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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PARTE INTERESADA PUEDE ACUDIR DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE REQUIERA A LOS FUNCIONARIOS O AUTORIDADES EN EL SENTIDO DE QUE EXPIDAN LAS COPIAS O DOCUMENTOS PARA QUE SEAN APORTADOS EN EL JUICIO SIN QUE PREVIAMENTE LOS HAYA SOLICITADO, CUANDO EXISTA UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE AQUÉLLOS LOS EXPIDAN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2006-PL. · Registro digital (IUS): 20431
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 659.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el tres de octubre de mil novecientos noventa, el recurso de queja administrativa número 463/90, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. La recurrente en sus agravios expresa en síntesis que la determinación que el Juez de Distrito fundó en el artículo 152 de la Ley de Amparo, de no acordar favorablemente su solicitud para requerir a Nacional Financiera la información relativa a la reserva constituida por Aseguradora Cuauhtémoc, S.A. (tercera perjudicada), por obligación pendiente de cumplir según orden emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, le causa perjuicio en virtud de que conforme al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito (vigente a partir del día diecinueve de julio de mil novecientos noventa), se encuentra imposibilitado de obtener directamente la información que necesita para presentarla como prueba en el juicio de garantías. Es fundado el razonamiento expresado por la parte quejosa en el juicio de amparo, hoy recurrente, en virtud de los siguientes razonamientos. El artículo 152 de la Ley de Amparo, textualmente señala: (transcribe). Del contenido de este artículo se advierten como requisitos para que el Juez de Distrito proceda a requerir a una autoridad la expedición de copias de algún documento que obre en sus archivos, primero, que alguna de las partes en el juicio de garantías solicite su intervención para obtener las copias que necesita con el fin de aportarlas como pruebas documentales en el juicio, y segundo, que previamente a dicha solicitud, la parte interesada haya solicitado directamente dichas pruebas ante la autoridad competente para ello, demostrando, por supuesto, tal hecho ante el juzgador con la copia de la petición debidamente sellada o firmada de recibido. Sin embargo, en el caso particular que estudiamos, existe un impedimento legal para la parte quejosa de obtener por sí las copias de los documentos o la información que necesita para aportarla en el juicio de garantías, esto es, la quejosa pidió al Juez de Distrito, a través de su escrito presentado el día primero de agosto de mil novecientos noventa, que requiera a Nacional Financiera copias o información sobre la reserva constituida por la aseguradora, tercera perjudicada, por obligaciones pendientes de cubrir en relación a los bienes asegurados que le fueron robados, asunto que se ventiló ante la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. En relación a las copias de los documentos que necesita la quejosa para aportarlas como pruebas en el juicio de amparo, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada el dieciocho de julio de mil novecientos noventa en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, contiene un impedimento para que la quejosa obtenga por sí dichas copias, para mayor claridad del asunto se transcribe literalmente el citado precepto: (se transcribe). De este artículo se desprende con claridad que ninguna institución de crédito puede dar noticia o información (menos aún copias) de los depósitos, servicio o cualquier tipo de operación, salvo que los pida una autoridad judicial en relación al juicio en el que el titular sea parte o acusado, de este impedimento expresamente consignado en una norma jurídica se concluye que resulta ocioso e inútil exigir a la parte quejosa en el juicio de garantías que solicite previamente las copias o la información ante la autoridad o funcionario competente para ello, y una vez que se le niegue (porque así la ley lo dispone), entonces el Juez de Distrito intervendrá requiriendo a la autoridad encargada (en este caso Nacional Financiera) para que expida las copias necesarias para aportarlas en el juicio de garantías. Por lo tanto, no es correcta la apreciación del juzgador de primera instancia al determinar que no había lugar a acordar favorablemente la petición de la quejosa por no encontrarse en el supuesto del artículo 152 de la Ley de Amparo, toda vez que le pide el cumplimiento de un requisito de antemano inútil, porque le va a ser negada la solicitud que intente elevar a cualquier institución de crédito."

El criterio anterior originó la emisión de la tesis que es del tenor siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VII, abril de 1991

"Página: 222

"PRUEBAS EN EL AMPARO. CASO EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO LAS RECABA DE OFICIO SIN PREVIA SOLICITUD DEL QUEJOSO. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece como obligación para cualquier funcionario o autoridad el expedir, con toda oportunidad, las copias o documentos que soliciten las partes, con el fin de presentarlas como pruebas en la audiencia constitucional, garantizando el cumplimiento de esta obligación con la intervención del Juez de Distrito, el cual puede requerir al omiso, haciendo uso de los medios de apremio, y aplazar la audiencia hasta en tanto se expidan las copias y documentos necesarios para resolver el juicio de amparo; esta ayuda se otorga a la parte interesada con la única condición de que demuestre haberlas pedido previamente ante la autoridad respectiva. Sin embargo, hay una excepción a esta regla general, cuando por existir un impedimento legal, la parte interesada no puede obtener por sí las copias o documentos que necesita para aportarlos como prueba en el juicio, puede pedir directamente la intervención del Juez de Distrito para obtener que la autoridad las expida, sin necesidad de haberlas solicitado en forma previa ante ésta. Este supuesto de excepción se encuentra contenido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el cual se consigna la prohibición para las instituciones de crédito de proporcionar cualquier tipo de información sobre depósitos, servicios u operaciones de los depositantes, salvo cuando ésta sea requerida por autoridad judicial ante la cual se ventile juicio en el que sea parte el titular de la cuenta respecto de la cual se pide la información. Por lo tanto, la existencia de este impedimento expresamente consignado en una norma jurídica, hace ociosa e inútil la solicitud que pudiera elevar la parte interesada ante la autoridad o funcionario competente, para obtener por sí las copias o documentos necesarios para aportarlas en el juicio de garantías, así tratándose de este caso de excepción, no es indispensable demostrar la previa solicitud elevada a la autoridad, para pedir al Juez de Distrito que sea él quien requiera a la institución las copias o documentos que se aportarán como pruebas en el juicio de garantías.

"Queja 463/90. Juana Irene Valdez Páez. 3 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro."

B) El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el diecisiete de agosto de dos mil seis, la queja administrativa 56/2006, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Son jurídicamente inconsistentes los argumentos expresados por la inconforme, en la inteligencia de que no es factible suplir las deficiencias de su queja, toda vez que no se está en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 76 Bis de la ley de la materia. Como inicio, para mejor ilustración del asunto, conviene recapitular algunos de los antecedentes que derivan de autos, a saber: a) Con fecha veintitrés de mayo del año que transcurre, se admitió a trámite la demanda de amparo, incoada por Célida Gutiérrez Hernández en contra de los actos que atribuyó al Congreso de la Unión y al jefe de área de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional XV-Baja California, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras autoridades. b) Del citado jefe de área de Servicio Jurídicos de la Delegación Regional XV-Baja California, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reclamó el oficio número XV/ASJ/126/2006, de veintisiete de abril de dos mil seis, en el que sustancialmente se estableció que la institución facultada para decidir respecto de las aportaciones contenidas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores, es la Afore correspondiente, en el caso concreto ING Afore, Sociedad Anónima de Capital Variable. c) Asimismo, a su escrito inicial de demanda aportó el oficio número CNSAR/D00/2100/757/2002, signado por el director general jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dirigido a Gabriel Arriaga Alba. d) Por escrito presentado el dieciséis de junio del año en curso, Célida Gutiérrez Hernández ofreció pruebas de su parte, entre las que se encuentra el aludido oficio número CNSAR/D00/2100/757/2002, del veintiséis de marzo de dos mil dos, en el que el director general jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro afirmó que -en su opinión- corresponde al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores decidir sobre la solicitud de devolución de la subcuenta de vivienda y no a la Afore. De igual manera, la quejosa sostuvo que se acababa de enterar de la existencia de tal documento y que como no participó en su confección, ni fue expedido a su favor, carece de posibilidades para obtener su original, por lo que, con el objeto de perfeccionar su contenido y para el caso de duda, solicitó que se requiriera a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la presentación o exhibición de una copia certificada legible de tal documento. Prueba con la que pretende acreditar -dijo- que la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda debe determinarlos el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y no la Afore, como incorrectamente lo sostuvo el jefe de área de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional XV-Baja California, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. e) A dicha petición recayó auto de la misma fecha, en el que el Juez de Distrito estableció: (se transcribe). f) Inconforme con dicha resolución jurisdiccional, Célida Gutiérrez Hernández interpuso el presente recurso de queja. Sentado lo anterior, se procede al análisis de los motivos de disentimiento expresados por la recurrente. En ellos sostiene que le causa agravio el auto recurrido en virtud de que el Juez Federal dejó de considerar que la inconforme no tiene a su disposición la expedición de copias certificadas que pretende se recaben por conducto del juzgador constitucional, ya que ninguna participación o personalidad tuvo en el expediente en el que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro emitió el oficio de trato, ni éste fue dirigido a su favor; circunstancias que -continúa- manifestó desde su escrito de ofrecimiento de pruebas, por lo que en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, solicitó al Juez Primero de Distrito la obtención de la copia certificada relativa. Que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se encuentra impedida legalmente para expedir información o copias certificadas a terceros en términos del artículo 91, último párrafo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Que en función de todo lo anterior, el Juez de control constitucional aplicó inexactamente el artículo 152 de la Ley de Amparo y, por ello, solicita que se revoque el auto controvertido. Invocó en apoyo de sus razonamientos la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de epígrafe: ‘PRUEBAS EN EL AMPARO. CASO EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO LAS RECABA DE OFICIO SIN PREVIA SOLICITUD DEL QUEJOSO.’. No participa de razón la disconforme. Para evidenciar lo anterior, resulta conveniente reproducir parcialmente la ejecutoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada con motivo de la contradicción de tesis número 24/95, en la que se analizó el contenido y teleología del artículo 152 de la ley de la materia, ejecutoria que, en lo que interesa, dice (énfasis añadido) (se transcribe). De éstas y otras consideraciones surgió la jurisprudencia número P./J. 46/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 17, registro 200,063, que reza: ‘COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). De la ejecutoria y jurisprudencia preinsertas, se coligen las siguientes premisas: • En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o al derecho. • La Ley de Amparo contiene un principio liberal, un sentido de amplitud, dada la importancia y trascendencia que los elementos de prueba tienen en un proceso, pues constituyen los medios para encontrar una verdad incierta y desconocida. • Como lo que pretende encontrarse es la verdad, para que el órgano jurisdiccional pueda lograrlo, la ley establece la posibilidad de que pueda valerse de todos los elementos probatorios al alcance de las partes, con excepción de los prohibidos por la norma (posiciones y contrarios a la moral y al derecho). • Con el fin de facilitar la presentación oportuna de los medios de convicción, el legislador impuso como obligación a las autoridades y funcionarios, el expedir las copias o documentos que fueran solicitados por las partes y para hacer efectiva dicha obligación, se previó que el juzgador podría requerirlas, previa petición del interesado, incluso con el uso de los medios de apremio, a fin de que los contendientes en un juicio tuviesen la oportunidad de conseguir y presentar en la audiencia constitucional todas las pruebas con las que pudieran acreditar sus aseveraciones. • Con el artículo 152 de la ley de la materia, se pretendió que las partes tuvieran una amplia posibilidad de probar sus afirmaciones, por lo que dicho precepto debe interpretarse de manera liberal. • La ley debe procurar la obtención de los documentos públicos y privados, pues ningún sentido tendría y además sería contradictorio, que ésta previera la posibilidad de admitir las pruebas, si fuera jurídicamente imposible obtenerlas. • Las partes son las responsables de allegar las pruebas al juicio, ya que el numeral en comentario no faculta al juzgador para que éste, motu proprio, recabe las probanzas dentro del juicio. • Lo anterior presupone que antes de la intervención del juzgador, debe mediar tanto la solicitud del interesado como la negativa del funcionario o autoridad para otorgar lo requerido, de modo que el Juez Federal actúa como un mero auxiliar, dada la imposibilidad de cualquiera de las partes para obtener los elementos probatorios que no estén a su alcance y que puedan resultar trascendentes para conducir al Juez hasta la verdad que pretende esclarecerse. Bajo las anteriores premisas, resulta inconcuso que la posibilidad de solicitar documentos y copias, en términos del artículo 152 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, no está limitada a que el solicitante tenga acceso a tales documentos, puesto que, precisamente, ante su falta de acceso a ellos, que pudiera motivar la negativa a su expedición, es que se impone al Juez de Distrito la obligación de requerir a la autoridad omisa, siempre que se hubiera solicitado el instrumento relativo y la autoridad o funcionario correspondientes se hubiesen negado a expedirlo. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la ley que rige la expedición de tal documento, establezca la confidencialidad del mismo o la prohibición de expedirlo, puesto que en esos casos corresponderá al Juez de control constitucional, a su prudente arbitrio, dejarlos o no a la vista de las partes, pero su personal conocimiento servirá para normar su criterio respecto de un punto controvertido en el juicio de garantías. Léase al respecto la tesis número I.4o.A.48 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, compendiada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 1251, registro 184,287, que dice (énfasis añadido): ‘PRUEBAS EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE ATENDER LA PETICIÓN DEL QUEJOSO DE RECABAR LAS QUE LE NEGÓ LA RESPONSABLE, AUNQUE SEAN CONFIDENCIALES, CUANDO SE TRATE DE DEMOSTRAR DISCRIMINACIÓN. DISCRECIONALIDAD EN SU MANEJO.’ (se transcribe). Así las cosas, opuesto a lo alegado por la recurrente, resulta irrelevante si ésta tiene o no acceso a solicitar una copia certificada del oficio número CNSAR/D00/2100/757/2002, expedido por el director general jurídico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; puesto que, con independencia de su acceso, está en posibilidades de pedir la copia certificada del mismo y, en caso de que se le niegue, podrá solicitar al Juez de Distrito que le auxilie en su obtención. Dados los argumentos que anteceden, esta magistratura no comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo tenor es el siguiente: No. Registro: 223,261, tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VII, abril de 1991, tesis, página 222, ‘PRUEBAS EN EL AMPARO. CASO EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO LAS RECABA DE OFICIO SIN PREVIA SOLICITUD DEL QUEJOSO.’ (se transcribe). Aunado a los argumentos ya expresados, conviene abundar en torno a que compartir el criterio del mencionado Tribunal Colegiado, implicaría imponer al Juez de Distrito la carga de recabar todo elemento probatorio que las partes afirmaran no tener a su alcance, cuando precisamente los contendientes son quienes tienen la carga probatoria de acreditar la existencia de los actos reclamados o su inconstitucionalidad y pueden ser auxiliadas por el juzgador cuando las autoridades o funcionarios se nieguen a expedir los instrumentos solicitados. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió jurisprudencia en el sentido de que para que pueda diferirse la audiencia constitucional en términos del artículo 152 de trato, es indispensable que la parte que lo solicite demuestre haber hecho la petición correspondiente a la autoridad o funcionario público. Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente: No. Registro: 190,030, jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, abril de 2001, tesis P./J. 28/2001, página 58, ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDE SU APLAZAMIENTO, EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS QUE PRECISA EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE LA PARTE INTERESADA EXHIBA JUNTO CON SU SOLICITUD DE DIFERIMIENTO, LA COPIA DEBIDAMENTE SELLADA DEL ESCRITO EN EL QUE SOLICITÓ LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS O DOCUMENTOS RESPECTIVOS, O BIEN, CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE NEGÓ A RECIBIRLO.’ (se transcribe). Luego, si es indispensable que se demuestre la solicitud de copias o documentos para efectos de que se difiera la audiencia constitucional, resulta inconcuso que también es indispensable demostrar esa solicitud para que el juzgador requiera a la autoridad omisa por la expedición de copias o documentos. Lo anterior sin perjuicio de la obligación que el artículo 78 de la Ley de Amparo, impone al juzgador constitucional para recabar oficiosamente pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos y sean necesarias para la resolución del asunto. En virtud de la diferencia de criterios con el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en acatamiento de lo previsto por el artículo 196 de la ley de la materia, envíese oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se denuncie la posible contradicción de tesis, para que dicho Alto Tribunal resuelva lo que estime apegado a derecho. En las relatadas condiciones, ante lo jurídicamente inconsistente de los agravios esgrimidos en el presente recurso de queja, lo procedente es declararlo infundado."

CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada.

aa) En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si por existir un impedimento legal, la parte interesada no está en aptitud de obtener por sí las copias o documentos que necesita para aportarlos como prueba en el juicio de amparo, puede o no pedir directamente la intervención del Juez de Distrito para que los funcionarios o autoridades correspondientes las expidan, sin necesidad de haberlas solicitado en forma previa ante éstas.

A) El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito sostuvo que la posibilidad de solicitar documentos y copias, no está limitada a que el quejoso tenga acceso a tales documentos, puesto que precisamente ante su falta de acceso a ellos que pudiera motivar la negativa a su expedición, es que se impone al Juez de Distrito la obligación de requerir a la autoridad omisa, siempre que se hubiera solicitado el instrumento relativo y la autoridad o funcionario correspondientes se hubiesen negado a expedirlo, es decir, se requiere constancia de solicitud de documentos o copias a la autoridad y que ésta negó su obsequio, para que hasta ese momento y no de oficio el Juez de Distrito le auxilie en su obtención.

B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que la existencia de un impedimento expresamente consignado en una norma jurídica, hace ociosa e inútil la solicitud que pudiera elevar la parte interesada ante la autoridad o funcionario competente, para obtener por sí las copias o documentos necesarios para aportarlas en el juicio de garantías, así tratándose de este caso de excepción, no es indispensable demostrar la previa solicitud elevada a la autoridad, para pedir al Juez de Distrito que sea él quien requiera a la institución las copias o documentos que se aportarán como pruebas en el juicio de garantías.

Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.

bb) Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa, y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.

cc) Por último, también se acredita el requisito consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior, en virtud de que los Tribunales Colegiados, tomando en cuenta disposiciones análogas en las que se consigna que los quejosos no tienen acceso a las copias o documentos respectivos para ser ofrecidos en el juicio de garantías, interpretaron específicamente el artículo 152 de la Ley de Amparo.

Ello permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.

QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como se precisó con anterioridad, el punto jurídico a dilucidar en este asunto radica en determinar si por existir un impedimento legal, la parte interesada no está en aptitud de obtener por sí las copias o documentos que necesita para aportarlos como prueba en el juicio de amparo, puede o no pedir directamente la intervención del Juez de Distrito para que los funcionarios o autoridades correspondientes las expidan, sin necesidad de haberlas solicitado en forma previa ante éstas.

Deben destacarse, previamente, algunos criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se relacionan con el tema de la presente contradicción de tesis.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, sostuvo el criterio contenido en la jurisprudencia siguiente:

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número: 76, abril de 1994

"Tesis: P./J. 7/94

"Página: 14

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO. Para solicitar al Juez que opere el artículo 152 de la Ley de Amparo y que requiera a la autoridad que exhiba copias o documentos solicitados por las partes y difiera la audiencia, en principio la petición de esas copias o documentos debe hacerse a la autoridad por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, a fin de que dicha autoridad pueda disponer del tiempo razonable para atender la petición, a menos que en el caso haya circunstancias especiales que justifiquen la petición posterior.

"Contradicción de tesis 191/91. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González."

En este orden de ideas, este Tribunal Pleno emitió el criterio en el sentido de que conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de las autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucional, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no únicamente a las señaladas en la demanda como responsables.

El criterio relatado informa la jurisprudencia que es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, agosto de 1996

"Tesis: P./J. 46/96

"Página: 17

"COPIAS Y DOCUMENTOS EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA EXPEDIRLAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que les soliciten las partes para ser rendidas como pruebas en la audiencia constitucio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20431-f71f888a/pruebas-en-el-juicio-de-amparo-la-parte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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