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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19545
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 730.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito mediante su presidente, el cual resolvió uno de los amparos en el que se plasmó uno de los criterios que participa en la contradicción de tesis.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el dieciocho de enero de dos mil seis, por mayoría de votos, el amparo en revisión 558/2005, sostuvo:

"QUINTO. Medularmente refiere en su único agravio el recurrente, que la a quo omitió valorar en su integridad los actos reclamados y los argumentos de su demanda de amparo, de los que se desprende que no se actualiza causal de improcedencia alguna. Que el sobreseimiento decretado partió de la consideración de que había renunciado tácitamente a la posibilidad de acudir al juicio de garantías siendo que la Ley de Amparo le da esa posibilidad desde que decidió agotar el recurso de revocación en contra de la resolución que lo declaró administrativamente responsable. Que el juicio de amparo tiene diversas excepciones que al actualizarse obligan a declarar procedente la acción de amparo y el estudio del fondo del asunto. Que las autoridades responsables lo sometieron inconstitucionalmente a una ley que no le es aplicable por ser servidor de la Cámara de Diputados, por lo que es inexacto que se haya sometido a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por el hecho de haber promovido el recurso de revocación, de donde resulta la excepción al principio de definitividad, ya que fue sometido desde el momento en que fue citado para comparecer al procedimiento de responsabilidad. Que la causal de improcedencia señalada no puede aplicarse sin tomar en cuenta los criterios establecidos en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que es evidente que nunca existió sometimiento voluntario a esa ley y, por tanto, no se encontraba obligado a agotar los recursos ahí establecidos, ya que siempre hizo patente su objeción al promover su inconstitucionalidad. Que en el caso, el procedimiento de responsabilidades no es un procedimiento seguido en forma de juicio, sino inquisitivo que somete al gobernado ante una autoridad que es Juez y parte, por lo que la valoración que hace la Juez respecto de la causal de improcedencia parte de una idea errada. Que si bien la ley de responsabilidades aludida establece el recurso de revocación, es omisa en señalar quién lo debe resolver, por lo que existe una insuficiente regulación en perjuicio del gobernado, y el artículo 157 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, que señala al contralor interno de esa dependencia para instruir y resolverlo, no es una ley, por lo que no puede irrogar consecuencia jurídica alguna la promoción de ese recurso, de donde no se actualiza la causal de improcedencia declarada por la juzgadora y sí una excepción al principio de definitividad. Que el artículo 108 constitucional omitió mencionar a los servidores públicos de la Cámara de Diputados, igual que la Ley Federal de Responsabilidades; por lo que, no se puede declarar la improcedencia del juicio sin estudiar esos argumentos jurídicos. Que ni siquiera se puede considerar que tenga la obligación de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque el procedimiento de responsabilidad no fue resuelto por un órgano de control interno del Poder Ejecutivo como lo dice la ley, y por que no es de los servidores públicos que menciona la ley de responsabilidades. Que la tesis en que se apoyó la Juez contempla un supuesto diferente referido a los servidores públicos del Ejecutivo Federal. Que también surge una excepción al principio de definitividad, porque la autoridad en la resolución omite señalar el medio de defensa que procede para inconformarse. Que la a quo no puede considerar, en el presente caso, que el recurso que debe promover contra la resolución que resuelve el recurso de revocación es el juicio de nulidad, porque contraría el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Norma Fundamental, que sólo otorga facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dirimir controversias por actos del Ejecutivo Federal y no de la Cámara de Diputados, por lo que el agotamiento del recurso de revocación no lo somete a la jurisdicción de ese tribunal. Que de esa forma la valoración que hace la Juez del conocimiento respecto de los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado no existe elemento de comparación alguno, porque el juicio de nulidad no es procedente.

"Es infundado el agravio anterior, en los términos de las siguientes consideraciones.

"De la demanda de amparo se desprende que entre otros actos y otras autoridades el quejoso reclamó del contralor interno de la Cámara de Diputados, la resolución que emitió el treinta de noviembre de dos mil cuatro, mediante la cual resolvió el recurso de revocación que interpuso en contra de la diversa resolución dictada el catorce de septiembre del mismo año, en el procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en su contra, en el expediente número CI/012/2003. Esa resolución ahora reclamada, fue en el sentido de confirmar la responsabilidad administrativa determinada en su contra, así como la sanción que se le impuso, consistente en la suspensión de dos meses en el ejercicio de su cargo como director de Servicios Legales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

"En contra de la resolución dictada en el recurso de revocación apuntado, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, el que seguido por los trámites correspondientes culminó con la sentencia ahora recurrida, la que sobreseyó en el juicio por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que, en contra del acto reclamado, el quejoso debió interponer previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, medio de defensa que prevé el artículo 11, fracciones XII y XIV, de su ley orgánica.

"Ahora bien, al optar el ahora quejoso por combatir la resolución que confirmó la responsabilidad administrativa determinada en su contra, mediante el recurso de revocación previsto en la ley del acto, esto es, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en esa medida debió impugnar en la vía ordinaria esa resolución, a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los términos que establecen los artículos 25 y 26 de la ley de responsabilidades antes citada, y el artículo 11, fracciones XII y XIV, de la ley orgánica del relatado tribunal federal.

"Lo anterior es así, porque el procedimiento de responsabilidades que se siguió en contra del quejoso, se instruyó con fundamento en los dispositivos legales siguientes:

"‘I. Esta contraloría interna, en términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracciones I, II, III y IV, 2o., 3o., fracción I, 7o., 8o., 11 y 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 153, 157 y 158 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, está facultada para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos establecidas en los lineamientos generales para la administración de recursos V.1 denominado de resguardo y seguridad numeral 1 generales puntos 2 y 5 y en el artículo 8o. de la mencionada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ...’ (folio 1198 del tomo cinco de pruebas).

"Por su parte el ahora quejoso promovió el recurso de revocación ante la autoridad que determinó su responsabilidad, en los términos siguientes:

"‘Por medio del presente ocurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vengo a interponer recurso de revocación en contra de la resolución de fecha catorce de septiembre del año en curso, que declaró al suscrito responsable de diversas infracciones administrativas ordenándose la imposición de la sanción administrativa de destitución inmediata del cargo en mi contra; en virtud de que la misma adolece de ilegalidad e inconsistencia jurídica, por lo que existen elementos y razones suficientes para que, conforme a derecho, ésta sea revocada en el sentido de declarar al suscrito no responsable de las infracciones que se me atribuyeron, ordenándose, en consecuencia, inmediatamente la restitución y goce de todos y cada uno de mis derechos laborales y legales conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del ordenamiento jurídico anteriormente citado ...’ (folio 1 del tomo seis de pruebas).

"Esto es, el procedimiento y su resolución, así como el recurso de revocación, se fundaron en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo debió impugnar la resolución dictada en el recurso de revocación en la vía ordinaria, a través del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por mandato expreso de los dispositivos antes apuntados, 25 y 26 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 11, fracciones XII y XIV de la ley orgánica de ese Tribunal Federal, que son del tenor siguiente: (se transcriben).

"Ahora bien, el quejoso argumenta que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia en que funda su sobreseimiento el Juez del conocimiento, porque lo sometieron a una ley que no le es aplicable por ser servidor de la Cámara de Diputados, porque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no hace referencia a los empleados del Congreso, y además, no establece quién debe resolver el recurso de revocación como el de la especie.

"No le asiste la razón al recurrente, porque como empleado de un ente público federal, como lo es la Cámara de Diputados se encuentra sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a partir de lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Federal, y los artículos 2o. y 3o. de esa ley federal, que son del tenor siguiente: (se transcriben).

"De la interpretación sistemática de los dispositivos antes transcritos, se desprende que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por una parte, establece los procedimientos para determinar la responsabilidad y sanción de los servidores públicos y, por otra parte, señala como autoridades facultadas para aplicarla, entre otras autoridades, a la Cámara de Diputados.

"Ahora bien, también se desprende que esa ley le será aplicable a los servidores públicos y a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, como ocurrió en el caso, que se determinó la responsabilidad del quejoso porque en el empleo, cargo o comisión que venía desempeñando en la Dirección de Servicios Legales de la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Cámara de Diputados, validó con su rúbrica, sin revisar ni vigilar que el contrato celebrado para el suministro de periódicos y revistas, cumpliera con los requisitos legales establecidos por los ordenamientos aplicables, ya que se pactó su adjudicación directa, siendo que su monto era por la cantidad de $4'604,838.00 (cuatro millones seiscientos cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) por lo que debió haberse sujetado a concurso, y además, esa cantidad se pagó por anticipado, siendo que sólo está permitido un anticipo del 50%; esto es, en el caso se determinó la responsabilidad del quejoso porque como servidor público tuvo una indebida participación en la aplicación de recursos públicos federales, esto es, participó en un acto administrativo ejecutado, no desde el punto de vista formal sino material, por un servidor público, de los que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"Lo anterior, máxime que el propio Estatuto de la Cámara de Diputados y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que son las leyes que regulan y determinan los órganos y sistemas para instruir los procedimientos inherentes a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Cámara de Diputados, facultan a la contraloría interna de esa dependencia en los términos siguientes:

"Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados (se transcribe).

"Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (se transcribe).

"En sustento de lo anterior debe decirse que a partir de la reforma a la Constitución en el año de mil novecientos ochenta y dos, en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos, se establece un nuevo código de conducta a todo un género de personas que se denominan como servidores públicos. Es así que se promueve la vigencia de principios tales como: ‘Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia’ que en sus funciones deben observar los ‘servidores públicos’, que de violarlos habilita la imposición de sanciones de naturaleza administrativa, connotación que es totalizadora de cualquier persona, funcionario o empleado de cualquiera de los tres poderes y se incluye después a los servidores públicos del Instituto Federal Electoral.

"El concepto de servidor público, como se dice, es totalizador o universal, y tal es la ratio legis constitucional que permea a las leyes, en razón de crear un régimen de sujeción, control y disciplina que beneficie y favorezca a los ciudadanos o particulares que tienen derecho a una función pública de excelencia y ejercida conforme a legalidad, al grado que es inclusive de cualquier especie o modalidad análoga, de manera tal, que incluye a cualquier persona que maneje o aplique recursos federales, esto es, se extiende a particulares pero se les asimila al concepto de servidores públicos por la función que desempeñan.

"Es así, que la definición constitucional abarca y es incluyente, desde los altos funcionarios del Legislativo, de elección popular, pasando por los Jueces y todos los miembros de los Poderes Judiciales y, como límite extremo, asimila a cualquier persona que desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión en la administración. Esto, en una sana y bien intencionada interpretación, lleva a deducir que están incluidos todos, los funcionarios y empleados del Estado; que, además, es lo pertinente y razonable con el fin de normar, sujetar, controlar y, en su caso, responsabilizar a quienes sirven al público, de ahí la connotación de servidores públicos en razón del propósito que el orden jurídico asigna y atribuye a la institución.

"Es en ese sentido que debe entenderse el artículo 108 constitucional, como totalizador e incluyente de un género de personas. De no ser esa la interpretación, sería absurdo, irracional, artificioso e inconsecuente que esos principios no fueran aplicables a ciertas personas merced a una interpretación ‘letrista’ y se les dejara en una ‘isla de impunidad’; en cambio, conforme a la hermenéutica y una interpretación sistemática, teleológica y razonable por sus consecuencias, tal interpretación resulta inaceptable, concebible sólo como una estrategia e intento de eludir la ley, esto es, a los principios y valores que la inspiran y sostienen. Por tanto, debe privilegiarse y buscarse una interpretación con base en principios como indicadora de los límites, sentido, contenido y propósito que el ordenamiento pretende en su conjunto y al tenor de su favorable repercusión social.

"En este contexto, la función administrativa se entiende, lato sensu, (a todo lo que no sea específica y concretamente jurisdiccional o legislativa), al grado que el concepto incluye a cualquier persona que la realice. Con ello se privilegia el aspecto material de aplicar la ley para beneficiar a la colectividad, superando así un enfoque formal y restrictivo de quienes tan sólo orgánicamente pertenezcan a la administración, lo que irrazonablemente frustraría los fines y valores que inspiran al orden jurídico.

"Prueba de esa hipótesis interpretativa y cognoscitiva es que el artículo 113, in fine, se refiere a la función o actividad administrativa que desarrolla el Estado, incluida la de los Poderes Judicial y Legislativo. Esta directriz, luego se ve mucho más clara y específica, en los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, donde queda clara la actividad administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial.

"En ese concepto y bajo estas premisas, se puede afirmar que los empleados y funcionarios de las Cámaras son servidores públicos y les resulta vinculatoria la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por caer en el supuesto de servidores públicos en términos del artículo 108 constitucional.

"Tan es esa la finalidad y teleología de la Constitución y la ley, que se establecen órganos de control interno y disciplinarios en los tres poderes e, incluso, en las entidades de la administración pública federal paraestatal, sin omitir que la Secretaría de la Función Pública, puede sancionar a particulares o servidores públicos estatales o municipales cuando se asimilen por analogía (responsabilidad por su función material al disponer de fondos federales) a los federales, esto es, si manejan o aplican fondos federales. La finalidad y objetivo parece clara: imponer la responsabilidad y legalidad con control y disciplina.

"Por tanto, se concluye que el quejoso, como empleado del Estado, desempeñando una función administrativa en la Cámara de Diputados, queda inmerso en el concepto de servidor público y, en consecuencia, le resulta aplicable y vinculatoria la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"En esa tesitura, resulta incuestionable que al tratarse en el caso de una resolución dictada en un procedimiento de responsabilidad administrativa de un servidor público de la Cámara de Diputados, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el ahora quejoso debió promover previamente al juicio de amparo, el contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por ser el tribunal competente para conocer de la impugnación de las resoluciones dictadas en el recurso de revocación como el de la especie, en los términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 11, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes transcritos, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo.

"Lo anterior, si se toma en cuenta que el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, si bien concede facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales para dirimir controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, debe considerarse que incluye a las autoridades administrativas en su contexto y entorno material, abarcando y asimilando actos y contiendas, sin perjuicio de quien los emita, y basta que tengan la naturaleza sustancial de actividad administrativa en el amplio contexto y espectro, al que se refiere el artículo 113, in fine, constitucional.

"En ese sentido, si con fundamento en la ley del acto, el actor optó por interponer el recurso de revocación, debió continuar en la vía ordinaria, para impugnar la resolución que la autoridad emitió en el recurso, mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que su ley orgánica lo faculta para conocer de las resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en esa medida, resulta incuestionable que el sobreseimiento decretado por la Juez del conocimiento, se ajusta a derecho, en virtud de que el ahora recurrente reclamó esa resolución directamente mediante el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en clara infracción a lo que dispone el principio de definitividad.

"...

"Atento a la conclusión alcanzada, lo procedente es en la materia de la revisión confirmar la resolución recurrida."

Por su parte, los Tribunales Colegiados Segundo, Octavo y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos directos 16/2005, 431/2004 y 453/2003, en sesiones respectivamente del dieciocho de marzo, veintinueve y treinta de abril de dos mil cinco, expresaron lo siguiente:

A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

DA. 16/2005.

"SEXTO. En vía de conceptos de violación, aduce el peticionario del amparo que la sentencia reclamada es violatoria de lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, pues contrariamente a lo que determinó la Sala responsable, la resolución a través de la cual fue sancionado en su carácter de servidor público sí es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"No asiste la razón a la parte quejosa, como se demuestra con los siguientes razonamientos:

"Para resolver el problema jurídico que se plantea, se debe partir por señalar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en la parte que la doctrina ha denominado orgánica, se encuentran establecidos los principios en los que descansa, entre otras cosas, la división de poderes, el sistema federal y la institución municipal.

"En otras palabras, en la parte orgánica de la Constitución está prevista la organización de los poderes públicos, esto es, su integración y el ámbito de atribuciones que constitucionalmente les corresponde, disposiciones que tienen como fin último resguardar el sistema federal.

"Ahora bien, para que las normas constitucionales en mención cumplan con sus fines, esto es, delimiten el orden jurídico, estatal y político nacional, se les debe reconocer supremacía respecto de las normas ordinarias. A propósito, es conveniente reproducir el contenido del artículo 133 de la Constitución General de la República: (se transcribe).

"La norma que se acaba de transcribir establece un principio básico en el sistema jurídico, a saber: la supremacía de las normas constitucionales en el orden jurídico nacional, de manera que la validez de las restantes reglas de carácter general que lo componen, como son los tratados internacionales, las leyes federales y locales, entre otros, están supeditadas, en cuanto a su validez, a las primeras. Lo anterior es así, pues debe tenerse presente que la Constitución representa la unidad del orden jurídico nacional, por tanto, jerárquicamente está situada en su nivel más alto, pues contiene las normas primarias a las que deben ajustarse las secundarias.

"Bajo las premisas dadas en los párrafos que preceden, se procede a analizar el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece el tipo de asuntos que podrán plantearse en los juicios que le corresponde conocer a ese tribunal, en relación con lo dispuesto en los diversos 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de las cuales se desahogó el procedimiento disciplinario y se sancionó al quejoso, actos que fueron impugnados en el juicio del que deriva la sentencia reclamada:

"Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (se transcribe).

"Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (se transcribe).

"Del contenido de los numerales que anteceden se tiene que las resoluciones definitivas en que se impongan sanciones a los servidores públicos, en aplicación de las leyes de responsabilidades en cita, podrán impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones que respecto a la supremacía constitucional se han expuesto en el presente fallo, en las que se apuntó que son las normas constitucionales las que, en todo caso, otorgan validez a las restantes que componen el orden jurídico nacional, debe concluirse que los preceptos cuya transcripción antecede no pueden ser interpretados en forma aislada, sino sistemática, esto es, atendiendo al contexto en que se encuentran inmersas.

"De esa guisa, para desentrañar el alcance de los preceptos legales que nos ocupan debe acudirse, ante todo, a la norma constitucional en que encuentren su justificación y medida.

"A propósito, es importante recordar que en la sentencia reclamada, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, decretó el sobreseimiento del juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 202, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que consideró que no le correspondía conocer del asunto que la actora planteó.

"En ese contexto, el punto toral en la presente contienda se centra en determinar si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer de la impugnación de la resolución mediante la cual se sancionó al quejoso, en su calidad de servidor público dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que se aplicó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"Así las cosas, es necesario traer a cuenta el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: (se transcribe).

"De la lectura que se formula al dispositivo constitucional transcrito, se conoce que el Poder Reformador de la Carta Magna dotó al Congreso de la Unión de facultades para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo.

"Ahora bien, del precepto constitucional que nos ocupa se advierte que, en relación con la competencia que debe corresponder a los tribunales contencioso-administrativos, no dejó en plena libertad al Congreso de la Unión para fijarla. En efecto, estableció que dichos tribunales tendrían una jurisdicción restringida, a saber: serían competentes para conocer de las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

"Luego entonces, aun cuando en los preceptos legales que en párrafos anteriores quedaron transcritos el Congreso de la Unión haya establecido que las resoluciones que en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se emitan son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo anterior no debe ser interpretado al extremo de que conocerá de todas las resoluciones que versen sobre el tema, pues la competencia del citado tribunal se encuentra acotada por el dispositivo constitucional en consulta, de manera que sólo puede conocer de las controversias que surjan entre la administración pública federal y los particulares.

"Sobre el particular es importante asentar que, a efecto de establecer si una norma jurídica es aplicable a un caso concreto, el estudio no debe limitarse al aspecto material sino, por el contrario, deben ponderarse otros, como lo es el ámbito personal de validez, en el que habrán de determinarse jurídicamente los destinatarios de la norma.

"En ese sentido, si bien los artículos transcritos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, otorgan competencia al tribunal de mérito para conocer, por razón de la materia, de aquellos asuntos en que se impugnen resoluciones a través de las cuales se sancione a servidores públicos en aplicación de los últimos ordenamientos en cita, no debe perderse de vista que, además, debe atenderse, entre otras cosas, al ámbito de validez personal.

"Sobre el particular destaca que, por disposición constitucional, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19545-7f4abef9/tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y-administrativa-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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