien, lo anterior pone en evidencia que mediante escritos presentados el siete de diciembre de dos mil veintidós y ocho de enero de dos mil veinticuatro, la parte demandada —aquí quejosa— interpuso recurso de revocación en contra de los autos de treinta de noviembre de dos mil veintidós y trece de diciembre de dos mil veintitrés, respectivamente, a través de los cuales la persona juzgadora de origen determinó que no era procedente autorizar la aplicación de productos químicos para la emisión de la prueba pericial con relación al documento base de la acción ni admitir la documental consistente en los comprobantes fiscales que tenía que exhibir el accionante y, además, resolvió inadmitir las pruebas ofrecidas como supervenientes.

En ese orden de cosas, la parte demandada —aquí quejosa— sí cumplió con preparar las resoluciones que aduce como violaciones procesales en esta instancia constitucional, puesto que interpuso el medio de defensa ordinario establecido por la codificación de la materia —revocación—, para combatir los autos que dieron origen a las determinaciones que estima violan las leyes del procedimiento, y en sus motivos de disidencia explica la manera en que dichas determinaciones trascienden al resultado del fallo en la medida en que —dice— no pudo demostrar la procedencia de sus excepciones, ya que se determinó que no demostró que el pagaré se suscribió con posterioridad a su fecha nominal de elaboración; que se le dejó en estado de indefensión y se obstaculizó su derecho de defensa, porque se impidió que la autoridad responsable contara con los elementos necesarios para arribar a una conclusión al momento de dictar sentencia; así como que se afectó el debido proceso y acceso a la justicia.

Máxime que especifica en su disidencia que por lo que ve a la pericial, esta era la prueba idónea para acreditar que el pagaré se firmó después de que quien lo firmó había sido destituido de su encargo, y que de haberse admitido la citada probanza en sus términos, se habría acreditado la simulación por venganza que imputó al accionante y la inexistencia de algún negocio causal en el que válidamente pudiese sostenerse el derecho de cobro del demandante.

Preparadas las violaciones procesales descritas, procede ahora pronunciarse sobre el desenlace de estas en función de los motivos de inconformidad expresados por la quejosa, en los que argumenta:

- Que la sentencia reclamada viola sus derechos humanos, puesto que a través de una violación procesal debidamente impugnada se le dejó en estado de indefensión, ya que no le fue permitido desahogar conforme a derecho la prueba pericial que ofertó.

- Argumenta que en el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el juzgado de la causa se rehusó a permitir la aplicación de productos químicos para la emisión del dictamen, porque consideró que implicaba la mutilación o destrucción del pagaré; determinación en contra de la que interpuso revocación, que se desestimó el catorce de febrero de dos mil veintitrés.

- Refiere que fue contrario a derecho lo determinado en el juicio, ya que la aplicación de productos químicos no mutila ni destruye el pagaré ni afecta papeles propiedad de su contraparte que impidan esa práctica, sino que tiene como única finalidad establecer la edad de la tinta con la que se suscribió, y que con ello se demostraría que fue después de la fecha nominal de su elaboración —uno de octubre de dos mil veinte— y al diez de diciembre de dos mil veinte —data en que (...) y el accionante ya habían sido destituidos de la empresa demandada—. - Aduce que el juzgador responsable reconoció en la sentencia reclamada que para determinar la época de las tintas era necesario aplicar ácido clorhídrico, ya que indicó: “para determinar la época de las tintas es necesario aplicar en el documento el ácido clorhídrico, tomando en cuenta cómo reacciona la tinta estampada en el documento, con base en su solubilidad y firmeza, siendo que de las actuaciones se advierte que jamás realizó la aplicación de dicho ácido al documento base de la acción”.

- Considera que impedir la aplicación de productos químicos al pagaré es ilegal y transgrede su derecho a demostrar su dicho en juicio, por las razones siguientes:

• La tesis de rubro: “PRUEBA PERICIAL GRAFOQUÍMICA BAJO EL SISTEMA DE “MUTILACIÓN O CONFITEO” EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. SU DESAHOGO AFECTA UN DERECHO SUSTANTIVO POR CAUSARSE UN DAÑO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO”, que es un criterio aislado y de un circuito ajeno, es inaplicable porque la aplicación de ácido clorhídrico no conlleva la mutilación o destrucción del título de crédito, ya que no se realiza a partir de pequeñas perforaciones del papel, tinta o firma plasmadas.

• El pagaré no pertenece al actor sino a la demandada y es a quien compete otorgar consentimiento para la aplicación de sustancias químicas, porque al final es quien lo conserva, ya que en términos del artículo 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debe restituirse una vez pagado.

• Agrega que el citado criterio no establece que en todos los casos la petición es improcedente, sino que indica que requiere del consentimiento del propietario del documento, y que en el caso no hubo oposición de su contraparte, sino que el juzgado responsable la dio por sentada.

• Señala que dicha tesis aislada no invalida la aplicabilidad del precedente de rubro: “PRUEBA PERICIAL. LA OFRECIDA EN GRAFOSCOPÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA SÍ RESULTA EFICAZ PARA DEMOSTRAR NO SÓLO LA ANTIGÜEDAD DE LAS TINTAS CON LAS QUE SE LLENÓ, SINO TAMBIÉN, SI ALGUNOS DE LOS DATOS DE ESTE SE REDACTARON EN MOMENTO O FECHAS DIFERENTES”.

- Añade que la violación procesal trascendió de forma que no se tuvieron por probadas sus excepciones, pues se indicó que no se demostró que el pagaré se suscribió después de su fecha nominal y que quien lo firmó fue destituido; es decir, que le impidió acreditar la procedencia de una excepción que demostraría la simulación por venganza imputada al accionante y la inexistencia de un negocio causal que válidamente sostuviera su derecho de cobro.

- Refiere que la determinación es contraria a lo que disponen los artículos 1194 y 1205 del Código de Comercio, así como los numerales 79, 80, 89 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que le impidió entablar una debida defensa, ya que el reo tiene obligación de acreditar sus excepciones, en tanto que la autoridad debe proveer lo necesario para la preparación de las pruebas admitidas para allegarse de todos los medios que le produzcan convicción, así como que los terceros deben prestar auxilio a las autoridades para llegar a la verdad de los hechos.

- Aduce que si el perito que es el experto en la materia, refiere que requiere la aplicación de químicos, no existe fundamento para negar su autorización, dado que la autoridad debe proveer lo necesario para preparar las pruebas admitidas, máxime que la pericial tiene lugar en cuestiones de un negocio relacionadas con alguna ciencia, técnica o arte.

- Considera que debió permitirse la aplicación de químicos y que ello no significa que la autoridad deje de salvaguardar el pagaré, porque su aplicación no sería en la totalidad de documento y, por ende, no sufriría un detrimento grave, además de que ello sería con supervisión del juzgador y en una diligencia especial; empero, que el juzgado aun sin contar con conocimiento en la materia, negó la petición que hizo con la intención de arribar a la verdad de los hechos y acreditar sus excepciones.

- Agrega que en nada afecta la aplicación de productos químicos, pues además de que no destruye el título de crédito, lo cierto es que con ello podría obtenerse una sentencia firme, que de ser favorable al actor la haría ejecutable y evitaría la circulación del documento, o que de acreditar su excepción provocaría que el pagaré dejara de tener valor legal, evitando su cobro.

- Insiste en que la aducida violación procesal vulnera sus derechos, ya que ese era el único medio de defensa existente para acreditar su excepción, razón por la cual estima que es procedente la reposición del procedimiento.

- Señala como una segunda violación procesal, la inadmisión de los comprobantes fiscales que debía rendir el actor, emitidos para justificar el prefabricado del documento basal.

- Enseguida refiere que esa determinación es contraria a lo que disponen los artículos 1194 y 1205 del Código de Comercio, dado que la autoridad responsable pasó por alto que la parte demandada negó la existencia de algún nexo que derivara en la emisión del pagaré, así como que si el anterior miembro del consejo de administración en contubernio con su hermano manifestó que dicho documento derivó de una supuesta renta adeudada, entonces debió requerirle al actor la exhibición de todos los documentos fiscales que demostraran dicho nexo, apercibido que de no hacerlo, se tendría por acreditada la defensa hecha valer; es decir, que no existe relación causal, sino que el documento basal fue prefabricado.

(...)

- Arguye que esa determinación es contraria al contenido de los artículos 1203 y 1054 del Código de Comercio, así como 92 y 91 del Código de Procedimientos Civiles, pues estima que el dictamen debió admitirse, al menos, con el carácter de prueba documental, ya que sí tiene relación directa con la litis planteada, toda vez que su pretensión era demostrar que la fecha del pagaré del asunto que nos ocupa no es la que corresponde a su fecha de elaboración y firma, puesto que se elaboró con la misma tinta que el diverso que se exhibió en el juicio 264/2021 de data uno de agosto de dos mil diecisiete, de ahí que, si ambos se llenaron con la misma tinta, su elaboración fue en la misma fecha.

- Añade que la autoridad responsable inadmite las pruebas sin sujetarse a lo que dispone el artículo 1401 del Código de Comercio que indica que la admisión de pruebas solo está condicionada a que tengan relación con los hechos, tal como acontece, por lo que estima que dicha autoridad prejuzgó sobre el alcance probatorio del medio de convicción, aun cuando ello es materia de la sentencia, de ahí que su determinación violó sus derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia.

Tales argumentos se estiman parcialmente fundados en cuanto a los vicios en el procedimiento que delatan y suficientes para otorgar la protección constitucional que se solicita.

Es infundado en principio que la persona juzgadora responsable haya reconocido en la sentencia reclamada, que para determinar la época de las tintas es necesario aplicar ácido clorhídrico, bajo el argumento literal siguiente: “para determinar la época de las tintas es necesario aplicar en el documento el ácido clorhídrico, tomando en cuenta cómo reacciona la tinta estampada en el documento, con base en su solubilidad y firmeza, siendo que de las actuaciones se advierte que jamás realizó la aplicación de dicho ácido al documento base de la acción”, en los términos en que lo deduce la solicitante de amparo.

Lo anterior es así, puesto que la transcripción anterior no corresponde a una consideración realizada por parte del juzgado responsable, como pretende hacerlo ver la parte quejosa, sino que a través de ese argumento destacó una afirmación hecha por el perito designado por la demandada, para desestimar una de las conclusiones que plasmó en su dictamen, como se advierte de la porción del fallo reclamado siguiente:

“(...)

Luego, para establecer sus conclusiones realizó un estudio comparativo del documento base contra un cromatograma de ensayo, lo que lo hizo concluir que el trazo que obra en el documento base de la acción es reciente con una edad de dos años, lo cual resulta incongruente, porque es el propio perito quien refiere que para determinar la época de las tintas es necesario aplicar en el documento el ácido clorhídrico, tomando en cuenta cómo reacciona la tinta estampada en el documento, con base en su solubilidad y firmeza, siendo que de las actuaciones se advierte que jamás realizó la aplicación de dicho ácido al documento base de la acción, porque tal acto conlleva una destrucción a la integridad del documento base.

(...)”.

(página 1273 vuelta y 1274 del tomo III del expediente de origen).

Lo anterior permite colegir que el juzgador responsable no afirmó que para determinar la época de las tintas es necesaria la aplicación de ácido clorhídrico en el documento base de la acción, sino que desestimó la porción del dictamen en la que el perito de la parte demandada concluyó que el estudio comparativo a través de un cromatograma de ensayo arrojó que el trazo del pagaré es reciente —edad de dos años—, indicando la autoridad responsable que esta conclusión le parecía incongruente tomando en cuenta que el propio experto señaló que para determinar la época de las tintas era necesario emplear ácido clorhídrico y, que en el caso, no había llevado a cabo esta técnica.

También es infundado que el actor en el juicio no se haya opuesto a la aplicación de ácido clorhídrico en el documento base de la acción para la elaboración del dictamen pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, pues adverso a lo que aduce la quejosa, la persona juzgadora responsable no dio por sentado que el actor se opondría a la aplicación de ácido clorhídrico en el documento basal, sino que fue el propio accionante quien manifestó su inconformidad en que se realizara dicha técnica en la emisión del correspondiente dictamen pericial.

En efecto, el actor presentó un escrito el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para dar contestación a la vista que se le dio con el ofrecimiento que hizo su c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33947-5e404586/prueba-pericial-en-grafoquimica-datacion-de-tintas-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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