RESPONSABILIDADES. EL DIRECTOR DE ESA ÁREA ES INCOMPETENTE PARA CITAR AL PRESUNTO RESPONSABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PUES AL NO CUMPLIRSE LAS FORMALIDADES PARA SU CREACIÓN, NO ES VÁLIDA SU EXISTENCIA EN EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 1994 HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 207/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, conviene puntualizar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, el recurso de revisión fiscal 143/2004, en la parte que interesa, estableció:
"PRIMERO. Por escrito recibido el veinticuatro de enero del dos mil uno en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, Rubén Genis Ávila, por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución de veintiséis de octubre del dos mil, dictada por el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el expediente 80/99, mediante la cual le impuso la sanción de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de quince años y económica por $3'243,967.48 (tres millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos con cuarenta y ocho centavos en moneda nacional).
"SEGUNDO. La parte actora narró los antecedentes del caso en su demanda.
"TERCERO. Por acuerdo de quince de marzo del dos mil uno la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que tocó conocer del juicio de nulidad, admitió la demanda con el número de registro 1527/01-11-02-6, corrió traslado a las autoridades demandadas y, seguidos los trámites de ley, el siete de enero del dos mil cuatro dicha Sala dictó resolución cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
"‘I. Son infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas.
"‘II. No se sobresee en el juicio.
"‘I. La parte actora probó su acción y, en consecuencia;
"‘II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada precisada en el resultando primero de la presente sentencia.’
"Puntos resolutivos que se sustentan en las consideraciones que informa la sentencia.
"...
"CUARTO. Los antecedentes relevantes del caso son los siguientes:
"El veintiséis de octubre del dos mil el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo dictó resolución disciplinaria en el expediente 80/99, mediante la cual impuso al actor la sanción de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de quince años y una económica por $3'243,967.48 (tres millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos con cuarenta y ocho centavos en moneda nacional).
"El actor combatió dicha resolución administrativa mediante la interposición del recurso de revocación previsto en el artículo 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, según consta en los autos del juicio de nulidad (folios 712 a 740).
"Mediante oficio 1102.4. 0196, de dieciocho de enero del dos mil uno, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos desechó el medio de impugnación antes referido por considerarlo extemporáneo (folios 1352 y 1353).
"Mediante escrito de diecinueve de enero del dos mil uno el actor se desistió del medio de impugnación aludido (folio 1356).
"El veinticuatro de enero del dos mil uno el actor demandó la nulidad de la resolución disciplinaria sancionatoria, cuya demanda tocó conocer a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"El siete de enero del dos mil cuatro la Sala aludida dictó la sentencia que ahora se recurre.
"...
"En la segunda parte de la sentencia recurrida la Sala del conocimiento consideró que debía declararse la nulidad de la sentencia recurrida con fundamento en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, porque el citatorio para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con que se inició el procedimiento administrativo disciplinario del que derivó la resolución impugnada, había sido emitido por autoridad incompetente por inexistente.
"En primer término, estableció que del oficio 223/2479, de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se apreciaba que había sido emitido por el director de Responsabilidades de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y se había fundado en diversos preceptos, pero que ninguno de ellos establecía expresamente la existencia y, por ende, la competencia del emisor del citatorio, pues tales preceptos sólo facultaban a las secretarías de Estado a emitir los reglamentos interiores respectivos a través del titular del Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, constitucional, por lo que había omitido señalar el fundamento legal que legitimara su actuación.
"Precisó que, al efecto, era insuficiente que el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo aludiera a diversas áreas administrativas, ‘... así como el personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del secretario, que las necesidades del servicio requieran y que figuren en el presupuesto’ máxime que el citatorio para llevar a cabo la audiencia de ley da inicio al procedimiento administrativo a través del cual se afecta la esfera jurídica de los servidores públicos, por lo que esa diligencia sólo podía ser realizada por la autoridad que la ley o el reglamento correspondiente determinara.
"Además, señaló que contrario a la incorrecta interpretación que las autoridades hacían de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en relación con la existencia y competencia de las autoridades administrativas en el caso concreto, ‘... nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, papeles, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento’, lo que significa que aun tratándose de un procedimiento es menester que primero se acredite la existencia de la autoridad, pues sería un absurdo jurídico que se otorgaran facultades de competencia a autoridades inexistentes en el artículo 21 del reglamento interior, como pretendían las demandadas, cuando la actuación trasciende a la esfera jurídica del gobernado.
"Asimismo, sostuvo que el señalamiento genérico del personal en el reglamento aludido era insuficiente, ya que necesariamente debía especificarse la denominación de la autoridad a fin de que no quedara a capricho de los titulares de las secretarías de Estado del Ejecutivo Federal la creación y/o desaparición de autoridades que en todo caso serían de facto mas no de derecho.
"La Sala concluyó que como las autoridades no podían actuar sino conforme a lo que expresamente les permitía la ley, la resolución impugnada resultaba ilegal al ser fruto de actos viciados del procedimiento administrativo de responsabilidades, por tener como antecedente un acto administrativo en que intervino una autoridad incompetente que carece de facultades por ser inexistente.
"Luego agregó que no era obstáculo para las consideraciones anteriores que en su oficio de contestación la demandada adujera que conforme a la reforma del reglamento interior citado se convalidaban las actuaciones de las autoridades que se refutaban ilegales, mediante la previsión de la Dirección de Responsabilidades de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, toda vez que tal reforma, dijo la Sala, se publicó el cuatro de septiembre del dos mil en el Diario Oficial de la Federación, mientras el oficio citatorio se emitió con anterioridad, el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Además de que, siguió diciendo la Sala, no existía precepto legal alguno que fundara la pretensión de la autoridad, y se estaría dando indebidamente efecto retroactivo a dicha reforma en perjuicio del actor y en contravención de la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional.
"Finalmente, señaló que tampoco era suficiente que en el manual de organización se hiciera referencia a la Dirección de Responsabilidades y se establecieran facultades, porque la existencia de las autoridades y, por ende, su competencia debía estar prevista en ley por ser el ordenamiento idóneo para la creación de órganos de autoridad.
"...
"El agravio expuesto es inoperante debido a que no controvierte la consideración esencial de la Sala del conocimiento que, inclusive, está reflejada en la parte anteriormente transcrita de la sentencia recurrida, en cuanto a que el director de Responsabilidades es inexistente jurídicamente, pues la recurrente se constriñe a reiterar que dicha autoridad tiene funciones asignadas en el manual de organización aludido.
"Esto es, la Sala no sólo dijo que fuera insuficiente que en el manual referido se establecieran funciones del director de Responsabilidades, sino que también dijo que era insuficiente que en el manual se hiciera referencia a dicha autoridad para considerarla jurídicamente existente.
"Además, es pertinente señalar que la Sala en ningún momento examinó si era legal o no que el titular de la secretaría hubiera asignado al director de Responsabilidades, a través del manual citado, diversas funciones como la de instruir el procedimiento administrativo.
"Ahora, el hecho de que la Sala haya establecido que la existencia de las autoridades debe estar prevista en la ley y no así en un manual de organización, es un principio jurídico básico dentro de nuestro sistema normativo y no significa que se trate de un examen constitucional. Este tribunal, asumiendo jurisdicción plena sobre esa cuestión de legalidad, hace el pronunciamiento respectivo.
"Ciertamente, conforme a nuestro régimen constitucional, las autoridades deben ser creadas o instituidas mediante ley del Congreso de la Unión o por reglamento presidencial, en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Conforme a nuestro sistema de división de poderes, la facultad de crear órganos de autoridad le está conferida por orden constitucional al Congreso de la Unión y al presidente de la República.
"Así lo disponen los artículos 73, fracción XI y 89, fracción I, del ordenamiento constitucional, que establecen:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.’
"‘Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:
"‘I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.’
"Como se advierte de los textos transcritos, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir leyes, bajo las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, con objetivos esenciales relacionados con el desarrollo y progreso del país, así como la necesidad de crear y suprimir empleos públicos de la Federación, para el cumplimiento de esos fines.
"De igual forma se advierte que el presidente de la República tiene la facultad y obligación de promulgar y ejecutar las leyes, para lo cual deberá proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, esto es, su facultad reglamentaria, dentro de la que se encuentra la de crear autoridades que ejerzan las atribuciones asignadas por la ley a determinado organismo de la administración pública, con el objeto de que se cumplan los fines del Estado.
"Por tanto, es incontrovertible que sólo por ley expedida por el Congreso de la Unión o reglamento del presidente en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 89, fracción I, constitucional, es posible crear una autoridad, de donde se sigue que si una autoridad no ha sido instituida mediante los supuestos señalados es claro que carece de existencia jurídica, como sucede en el caso.
"Finalmente, la autoridad recurrente aduce que la Sala no tomó en consideración la naturaleza y finalidad de los actos procedimentales en que el director de Responsabilidades, dependiente de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, intervino para que, a partir de ahí, se pudiera concluir si redundaron en perjuicio del actor.
"Al efecto, sostiene que la actuación de tal funcionario se limitó a citar a la audiencia de ley al servidor público presunto responsable, sin que se traduzca en un agravio o perjuicio en su contra, pues el objeto de dicho acto es respetar la garantía de audiencia.
"Asimismo, sostiene que el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no exige que el citatorio con que inicia el procedimiento de responsabilidad deba provenir de autoridad competente, toda vez que no constituye un acto de molestia, pues se limita a comunicar al servidor público que se iniciará en su contra un procedimiento administrativo, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar y hora en que tendrá verificativo la audiencia, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor, lo cual no puede redundar en su perjuicio, ya que, en todo caso, es la resolución que recaiga en el procedimiento la que eventualmente puede constituir un acto de privación o de molestia.
"Por último, dice que aun considerando que se tratara de un vicio de procedimiento, primero, debe acreditarse y, segundo, su naturaleza debe ser tal que verdaderamente afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución final, lo que además de que no sucede en el caso, no fue razonado así por la Sala del conocimiento.
"Pues bien, para decidir sobre este último agravio, debe recordarse que la Sala del conocimiento consideró que debía declararse la nulidad de la sentencia recurrida con fundamento en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, porque el citatorio para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con que se inició el procedimiento administrativo disciplinario del que derivó la resolución impugnada, había sido emitido por autoridad incompetente por inexistente.
"Ahora bien, el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece que se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre la incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
"En concordancia con lo anterior, se advierte que es causa de ilegalidad no sólo que la resolución sea emitida por autoridad incompetente, como pretende la autoridad, sino también ha lugar a nulificar la resolución cuando la autoridad que haya sustanciado el procedimiento sea incompetente, como sucedió en la especie.
"Cabe subrayar que la hipótesis de ilegalidad prevista en la fracción I del artículo 238 del código tributario federal no establece la condicionante a que se refiere el recurrente.
"Bajo estas circunstancias, la autoridad recurrente debió, en todo caso, razonar y demostrar que la causa de ilegalidad antes precisada no se había actualizado.
"En las condiciones apuntadas, debe confirmarse la sentencia recurrida.
"Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:
"PRIMERO. Es procedente pero infundado el recurso.
"SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida.
"TERCERO. Se declara la nulidad de la resolución administrativa impugnada."
En cambio, al resolver el veinticinco de agosto de dos mil cuatro el recurso de revisión fiscal número 2237/2004, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en esencia, lo siguiente:
"PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dos ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Rubén Genis Ávila demandó la nulidad de la ‘resolución de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dos, emitida en el expediente administrativo número 48/99, hecha de mi conocimiento el dos de octubre de dos mil dos, emitida por el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo’.
"SEGUNDO. La demanda se turnó a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se registró con el número de expediente 22494/02-17-02-3.
"Seguidos los trámites correspondientes, la Sala del conocimiento, en sentencia de diecisiete de febrero de dos mil cuatro, resolvió:
"‘I. No se sobresee el presente juicio. II. La parte actora demostró los extremos de su acción, en consecuencia. III. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada que ha quedado precisada en el resultando 1 de este fallo.’
"TERCERO. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil cuatro ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución identificada en el resultando anterior.
"...
"SEXTO. Es fundado uno de los agravios hechos valer por la recurrente según se verá a continuación.
"...
"Es igualmente infundado el agravio consistente en que el oficio citatorio número 223/1799, de 12 de agosto de 1999, emitido por el director dependiente de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a través del cual se citó al servidor público a la audiencia prevista en el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no fue impugnado en nulidad ni se tuvo como tal en la admisión de demanda, y que para impugnarlo debió acreditarse que afectó sus defensas y trascendió al sentido de la resolución, precisando que por ello no debió pronunciarse la Sala respecto de su legalidad, toda vez que contrariamente a lo señalado por el recurrente, del contenido integral de la demanda se advierte que el actor se inconformó con la emisión del oficio citatorio a la audiencia de ley, señalando que carece de validez y eficacia jurídica por haberse emitido por una autoridad incompetente al efecto, de suerte que sí lo sometió a la litis.
"...
"Sin embargo, es fundado el agravio consistente en que la autoridad que emitió el oficio citatorio de referencia tiene existencia legal y, por ende, es competente al efecto; ello es así, atento a que la existencia de dicha autoridad deriva de los artículos 14, 15 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que prevén la existencia de los directores de área adscritos a las direcciones generales, en términos del reglamento interior, así como la facultad del titular de la secretaría para expedir el manual de organización respectivo, y atento a que el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo aplicable al caso concreto, indica la existencia de unidades subalternas que auxiliarán a los directores generales, como lo es la Dirección de Responsabilidades, la cual está adscrita a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en términos del punto 2.1.1.3 del manual de organización general de la secretaría publicado el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, y en el artículo único, fracción III, del Acuerdo de Adscripción de las Direcciones de Área de dicha dependencia, publicado el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, por lo que debió considerarse que fue voluntad del Ejecutivo Federal la creación del puesto denominado director de Responsabilidades, titular de la Dirección de Responsabilidades adscrita a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, al hacer uso de la facultad prevista en la fracción I del artículo 89 de la Constitución, lo que encuentra apoyo en la tesis dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO LA EXCEDE AL CREAR UNA AUTORIDAD SI SE AJUSTA A LA LEY.’; siendo irrelevante que en los preceptos legales citados no se encuentre señalado el nombre específico del funcionario de que se trata, debido a que el reglamento interior no tiene como propósito dar a las direcciones de área su existencia jurídica, pues la misma proviene de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"Al respecto debe también considerarse que los artículos 14, 15, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente en mil novecientos noventa y nueve, disponen lo siguiente: (se transcriben).
"Por su parte el artículo 2o. del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en lo conducente, es del tenor siguiente: (se transcribe).
"Ahora bien, en el artículo único, fracción III, del Acuerdo de Adscripción de las Direcciones de Área de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación publicado el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, se determinó adscribir a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, entre otras, la Dirección de Responsabilidades y las funciones de ésta.
"De lo anterior se desprende que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que al frente de cada Dirección General habrá un director general, quien se auxiliará por los directores generales adjuntos y directores de área, de igual modo, en su artículo 37, fracción XVII, establece que a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo compete conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida; del reglamento de la dependencia se advierte que prevé la existencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el director de Responsabilidades y las unidades subalternas que se establezcan por acuerdo de su titular, las que deberán contenerse y especificarse en el manual de organización general de la dependencia.
"De tal suerte que al establecerse en el acuerdo antes citado la adscripción de la Dirección de Responsabilidades a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, se colige que es legal la existencia de la citada Dirección de Responsabilidades, atento a que la ley contempla la existencia de directores generales adjuntos, directores de área y subdirectores, quienes tienen como tarea auxiliar a las Direcciones Generales, como lo es la de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y toda vez que el oficio de que se trata se fundó en los mencionados artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y octavo transitorio del decreto que la reforma, adiciona y deroga, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1994, los artículos 15 y 21, fracción VIII y X del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como en el artículo único, fracción III, del Acuerdo de Adscripción de las Direcciones de Área de esa secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 1995, al no considerarlo de esa forma la Sala, su proceder fue incorrecto.
"No es óbice para concluir en la forma apuntada la circunstancia de que el Reglamento Interior de la Contraloría y Desarrollo Administrativo no mencione específicamente el nombre de las direcciones que auxiliarán a los directores generales, dado que esa omisión no implica la inexistencia del funcionario de que se trata y menos cuando el artículo 21 de dicho cuerpo de leyes otorga al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa dependencia la facultad de investigar las denuncias formuladas sobre el incumplimiento por parte de los empleados del gobierno de las prevenciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, función ésta que puede realizar con auxilio de los directores y subdirectores, de conformidad al artículo 15 del propio reglamento interior.
"En las relatadas consideraciones, al ser cierto lo aducido por el inconforme en el agravio examinado, lo que procede es declarar fundado el presente medio de impugnación; debiendo la Sala dejar insubsistente la sentencia impugnada y en su lugar dictar otra en la que estime que sí tiene existencia legal la autoridad que inició el procedimiento administrativo de que se trata y partiendo de esa premisa, resuelva nuevamente la controversia sometida a su consideración.
"Resulta innecesario examinar los restantes agravios, de conformidad a la jurisprudencia número 3, que se aplica por analogía dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ocho del Informe 1982, Parte II, cuyo texto se transcribe a continuación.
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe).
"Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se
"RESUELVE:
"ÚNICO. Es fundado el recurso de revisión interpuesto por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en el juicio fiscal número 22494/02-17-02-3, en contra de la sentencia dictada el diecisiete de febrero de dos mil cuatro, por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer, debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.
Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Entonces, para decidir sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta pertinente precisar los antecedentes de los casos en que se pronunciaron los Tribunales Colegiados de Circuito, los que derivan de las ejecutorias dictadas por ellos.
Revisión fiscal número 143/2004.
1. El siete de enero de dos mil cuatro, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad de la resolución impugnada, pues "el citatorio para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con que inició el procedimiento administrativo disciplinario del que derivó la resolución impugnada, había sido emitido por una autoridad incompetente por inexistente", toda vez que "el oficio número 223/2479, de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se apreciaba que había sido emitido por el director de Responsabilidades de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo máxime que el citatorio para llevar a cabo la audiencia de ley da inicio al procedimiento administrativo a través del cual se afecta la esfera jurídica de los servidores públicos, por lo que esa diligencia sólo podría ser realizada por la autoridad que la ley o el reglamento determinara".
2. Contra la anterior determinación, la autoridad demandada en el juicio de nulidad interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18857-40dd7bcb/responsabilidades-el-director-de-esa-area-es-incompetente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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