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Modo: Corpus Pro

DERECHOS SUCESORIOS AGRARIOS. LA OMISIÓN DEL SUCESOR DE RECLAMAR SU RECONOCIMIENTO EN EL PLAZO DE DOS AÑOS A PARTIR DEL FALLECIMIENTO DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN, O LA ABSTENCIÓN DE TRABAJAR PERSONALMENTE LA PARCELA EJIDAL POR ESE LAPSO, NO CAUSAN LA PÉRDIDA DE TALES DERECHOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19857
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 436.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos relativos a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, órgano de amparo que, al parecer, sustenta una de las tesis contradictorias.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el veintiséis de noviembre de dos mil dos, al resolver la revisión principal 383/2002, entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:

"TERCERO. Son inconsistentes los agravios, pues este tribunal advierte una causa de improcedencia en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, que implica el sobreseimiento del juicio de garantías. ... Por último, la quejosa aduce que atendiendo al hecho de que la lista de sucesión de fecha quince de junio de mil novecientos sesenta depositada ante el Registro Agrario Nacional, carece de eficacia legal, que en el certificado de derechos agrarios 1085614, se hace constar que el finado Santos Jiménez Leal no dejó sucesores registrados, y que en el certificado de derechos agrarios 178934, si bien se certificó que Jiménez Leal designó como sus sucesores a Sergio Jiménez Uribe, Adela Uribe y Magdalena Jiménez Uribe -en ese orden-, tal lista no fue firmada, el tribunal debió resolver el juicio como si se tratara de una sucesión legítima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Agraria que dispone: ‘Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.’. Concluyendo que en atención al orden de preferencia contemplado por dicho numeral, a ella le corresponde un mejor derecho sobre el aquí tercero perjudicado para suceder los derechos agrarios que pertenecieron a su finado esposo. Lo anterior resulta infundado. En efecto, primeramente debe decirse que cierto es, como lo aduce la quejosa, que en el certificado de derechos agrarios 1085614, se hizo constar que el citado Jiménez Leal no dejó lista de sucesores registrada ante el Registro Agrario Nacional, asimismo, que en el certificado de derechos agrarios número 178934 aportado por el demandado, se certificó que el extinto titular de los derechos agrarios que nos ocupan, registró ante dicha dependencia a Sergio Jiménez Uribe, Adela Uribe y Magdalena Jiménez Uribe como sus sucesores, sin que tal designación se hubiere firmado por el de cujus; sin embargo, como ya se dijo en párrafos precedentes, el tribunal responsable para resolver como lo hizo no se basó en los citados certificados, sino que para emitir su resolución se basó en la lista de sucesores que el finado Santos Jiménez Leal depositó ante el Registro Agrario Nacional, misma que mediante sentencia de amparo, se le ordenó recabar al tribunal responsable, y si como ya se dijo también en párrafos precedentes tal documento está revestido de plena validez, resulta correcto que el tribunal haya resuelto atendiendo a las reglas de la sucesión testamentaria que regula el artículo 17 de la Ley Agraria, esto es, atendiendo a la referida lista de sucesión formulada por el de cujus y depositada ante el Registro Agrario Nacional. Por lo que, repítase, como se verá a continuación, el juicio de amparo resulta improcedente al no demostrar el quejoso que se encuentre vigente la expectativa de derecho para que se le reconozca como sucesor de los derechos agrarios del extinto ejidatario. Esto es así, porque para acceder al juicio de garantías es requisito indispensable acreditar el interés jurídico, que no es otra cosa que la demostración de la existencia de un derecho jurídicamente tutelado que se ve afectado por el acto de imperio de la autoridad que se tiene como responsable, y que faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a solicitar el cese de la violación, así se desprende de la tesis de jurisprudencia número 854, publicada en la página quinientos ochenta y dos, correspondiente a la Octava Época del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.’. Ahora bien, este tribunal estima que la comprobación de que el quejoso ahora recurrente Gustavo Jiménez Uribe, es hijo del extinto ejidatario Santos Jiménez Leal, esa sola circunstancia resulta insuficiente para tener por demostrado su interés jurídico, en virtud de que sólo constituyó una expectativa de derecho que decayó por no haberse reclamado dentro de los dos años siguientes a la fecha en que falleció el ejidatario, sirviendo de apoyo la tesis de jurisprudencia número 214, publicada en la página doscientos veintiséis, correspondiente a la Novena Época del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA). La interpretación relacionada de los artículos 81, 82, 83 y 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, así como el espíritu en que se inspiró el establecimiento de la obligación de explotación directa y permanente de la parcela para garantizar su función social, permiten concluir que tal obligación, cuyo incumplimiento por dos años consecutivos da lugar a la pérdida de los derechos sobre la unidad de dotación, de conformidad con el referido numeral 85, fracción I, no sólo atañe al ejidatario o comunero, sino a todo aquel que ejerza derechos sobre la parcela, como lo es quien los haya adquirido por sucesión, aunque no se le hubieren reconocido aún sus derechos sucesorios, pues el heredero adquiere la parcela con las mismas obligaciones que el de cujus tenía sobre la misma y los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen a la fecha del fallecimiento, de manera tal que la obligación de explotación de la unidad parcelaria la tiene desde esta fecha y no hasta que, en su caso, se le reconozcan los derechos sucesorios. Lo anterior permite concluir que, cuando el sucesor designado por el de cujus no está en posesión de la unidad de dotación parcelaria, el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio debe realizarlos en el plazo de dos años, siguientes al fallecimiento del titular, para obtener la posesión de la parcela y así estar en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de su explotación y no incurrir en la causal de pérdida de sus derechos, pues la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor que daría lugar al reconocimiento de los mismos, mediante la adjudicación de la unidad de dotación, en términos de lo dispuesto en el artículo 72, fracciones III y IV, de la misma ley, al establecer categorías de campesinos con derechos de preferencia en virtud de la posesión, es decir, la posesión genera la expectativa de derecho a ser reconocido como titular de derechos agrarios y, por tanto, consecuencias de derecho protegidas por la ley.’. De las pruebas desahogadas en la litis constitucional, se advierte que el de cujus falleció el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y siete, y el inconforme pretende el reconocimiento de sus derechos sucesorios hasta el veinticuatro de abril del año dos mil dos, fecha en que dice se enteró del conflicto de su madre Adela Uribe Soltero con su hermano Santos Jiménez Uribe, en el citado juicio agrario número 8/16/98, es decir, cuando ya habían transcurrido más de cuatro años de ocurrido el deceso del ejidatario titular del certificado de derechos agrarios que pretende suceder, por lo que atendiendo al contenido de la tesis jurisprudencial aludida, es inconcuso que en el caso, la expectativa de derecho de que gozó el aquí inconforme, no llegó a materializarse en un bien jurídico tutelable a través de la acción constitucional. Es cierto que conforme a la citada jurisprudencia número 214, bajo el rubro: ‘SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA).’, así como de la lectura de la ejecutoria que le dio origen, se pone de manifiesto que el más Alto Tribunal de justicia del país sostuvo, interpretando la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, que el sucesor del de cujus, cuando no se encuentra en posesión de la unidad de dotación, debe reclamar sus derechos en el plazo de dos años siguientes al fallecimiento del titular. Sin embargo, tomando en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su ratio legis y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, este tribunal estima que dicha jurisprudencia también es aplicable bajo los supuestos de la Ley Agraria, pues la interpretación sistemática de los artículos 20, 23, fracción II y 57, fracción III, de la citada Ley Agraria (‘Artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde: I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población; III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.’, ‘Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.’ y ‘Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente origen de preferencia: I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.’), llevan al conocimiento de que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de las disposiciones en comento, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, es decir, la nueva Ley Agraria también conserva el principio relativo a la obligación de explotación directa y permanente de la parcela para garantizar su función social, por lo que el incumplimiento de tal obligación, por dos años consecutivos, da lugar a la pérdida de los derechos sobre la unidad de dotación, de conformidad con el referido numeral 57, fracción III, que no sólo atañe al ejidatario o comunero, sino a todo aquel que ejerza derechos sobre la parcela, como lo es quien los haya adquirido por sucesión aunque no se le hubieren reconocido aún sus derechos sucesorios, pues el heredero adquiere la parcela con las mismas obligaciones que el de cujus tenía sobre la misma y los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen a la fecha del fallecimiento, de manera tal que la obligación de explotación de la unidad parcelaria la tiene desde esta fecha y no hasta que, en su caso, se le reconozcan los derechos sucesorios. De ahí que, repítese, cuando el sucesor designado por el de cujus no está en posesión de la unidad de dotación parcelaria, el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio debe realizarlos en el plazo de dos años siguientes al fallecimiento del titular, para obtener la posesión de la parcela y así estar en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de su explotación y no incurrir en la causal de pérdida de sus derechos, pues la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor que daría lugar al reconocimiento de los mismos mediante la adjudicación de la unidad de dotación, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, de la misma ley, al establecer la prescripción en virtud de la posesión, es decir, la posesión genera la expectativa de derecho a ser reconocido como titular de derechos agrarios y, por tanto, consecuencias de derecho protegidas por la ley. Debe decirse que lo anterior no contraría las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución de la sucesión en materia agraria, pues lo que se pretende con la aplicación de la jurisprudencia aludida, dentro del procedimiento agrario actual, es que el bien se trabaje a partir del fallecimiento del titular de los derechos agrarios. Algunos podrían considerar que no cabe la mencionada aplicación, porque el legislador no señaló causas de privación de derechos agrarios, sin embargo, se estima también que la actividad legislativa se realiza con el propósito de evitar situaciones irregulares, sobre todo el fraude a la propia ley, y en el caso, lo pretendido por el quejoso es que su expectativa de derecho sucesorio se le reconozca en el momento en el que él decidió ejercerla sin ningún límite para su ejercicio. Por lo que el plazo previsto por las disposiciones señaladas sí es aplicable, en virtud a las razones estimadas, de ahí que es válido adoptar la solución dada al caso. Otra razón más para sostener lo anterior, es el hecho de que para el solo efecto de acreditar el carácter de heredero y solicitar su inscripción como tal ante el Registro Agrario Nacional, de la interpretación integral de los preceptos de la nueva legislación agraria se infiere que aun en ausencia de conflicto entre herederos (lo cual excluye la intervención forzosa de los tribunales agrarios, conforme a la fracción VII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, interpretado a contrario sensu), el interesado debe promover ante éstos, en vía de jurisdicción voluntaria, conforme al artículo 165 de la ley, con el objeto de demostrar que los supuestos previstos por la norma se han actualizado al caso concreto, es decir, se debe acreditar el carácter de ejidatario o comunero del de cujus, su defunción, así como el carácter de heredero del promovente para que la resolución que se dicte, sea el documento que se inscriba en el Registro Agrario Nacional y, en consecuencia, se expida el certificado o certificados correspondientes. Acorde a lo expuesto, por más que fuera verdad que la lista de sucesión del extinto ejidatario fuera falsa, lo cierto es que no es el hoy inconforme el autorizado para impugnar lo resuelto en el juicio sucesorio a través del juicio constitucional por carecer de interés jurídico, requisito indispensable para promover el juicio de amparo. Además, tal cuestión de si la lista de sucesores es apócrifa, atañe a las cuestiones de fondo propuestas, y es de sobra conocido que en los casos en los que se actualiza una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento del juicio, técnicamente resulta incorrecto ocuparse de los problemas de fondo planteados. Para el caso se atiende al contenido de la tesis jurisprudencial 1028, publicada en la página setecientos ocho del citado Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1917-1995, que dice: ‘SOBRESEIMIENTO, IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.’."

De las consideraciones precedentes, derivó la tesis cuyos texto y datos de localización son:

"SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CASO EN QUE ES APLICABLE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 214, DE RUBRO: ‘SUCESIÓN DE DERECHOS AGRARIOS. CUANDO EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE LA UNIDAD DE DOTACIÓN, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, SIGUIENTES AL FALLECIMIENTO DEL TITULAR (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA).’, A LA LEY AGRARIA VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE FEBRERO DE 1992). Conforme a la jurisprudencia 214, del rubro de referencia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 226, así como de la lectura de la ejecutoria que le dio origen, publicada en las páginas 337 a 359 del Tomo II, diciembre de 1995, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se pone de manifiesto que el más Alto Tribunal de Justicia del país sostuvo que en los términos de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, el sucesor, cuando no se encuentra en posesión de la unidad de dotación, debe reclamar sus derechos en el plazo de dos años siguientes al fallecimiento del titular, pues, en tal caso, la expectativa de derechos que tenía el sucesor se cristalizaba. Supuesto que también es aplicable a la nueva Ley Agraria vigente a partir del 27 de febrero de 1992, tomando en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su ratio legis y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, se estima que dicha jurisprudencia también es aplicable, pues la interpretación sistemática de los artículos 20, 23, fracción II y 57, fracción III, de la citada Ley Agraria, llevan al conocimiento de que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de las disposiciones en comento, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, la nueva Ley Agraria también conserva el principio relativo a la obligación de explotación directa y permanente de la parcela para garantizar su función social, por lo que el incumplimiento de tal obligación, por dos años consecutivos, da lugar a la pérdida de los derechos sobre la unidad de dotación, de conformidad con el referido numeral 57, fracción III, que no sólo atañe al ejidatario o comunero, sino a todo aquel que ejerza derechos sobre la parcela, como lo es quien los haya adquirido por sucesión, aunque no se le hubieren reconocido aún sus derechos sucesorios, pues el heredero adquiere la parcela con las mismas obligaciones que el de cujus tenía sobre la misma y los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen a la fecha de fallecimiento, de manera tal que la obligación de explotación de la unidad parcelaria la tiene desde esta fecha y no hasta que, en su caso, se le reconozcan los derechos sucesorios. De ahí que cuando el sucesor designado por el de cujus no está en posesión de la unidad de dotación parcelaria, el trámite de reconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios y el traslado de dominio debe realizarlos en el plazo de dos años siguientes al fallecimiento del titular, para obtener la posesión de la parcela y así estar en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación de su explotación y no incurrir en la causal de pérdida de sus derechos, pues la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor que darían lugar al reconocimiento de los mismos, mediante la adjudicación de la unidad de dotación, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, de la misma ley, al establecer la prescripción en virtud de la posesión, es decir, la posesión genera la expectativa de derecho a ser reconocido como titular de derechos agrarios y, por tanto, consecuencias de derecho protegidas por la ley." (Novena Época. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, enero de 2003. Tesis III.1o.A.101 A. Página 1868).

CUARTO. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el treinta y uno de enero de dos mil seis, al resolver el amparo directo administrativo 632/2005, entre otras consideraciones, sostuvo las siguientes:

"SÉPTIMO. Con apoyo en los artículos 76 Bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, se suple la deficiencia de los conceptos de violación, al estar en presencia de un juicio de garantías atinente a la materia agraria y la quejosa es aspirante a comunera. En la ejecutoria pronunciada al resolver la contradicción de tesis 7/95, fuente de la jurisprudencia número 2a./J. 78/95, consultable en la página trescientos treinta y seis, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertió, entre otras, las siguientes consideraciones ilustrativas para orientar el sentido de este fallo: (los transcribe). Como se ve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el artículo 85, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, determinaba la obligación general de explotar la unidad de dotación al establecer la pérdida de los derechos sobre ella si durante dos años consecutivos no se trabajaba. El órgano jurisdiccional en consulta señaló que si bien al surtirse la hipótesis prevista en ese numeral se necesitaba la instauración del procedimiento correspondiente previsto en los artículos 426 a 433 de la referida codificación, ello no significaba la inexistencia de la pérdida de derechos agrarios, pues ese procedimiento sólo tenía como finalidad verificar la configuración o no de la causa de pérdida de esos derechos. En términos del citado artículo 85, fracción I, destacó el órgano jurisdiccional en consulta, la obligación de explotar la tierra corresponde no sólo al ejidatario o comunero, sino a todo aquel que ejerza derechos sobre ella, incluido a quien los haya adquirido por sucesión, pues los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen a la fecha de muerte del autor de la sucesión, en esa virtud la obligación de explotar la unidad de dotación la tiene desde el fallecimiento de aquél, no a partir del reconocimiento de los derechos sucesorios. Por tanto, si el sucesor designado tiene la obligación de explotar la tierra heredada, so pena de perder sus derechos de no hacerlo en el término de dos años consecutivos, cuando no está en posesión de la unidad de dotación dentro de dicho lapso debe realizar los trámites relativos para el reconocimiento de sus derechos y el traslado de dominio para obtener su posesión, para estar en posibilidad de cumplir dicha obligación y no incurrir en la causal de pérdida de sus derechos. Lo anterior no acontece cuando el sucesor se encuentra en posesión de las tierras en cuestión, pues al ejercer materialmente sus derechos sucesorios, no le puede prescribir la acción para solicitar su reconocimiento, aun cuando formalmente no se le hayan reconocido. Con base en ello, ese cuerpo colegiado determinó que si bien la Ley Federal de Reforma Agraria no establecía expresamente término de prescripción de la acción para reclamar derechos sucesorios agrarios, debería estarse a las disposiciones del artículo 85, fracción I, de esa codificación, por lo que cuando el sucesor designado no está en posesión de la parcela, el trámite de reconocimiento de los derechos sucesorios agrarios debe realizarse en el plazo de dos años siguientes al fallecimiento del titular. Además, señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor, con el consecuente reconocimiento de su titularidad, en función de lo establecido en el artículo 72, fracciones III y IV, de la citada ley. En conclusión, ante la inexistencia de un precepto en la Ley Federal de Reforma Agraria que expresamente señalara un plazo para ejercer la acción de reconocimiento de derechos sucesorios agrarios, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una interpretación integral de esa legislación y determinó la necesidad de recurrir al artículo 85, fracción I, el cual determinaba la pérdida de los derechos sobre la unidad de dotación, cuando no se trabajara la tierra por un lapso de dos años consecutivos; de ahí la obligación del sucesor designado de ejercer la acción correspondiente en el plazo de dos años siguientes al fallecimiento del titular, cuando no tuviera la posesión de la unidad de dotación para no incurrir en la causa de pérdida de derechos contemplado en ese numeral, además de los derechos que pudiera adquirir la persona que detentara tal posesión. En ese orden, igual que en la Ley Federal de Reforma Agraria, en la Ley Agraria en vigor a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, no existe precepto que señale plazo para ejercer la acción de reconocimiento de derechos sucesorios agrarios, empero, tampoco hay disposición semejante o correlativa al artículo 82, fracción I, de la Ley Federal de Reforma Agraria, sustento de la determinación de la Segunda Sala del Máximo Órgano jurisdiccional del país en la ejecutoria analizada, motivo por el cual, en la actual legislación agraria no existe disposición de la cual se pueda desprender que el plazo para ejercer la acción de reconocimiento de derechos sucesorios agrarios sea de dos años. Ciertamente, en la Ley Agraria vigente los artículos 20, 23, fracción II y 57, fracción III, señalan: ‘Artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde: I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes; II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19857-4e4add83/derechos-sucesorios-agrarios-la-omision-del-sucesor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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