CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO RELATIVO CONTRA EL LAUDO DICTADO POR EL SÍNDICO MUNICIPAL EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ESTABLECIDO EN LA LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL ESTADO DE MÉXICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a través de su presidente, la cual intervino como parte -autoridad responsable- en uno de los amparos directos en que se plasmó uno de los criterios que participa en esta contradicción de tesis.
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis denunciada, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el veinticinco de marzo de dos mil cuatro, el amparo directo número 59/2004, en la parte que interesa, estableció:
"Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo directo número 59/2004; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil cuatro, en la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en esta ciudad, Francis Jean Henri Raymond Levoin Ajac y María Guadalupe Navarro Leal de Levoin, por su propio derecho, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que a continuación se mencionan: Autoridad responsable: ‘primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.’. Acto reclamado: ‘La resolución definitiva de fecha treinta de enero del año en curso, dictada por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el recurso de revisión 730/2003, derivado del juicio administrativo número 808/2003, promovido por los suscritos en contra del oficial conciliador y calificador número uno del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México.’
"SEGUNDO. Los antecedentes del acto reclamado en su demanda de garantías, son los siguientes:
"‘I. En fecha veinticuatro de septiembre del año próximo pasado, presentamos demanda ante la H. Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en contra del laudo de fecha dos de septiembre de 2003 y acuerdo de fecha once del mismo mes y año, emitidos por el oficial conciliador y calificador número uno del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, en el expediente OCCI/6434/2003. II. El día veinticuatro de septiembre del mismo año, se dictó acuerdo de admisión correspondiente al número del juicio administrativo 808/2003, ordenándose correr traslado a la demandada para que diera contestación dentro del término concedido para ello. III. En fecha veinticinco de noviembre del año inmediato anterior, se dictó resolución por el Magistrado de la Primera Sala Regional del citado tribunal, resolviéndose en el sentido de declarar la invalidez de las resoluciones impugnadas, motivo por el cual en fecha cinco de diciembre del mismo año, se interpuso recurso de revisión en contra de dicha resolución. IV. El día treinta de enero del año en curso, previos los trámites de ley, se resolvió en definitiva el recurso de revisión número 730/2003, revocándose la resolución impugnada y decretándose la improcedencia y sobreseimiento del juicio.’
"SEXTO. Es en parte infundado y en parte inoperante el único concepto de violación propuesto.
"...
"Según se apuntó, el resumido motivo de inconformidad resulta en parte infundado y en parte inoperante.
"Inicialmente es conveniente puntualizar que los ahora quejosos, mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, promovieron juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de dos de septiembre de la misma anualidad, dictada en el expediente OCCI/6434/2003, emitida por la oficial conciliadora y calificadora número uno del Municipio de Toluca, México, la cual se dictó al amparo de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, según se constata con la lectura del escrito que obra de fojas 1 a 11 del sumario del juicio natural.
"Concluida la tramitación del mismo, el Magistrado de primera instancia dictó sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil tres, en la que declaró la invalidez del acto impugnado, merced a las consideraciones vertidas en la sentencia inserta a fojas 66 a 72 del mismo expediente.
"Inconforme con tal determinación, la persona autorizada por parte de la autoridad municipal demandada promovió recurso de revisión, al que correspondió el número 730/2003 del índice de la responsable, el cual fue resuelto en sesión de treinta de enero de dos mil cuatro, en donde la responsable, fundamentalmente, consideró fundados los agravios vertidos por la autoridad recurrente concluyendo que carece de competencia para conocer del asunto sometido a su jurisdicción, al tenor de los dispositivos 267, fracción I y 268, fracción II, del código adjetivo de la materia, siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en el presente medio extraordinario de impugnación.
"Sentado lo anterior, atingente a una cuestión de orden, se proceden a examinar en primer término, los argumentos del concepto de violación que se estiman infundados.
"Así, no asiste la razón a los quejosos cuando afirman que las resoluciones que se dictan dentro del procedimiento arbitral que prevé la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, constituyen una mera decisión arbitral en el ámbito administrativo y que, además, carecen de fuerza ejecutoria como la que corresponde a una sentencia judicial, motivo por el cual, aseguran, es incorrecta la decisión asumida por la responsable en el sentido de que se trata de un acto materialmente jurisdiccional.
"Los artículos 51, 52, 57, fracción II y 58 del invocado ordenamiento legal, reformado mediante decreto publicado el once de abril de dos mil dos en la Gaceta del Gobierno, consignan: (se transcriben).
"Luego, es inconcuso que los atributos que legalmente se confieren a los laudos que se emitan en un procedimiento arbitral derivado de la aplicación de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, sí les dan la naturaleza de actos materialmente jurisdiccionales, como lo sostiene la responsable en el fallo materia del presente reclamo.
"En efecto, por mandato del legislador, los procedimientos arbitrales a que se ha hecho referencia con antelación, tienen como finalidad dirimir las controversias que surjan con motivo del incumplimiento de las obligaciones por parte de los condóminos, de los administradores o del comité de administración, por violaciones al Reglamento General del Condominio o al acta constitutiva del mismo, según lo estipula el artículo 50 del cuerpo normativo en consulta, de lo que se sigue que se trata de un procedimiento al que se someten las partes para que sea dirimido un conflicto de intereses originado al seno de un condominio.
"Aún más, en concordancia con los preceptos legales supratranscritos, el legislador confirió imperio legal a los laudos que se emitan en dicho procedimiento arbitral, lo que significa que pese a no mediar la voluntad de los interesados, los mismos habrán de acatarse, amén de que les brinda a las autoridades emisoras, incluso, la facultad de auxiliarse de la fuerza pública buscando su cumplimiento, lo que permite colegir que propiamente no requieren de ningún reconocimiento o aprobación judicial que les dé fuerza jurídica, sino que los laudos en sí mismos ya la tienen, de ahí que ciertamente se trate de actos materialmente jurisdiccionales, lejos de lo aseverado por los inconformes, pues no sólo persiguen dirimir controversias sino que además están dotados de imperio legal y tienen ejecución, la que incluso se puede lograr mediante el uso de la fuerza pública.
"En ese sentido se ha pronunciado, en la parte que resulta aplicable por analogía, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 14/2001, al emitir la tesis 2a. CCXIX/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 365, Novena Época, que a continuación se reproduce:
"‘COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. LOS LAUDOS QUE EMITE EN SU CALIDAD DE ÁRBITRO CONSTITUYEN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Si se toma en consideración, por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92, fracción III y 97, fracciones II y IV, del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas de la citada institución, los laudos «siempre tendrán el carácter de definitivos»; que «el laudo firme produce acción y excepción contra las partes y contra el tercero llamado legalmente al procedimiento que hubiere suscrito el compromiso arbitral» y que «los laudos se considerarán como sentencias, en términos de la legislación procesal en vigor» y, por otro, que el diverso numeral 444 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que: «Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuraduría y los laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución, si el interesado no intentare la vía de apremio.», resulta inconcuso que el laudo que emita la citada comisión, en su calidad de árbitro, constituye un acto materialmente jurisdiccional, ya que se traduce en una resolución sobre el fondo de las cuestiones que se hayan sometido a su decisión, que por mandato de las normas jurídicas invocadas es irrevocable e inmutable y que, de ser condenatorio, tiene efectos de un título ejecutivo, por traer aparejada ejecución, lo que obliga al Juez competente a dictar un acto de ejecución si así lo pide la persona legitimada, puesto que hace prueba por sí mismo de la existencia de una obligación patrimonial, líquida y exigible, sin necesidad de completarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación, esto es, no requiere de aprobación judicial alguna que le dé fuerza jurídica, que lo convierta en sentencia verdadera y que le dé eficacia ejecutiva, pues tales atributos ya los tiene.’
"Resulta igualmente infundado el diverso planteamiento en donde los justiciables afirman que la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México se erige como un ordenamiento de índole administrativo.
"Para justificar lo anterior, basta dar lectura a la exposición de motivos del mencionado ordenamiento, en donde se establece que la propuesta busca actualizar el Reglamento del Artículo 947 del Código Civil del Estado de México, sobre Inmuebles en Condominio, así también es preciso hacer hincapié en el hecho de que acorde al artículo 1o. de la aludida Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, dicho ordenamiento busca establecer las bases para regular la constitución, organización, funcionamiento, modificación, administración y extinción del régimen de propiedad en condominio, así como su convivencia social y solución de controversias entre condóminos y residentes.
"A esa luz, es factible arribar a la conclusión de que, por su naturaleza, el cuerpo normativo supracitado es de carácter civil, atento a que, como lo indica la responsable y no lo controvierten los quejosos en esta vía, en la ley en cita se regula el régimen de propiedad en condominio a que alude el dispositivo 5.168 del Código Civil del Estado de México, estableciéndose que los derechos y obligaciones de los condóminos a que se refiere tal código sustantivo, se prevén justamente en las escrituras en que se constituye tal régimen de propiedad, en el propio Código Civil y en la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, por tanto, se concluye que si el ordenamiento a que aluden los quejosos propiamente reglamenta y establece obligaciones derivadas del Código Civil de la entidad, merced a su calidad de condóminos en un régimen de propiedad condominal, entonces es inconcuso que se trata de un ordenamiento civil y no administrativo.
"En suma, son infundados los planteamientos enderezados por los agraviados cuyo examen se ha efectuado con anterioridad, habida cuenta que el laudo materia de impugnación en el juicio contencioso administrativo no sólo constituye un acto materialmente jurisdiccional, sino porque además el ordenamiento aplicado es de carácter civil y no administrativo, de ahí que ciertamente la responsable carezca de competencia para dilucidar el asunto de mérito.
"No escapa de la atención de este órgano colegiado, el hecho de que los quejosos aseguren que también debe atenderse a la naturaleza de la autoridad emisora de los actos, siendo que en el caso concreto el laudo cuestionado es producto final de la administración pública municipal.
"No obstante lo anterior, si bien es cierto que el acto impugnado en el juicio natural fue emitido por la Oficialía Conciliadora y Calificadora Número Uno del Ayuntamiento de Toluca, México, también es verdad que tal circunstancia no es suficiente para fincar competencia al tribunal administrativo local para conocer del asunto.
"Efectivamente, para respaldar tal aserto es pertinente señalar que, como se indica en el fallo reclamado y no es combatido por los quejosos en esta vía de control constitucional, si bien la autoridad emisora del laudo materia de impugnación forma parte de la administración pública municipal, también cierto resulta que no actúa en ejercicio de la función administrativa, sino que lo hace en funciones materialmente jurisdiccionales, en aplicación de un ordenamiento cuya esencia es civil, en aras de resolver una controversia surgida al interior de un condominio, en donde, desde luego, se ventilaron cuestiones vinculadas con los derechos y obligaciones de los condóminos, las que les derivan no sólo del acta constitutiva del condominio, sino de la ley de la materia y primordialmente del Código Civil de la entidad.
"En consecuencia, no basta que la autoridad emisora del acto controvertido forme parte de la administración pública municipal para estimar que la responsable debe conocer del asunto propuesto, pues como se ha explicado, actúa en funciones materialmente jurisdiccionales y en aplicación de la normatividad civil, pese a que no se invoque ningún dispositivo civil, se reitera, porque la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, ya reviste tal naturaleza.
"Aunado a lo anterior, el hecho de que las partes estén en posibilidad de ocurrir al Poder Judicial del Estado a una instancia conciliatoria a solucionar sus diferencias y que las cuotas y aportaciones fijadas en la asamblea constituyan obligaciones de carácter civil, no es impedimento para adoptar la postura precitada, en atención a que aun cuando las partes en un conflicto entre condóminos efectivamente puedan acudir a la instancia conciliatoria ante el Poder Judicial del Estado de México, ello no desvirtúa el hecho de que en el caso concreto el acto impugnado se erige como una resolución materialmente jurisdiccional en la que se ha aplicado un ordenamiento cuyas singularidades le dan el carácter de civil, de suerte que resulta irrelevante que las partes tengan tal posibilidad, se insiste, porque a pesar de ello subsiste la naturaleza jurisdiccional y civil de la resolución controvertida.
"En el mismo sentido, es cierto que el artículo 36 de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México indica que las cuotas y aportaciones fijadas por la asamblea constituyen obligaciones de carácter civil, sin embargo, de ello no se sigue que, por exclusión, todos los demás rubros resulten administrativos, se reitera, porque debe atenderse a la esencia del ordenamiento la que, como se apuntó, es civil en la medida en que por un lado el ordenamiento en su momento buscaba actualizar el Reglamento del Artículo 947 del Código Civil del Estado de México y, por otro lado, porque en la ley supraindicada sólo se busca el cumplimiento de los derechos y obligaciones que resultan a los condóminos merced al régimen de propiedad en condominio.
"En otras palabras, la calidad de condóminos que detentan los interesados, surge en virtud de un ordenamiento civil en el que se prevén los derechos y obligaciones que tienen dado el régimen de propiedad que tienen constituido.
"Finalmente, el hecho de que los dispositivos 267 y 268, en relación con los artículos 202 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no determinen expresamente la improcedencia del asunto propuesto por los actores, tampoco basta para asumir que la responsable es competente para conocer del asunto planteado por los agraviados, debido a que aun cuando se prevé la competencia de dicha instancia de justicia administrativa para conocer, en general, de resoluciones y actos administrativos o fiscales, en la especie, el laudo controvertido no reviste tales particularidades, como se ha explicado en el transcurso de la presente ejecutoria.
"Por lo demás, deviene inoperante por insuficiente el concepto de violación enderezado, puesto que los quejosos en esta vía no esgrimen argumento alguno encaminado a controvertir algunos de los postulados medulares en los que se sustenta jurídicamente la decisión asumida por la responsable, específicamente, lo relativo a que de la exposición de motivos de la ley multicitada, se observa que se buscó actualizar el Reglamento del Artículo 947 del Código Civil del Estado de México; que dicho ordenamiento busca regular la construcción, organización, funcionamiento, modificación, administración, extinción y solución de controversias del régimen de propiedad en condominio; que el artículo 5.168 del Código Civil del Estado de México prevé que los derechos y obligaciones de los condóminos se rigen por las escrituras, por la ley multirreferida y por el propio código sustantivo; que el laudo persigue resolver una controversia entre particulares y no salvaguardar el interés colectivo, de ahí que la autoridad no se encuentre actuando en ejercicio de la función administrativa; que la fuente normativa del procedimiento arbitral es civil y, por tanto, no puede asumirse que se esté frente a actos materialmente administrativos, razón por la cual carece de competencia para dirimir el asunto planteado.
"Bajo tal perspectiva, las anteriores consideraciones han de subsistir como sostén de la legalidad del fallo materia del presente reclamo, máxime si este órgano de control constitucional no advierte algún motivo que permita suplir la queja deficiente de los inconformes, habida cuenta que el amparo en materia administrativa se rige por el principio de estricto derecho, en virtud del cual sólo es factible atender a los cuestionamientos ventilados por las partes y no se está en ninguno de los casos de excepción a que aluden las fracciones I y VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
"En las condiciones apuntadas, toda vez que el concepto de violación sujeto a examen resultó en parte infundado y en parte inoperante, lo que procede es negar a los quejosos la protección constitucional instada."
Asimismo, resulta pertinente precisar que el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver en sesión del nueve de septiembre de dos mil cinco, el amparo directo 45/2005, en lo conducente, sostuvo:
"Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo directo número 45/2005; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el siete de enero de dos mil cinco, ante la Oficialía de Partes de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Gabriela Araceli Anizán Palacios y Pedro Páez Díaz, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican:
"Autoridad responsable:
"‘Segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.’
"Acto reclamado:
"‘La sentencia definitiva de veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, dictada en el recurso de revisión número 1820/2004.’
"SEGUNDO. Los quejosos señalaron como preceptos violados, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tercero perjudicado a Joaquín Pacheco Valdez y narraron como antecedentes del acto reclamado los siguientes hechos:
"‘1. Por escrito de fecha 2 de agosto de 2004, los quejosos promovieron juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en contra del laudo definitivo de fecha 7 de julio de 2004, dictado en el procedimiento de arbitraje en materia condominal promovido por Joaquín Pacheco Valdez vs. Gabriela Araceli Anizán Palacios y Pedro Páez Díaz. 2. Llevado por sus trámites procesales y desahogadas las pruebas que las partes ofrecieron y consideraron pertinentes con fecha 6 de septiembre de 2004, la Tercera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, a quien le tocó conocer del juicio en comento, resolvió en dos puntos resolutivos lo siguiente: (transcribe texto). 3. Inconformes los quejosos con la resolución emitida por la Tercera Sala Regional ya mencionada, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2004, el cual llevado por sus trámites se resolvió mediante resolución definitiva el 25 de noviembre de 2004, que es precisamente la que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías.’
"...
"SEXTO. En los conceptos de violación se aduce la transgresión de las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque se estima que es ilegal la resolución por la que la segunda sección de la Sala Superior del tribunal administrativo responsable, confirmó el sobreseimiento decretado en primera instancia, respecto de la impugnación del laudo en materia condominal emitido por el primer síndico del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
"En los conceptos de violación, sustancialmente se argumenta que carece de sustento legal lo sostenido por la responsable en el sentido de que la resolución del procedimiento arbitral seguido ante el primer síndico municipal de Tlalnepantla, Estado de México, no es susceptible de impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, pues contrario a lo que se señala en la sentencia reclamada, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, el síndico municipal cuenta con plena libertad y autonomía para emitir sus laudos e imponer las sanciones previstas en la ley, además de que las partes no se sometieron voluntariamente a un juicio arbitral sino que la ley obliga a los condóminos a ventilar sus controversias mediante ese procedimiento arbitral.
"Aducen los quejosos también que no es exacto que el laudo de siete de julio de dos mil cuatro, que pretendieron impugnar ante el tribunal responsable, sea una mera controversia entre particulares que pertenezca al derecho privado y que deba ser regulada por la materia civil.
"Además, destacan en sus argumentos que la jurisprudencia 107 sustentada por el Tribunal Pleno de la Sala Superior responsable, de rubro: ‘ACTOS ADMINISTRATIVOS. SU NOCIÓN PARA EFECTOS DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ en que se apoyó el considerando segundo de la sentencia reclamada, no respalda lo resuelto en la misma porque el acto impugnado fue emitido y pretendido ejecutar por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, como lo es el primer síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla y, además, ese criterio considera como actos administrativos a las declaraciones unilaterales de voluntad que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo de la entidad, de los Municipios y de los organismos descentralizados de índole estatal y municipal, en ejercicio de la función administrativa que producen efectos jurídicos de naturaleza particular.
"Así, estiman que en la especie el primer síndico del Ayuntamiento de Tlalnepantla actuó como autoridad municipal en ejercicio de sus funciones, pues éstas están previstas en el artículo 51 de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado y en ejercicio de esa potestad administrativa, reconoció y extinguió situaciones jurídicas en razón de los efectos del laudo que se pretendió impugnar ante la responsable.
"Son fundados los argumentos anteriores, porque la resolución del procedimiento de arbitraje que establece la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, emitida por el primer síndico municipal de Tlalnepantla, Estado de México, sí es susceptible de ser impugnada mediante el juicio contencioso administrativo que intentaron los ahora quejosos ante la responsable.
"En efecto, en la sentencia reclamada se adujo sustancialmente que para emitir el laudo en materia condominal impugnado, la autoridad demandada no había ejercido actos de imperium, además, que se trataba de una controversia entre particulares que únicamente afectaba los derechos de éstos y, por tanto, que el procedimiento arbitral del que derivó la resolución impugnada es una actividad parajurisdiccional en materia civil, mas no administrativa.
"Este Tribunal Colegiado estima que son inexactas las anteriores consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, pues el procedimiento de arbitraje que es del conocimiento de los síndicos municipales previsto en la Ley que regula el Régimen del Propiedad en Condominio en el Estado de México, sí implica en su desarrollo el ejercicio de facultades de imperio, pues no se trata de un procedimiento al que las partes se sometan voluntariamente porque la ley no establece la posibilidad de optar por no sujetarse a la decisión de esa autoridad para resolver las controversias entre condóminos.
"Los artículos de la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio en que se apoyó el laudo que se pretendió impugnar mediante el juicio contencioso indican: (se transcriben).
"Como se advierte de los artículos transcritos, la Ley que regula el Régimen de Propiedad en Condominio vigente en dos mil cuatro, establece el procedimiento arbitral como medio para resolver las controversias en materia condominal.
"De su lectura se desprende, además, el otorgamiento de facultades a favor de los síndicos municipales para sustanciar y resolver los procedimientos arbitrales en materia condominal, sin que se trate de un procedimiento que la ley reconozca como voluntario; asimismo, en términos del artículo 47 del mismo ordenamiento, los síndicos están facultados para imponer sanciones económicas que van desde diez hasta ciento cincuenta días de salario mínimo y ordenar la demolición de obras, atribuciones que sólo pueden ser ejercidas mediante el imperio de la autoridad, pues para su imposición no interviene la voluntad del particular, sino que se trata de un acto unilateral que para su determinación y exigibilidad, en su caso, la autoridad necesariamente debe contar con imperio derivado de la ley.
"Por ende, este Tribunal Colegiado considera que le asiste la razón a los quejosos cuando afirman que la jurisprudencia 107 del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en que se apoyó la sentencia reclamada, no sustenta lo resuelto por la responsable, ya que en ella se indica que para el efecto de determinar la competencia de ese tribunal administrativo, se consideran actos administrativos las declaraciones unilaterales de voluntad que provengan de un órgano de la administración pública estatal o municipal y, además, que deben ser en ejercicio de la potestad administrativa.
"Por tanto, como en la especie se trata de la impugnación de un laudo relativo a un procedimiento arbitral seguido ante una autoridad municipal en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere, se estima que no es exacto que se trate únicamente de derechos entre particulares, porque no son los actos u omisiones de éstos los que se pretendieron someter al conocimiento del tribunal administrativo, sino la determinación de la autoridad municipal en relación con el conflicto de derecho que conforme a la ley debe dilucidar.
"Asimismo, si bien es cierto, como se menciona en la sentencia reclamada, que el artículo 5.168 del Código Civil del Estado de México establece que los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán por las escrituras en que se hubiere constituido el régimen de propiedad en condominio y que esa circunstancia determina que se trate de derechos del ámbito civil que únicamente afectan el ámbito jurídico de los particulares, también lo es que en la especie, lo que se pretendió impugnar mediante el juicio contencioso, fue la determinación de una autoridad administrati
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19664-a6765425/contencioso-administrativo-es-improcedente-el-juicio-relativo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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