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Modo: Corpus Pro

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CITAS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PRESENTAR ESCRITOS. NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, PORQUE EL ACUERDO GENERAL 35-39/2022 DEL PLENO DEL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL PREVÉ VÍAS ALTERNAS PARA SU RECEPCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 14/2026. · Registro digital (IUS): 34201
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1005.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 14/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MAYRA SANDOVAL MENDOZA, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MÓNICA SALOMA PALACIOS. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al quince de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente sentencia:

I. Antecedentes

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido a través del portal de servicios en línea el cinco de febrero de dos mil veintiséis, en este pleno regional, la persona quejosa *************************, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 199/2025, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 188/2025 y el sustentado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 238/2025.

2. Radicación en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de nueve de febrero de dos mil veintiséis, se ordenó registrar con el número de expediente 14/2026 la denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados Décimo Sexto, Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el tema determinar si la falta de disponibilidad de citas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Ciudad de México vulnera el derecho de acceso a la justicia (artículo 17 constitucional) por impedir a la persona usuaria acceder a la modalidad elegida, o dicha restricción se encuentra subsanada constitucionalmente por la existencia de vías alternas (como el módulo de turno presencial) previstas en el propio acuerdo general 35-39/2022 y se requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.

3. Informes de los tribunales colegiados.

• Mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil veintiséis, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 2838/2026 de once de febrero de dos mil veintiséis, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 2429/2026 de once de febrero de dos mil veintiséis, el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio CCST/X/102/02/2026 de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.

4. Confirmación de turno. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veintiséis, según constancia de autos.

5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.

II. Competencia

6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del (entonces) Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del (entonces) Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del (entonces) Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(5) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

III. Legitimación

7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por *************************, persona quejosa en uno de los juicios de amparo del cual derivó el recurso de revisión aquí contendiente.(6)

IV. Criterios denunciados

8. Criterio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 199/2025, en sesión de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

9. Criterio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 188/2025, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

10. Criterio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 238/2025, en sesión de catorce y quince de enero de dos mil veintiséis.

V. Existencia de la contradicción de criterios

11. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

12. En el caso, debe tenerse por existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 199/2025, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 188/2025 y el sustentado por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 238/2025.

13. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra de diversos actos reclamados, de los que destaca, para efectos de la presente contradicción, los artículos 17 y 18, fracciones I y II del Acuerdo General 35-39/2022, denominado lineamientos para el funcionamiento de una Oficina Virtual en materia Civil, Familiar y Laboral, así como de los Sistemas de Atención Efectiva de la Oficialía de Partes Común de las Salas y Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al negarse a recibir escritos de demanda y de proporcionar una cita para la presentación de demandas a través de la referida oficina virtual.

Juzgado de Distrito. Sobreseyó, por una parte, en el juicio de amparo; y, por otra, negó la protección constitucional a la persona quejosa al estimar que la falta de citas no es un impedimento para presentar escritos iniciales, pues no es la única modalidad con que cuenta el Tribunal Superior de Justicia para la recepción de promociones.

Inconformes con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, interpuso revisión adhesiva.

14. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

Séptimo. Previo al análisis de los agravios, es importante destacar que, en la instancia de origen, (...) promovió juicio de amparo fundamentalmente en contra de los artículos 17 y 18, primer párrafo, fracciones I y II, del Acuerdo 35-39/2022, que aprobó el documento denominado “Lineamientos para el funcionamiento de una Oficialía Virtual en Materia Civil, Familiar y Laboral, así como de los Sistemas Electrónicos de Atención Efectiva, de la Oficialía de Partes Común de las Salas y Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”. Asimismo, reclamó el contenido del segundo párrafo de la página cuatro de la Circular CJCDMX-11/2022, por considerar que dichas disposiciones condicionaban la presentación de promociones con firma autógrafa ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a la obtención previa de una cita a través de la página de internet.

Al respecto, el quejoso manifestó ser integrante de un despacho jurídico y que, debido a las labores que desempeñaba, el diecinueve de abril de dos mil veinticuatro tuvo que realizar gestiones para obtener una cita y presentar un escrito inicial en la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Sin embargo, al intentar ingresar al portal de internet correspondiente, no le fue posible agendarla, ya que no había citas disponibles en ese momento.

Para sustentar sus afirmaciones, el promovente adjuntó a su demanda diversas capturas de pantalla, con el propósito de demostrar que, debido a la falta de citas, no le fue posible obtener alguna para las quince horas con treinta y un minutos del diecinueve de abril, catorce horas con treinta minutos del veinticinco de abril y trece horas con veintisiete minutos del treinta de abril, todos del año dos mil veinticuatro.

La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual, previo cumplimiento de un requerimiento, la admitió a trámite mediante acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro.

Una vez desahogados los trámites correspondientes, la secretaria en funciones de jueza dictó la resolución recurrida, en la que se consideró lo siguiente: (se transcribe).

En contra de esa resolución, el quejoso recurrente sostiene que en el juicio de origen actuó en su calidad de integrante de un despacho jurídico, por lo que contó con interés legítimo para accionar la vía de amparo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo.

No obstante, dicho planteamiento se estima ineficaz, ya que, como se relató anteriormente, en la resolución recurrida la secretaria en funciones de jueza no cuestionó la existencia del tipo de interés del quejoso para promover el juicio.

Por tanto, al no haber sido materia de análisis ni motivo de sobreseimiento en el fallo que se revisa, resulta innecesario examinar en esta instancia la naturaleza del interés con el que compareció el promovente del amparo, pues no constituye un aspecto decisivo en la litis del presente recurso.

Cobra aplicación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.” (se transcribe).

Por otra parte, el recurrente sostiene que fue incorrecto que la juzgadora le diera el tratamiento de un concepto de violación a la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento al artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ya que, a su juicio, tal omisión debía considerarse como un acto reclamado.

Argumenta que el referido precepto impone a las autoridades judiciales la obligación directa de recibir toda promoción sin condicionamiento alguno, por lo que su inobservancia constituye una conducta omisiva atribuible a la autoridad responsable, susceptible de impugnación en amparo.

Expone el recurrente que la omisión de la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México de recibir escritos iniciales sin exigir una cita previa reúne los elementos de un acto de autoridad: unilateralidad, imperatividad, coercitividad y consecuencias jurídicas.

Además, señala que considerar dicha omisión como un simple argumento, y no como un acto reclamado, implica adoptar una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales, contraria al principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución, el cual exige que las normas se interpreten de la manera más favorable a la protección de los derechos humanos.

Sin embargo, los argumentos del recurrente resultan ineficaces.

Para demostrarlo, es pertinente destacar el contenido de los artículos 74, fracción I, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: (se transcriben).

Con base en dichos preceptos, se advierte que el juzgador debe identificar con claridad y precisión el acto reclamado, delimitándolo conforme a lo probado ante la autoridad responsable. Ello implica que el acto debe referirse estrictamente a una conducta concreta atribuible a una autoridad, y no a apreciaciones subjetivas o valoraciones sobre dicha conducta.

Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el juzgador de amparo debe interpretar la demanda en su integridad, con un enfoque amplio, armonizando sus elementos sin alterar su contenido, a fin de fijar correctamente los actos reclamados.

El criterio al que se hace referencia se encuentra en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno del Alto Tribunal, la cual es aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.” (se transcribe).

Entonces, con base en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia del Pleno de la Corte que establece que la demanda debe ser interpretada en su integridad, se justifica que el juzgador tenga la facultad de ajustar el acto reclamado, incluso si este no es expresado de manera exacta por la parte quejosa.

En ese sentido, la intención del promovente es fundamental para que el juzgador pueda determinar con precisión qué es lo que se está impugnando, incluso si los términos empleados por este no coinciden completamente con el acto tal como ha sido documentado ante la responsable. Este enfoque permite armonizar los datos y elementos que conforman la demanda, sin alterar su alcance ni contenido, y asegurar que la solicitud de amparo se resuelva conforme a la naturaleza del acto reclamado.

Además, cuando el juzgado analiza la existencia de los actos reclamados, no debe tomar en cuenta los comentarios o valoraciones que se hagan acerca de si ese acto es constitucional o no, pues el análisis de la existencia del acto se refiere a si, en efecto, el acto ocurrió o fue emitido, y si efectivamente existe en los términos en que se presenta en el juicio. Por lo tanto, si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos.

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia —con registro 239099—, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: “ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.”.

En el caso, el promovente señaló entre los actos reclamados lo siguiente: (Se transcriben).

Posteriormente, sostuvo que la normatividad que regula el sistema de citas electrónicas vulnera su derecho al acceso a la justicia (artículo 17 constitucional) y al libre ejercicio profesional (artículo 5 constitucional), ya que el diecinueve de abril de dos mil veinticuatro intentó agendar citas, pero el sistema no tenía disponibilidad. Señaló que, al exigírsele previamente la obtención de una cita para presentar una demanda, se contravenía lo dispuesto por el artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles, el cual establece que el personal de la oficialía de partes no puede negarse a recibir promoción alguna.

Por su parte, en el considerando segundo del fallo recurrido, la juzgadora identificó como actos reclamados: (i) los artículos 17 y 18, primer párrafo, fracciones I y II, del Acuerdo General 35-39/2022; (ii) la Circular CJCDMX-11/2022; y (iii) la negativa de recibir escritos iniciales de demanda y de proporcionar una cita para su presentación a través de la oficina virtual. En cambio, consideró que la omisión de aplicar el artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles no constituía un acto autónomo, sino un argumento jurídico que debía analizarse como concepto de violación, en tanto relacionado con los efectos del sistema de citas impugnado.

A juicio de este tribunal, dicha determinación es jurídicamente correcta.

En efecto, el acto reclamado real y directo es la imposibilidad de obtener una cita mediante el sistema electrónico de la oficialía virtual, ya que ese fue el hecho concreto que impidió al quejoso presentar su promoción. Esta imposibilidad técnica, atribuible a la implementación de las normas generales reclamadas, constituye el hecho generador del agravio.

Por el contrario, la supuesta omisión de dar cumplimiento al artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México es una calificación jurídica que el quejoso formula respecto de ese hecho. No describe una conducta autónoma o independiente, sino que interpreta jurídicamente la negativa indirecta de recibir promociones al exigir una cita previa. Por tanto, no se trata de un nuevo acto, sino de una argumentación dirigida a demostrar la inconstitucionalidad del sistema de citas, lo cual corresponde al análisis de los conceptos de violación.

Además, la negativa de recibir promociones sin cita fue incluida como parte del acto reclamado, al haber sido el resultado de la aplicación del sistema regulado por el Acuerdo General 35-39/2022 y la Circular CJCDMX-11/2022. En consecuencia, el quejoso no quedó en estado de indefensión, pues dicha negativa generó que la a quo examinara las normas reclamadas a la luz del artículo 17 de la Carta Magna.

Por lo tanto, pretender ahora que la omisión de aplicar el artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles sea tratada como una omisión normativa o regulatoria —en el sentido de que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México incumplió el mandato legislativo previsto en dicho precepto local— implica una modificación del planteamiento original de la demanda, la cual se centró en hechos concretos derivados de la implementación del sistema de citas electrónicas, y no en una omisión estructural de carácter normativo o legislativo.

En suma, la omisión de aplicar el artículo 65 del código no es un acto reclamado autónomo, sino una valoración normativa que forma parte de los conceptos de violación planteados contra el sistema de citas electrónicas y su impacto práctico en el acceso a la justicia.

Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J.109/2009, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de contenido siguiente: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.” (se transcribe).

Además, esta interpretación no resulta contraria al principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, ya que la calificación realizada por la secretaria en funciones de jueza —y que en esta sentencia se confirma— fue adecuada, al derivar de un análisis integral de la demanda, realizado con base en los hechos expuestos y los conceptos de violación formulados por el propio quejoso.

Por otro lado, en los agravios que se analizan, el recurrente sostiene que la Circular CJCDMX-11/2022 continúa vigente, ya que, si bien el Acuerdo 28-17/2020 fue dejado sin efectos, el mismo fue sustituido por el Acuerdo General 35-39/2022, el cual mantiene el esquema normativo al que se vincula en la citada circular.

Dicho planteamiento es ineficaz.

Para evidenciarlo, cabe señalar que, del informe justificado rendido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México —que obra en autos— se desprende que la autoridad responsable manifestó expresamente que el segundo párrafo de la página cuarta de la Circular CJCDMX-11/2022 (la parte específica que fue materia de impugnación) ya no se encontraba vigente, en virtud de que el Acuerdo General 28-17/2020 fue dejado sin efectos conforme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Acuerdo General 35-39/2022.

En ese sentido, resulta pertinente conocer el contenido relevante tanto de la Circular CJCDMX-11/2022 como del citado artículo transitorio:

Circular CJCDMX-11/2022:

Entrega y recepción de promociones de término. --- La Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados tendrá el deber de recibir, en su horario habitual todas las promociones de término dirigidas a los órganos jurisdiccionales, conforme a las disposiciones legales respectivas. --- Se exhorta a las abogadas y los abogados postulantes, justiciables y público en general para que privilegien la elaboración y presentación de promociones autenticadas con firma electrónica, a través de la Oficina Virtual de la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgado para reducir los riesgos para la salud de todas y todos, conforme a las disposiciones de los lineamientos respectivos. --- Asimismo, se les reitera el cumplimiento de los “Lineamientos para el funcionamiento de una Oficina Virtual en Materia Civil y Familiar, así como de los sistemas electrónicos de atención efectiva, de la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”; aprobado en el Acuerdo 28-17/2020, en fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, para la presentación física de demanda, escritos iniciales y promociones de término.--- (...).

Acuerdo General 35-39/2022:

Segundo: Se dejan sin efectos los lineamientos para el funcionamiento de una Oficina Virtual en Materia Civil y Familiar, así como de los Sistemas Electrónicos de Atención Efectiva, de la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aprobados por Acuerdo General 28-17/2020, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veinte, así como cualquier otra disposición administrativa que se oponga a lo establecido en los presentes lineamientos.

Como se observa, la Circular CJCDMX-11/2022 reitera el cumplimiento de los lineamientos aprobados mediante el Acuerdo General 28-17/2000, cuya vigencia fue expresamente derogada por el Acuerdo General 35-39/2022.

Por tanto, en la medida en que la parte reclamada de la circular depende directamente de un acuerdo que ya no produce efectos jurídicos, dicha parte también ha perdido vigencia material.

Además, aunque el recurrente afirma que el Acuerdo General 35-39/2022 sustituyó al Acuerdo General 28-17/2020, lo cierto es que el nuevo acuerdo no contiene disposición alguna que disponga que las remisiones normativas al acuerdo derogado deban entenderse automáticamente hechas al nuevo instrumento, ni que se mantengan vigentes circulares u oficios que remitan a aquel. Por ende, no hay base jurídica para sostener que la circular en cuestión sigue produciendo efectos normativos vinculantes.

Incluso, aun suponiendo, sin conceder, que la circular continuara surtiendo efectos, lo cierto es que ello no habría cambiado el sentido del fallo recurrido, pues la parte de la circular reclamada únicamente constituyó un exhorto al público en general con el objetivo de recordarles el cumplimiento del acuerdo general.

Por lo tanto, la determinación de la juzgadora de analizar directamente la constitucionalidad del Acuerdo General 35-39/2022 —vigente y con efectos jurídicos plenos— fue suficiente para garantizar el estudio de fondo sobre el funcionamiento del sistema de citas electrónicas, sin necesidad de abordar la parte de la circular que recordó al público en general la existencia del acuerdo general.

En consecuencia, si la Circular CJCDMX-11/2022, en la parte reclamada, no contiene una disposición normativa autónoma, sino que se limita a reiterar el cumplimiento de un acuerdo general que ha quedado sin efectos, entonces su inclusión como acto reclamado no era necesaria, ni su exclusión implicó afectación alguna al derecho de defensa del quejoso, ya que la litis efectivamente se centró en la constitucionalidad del Acuerdo General 35-39/2022, que es el ordenamiento vigente que regula el funcionamiento de la oficina virtual.

Por otra parte, el recurrente sostiene que la oficina virtual nunca tiene citas disponibles, lo que resulta especialmente problemático en juicios, como los del orden familiar, que requieren atención inmediata, o en asuntos cuya admisión no puede diferirse por riesgo de prescripción evidente.

Afirma que no demandó el hecho de no poder obtener una cita para presentar un escrito inicial de demanda, sino la inconstitucionalidad de los artículos 17 y 18 del Acuerdo General 35-39/2022, así como la implementación misma del sistema de citas electrónicas.

En su opinión, dicho acuerdo desatendió el contenido del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual prevé que la función jurisdiccional debe regirse por el principio de igualdad sustantiva, lo que implica —a su juicio— que todas las personas usuarias deben tener acceso y alcance equitativo a la justicia, sin importar si cuentan o no con firma electrónica.

Sostiene que, al establecerse que existen diversos medios para presentar escritos iniciales, se incurre en una discriminación en contra de aquellas personas que no cuentan con firma electrónica o que optan por seguir su procedimiento por la vía tradicional.

Refiere que el artículo 35 constitucional señala que debe imperar un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela judicial efectiva, pero estima que el sistema de citas no satisface ese estándar, ya que no garantiza la existencia de citas suficientes para atender la demanda real de usuarios, obligando a muchas personas a esperar indefinidamente para poder presentar su demanda.

Asimismo, argumenta que el artículo 35 constitucional dispone que la tramitación electrónica de los juicios debe ser una modalidad adicional y alternativa a la vía escrita, lo que —sostiene— implica que debe ser una opción a elección del promovente, y no impuesta por el Poder Judicial.

Alega que la juzgadora se enfocó únicamente en señalar la existencia de alternativas al sistema de citas —como el módulo de turnos o el uso de la firma electrónica— sin estudiar a fondo la constitucionalidad del acuerdo reclamado.

Manifiesta que los artículos 17 de la Constitución Federal y 35 de la Constitución Local exigen que la administración de justicia observe los principios de prontitud, accesibilidad, igualdad sustantiva y tutela efectiva, los cuales —a su juicio— son transgredidos por el sistema de citas electrónicas, al no garantizar una equivalencia funcional respecto de los medios tradicionales y excluir a quienes carecen de acceso a tecnologías.

Añade que el sistema genera una forma de discriminación en perjuicio de personas en situación de pobreza, exclusión o desventaja social, quienes muchas veces no cuentan con los recursos tecnológicos o conocimientos necesarios para usar plataformas digitales, lo que contraviene el deber de garantizar un sistema de justicia accesible a todas las personas, sin importar su condición socioeconómica.

Además, afirma que el sistema vulnera los artículos 65 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y 155 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que ambos ordenamientos prohíben a las oficialías de partes rechazar la recepción de promociones, sin condición alguna.

Sostiene que, aunque el Tribunal Superior de Justicia ha implementado opciones como el módulo de turnos y la presen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34201-c52ef4e6/falta-de-disponibilidad-de-citas-en-el-sistema · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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