ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. PARA RESOLVER SOBRE LA NULIDAD DE SUS ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS, NO SON APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL RELATIVAS A VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Y, POR TANTO, EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA IMPUGNARLOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY CITADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dicho año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que respectivamente dicen:
"Artículo 107. ...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
En el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con el carácter de autoridad responsable en los amparos directos de los que derivan las sentencias que sustentan las tesis materia de contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Las consideraciones esenciales que sustentan la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el cinco de octubre de dos mil cinco, el amparo directo 288/2005, son las siguientes:
"QUINTO. Resulta fundado en esencia uno de los conceptos de violación hecho valer por la quejosa Olga Martínez Concha, tal como se pasa a demostrar.
"En principio y como antecedente conviene señalar que el actor Concepción Macario Puc Sulú demandó ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, la nulidad de los acuerdos de la asamblea general de ejidatarios de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, únicamente en lo que se refiere a la asignación de la parcela 117 Z-1 P4/4 y el reconocimiento al actor como poseedor con derecho a trabajar la parcela en cuestión.
"La parte demandada, ahora quejosa, al contestar reconvino en el sentido de solicitar la nulidad del acta de asamblea de diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, oponiendo como excepciones la falta de legitimación procesal y la prescripción de la acción.
"El uno de abril de dos mil cinco, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro resolvió el juicio número TUA 34-271/203, en el que estimó procedentes las acciones ejercidas por la parte actora declarando la nulidad parcial del acta de asamblea general de ejidatarios de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, relativa a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales del núcleo agrario denominado Tixcuytún, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, en lo que se refiere al acuerdo del punto séptimo del orden del día, única y exclusivamente en lo concerniente a la asignación de la parcela número 117 Z-1 P4/4 del ejido de que se trata a favor de la ahora quejosa y, en consecuencia, del certificado parcelario; asimismo, se condenó al ejido para que en el término de sesenta días naturales, en cumplimiento de la sentencia convoque a asamblea general de ejidatarios, a fin de que respete los derechos posesorios del actor, en la superficie en disputa; por último, declaró improcedente la acción reconvencional.
"La quejosa señaló en su primer concepto de violación que el tribunal responsable actuó de manera incorrecta, ya que al dictar la sentencia aplicó supletoriamente el Código Civil Federal dejando de apreciar que esto solamente es factible cuando no exista disposición expresa en la Ley Agraria y el artículo 61 del mencionado cuerpo normativo precisa el término de noventa días naturales para impugnar la asamblea o de lo contrario dicha asignación será firme y definitiva, citando los criterios de rubros: ‘RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA POR LA QUE REALIZA ASIGNACIÓN DE TIERRAS. OPORTUNIDAD PARA IMPUGNAR POR QUIEN NO ES EJIDATARIO.’ y ‘ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. MODO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY AGRARIA PARA IMPUGNAR LA ASIGNACIÓN DE TIERRAS POR EJIDATARIOS Y POSEEDORES REGULARES.’
"Es fundado el resumido argumento.
"En efecto, se sostiene lo anterior porque del análisis de la sentencia reclamada se advierte que el tribunal responsable analizó la excepción que se hizo valer con base en el numeral 61 de la Ley Agraria, aplicando supletoriamente disposiciones del Código Civil Federal, dejando de apreciar que esto solamente es factible en términos del artículo 2o. de la Ley Agraria, cuando no se encuentre prevista la hipótesis.
"Esto es así, en virtud de que los numerales 2o. y 61 de la Ley Agraria establecen lo siguiente (se transcriben).
"De los preceptos aludidos se desprende que cuando no se encuentre previsto en la Ley Agraria el supuesto planteado se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate, por su parte el numeral 61 de la Ley Agraria prevé la hipótesis de impugnación de asignación de tierras, en un plazo de noventa días.
"Por su parte, el tribunal responsable al analizar la cuestión hecha valer por la ahora quejosa, señaló lo siguiente:
"‘Al margen de lo acertado o erróneo en el sentido que fuera interpuesta dicha excepción por la demandada, toda vez que la excepción de prescripción o preclusión es de orden público, e incluso puede ser analizada de oficio por este juzgador, toda vez que de conformidad con el artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, la sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, bastando para que una excepción sea de mero derecho o resulte probada de las constancias de autos, para que se tome en cuenta al decidir; se procede al análisis de la excepción de prescripción de la acción de nulidad del acta de asamblea intentada en términos del artículo 61 de la ley de la materia. En relación con la excepción opuesta por los demandados y respecto de la acción intentada por la actora si bien es cierto que la Ley Agraria establece la normatividad y términos conforme a los cuales se puede impugnar la asignación de tierras efectuada por la asamblea general de ejidatarios en términos del artículo 56 de dicho ordenamiento legal, señalando en su artículo 61 que la asignación de tierras por la asamblea, podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por los individuos que se sientan perjudicados por la asignación, pudiendo acudir en forma individual a deducir su reclamación, sin que tal circunstancia implique la invalidación de la asignación de las demás tierras, indicando en su último párrafo la asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva; y respecto de este término de noventa días naturales que la ley concede a los individuos para impugnar el acuerdo o acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales es conveniente precisar que existen diversos sujetos de derechos agrarios que pueden ser perjudicados con tales resoluciones, como son los ejidatarios, posesionarios regulares y posesionarios irregulares; siendo los primeros nombrados, titulares de derechos agrarios; los segundos aquellas personas a quienes el ejido les ha otorgado con las formalidades de la ley, la posesión de tierras ejidales y los últimos nombrados, aquellos sujetos que tienen una posesión ya sea mediante algún título precario o en ocasiones sin título alguno; considerando que los ejidatarios y poseedores regulares tienen la facultad de asistir y participar con voz y voto en las asambleas sobre asignación de tierras, y que los posesionarios irregulares, no tienen esta aptitud por no tener derechos legalmente reconocidos en el núcleo agrario, es claro que los primeros por su condición de ejidatarios y ser reconocidos por la asamblea están obligados a enterarse de las convocatorias y asuntos del ejido para participar en las asambleas de ejidatarios, situación que no acontece con los poseedores irregulares, resultando que los ejidatarios y posesionarios regulares tienen la obligación de conocer y enterarse de las fechas en que se celebran las reuniones de ejidatarios y son citados a las mismas por convocatorias, quedando a su albedrío el asistir o no, a dichas reuniones, motivo por el cual el cómputo de noventa días antes citado debe correr para dichos sujetos de derechos agrarios a partir del día siguiente al de la celebración de la asamblea; situación que no acontece para los posesionarios irregulares, quienes dado a que como ya se ha dicho no tienen oportunidad de participar en las asambleas, ni son citados a las mismas, por lo que no tienen obligación de enterarse de las fechas para su celebración, así como de los acuerdos tomados en ellas, motivo por el cual para este tipo de sujetos de derechos agrarios el cómputo de noventa días para inconformarse respecto a la delimitación y destino de las tierras ejidales debe correr a partir de la fecha que conocieron o se hicieron sabedores de la resolución de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras que a su juicio afecte sus intereses jurídicos; en la especie, nos encontramos tal como ha quedado debidamente acreditado en autos, con la constancia de derechos agrarios que obra a foja 7, en presencia de un ejidatario con derechos agrarios vigentes, quien si bien tal como se observa en la lista de ejidatarios asistentes a dicha reunión ejidal participó en ella, imprimiendo incluso en dicha relación al margen derecho de su nombre su huella digital, acreditándose con ella que el actor asistió a la asamblea de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, cuya nulidad solicita, reconociéndosele incluso derechos sobre las tierras de uso común y derechos posesorios sobre cinco parcelas adicionales a la que reclama en este juicio, motivo por el que el término de 90 días para impugnar dicha acta de asamblea debería correr para el actor desde el día siguiente al en que se celebró la asamblea ejidal que impugna, esto es, a partir de julio de mil novecientos noventa y siete, por otro lado, también es verdad que los acuerdos de asamblea constituyen verdaderos actos jurídicos voluntarios que tienen el fin inmediato de establecer relaciones jurídicas entre los ejidatarios, posesionarios y avecindados creando, modificando, transfiriendo, conservando o extinguiendo derechos sobre los bienes y derechos propiedad del núcleo ejidal y que como todo convenio que crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones, acorde con los numerales 1792, 1794, 1795, 1803, 1812, 1813, 2224 y 2226 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Agraria por disposición de la misma en su artículo 2o., todo acto jurídico para su existencia requiere de consentimiento y objeto que pueda ser materia del contrato, pudiendo ser invalidado por: I) incapacidad legal de las partes, II) por vicios del consentimiento, III) porque su objeto sea ilícito, y IV) porque el consentimiento no se haya dado en la forma que la ley establece; que el consentimiento puede ser expreso o tácito, que el error de hecho o de derecho invalida un acto jurídico cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad; y que el acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento no producirá efecto legal alguno, no siendo susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción en virtud de que en el caso concreto, ha quedado debidamente acreditado que la asignación de la parcela número 117 Z-1 P4/4 a favor de la demandada Olga Martínez Concha por parte de la asamblea general de ejidatarios, además de haberse efectuado en contravención a lo establecido por los artículos 56 y 57 de la Ley Agraria en perjuicio del actor Concepción Macario Puc Sulú, fue otorgada por error en el consentimiento de la voluntad, como lo mencionan los integrantes del comisariado ejidal en su escrito de contestación de demanda al señalar «que si bien resulta cierto que en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales celebrada el veintinueve de julio de mil novecientos novena y siete, en la lista de posesionarios reconocidos por la asamblea se encuentra el nombre de Olga Martínez Concha, así como también que en la relación de sujetos con derecho a parcela aparezca beneficiada con las parcelas marcadas con los números 116 y 117 ignorando por qué esta persona fue reconocida como posesionaria en el ejido, ya que nunca ha trabajado tierras ejidales y que como esta persona existen otros nombres de sujetos beneficiados con tierras ejidales quienes nunca se han presentado en el ejido e ignoramos quiénes sean por no ser conocidos de los ejidatarios.» (foja 110), afirmación que fuera ratificada por el presidente de dicho órgano de representación ante esta autoridad al ser interrogado al respecto del porqué haya salido un certificado parcelario a nombre de la señora que tiene su origen en un acuerdo de asamblea, al mencionar «no sé, eso fue en 1997 vino el INEGI y nos repartió, llegó el título a nombre de ella, pero no sólo de ella, de varios otros, sin que nosotros hayamos dado nuestro consentimiento, fue cuando nos dimos cuenta que las parcelas salieron a nombre de personas que nosotros ni siquiera conocíamos ...» (foja 157), afirmación que fuera ratificada por el núcleo agrario exhibiendo el comisariado ejidal un acta de asamblea de fecha seis de julio del año dos mil cuatro (fojas 205 a 210); documento valorado en términos del artículo 189 de la Ley Agraria en el que el núcleo agrario por conducto de los ejidatarios que lo conforman avala las declaraciones realizadas por el comisariado ejidal en contestación a las prestaciones reclamadas por el ejidatario Concepción Macario Puc Sulú en el presente juicio agrario, mismo que le fuera requerido por esta autoridad dada su intención de allanarse a las prestaciones de la parte actora; robusteciéndose con ello lo afirmado por el actor en su escrito inicial de demanda al señalar que el visitador agrario de la Procuraduría Agraria, aprovechándose de la buena fe de los ejidatarios, asignó parcelas y los documentos a nombre de personas ajenas al ejido de Tixcuytún, que jamás han trabajado las tierras de ese ejido y que de esas asignaciones jamás se les entregó contraprestación alguna; confirmándose que hubo un error en la asignación de la parcela 117 a favor de Olga Martínez Concha, con el testimonio rendido por los CC. Raúl Asterio Sulú Guardia y José Concepción Guardia Aké, quienes por igual al ser interrogados por esta autoridad en términos de la fracción V del artículo 185 de la Ley Agraria hicieron patente que hubo una confusión en la asignación de los números de las parcelas, al señalar en las preguntas que les fueran formuladas, el primer ateste: «¿Tiene conocimiento de que la señora haya pagado al ejido? No tengo conocimiento de que haya pagado al ejido, tal vez de otras, pero no es esta parcela sino es otra parcela, es la 109, 110 y 111, es decir, el sobrino Alberto Aké de la señora pagó al señor Guardia una parcela diferente a la 116 y 117, y las tres parcelas miden casi dos hectáreas, esas parcelas las tenía en posesión el señor Guardia, pero no salieron los certificados a nombre de él». Respondiendo, asimismo, el segundo de los nombrados a la pregunta número tres del interrogatorio que obra a foja 185: «A la tres. Yo nunca la he visto a ella, es más me fue a ver por el terreno que tiene pero es que hay una equivocación ahí, ya que mi papá Francisco Guardia vendió el terreno a un tal Alberto Aké, pero no es ese terreno que vendió mi papá, es otro, es el que Macario tiene, pero según doña Olga es el que tiene ... sí se pagó ese terreno, pero no es el que ella tiene, no es el número, está cerca, está a dos lotes de ahí y creo que son el 109, 110 y 111 ...»; pruebas instrumental de actuaciones, confesional y testimonial a las que se concede valor probatorio en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, con las que se acredita que por un error en el consentimiento de la voluntad de la asamblea se asignaron y dieron certificado parcelarios a nombre de personas ajenas al núcleo de población, así como que hubo una confusión en la asignación de los números de parcelas; así las cosas, al quedar debidamente demostrado que en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, al procederse a la asignación de la parcela número 117 Z-1 P4/4 a favor de la demandada Olga Martínez Concha, existió un vicio en la voluntad y consentimiento de los asambleístas, consiste en el error de hecho al asignar la parcela en posesión del actor Concepción Macario Puc Sulú, a favor de la ahora demandada quien no tenía la posesión de la misma, ni documento alguno que le otorgara mejor derecho para su usufructo, toda vez que de conformidad con los artículos 1812, 1813, 2224 y 2226 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia, el consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, dado que el error de hecho invalida el acto jurídico cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad y la falta de consentimiento hace al acto jurídico inexistente, no produciendo efecto legal alguno, ni siendo susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción, pudiendo valerse de su inexistencia por todo interesado, se concluye por este juzgador que no tiene aplicación en el presente caso el término de 90 días que para la impugnación de las asambleas de asignación, señala para los ejidatarios el artículo 61 de la Ley Agraria, ya que en el caso concreto al otorgarse el acuerdo de asamblea existió un vicio en la voluntad de la misma que invalida dicho acto jurídico haciéndolo incluso inexistente, acto jurídico que como ya se ha mencionado no es susceptible de convalidarse por prescripción. Declarándose en consecuencia improcedente por no ser aplicable al caso concreto, la excepción de prescripción en términos del artículo 61 de la Ley Agraria opuesta por la demandada Olga Martínez Concha.’
"De lo anterior se observa que el tribunal responsable indebidamente aplicó de manera supletoria el Código Civil Federal, al analizar la excepción de prescripción que hizo valer la parte demandada en el juicio, estimando que la asignación de la parcela número 117Z-1 P4/4, a favor de la ahora quejosa, era inexistente porque estaba viciada de error en el consentimiento de la voluntad, dejando de apreciar que la hipótesis de prescripción por el transcurso del plazo de noventa días para reclamar la asignación de la tierra en disputa se encuentra prevista en el artículo 61 de la Ley Agraria en virtud de que el referido precepto agrario contempla que en el caso de la asignación de tierras por la asamblea, dicha asignación puede ser impugnada cuando se presuma que ésta se realizó con vicios y defectos graves, lo que equivale a la consideración que emite la autoridad responsable en el sentido de que el consentimiento no es válido, cuando ha sido dado por error, de ahí que al estudiarse la excepción de prescripción no debe aplicarse supletoriamente ninguna legislación, tal como lo previene el numeral 2o. de la propia ley en cuestión.
"En tales condiciones, lo que procede es conceder el amparo solicitado para efectos de que el tribunal responsable analice la prescripción planteada como excepción por la parte demandada ahora quejosa, con base exclusivamente a lo dispuesto en el numeral 61 de la Ley Agraria, sin recurrir a supletoriedad alguna.
"Resulta innecesario el análisis de los demás conceptos de violación, al estimar fundado uno de ellos y suficiente para otorgar la protección federal."
CUARTO. Las consideraciones que sustentan la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el veinte de octubre de dos mil cinco, el amparo directo 292/2005, son las siguientes:
"QUINTO. Los conceptos de violación son infundados.
"...
"Agotado el tema anterior es oportuno poner de relieve los antecedentes del asunto que resultan útiles para resolver los restantes aspectos de la litis constitucional.
"Entonces, se narra que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 con sede en esta ciudad de Mérida consideró procedente la acción promovida por el aquí tercero perjudicado, Concepción Macario Puc Sulú, quien, en lo principal, demandó y obtuvo la nulidad del punto séptimo de la asamblea general de ejidatarios de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, relativa a la delimitación, destino y designación de tierras ejidales del núcleo de población Tixcuytún, en lo que se refiere a la asignación de la parcela número 116 Z-1-P4/4, a favor de la demandada ahora quejosa, Olga Martínez Concha.
"Importa resaltar que tras exponer las razones que la llevaron a concluir en tal sentido la autoridad responsable estudió y desestimó la excepción de prescripción de la acción de nulidad opuesta por Martínez Concha.
"Ello, con la explicación de que si bien era cierto que el actor participó en la asamblea de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete cuya nulidad solicitó (pues incluso aparece su huella digital en la lista de ejidatarios asistentes); no lo era menos el hecho de que se acreditó en autos del juicio de origen que existieron vicios en el consentimiento del acto jurídico de asignación de la parcela número 116 Z-1-P4/4 a la peticionaria del amparo; lo cual, acorde con los artículos 1792, 1794, 1795, 1803, 1812, 1813, 2224 y 2226 del Código Civil Federal, aplicados supletoriamente a la Ley Agraria por disposición del numeral 2o., da lugar a que dicho acto jurídico no produzca efectos y no pueda valer por confirmación ni por prescripción; esto último, que daba lugar a que en el particular caso al actor no le fuera aplicable el término de 90 días naturales previsto en el artículo 61 de la Ley Agraria para impugnar las decisiones tomadas en una asamblea general de ejidatarios.
"Específicamente, en contra de este razonamiento de la autoridad Martínez Concha sostiene que en el particular son inaplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal en virtud de que existe disposición expresa en el artículo 61 de la Ley Agraria, en el sentido de que el término para impugnar una asamblea de ejidatarios lo es el de noventa días naturales.
"No le asiste razón, porque el contenido de la norma agraria citada prevé sólo un supuesto regular con el que pretende dar seguridad jurídica a los acuerdos de una asamblea general de ejidatarios. Mas, si derivado del artículo 56 de la Ley Agraria, a través de ésta, los miembros del ejido toman acuerdos relacionados con la delimitación y destino de las tierras que le pertenecen, que traen innumerables consecuencias tanto de hecho (para su vida interna), como legales (jurídicas) es inconcuso entonces que no en todos los casos podrá estarse únicamente a lo previsto en el citado numeral 61 de la ley de la materia. Para ello, precisamente, el artículo 2o. de la legislación en cita, autoriza la aplicación supletoria de la legislación civil federal, entendida ésta como el Código Federal de Procedimientos Civiles, para todas aquellas cuestiones de derecho ‘... no prevista en esta ley ...’.
"Justifica esta decisión del legislador la circunstancia de que tratándose del derecho social sea su signo característico por excelencia la insuficiencia de sus específicas normas para resolver el cúmulo de derechos y conflictos que surgen en su aplicación, lo cual motiva a que sean complementadas con las previsiones de los códigos de derecho privado, a fin de que bajo este apoyo normativo, de contenido más amplio, puedan aplicar las regulaciones contenidas en sus preceptos. Así, la supletoriedad sirve de suplemento a la normatividad que regula la propiedad y la actividad agraria, con diversas legislaciones diversas del derecho social.
"A la luz de lo acabado de considerar resulta que al darse el supuesto de que un acto jurídico (asamblea general de ejidatarios) se hubiere celebrado con vicios en el consentimiento de sus miembros (como sostuvo la autoridad responsable ocurrió en la especie), entonces sí quepa remitirse a lo que al respecto establece la legislación supletoria de la Ley Agraria, a fin de estar en aptitud de resolver un conflicto específico surgido entre sujetos de derecho social y generado por un hecho previsto en una normatividad de derecho privado. Con ello, se da razón a la procedencia de la supletoriedad de la ley civil y se evita la resolución del conflicto con base en una disposición, cuyo contenido no fue previsto para el caso particular de que algún acuerdo de la asamblea general de ejidatarios fuera dado con vicios en el consentimiento de los otorgantes.
"Es importante resaltar que si bien la quejosa señala en su demanda el numeral 167 de la Ley Agraria; éste no cobra aplicación en el tema en controversia que lo es la aplicación supletoria del Código Civil Federal para el caso de vicios en el consentimiento otorgado por los participantes de una asamblea general de ejidatarios, que es una cuestión de derecho sustantivo.
"Lo anterior, en vista de que el citado precepto se refiere a la supletoriedad en materia procesal, al establecer que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley Agraria cuando la figura a regular exista en esta última legislación y se encuentre insuficientemente regulada.
"Tampoco escapa a la atención de este órgano colegiado, el argumento de la quejosa en el sentido de que si la autoridad responsable fundó su sentencia en el derecho civil, entonces debió considerar que ‘... la acción de nulidad fundada en incapacidad o error, prescribe a los sesenta días, contados a partir de que el error fue conocido ...’, en términos de los artículos 638 y 2236 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Sin embargo, tal señalamiento no trae consecuencia positiva alguna para la quejosa pues al hacerlo pierde de vista que lo que el tribunal agrario consideró, fue que al tenor de los artículos 1812 y 1813, el error fue determinante en la voluntad, de ahí que sea una cuestión que dio lugar a la nulidad absoluta del acto jurídico, en contra de la cual no puede oponerse la prescripción del derecho para hacer valer la correspondiente acción ni la convalidación. Por tanto, el término de sesenta días que la quejosa aquí pretende hacer valer a su favor, no puede actualizarse acorde con lo establecido en el artículo 2226 de la legislación sustantiva supletoria que sostiene: ‘... La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.’
"Por otro lado, se señala que contrariamente a lo afirmado, la acción ejercitada por el aquí tercero perjudicado no es improcedente con fundamento en el artículo 27, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Lo anterior, debido a que este precepto establece la propiedad originaria a favor de la nación de todas las tierras y aguas comprendidas dentro de sus límites y señala también que el dominio de esas tierras y aguas podrá adquirirse según ciertas prescripciones, entre las que se encuentra, la señalada en la citada fracción, que establece: ‘IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.’ y refiere a una acción que legitima a los integrantes de un núcleo de población para que al darse la división o el reparto de las tierras que se les han asignado con error o vicio, puedan nulificarlos.
"Ahora bien, cabe acotar, que en este precepto se consideran los posibles conflic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19812-f4cebc19/asamblea-de-ejidatarios-para-resolver-sobre-la-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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