SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de tesis, de la cual, por razón de la materia, corresponde conocer a esta Segunda Sala, ya que corresponde a la materia administrativa la cual corresponde a su especialidad.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la posible contradicción de criterios.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el recurso de queja 8/2006, promovido por Martha Rodríguez Ruth, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"SEXTO. Son ineficaces los agravios que hace valer la parte recurrente. En principio es pertinente puntualizar que no se formuló agravio respecto a la negativa de suspensión, respecto de los actos reclamados, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 83, fracción I, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla y 38, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Puebla, que el Juez de Distrito consideró consumados. Así, la materia de este recurso se circunscribe a la concesión de la suspensión provisional que los quejosos solicitaron, respecto del acto de aplicación de los mencionados preceptos legales, consistente en la emisión del oficio número A.P.A. 22102/501/2006, suscrito por el director comercial del Sistema Operador de los Servicios de Agua y Alcantarillado del Municipio de Puebla, a través del cual se determina a cargo de la razón comercial ‘Romero Rodríguez Hermanos’, con domicilio ubicado en avenida treinta y nueve poniente número dos mil setecientos dieciséis, colonia Benito Juárez, Puebla, un adeudo por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en cantidad total de $103,078.46 (ciento tres mil setenta y ocho pesos con cuarenta y seis centavos, moneda nacional), por concepto de saldo facturado, recargos y gastos de ejecución, correspondiente a los periodos ‘mes 02-05 al mes 12-05’, respecto de la cuenta número 010105345004010007 (foja 34). En primer lugar, se advierte que Martha Rodríguez Morales, mediante escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil seis, por su propio derecho y en representación de María Isabel, Ruth, Martha Cristian, Maribel, Margarita, René y Rodolfo, todos de apellidos Romero Rodríguez, solicitó el amparo que nos ocupa, acreditando su personalidad con la copia certificada del instrumento notarial número dos mil ciento noventa y cinco, pasado ante la fe del notario público número cincuenta y seis de esta ciudad de Puebla, licenciado Carlos Manuel Meza Viveros, que contiene el mandato general para pleitos y cobranzas que otorgan las referidas personas en favor de Martha Rodríguez Morales (fojas 42 a 45). Asimismo, la promovente exhibió como prueba, entre otras, copia certificada de la constancia de fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, expedida por el notario público número treinta y siete de esta ciudad, licenciado José Manuel González Salgado, en donde se hizo constar que Martha Rodríguez Morales manifestó ante el referido funcionario lo siguiente (se transcribe). También exhibió como pruebas, para acreditar la existencia del acto reclamado y la veracidad de los hechos narrados, las siguientes (se transcriben). Todos los anteriores documentos aparecen a nombre de ‘Romero Rodríguez Hermanos’. Establecido lo anterior, se procede al análisis de los agravios formulados por la parte recurrente. Como primer agravio, la inconforme señala que el a quo indebidamente determinó que en el presente caso se debe garantizar la suspensión con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, toda vez que no existen elementos suficientes para determinar que dicho precepto legal es aplicable, pues del acto reclamado (oficio A.P.A. 22102/501/2006), no se desprende que la cantidad ahí contenida corresponda a alguna contribución. Incluso, dice la recurrente, el Juez de Distrito tampoco motivó por qué consideró que el total del cobro contenido en el acto reclamado corresponde a contribuciones, para que de esta manera se pueda actualizar el caso excepcional previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Así, continúa señalando la inconforme, el presente caso no puede regirse por el artículo 135 de la Ley de Amparo, porque no se está ante la presencia de cobro de contribuciones, al menos de la lectura del acto reclamado no puede advertirse eso y, en consecuencia, la suspensión se rige por lo dispuesto en el artículo 124 de la ley de la materia. Además, refiere la recurrente, no todo lo que cobra el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla son contribuciones, pues también cobra productos, como se advierte del artículo 59 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. No le asiste la razón a la parte recurrente. Resulta correcto que el Juez de Distrito para conceder la suspensión provisional respecto al acto reclamado consistente en el oficio A.P.A. 22102/501/2006, lo hiciera bajo las siguientes consideraciones: (se transcribe). En efecto, es correcto el razonamiento del Juez Federal para considerar aplicable lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, pues en el presente caso, contrario a lo manifestado por la inconforme, sí se está ante la presencia de una contribución, debido a que en el acto reclamado se está determinando un ‘adeudo por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento’, lo cual constituye una especie de derecho, que por definición legal representa una contribución. El artículo 167 del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla vigente establece lo siguiente: (se transcribe). Por su parte, los artículos 2o., fracciones I y V, 6o., 58 y 96-A de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla establecen lo siguiente: (se transcribe). Luego, si el servicio de agua potable y alcantarillado es un servicio que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, el pago que se realice como contraprestación por ese servicio constituye un derecho y, por consecuencia, una contribución por lo que en este caso, sí es aplicable el artículo 135 de la Ley de Amparo para efectos de determinar la eficacia de la suspensión provisional del acto reclamado, contrario a lo manifestado por la recurrente. El numeral 135 en comento, establece lo siguiente: (se transcribe). Así, es correcto que el a quo para conceder la suspensión provisional que nos ocupa, haya aplicado el multicitado numeral 135, condicionando dicha suspensión a un requisito de eficacia, como resulta ser que los quejosos deban depositar ante la oficina exactora correspondiente el importe del crédito a su cargo, por concepto de suministro de agua potable a que se refiere el acto en mención, a manera de garantizar el interés fiscal, tal como lo establece el referido numeral, pues de las constancias que obran en autos, concretamente del contenido del acto reclamado (oficio número A.P.A. 22102/501/2006), se desprende que lo que está cobrando la responsable es un derecho por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es decir, una contribución. No es óbice para lo anterior, lo manifestado por la inconforme en el sentido de que no todo lo que cobra el Servicio Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla son contribuciones, pues también cobra productos, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla. Ello es así, pues como se desprende del propio acto reclamado, a los quejosos se les finca un adeudo por la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en términos de la referida ley de agua y saneamiento, no existiendo duda alguna de que lo que está cobrando la autoridad responsable es una contribución y no un producto (contraprestación por los servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho privado artículo 168 del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla). Tampoco es óbice que la parte recurrente señale que está al corriente en el pago por los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento del Municipio de Puebla y que, por ello, son incomprensibles los conceptos de cobro a que se refiere la autoridad responsable; toda vez que tal aseveración está dirigida al fondo del asunto y no a los efectos de la concesión de la medida cautelar otorgada por el a quo, máxime que la inconforme no señala de qué manera tal circunstancia influye en el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otra parte, como segundo agravio, la inconforme señala que suponiendo que el artículo 135 de la Ley de Amparo fuera aplicable, es indebido que el a quo haya condicionado el surtimiento de efectos de la suspensión provisional a que se otorgue depósito ante la autoridad responsable, toda vez que debió concederla desde luego y señalar que el depósito de esa cantidad sería para siguiera surtiendo sus efectos. Continúa señalando la inconforme, que la condicionante establecida en el artículo 135 de la Ley de Amparo, al igual que la contenida en el artículo 125 del citado ordenamiento legal, constituyen un requisito de efectividad de la medida cautelar y no una condición para otorgarla, por lo que si el Juez de Distrito estimó que se habían cumplido los extremos exigidos por el artículo 124 de la ley de la materia, debe concederse la suspensión provisional surtiendo sus efectos desde luego, y sólo dejaría de hacerlo si en el término de cinco días no se exhibiera la garantía fijada por el a quo. Que el requisito de efectividad previsto en el artículo 135 de la Ley de Amparo debe interpretarse de manera conjunta con el artículo 139 del referido ordenamiento legal, que establece la posibilidad de que la suspensión definitiva surta efectos desde luego y sólo deje de hacerlo si no se cumplen los requisitos de efectividad fijados. Finalmente, refiere la quejosa que el propio artículo 135 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, prevé la posibilidad de que no se exija el depósito del crédito fiscal, cuando a juicio del Juez de Distrito se trate de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, lo que evidencia que la intención del legislador no fue la de salvaguardar, a toda costa, el interés fiscal, pues es un requisito que puede dispensarse. Resultan infundadas las anteriores manifestaciones. Es cierto que el Juez de Distrito al conceder la suspensión provisional respecto al oficio reclamado A.P.A. 22102/501/2006, no señaló expresamente que dicha concesión surtiría sus efectos desde luego y que el depósito por concepto de garantía, como medida de eficacia, debían hacerlo los quejosos en un término de cinco días y que en caso de no hacerlo dejaría de surtir sus efectos dicha medida cautelar. Sin embargo, ello no significa que no haya operado el otorgamiento de la suspensión provisional de esa manera, pues aunque el Juez de Distrito no lo estableció así expresamente, lo cierto es que la propia Ley de Amparo reconoce que debe operar en esos términos. Como apoyo a lo anterior, se transcribe a continuación la contradicción de tesis 17/2000-PL, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en contra del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante ejecutoria de veintisiete de febrero del año dos mil uno, que trató el tema de si la suspensión provisional debe concederse desde luego y si el depósito de la garantía debe ser previo al otorgamiento de dicha medida o posterior a ella, como requisito de eficacia. La ejecutoria de mérito señala, en lo conducente, lo siguiente: (se transcribe). La anterior ejecutoria, dio lugar a la tesis jurisprudencial número P./J. 43/2001 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, página doscientos sesenta y ocho, que dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’ (se transcribe). En tal virtud, aunque el Juez de Distrito no lo haya señalado expresamente, debe estimarse que la suspensión provisional otorgada por el a quo surtió sus efectos desde luego, y que el depósito de la garantía respectiva (requisito de eficacia), prevista por el artículo 135 de la Ley de Amparo, debe presentarse dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos su notificación, pues es hasta ese entonces cuando la medida cautelar empezó a surtir sus efectos, y dejará de hacerlo sin necesidad de pronunciamiento expreso si los quejosos no exhiben dentro de ese plazo la garantía exigida. Por compartirla y por analogía se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la compilación antes citada, Tomo XV, marzo de dos mil dos, página mil cuatrocientos setenta, que dice: ‘SUSPENSIÓN. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJA DE HACERLO SIN NECESIDAD DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO, SI EL QUEJOSO NO EXHIBE DENTRO DEL PLAZO LEGAL LA GARANTÍA EXIGIDA, POR MÁS QUE IMPUGNE LA LEGALIDAD DE ÉSTA.’ (se transcribe). Por tal motivo, no es cierto que el a quo haya condicionado el surtimiento de efectos de la suspensión provisional a que se otorgue depósito ante la autoridad responsable, pues aunque el juzgador de amparo no lo haya expresado, lo cierto es que la propia ley establece que la concesión surtirá sus efectos desde luego, y que el depósito de esa cantidad será para que siga surtiendo sus efectos, pues este último requisito constituye una medida de eficacia de la suspensión provisional, y no una condición para otorgarla, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, el cual debe interpretarse de manera conjunta con el artículo 139 del referido ordenamiento legal, que establece la posibilidad de que la suspensión definitiva surta efectos desde luego, y sólo deje de hacerlo si no se cumplen los requisitos de efectividad fijados, tal como lo consideró el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la ejecutoria transcrita. En tales condiciones al no demostrarse la ilegalidad del auto recurrido se impone declarar infundada la presente queja."
Por su parte el referido Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el recurso de queja número 32/2003, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados e inoperantes los agravios. La recurrente alega que el Juez de Distrito indebidamente condicionó el otorgamiento de la suspensión provisional al requisito de exhibir la garantía del interés fiscal, toda vez que, por una parte, no está reclamando la determinación de un crédito fiscal, sino exclusivamente la designación de interventor; por otra, la garantía se debe exigir, en todo caso, como una condicionante de que la medida cautelar siga surtiendo efectos, y no fijarse como un requisito para que surta tales efectos; finalmente, señala que es imposible para su representada presentar una garantía por esa cantidad en el término de cinco días hábiles. En primer lugar, no asiste razón a la inconforme, cuando afirma que, en la presente hipótesis, no debió exigirse la garantía del interés fiscal, pues no se reclama la determinación de un crédito, sino la designación de interventor. En efecto, debe indicarse que el artículo 135 de la Ley de Amparo exige ese depósito, cuando el amparo se solicita contra el ‘cobro’ de contribuciones y no contra su determinación, al señalar: (se transcribe). A su vez, los artículos 151, fracción II, 153, 164 y 165 del Código Fiscal de la Federación señalan, en la parte que interesa, lo siguiente: (se transcribe). De lo anterior se sigue que la intervención con cargo a la caja es un medio para los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales, y el interventor es la persona encargada de llevar a cabo el retiro de un porcentaje de los ingresos de la negociación y enterarlos a la oficina recaudadora; por tanto, si en el caso se promueve el amparo contra la designación de interventor con cargo a la caja, es inconcuso que el amparo se promueve contra un acto tendente al cobro de una contribución, razón por la cual, sí es dable exigir el depósito del crédito fiscal, razón por la cual resulta infundado el agravio vertido en ese sentido. En cuanto a la imposibilidad que afirma tener la persona moral quejosa para cubrir el monto del depósito exigido, debe indicarse que tal argumento resulta inoperante, toda vez que al juicio de garantías no aportó prueba alguna para acreditar tal situación, pues las constancias que acompañó, consistentes en copias simples del acta constitutiva de la sociedad quejosa, de los citatorios, actas de notificación y resoluciones de designación de interventor con cargo a la caja y aceptación del cargo, no se evidencia tal imposibilidad. Al respecto, este tribunal considera aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, en la tesis aislada consultable en la página 456, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que informa: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA PARTE QUEJOSA DEBE APORTAR ELEMENTOS DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR SU INSOLVENCIA ECONÓMICA, Y QUE POR TANTO SE ENCUENTRA EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DE EXIGIBILIDAD DEL DEPÓSITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Tampoco asiste la razón a la recurrente cuando señala que el Juez Federal indebidamente exigió la garantía del interés fiscal, como requisito para que surtiera efectos la suspensión. Así es, el artículo 135 de la Ley de Amparo, transcrito líneas atrás, dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, como ocurre en la especie, la suspensión del acto reclamado puede concederse discrecionalmente, y que ésta surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o Municipio que corresponda. Como se ve, el numeral de mérito es tajante al señalar que cuando el acto reclamado involucra el cobro de contribuciones, la suspensión del acto surte sus efectos, siempre y cuando se deposite, previamente, la garantía que para ello fije el a quo. De ahí que, contrario a lo que alega la recurrente, para que surta efectos la suspensión provisional que solicitó es requisito sine qua non, que se otorgue esa garantía. Cabe agregar que la tesis de jurisprudencia por contradicción que invoca la recurrente, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 76, en la página noventa y seis del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia SCJN del Apéndice 1917-2000, no es aplicable en este asunto. La jurisprudencia de referencia es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’ (se transcribe). Si bien es cierto que la anterior tesis jurisprudencial ordena que la suspensión provisional surte sus efectos desde luego, sin que para ello se requiera de la exhibición de la garantía que fije el Juez para tal efecto, también lo es que el criterio aludido no involucra el caso en estudio (cuando el acto reclamado consista en el cobro de contribuciones). Es más, ni siquiera se cita el artículo 135 de la Ley de Amparo, que regula la suspensión en tratándose del cobro de contribuciones. No obstante que la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia por contradicción analizada, señala: ‘En cuanto a los requisitos de efectividad, están contenidos en los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo.’ (se transcriben) de la lectura integral de la ejecutoria referida no se desprende que el Máximo Tribunal del país haya determinado que no se necesite la garantía de referencia, para que surta efectos la suspensión provisional, cuando el acto respecto del cual se solicite la medida cautelar, involucre el cobro de contribuciones. Todavía más, en los asuntos de los Tribunales Colegiados que contendieron en la contradicción de referencia, los actos reclamados respecto de los cuales se solicitó la suspensión consistieron en el embargo de bienes, tema totalmente distinto al que se estudia en esta sentencia, el cual se refiere a la suspensión de actos relativos al cobro de contribuciones, regulado por el invocado artículo 135 de la Ley de Amparo que, repútese (sic), ordena de manera contundente que la suspensión surte sus efectos siempre y cuando se otorgue previamente, la garantía que fije el juzgador, hipótesis ésta muy distinta a la que contempla el diverso artículo 125 de la propia legislación de amparo, en cuyo caso sí es factible exhibir la garantía relativa en el término de cinco días que señala el artículo 139 del ordenamiento legal en comento. En mérito de lo anterior, como se adelantó, resulta inaplicable la jurisprudencia por contradicción ponderada. Consiguientemente, no evidenciada la antijuridicidad del auto recurrido, lo que procede es confirmarlo, en lo impugnado."
CUARTO. Este órgano colegiado estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Efectivamente, para que se genere una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior se deriva de la naturaleza y características propias de los conflictos de contradicción de tesis, así como de la jurisprudencia P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Ahora bien, en el caso de que se trata sí se produce la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que la lectura de las ejecutorias señaladas como contradictorias permite advertir que los tribunales participantes resolvieron negocios jurídicos similares y arribaron a conclusiones opuestas, como se demuestra a continuación.
En efecto, la lectura de las ejecutorias transcritas revela que, al resolver los recursos de queja puestos en su conocimiento, ambos Tribunales Colegiados examinaron diversos puntos de derecho, a saber:
1. Definieron que los actos reclamados señalados en los juicios de amparo de los que derivaron los recursos de queja respectivos, consistían en el cobro de contribuciones a cargo de la parte quejosa, por lo que la suspensión provisional debía fundarse en el artículo 135 de la Ley de Amparo.
2. Sin embargo, al tocar el punto relativo a si la garantía prevista en dicho numeral constituía un requisito para la procedencia de la suspensión o si bien sólo se trataba de una exigencia para que surtiera efectos la suspensión concedida, ambos Tribunales Colegiados sostuvieron criterios discrepantes entre sí, puesto que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 8/2006 adujo que, en términos de los artículos 135 y 139 de la Ley de Amparo la garantía que se impone a la parte quejosa tiene el carácter de requisito de efectividad de la suspensión concedida, ya que ésta surte sus efectos desde luego; es decir, de inmediato; de aquí que la garantía que se pide es para que siga surtiendo sus efectos, como medida de eficacia, tal como lo resolvió el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 17/2000-PL, en la que determinó que la suspensión provisional debe concederse desde luego, y que el depósito de la garantía es posterior a la concesión de la suspensión, por lo que sólo tiene el carácter de medida de eficacia. Para apoyar su dicho, ese Tribunal Colegiado estimó aplicable la tesis de jurisprudencia 43/2001, emitida por el Pleno de este Alto Tribunal con motivo de la resolución dictada en la contradicción de tesis antes mencionada, y que tiene por rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el momento de resolver el recurso de queja número 32/2003, aseveró sobre el tema en cuestión, que la garantía exigida respecto de la suspensión provisional, cuando se reclame el cobro de una contribución, posee la naturaleza de un requisito de procedencia de la suspensión, ya que el artículo 135 de la Ley de Amparo es tajante al disponer que en el caso del cobro de contribuciones, la suspensión del acto surte sus efectos solamente si se deposita, previamente, la garantía que fije el Juez de Distrito, sin que en el caso encuentre aplicación la tesis de jurisprudencia dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", toda vez que dicha tesis se emitió en relación con un tema distinto al del cobro de contribuciones, pues de sus antecedentes se advierte que en ese caso se solicitó la suspensión provisional respecto del embargo de bienes; y porque además, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de mérito nunca se examinó el contenido del artículo 135 de la Ley de Amparo, que regula la suspensión respecto del cobro de contribuciones.
Como se observa de lo aquí narrado, es claro que sí existe la oposición de criterios entre los tribunales contendientes respecto de si la garantía que decreta el Juez de Distrito, cuando se solicita la suspensión del cobro de contribuciones, constituye un requisito de procedencia de la suspensión o solamente un requisito de eficacia, a la luz de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", ya que sobre estos tópicos los Tribunales Colegiados de referencia sostuvieron posiciones divergentes entre sí, según se precisó en párrafos anteriores.
En estas condiciones, la materia sobre la que versa la presente contradicción de tesis se refiere a si, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, la garantía que se exige, respecto de la solicitud de la suspensión provisional del cobro de contribuciones, constituye un requisito de procedencia de la suspensión o sólo un elemento de eficacia de la misma.
Como consecuencia de lo anterior, también es oportuno resolver si en el caso es aplicable o no la tesis de jurisprudencia del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA."
QUINTO. En relación con el primer punto de oposición; es decir, el relativo a si, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, la garantía que se exige, respecto de la solicitud de la suspensión provisional del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19645-63aa7c65/suspension-provisional-cuando-se-reclama-el-cobro-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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