DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO PREVÉ QUE SU PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA NO SURTE EFECTOS, ESTABLECE UNA SANCIÓN QUE VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EXCEDE A LA SANCIÓN QUE PARA TAL SUPUESTO FIJA EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO MENCIONADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 207/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de las Federación, parte recurrente en el amparo en revisión 278-2005-3862 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional de donde proviene uno de los criterios que se estiman contradictorios.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, el amparo en revisión 278/2005-3862, promovido por Decoraciones Dupuis, Sociedad Anónima de Capital Variable, siendo recurrente el subprocurador fiscal federal de Amparos, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Para el examen del agravio propuesto conviene previamente atender a las consideraciones que soportan la decisión contenida en la sentencia recurrida. La Juez de Distrito consideró, en esencia, que el artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación excede lo dispuesto por los numerales 83, fracción X y 84, fracción IX, del citado código tributario, pues prevé una sanción diversa a las previstas por dichos preceptos aplicable cuando se presenten en forma extemporánea los dictámenes sobre los estados financieros. Explicó que el legislador no previó dentro de tales sanciones aquella consistente en la privación de los efectos legales el dictamen presentado extemporáneamente, sino que esa medida fue introducida por el artículo reglamentario reclamado, lo que implicó el exceso en el ejercicio de la facultad prevista por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, concedió el amparo contra el citado artículo 49, último párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y su acto concreto de aplicación. Por su parte, la autoridad recurrente controvierte tales consideraciones argumentando que resulta inexacto que el citado artículo 49 transgreda la facultad reglamentaria, pues sólo busca la aplicabilidad de la disposición legal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales formales por parte de los contribuyentes. Explica la recurrente que el citado numeral reglamenta lo dispuesto por el precepto 32-A del Código Fiscal de la Federación, sin que lo reforme o adicione, pues sólo desarrolla lo relativo a la forma y tiempo en que deben presentarse los estados financieros, es decir, únicamente regula los medios para hacer efectivo el cumplimiento de una obligación fiscal prevista en la ley. La autoridad sostiene que el Código Fiscal de la Federación establece que para que se tengan por ciertos los hechos contenidos en los dictámenes sobre estados financieros es necesario que se formulen de acuerdo con las disposiciones que prevé su reglamento, de ahí que el contribuyente esté obligado a observar esas exigencias. Alega que el artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación únicamente desarrolla tales requisitos para la presentación de los dictámenes, incluyendo lo relativo a su presentación, plazos y consecuencia por la inobservancia de esas exigencias. Además, la recurrente aduce que si bien el Código Fiscal de la Federación no prevé la posibilidad de dejar sin efectos un dictamen financiero por su presentación extemporánea, ese hecho no genera la inconstitucionalidad del artículo 49 reclamado, pues el legislador no está obligado a definir todos los supuestos que puedan suscitarse en la aplicación de la ley cuando se trate de conceptos técnicos ajenos a las materias reguladas. Insiste la inconforme en que el reglamento únicamente estableció la forma en que se deben cumplir los dictámenes y las consecuencias de incumplir esas reglas, complementando y detallando lo dispuesto por los numerales 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación. Con la finalidad de examinar las anteriores alegaciones es conveniente traer a colación el contenido del artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, que literalmente señala: (se transcribe). El numeral transcrito faculta al presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión y aunque materialmente ambas poseen similar naturaleza se distinguen porque aquéllas provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Poder Legislativo, de ahí que se estimen como normas subordinadas. De las anteriores razones derivan dos principios que rigen la citada facultad reglamentaria: a) Reserva de ley; y, b) Subordinación jerárquica. El primero de esos principios encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía e implica la prohibición al reglamento de abordar materias reservadas a las leyes. Por otra parte, el principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre justificación y medida, sin excederse de sus alcances o contrariar su sentido. Ilustra las ideas anteriores la tesis 2a./J. 29/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, abril de 1999, página 70, que a la letra señala: ‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’ (se transcribe.). Así, tenemos que, para cumplir lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, constitucional, una norma reglamentaria debe encontrar su justificación y medida en la norma legal que reglamenta. En ese sentido, la privación de derechos que implica una sanción únicamente puede ser prevista en un reglamento cuando constituye alguna modalidad o precisión de la sanción establecida en la ley reglamentada, pues de no ser así, se estaría infringiendo el principio de subordinación jerárquica anteriormente expuesto. Apoya esta consideración el criterio sustentado por la tesis 2a. LXXVI/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 590, que a la letra señala: ‘OBRAS PÚBLICAS. EL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO RELATIVO, PARA EL ESTADO DE JALISCO, QUE ESTABLECE LA PROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA CONTRATANTE, ES INCONSTITUCIONAL, POR EXCEDER LA LEY QUE DESARROLLA.’ (se transcribe). Una vez determinado el alcance de la facultad reglamentaria y que las sanciones únicamente pueden ser previstas en un reglamento cuando constituyan alguna modalidad o precisión de aquellas establecidas en la ley, conviene traer a colación lo dispuesto por el artículo reclamado: ‘Artículo 49. Los contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros, así como los contribuyentes que opten por hacerlo, deberán presentar la documentación a que se refiere el artículo 50 de este reglamento, por sí mismos o por conducto del contador público registrado que haya elaborado el dictamen. Dicha presentación deberá efectuarse mediante el envío de documentos digitales a más tardar durante el mes de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio fiscal de que se trate, de conformidad con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria y cumpliendo con los requisitos que en dichas reglas se establezcan. Tanto los contribuyentes como el contador público registrado deberán incorporar en los documentos digitales mencionados sus firmas digitales, de conformidad con las reglas de carácter general que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Dicha presentación se efectuará mediante su envío a la dirección electrónica que en dichas reglas se señale. Los contribuyentes y el contador público registrado recibirán el acuse de recibo con sello digital en forma inmediata a la recepción por el Servicio de Administración Tributaria, previa validación que dicho órgano realice de la documentación a que se refiere este párrafo. Los contribuyentes que presenten el dictamen durante el mes de mayo deberán realizar dicha presentación en las fechas que les correspondan de conformidad con el calendario que mediante reglas de carácter general emita el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 15 de abril del año en que deba efectuarse la presentación. Tratándose de sociedades controladoras que hubieren obtenido autorización para dictaminar su resultado fiscal consolidado, la documentación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá presentarse a más tardar el 12 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio fiscal de que se trate. Cuando los contribuyentes estén obligados a presentar el dictamen de sus estados financieros con motivo de la liquidación de una sociedad, dicho dictamen se podrá presentar tanto por el ejercicio comprendido entre el 1o. de enero del año de calendario en que ocurra la liquidación y la fecha en que se presente el aviso de liquidación, así como por el ejercicio en que la sociedad esté en liquidación. El dictamen de referencia deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la declaración que con motivo de la liquidación deba elaborarse para los efectos del impuesto sobre la renta. La presentación del dictamen y los documentos citados fuera de los plazos que prevé este reglamento, no surtirá efecto legal alguno.’. El precepto transcrito se dirige a los contribuyentes que, según lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, están obligados a dictaminar sobre sus estados financieros mediante contador público autorizado (supuesto que actualiza la quejosa), así como a aquellos que optaron por hacerlo. Reglamenta la forma y plazos en que tal obligación habrá de ser cumplida y, en su párrafo final, prevé que en caso de que los dictámenes sean presentados fuera de tales plazos la consecuencia jurídica es que no surtirán efectos legales. Así, a lo largo de su contenido encontramos un referente normativo que obliga a los contribuyentes destinatarios de la norma a presentar tales dictámenes dentro de los plazos establecidos en el propio reglamento, obligación que, como se anticipó, encuentra su origen en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. En el diverso artículo 52 del propio ordenamiento legal se prevé, además, una remisión al reglamento para que en él se dispongan las reglas que deben ser observadas en el cumplimiento de dicha obligación legal. Para ilustrar lo anteriormente explicado conviene traer a colación el contenido vigente en agosto de dos mil cuatro de los preceptos del Código Fiscal de la Federación en cita, en la parte que interesa: ‘Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. ... Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado. Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de este código, a más tardar el 31 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio fiscal de que se trate.’. ‘Artículo 52. Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: ... II. Que el dictamen o la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, se formulen de acuerdo con las disposiciones del reglamento de este código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos.’. Como se ve, el Código Fiscal de la Federación establece la obligación a cargo de aquellas personas que se ubiquen en los supuestos a que se refiere su artículo 32-A, consistente en dictaminar sus estados financieros, carga fiscal que es exigible a la quejosa tal como se desprende de la resolución reclamada que obra en autos del juicio de amparo a fojas 37 y 38. Esa obligación se cumplimentará de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 52 del propio ordenamiento legal y, como éste lo establece, en observancia de las disposiciones reglamentarias aplicables, entre las que se encuentra la reclamada. Tal es la importancia de la remisión al reglamento establecida en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en la que se precisa su alcance delimitando la materia del reglamento a la disposición de las reglas para la presentación de los dictámenes fiscales. Ahora bien, al desarrollar esa regla, el presidente de la República dispuso que la presentación del dictamen fuera de los plazos previstos por el propio Reglamento del Código Fiscal de la Federación no surte efectos legales. En el mundo del derecho, cuando los actos jurídicos no surten efecto legal alguno se dice que son ineficaces porque las consecuencias jurídicas naturales que por ley o por voluntad de los particulares les son propias se destruyen, o bien, no nacen. Tal ineficacia puede ser producida por diversos motivos, entre los que se encuentra el incumplimiento de una obligación. Cuando ese es el motivo de la nulidad nos encontramos ante una sanción, ya que se produce la privación de un derecho con motivo del incumplimiento de una obligación. Ahora bien, en el caso de lo dispuesto por el artículo 49, párrafo último, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la ineficacia prevista para los dictámenes presentados extemporáneamente tiene como única razón la inobservancia de los plazos establecidos para presentar los aludidos dictámenes. Se trata de una sanción administrativa que recae sobre el acto jurídico de los particulares consistente en la presentación de tales dictámenes, esa sanción afecta su esfera jurídica porque los priva del derecho de cumplir con la obligación legal de presentarlos. Efectivamente, la presentación extemporánea de los dictámenes traerá como consecuencia que no surtan sus efectos legales y, por tanto, los contribuyentes obligados se vean imposibilitados para cumplir la obligación de presentarlos, ya que cada vez que intenten presentarlos posteriormente los dictámenes serán ineficaces. Consecuentemente, resulta que el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación prevé una sanción aplicable a la presentación extemporánea de dictámenes de estados financieros, aun cuando, como ya quedó expuesto, el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación ordena la remisión a ese precepto reglamentario delimitando la materia a la disposición de las reglas para la presentación de los dictámenes fiscales. Precisamente, de tal remisión se observa que en el reglamento se pueden establecer modalidades o formalidades únicamente en la presentación de dictámenes, y no de las sanciones por el incumplimiento de dichas reglas, ya que se trata de consecuencias privativas del derecho de cumplir con la obligación legal de presentar tales dictámenes que no fueron previstas en el Código Fiscal de la Federación. Para corroborar lo anterior cabe traer a colación el contenido de los artículos 83, fracción X y 84, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, vigentes en agosto del dos mil cuatro, de cuya lectura se aprecia que prevén una sanción pecuniaria de $7,728.00 (siete mil setecientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional) a $77,284.00 (setenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) para el caso de que los contribuyentes no dictaminen sus estados financieros dentro de los términos establecidos para hacerlo. Su redacción es la siguiente: ‘Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, las siguientes: ... X. No dictaminar sus estados financieros en los casos y de conformidad con lo previsto en el artículo 32-A de este código, o no presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales.’. ‘Artículo 84. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones: ... IX. De $7,728.00 a $77,284.00 y, en su caso, la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles, a la comprendida en la fracción X.’. Tales son las sanciones establecidas en la ley reglamentada, de modo que su reglamento únicamente tiene el alcance de detallarlas o facilitar su ejecución, pero no de imponer diversas como la ineficacia legal de los dictámenes presentados extemporáneamente que, como ya quedó explicado, trae consigo el inevitable incumplimiento de la obligación legal de presentar los multicitados dictámenes y, por tanto, la privación del derecho de los contribuyentes de cumplirla. De lo hasta aquí expuesto se concluye que, como lo resolvió la Juez de Distrito, al prever una sanción el reglamento cuestionado, el presidente de la República excedió la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, en primer lugar, porque la remisión contenida en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación únicamente se refiere a las reglas para la presentación de los dictámenes y, en segundo lugar, porque no se trata de la regulación de una sanción legalmente establecida, pues el ordenamiento legal reglamentado prevé diversas sanciones para el mismo supuesto normativo de incumplimiento. Cabe señalar que no pasa inadvertida para este tribunal la existencia de la tesis aislada 2a. LXIX/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita la recurrente en sus agravios, cuyos rubro y texto establecen lo siguiente: ‘DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN, NO EXCEDE LOS LÍMITES DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA. El artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que establece un plazo de siete meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal para la presentación del dictamen de estados financieros y dispone que el presentado fuera de dicho plazo no surtirá efectos, no viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica que limitan la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional, pues en lo relativo al primero, no establece ningún elemento de las contribuciones, sino que regula una obligación tributaria de naturaleza formal o adjetiva, distinta de la obligación de pago, que no está protegida por el principio de legalidad tributaria en tanto no se traduce en una disminución patrimonial equiparable a la derivada de la imposición del tributo; y en lo relativo al segundo, porque se limita a complementar y detallar los artículos 32-A y 52 del código, los cuales imponen a ciertas categorías de contribuyentes, la obligación de presentar el dictamen de sus estados financieros, siendo el propio legislador quien en el segundo de los preceptos citados encomienda al reglamento la determinación de las reglas para la presentación de dicho dictamen.’. Como se advierte de su lectura, el criterio transcrito estableció que el contenido del artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación no violenta los principios de reserva de ley ni de subordinación jerárquica a que se refiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal. En la tesis se sostiene que el principio de reserva de ley no se ve violentado por el precepto reclamado, en virtud de que no está regulado por el principio de legalidad tributaria, ya que no regula un tributo. Por lo que toca al principio de subordinación jerárquica, la tesis concluye que el artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación se limita a complementar y detallar los artículos 32-A y 52 del ordenamiento legal que reglamenta, en los que se prevé la obligación de los contribuyentes de presentar dictámenes sobre sus estados financieros. Por último, en la tesis invocada se establece que en el segundo de estos últimos numerales el propio legislador encomendó al reglamento la determinación de las reglas para su presentación. Como se puede advertir, la conclusión alcanzada en cuanto al principio de subordinación jerárquica se basa esencialmente en la remisión contenida en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación para que en su reglamento se dispongan las reglas para la presentación de los dictámenes abarca (sic). Sin embargo, la redacción de la tesis no refleja el examen del tema abordado en la sentencia recurrida y en esta ejecutoria, que se basa en que la consecuencia prevista para la presentación extemporánea de los dictámenes tiene naturaleza jurídica de sanción. Para saber si en el asunto que generó la tesis se abordó esa proposición resulta necesario acudir al contenido de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 1948/94, que a continuación se transcribe en la parte que interesa. ‘El artículo 49 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación reclamado, cuyo texto actual proviene del decreto de reformas a dicho ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, en vigor al día siguiente, dispone: (lo transcribe).’. La ejecutoria abordó el estudio de un artículo del reglamento de contenido y vigencia diferentes del reclamado en el juicio de amparo a que se contrae este recurso. En sus párrafos primero y segundo, el artículo 49 del reglamento vigente en mil novecientos noventa y dos establecía la forma y plazos para la presentación de los dictámenes, mientras que su párrafo último era el siguiente: ‘Artículo 49. ... El dictamen y los documentos citados que se presenten fuera de los plazos que prevé este reglamento, no surtirán efecto legal alguno, salvo que la autoridad fiscal competente considere que existen razones para admitir tales documentos, caso en el cual deberá comunicar tal hecho al contribuyente con copia al contador público, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación.’. El artículo transcrito difiere del reclamado en cuanto prevé el plazo de tres meses para que la autoridad fiscal determine si son admisibles los dictámenes presentados fuera de los plazos establecidos para hacerlo. En la reforma del veintiuno de mayo del dos mil dos tal término fue suprimido, pero se conservó la consecuencia para el caso en que la obligación de presentar los dictámenes fuera cumplida sin respetar los plazos. Obviamente se trata de una diferencia insustancial, por lo que es admisible que lo resuelto en aquel caso sea aplicable para el que nos ocupa. Pues bien, más adelante, en la ejecutoria se consideró que ‘... Por su parte, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en los párrafos primero y tercero de su artículo 49 que en esta parte se reclama, dispone que el dictamen deberá presentarse dentro de los siete meses siguientes a la conclusión del ejercicio fiscal y que el dictamen presentado fuera de ese plazo no surtirá efectos. En estas condiciones, queda debidamente demostrado que el plazo para la presentación del dictamen de estados financieros a que están obligadas ciertas categorías de contribuyentes, así como las consecuencias de la presentación extemporánea del dictamen, no están previstas en los artículos relativos del Código Fiscal de la Federación, sino que en su reglamento se contienen las normas relativas a estos dos aspectos. Sentado lo anterior, a fin de calificar si es fundado o no el agravio expuesto por la autoridad, importa considerar si, como afirma la Juez de Distrito, el establecimiento de estas dos normas en el reglamento es violatorio del principio de legalidad, que en la sentencia se estima tutelado por el artículo 16 de la Ley Fundamental, en relación con el que rige la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal en términos del artículo 89, fracción I, de la propia Constitución.’. Del planteamiento del problema en la ejecutoria en análisis se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscó resolver si las disposiciones consistentes en los plazos para presentar los dictámenes y las consecuencias previstas para el cumplimiento extemporáneo de la obligación violan o no el principio de subordinación jerárquica. Más adelante, la Segunda Sala sostuvo: ‘... Según ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal en numerosos precedentes, de los cuales han derivado tesis como las invocadas por la autoridad responsable, el presidente de la República, en ejercicio de la potestad que le concede el artículo 89, fracción I, constitucional, para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, está autorizado para expedir normas reglamentarias que tiendan a la ejecución (en sentido amplio) de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Estas normas reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a las normas expedidas por el órgano legislativo, en cuanto son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de éstas básicamente por dos razones: una, porque provienen de un órgano que desde el punto de vista constitucional no expresa la voluntad general, sino la de un órgano instituido para acatarla como es el titular del Poder Ejecutivo; y dos, porque son, por definición, normas subordinadas a las primeras. Estas dos razones explican en lo general que la Constitución imponga ciertas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre las que interesa destacar, por una parte, la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en exclusiva a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, conocida como el principio de reserva de ley (no reserva de reglamento, como lo llama la sentencia recurrida, pues éste designa justamente a un fenómeno contrario que no ha sido acogido por el sistema constitucional mexicano); y, por otra, la exigencia de que el reglamento siempre esté precedido por una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en las que encuentre su justificación y medida. El principio de reserva de ley, que no es sino una aplicación del principio más general de legalidad, impide que el reglamento invada las materias que de manera expresa la Constitución reserva a la ley formal; en cambio, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley constriñe al Ejecutivo Federal a expedir sólo las normas que tiendan a hacer efectivo o facilitar la aplicación del mandato legal, sin contrariarlo, excederlo o modificarlo. En el caso el artículo 49 del reglamento reclamado, este tribunal estima que no se produce violación al principio de subordinación normativa, pues además de que es la propia ley la que remite o encomienda al reglamento la determinación de las reglas conforme a las cuales ha de presentarse el dictamen de estados financieros, para el efecto de que nazca a favor del contribuyente la presunción de certeza de los hechos afirmados en el mismo, el precepto reclamado no hace sino complementar y detallar la norma legal para hacer efectiva la obligación en ella impuesta. Lo mismo debe decirse de la norma reglamentaria según la cual el dictamen presentado extemporáneamente no produce efectos, pues se trata de una consecuencia natural del establecimiento del plazo que tan sólo se explicita en la norma, además de que conviene advertir a este respecto, que es el propio Código Fiscal de la Federació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19544-f7a06b77/dictamen-de-estados-financieros-el-ultimo-parrafo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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