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Modo: Corpus Pro

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA ÉSTAS, TIENE INTERÉS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2000-SS. · Registro digital (IUS): 7040
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, , Pág. 297.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RA. 80/2000, interpuesto por el representante legal de Reebok International, Ltd., en ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil, determinó que el propietario de un registro marcario denunciante de una infracción administrativa sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de la resolución que a dicha denuncia recaiga; en la parte que interesa expuso:

"QUINTO.-En el primero y segundo de los agravios expuestos por la parte recurrente, que se analizan de manera conjunta con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, aduce diversas razones por las que estima que contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito la resolución reclamada sí le causa un agravio personal y directo, y por lo mismo cuenta con interés jurídico para combatirla mediante el juicio de amparo.-Antes de analizar los anteriores agravios, para una mejor comprensión del asunto, es pertinente señalar algunos de los antecedentes del acto reclamado, de acuerdo a las constancias que obran en el juicio de amparo a que se refiere el recurso de revisión y que consisten en: a) La parte hoy quejosa el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, presentó un escrito dirigido al ‘director general de Desarrollo Tecnológico. Departamento de Infracciones y Delitos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial’, solicitando se iniciara la investigación de hechos posiblemente constitutivos de las infracciones previstas en el artículo 213, fracciones I y IX, incisos b) y c), de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en contra de la hoy empresa tercero perjudicada por realizar actos de competencia desleal al llevar a cabo actos que causan e inducen al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que los zapatos tenis fabricados, distribuidos y/o comercializados por dicha empresa con marcas semejantes en grado de confusión a las que usa la hoy recurrente, hacen suponer a los consumidores que dichos productos se fabrican y venden bajo la autorización de la quejosa (foja 2 del legajo de pruebas que obra por separado al juicio de amparo).-b) Esa solicitud dio origen al expediente contencioso administrativo número PC. 949/94 (1-260), y el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y nueve la directora de Protección a la Propiedad Industrial, mediante oficio número 8083, resolvió negar la declaración administrativa de la infracción prevista en el artículo 213, fracciones I y IX, incisos b) y c), de la ley de fomento y protección, por parte de la hoy tercero perjudicada, propietaria del comercio ubicado en boulevard Juventino Rosas s/n, San Francisco del Rincón, Guanajuato, en virtud de haberse demostrado ser licenciatario autorizado de los registros marcarios que se especificaban, que utilizaba en los productos que comercializaba, teniéndose así por concluido el procedimiento, acto que se reclamó en el juicio de amparo a que este toca se refiere, del cual correspondió conocer el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (foja 46 del propio juicio).-c) El Juez Federal dictó la resolución recurrida, mediante la cual decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo por estimar que operaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, apoyándose en la tesis que citó de rubro: ‘MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS.’, por considerar que cobraba exacta aplicación, porque en la resolución impugnada la autoridad negó la declaración administrativa de infracción prevista en el artículo 213, fracciones I y IX, incisos b) y c), de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, por parte del hoy tercero perjudicado Grupo Industrial Concord, Sociedad Anónima de Capital Variable, manifestando el Juez Federal que aun cuando se trataba de una ejecutoria cuya aplicación no era obligatoria, precisamente por no tratarse de jurisprudencia, sí era un criterio que compartía por las razones que informa; por lo que sin necesidad de añadir más consideraciones respecto al tema de que ese tipo de resoluciones no producen en el denunciante un agravio personal y directo, decretó el sobreseimiento conforme a lo previsto por los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., a contrario sensu, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.-Debe señalarse que uno de los fines de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es el de proteger los derechos personales de quienes, dentro del comercio o de la industria, son titulares de algún registro marcario, nombre o denominación social, de manera tal que no puedan ser utilizados a favor de otras personas que no estén autorizadas para hacerlo.-Entre esos derechos, se encuentra el relativo a denunciar hechos que puedan ser constitutivos, en perjuicio de su marca, de alguna de las infracciones a que se refiere el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial (vigente cuando acontecieron los hechos materia de la investigación precisada en el inciso a) de los antecedentes del acto reclamado), del cual se advierte que el legislador describe una serie de conductas ilícitas que constituyen infracciones, entre ellas, como las conductas que denunció la parte hoy recurrente ante la autoridad responsable, relativas a realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esa ley regula; efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero, incluso que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero.-Al infractor de las conductas descritas en el citado artículo 213, la ley mencionada las sanciona con multas, clausuras temporales o definitivas o arresto administrativo hasta por 36 horas.-Conforme a los artículos 215 a 219 de la referida ley, para el fincamiento de las infracciones administrativas, se prevé la investigación de las mismas, la cual se puede realizar por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de oficio o a petición de parte interesada, lo que origina que se pueda hacer, si se amerita visita de inspección, corriéndose traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes; concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX y 216 de dicha ley, la secretaría citada, con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda, donde podrá imponerse clausura temporal o definitiva, multa o arresto según el caso, tomando en cuenta si existe reincidencia o los demás aspectos señalados en el artículo 220 de la propia ley. En caso de que la secretaría ante la que se lleva a cabo la investigación, advierta la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esa ley, así lo hará constar en la resolución que emita.-Cabe señalar que el artículo 221 dispone que: ‘Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común.’.-Ahora bien, el derecho a denunciar hechos que puedan ser constitutivos, en perjuicio del titular de la marca, de alguna de las infracciones previstas en el artículo 213, como las señaladas en las fracciones I y IX, incisos b) y c), de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no se agota con la sola denuncia, sino que se otorga al titular el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo en contra del dictamen negativo del instituto, en el que se considere que no procede la declaración administrativa de la infracción.-La existencia de ese interés jurídico deriva del hecho de que, si bien no puede obligarse a las autoridades ante quienes se ventilan denuncias, como la aquí controvertida, a resolverlas positivamente (pues pudieran no encontrar elementos de juicio suficientes para concluir que existe la infracción denunciada prevista por la ley), ello no las exime de emitir una resolución debidamente fundada y motivada, en la que se expongan las razones y los fundamentos legales que la hicieron arribar a la conclusión de que la denuncia promovida no resultaba procedente.-Además, en el caso de denuncias como la que refiere la parte quejosa, el interés jurídico deviene de manera trascendente de la posibilidad legal que tiene el denunciante de hacer efectivo, con base en la resolución dictada en la misma, el pago de daños y perjuicios, tal como lo establece el artículo 221 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.-En ese orden de ideas, si en el caso la hoy recurrente es legítima propietaria del registro marcario número 413765 ‘sin denominación’, el cual se encuentra en vigor y surtiendo sus efectos legales correspondientes, para la defensa de sus legítimos derechos de propiedad industrial, así como de los daños económicos y patrimoniales y las repercusiones que dicha conducta le causan, tenía el derecho de solicitar la investigación de hechos posiblemente constitutivos de las infracciones administrativas a que se refería el artículo 213, fracciones I y IX, incisos b) y c), de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en contra de la hoy tercero perjudicada. Por ello, formuló solicitud o denuncia de infracción administrativa en base a los hechos que precisó en su curso (sic) de fecha siete de septiembre de mil novecientas (sic) noventa y cuatro, que dio origen al expediente contencioso PC. 949/94 (I-260) 6538, tal y como lo indicó en la misma.-Lo anterior fue reconocido por la autoridad responsable, desde el momento en que admitió a trámite dicha solicitud y aceptó que existían elementos suficientes para estimar que con el actuar de la tercero perjudicada se generaba una violación personal y directa.-Por lo que al ser la titular del derecho derivado de la propiedad de la marca ‘Reebok International, Ltd.’, también en términos del artículo 140 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, le da la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, respecto a conductas de la tercero perjudicada, que estime son ilícitas.-En ese sentido, el interés jurídico de la parte quejosa para promover el juicio, nace a raíz de la titularidad del derecho de la marca en comento y que el Juez de Distrito omitió tomar en cuenta en ese aspecto, respecto de los actos que estimó que eran ilícitos y que según ella se cometieron en contra de sus derechos exclusivos.-Luego, es evidente que contrariamente a lo resuelto por el Juez de Distrito, la parte quejosa sí cuenta con interés jurídico, pues el fin del procedimiento en términos de los artículos 215 a 219 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, no puede ser sólo que se imponga una sanción al que cometa el acto ilícito, sino proteger los derechos del propietario de la marca, así como de la sociedad para que no se sigan cometiendo actos de esa naturaleza.-Establecido lo anterior, cabe agregar que este tribunal no comparte el criterio sustentado en la tesis de rubro: ‘MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS.’, por las siguientes razones: Desde luego, cabe decir que si bien es cierto que muchos actos ilícitos afectan intereses particulares, como sucede con algunas infracciones administrativas como las previstas en el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo cierto es que no puede considerarse que cuando el legislador decide que tales actos se deben sancionar y les da el rango de infracciones, sea únicamente porque encuentra que con ellos se lesiona directamente a la colectividad, independientemente de que se dañen o no intereses particulares, dado que ello se contrapone a los fines de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que como se dijo, es el de proteger los derechos personales de quienes, dentro del comercio o de la industria, son titulares de algún registro marcario, nombre o denominación social; de manera tal que no pueden ser utilizados a favor de otras personas que no estén autorizadas para hacerlo.-Asimismo, con independencia del paralelismo que existe con el procedimiento que se sigue con los delitos patrimoniales, entre la materia penal y la sanción de infracciones administrativas, como se aduce en la tesis, cierto es que la finalidad en ambos es punitiva y no conmutativa, y que la posibilidad legal que tiene el denunciante de hacerla efectiva, con base en la resolución dictada en la misma, esto es, el pago de daños y perjuicios, depende de que se finque la infracción, tal como lo establece el artículo 221 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; así que, cuando se pague al titular de la marca tendrá un resarcimiento adecuado en su derecho para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad causada por un infractor, que conociendo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.-Tampoco puede considerarse que el interés social prevalezca sobre los derechos particulares que pudieran resultar afectados como se aduce en la tesis, porque precisamente por una parte se protegen éstos al imponer la sanción correspondiente al infractor, pero para la procedencia de la acción por pago de daños y perjuicios es indispensable que se configure la infracción, como se desprende de su artículo 221 de la ley invocada.-Igualmente derivado del derecho exclusivo de la marca, no puede estimarse, como se sostiene en la tesis, que como en materia penal el denunciante de la infracción carezca de legitimación procesal activa para promover el amparo en contra de la decisión de no sancionarla, puesto que como se dijo, si los fines de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es el de proteger los derechos personales de quienes, dentro del comercio o de la industria, son titulares de algún registro marcario, nombre o denominación social, de manera tal que no pueden ser utilizados a favor de otras personas que no estén autorizadas para hacerlo, y que entre esos derechos se encuentra el relativo a denunciar hechos que puedan ser constitutivos, en perjuicio de su marca, de alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 213 de la citada ley, sería tanto como negarle que, al ejercer ese derecho, obtenga una resolución debidamente fundada y motivada, por lo que en ese sentido, sí se produce un agravio personal y directo como lo exige el artículo 4o. de la Ley de Amparo.-Además, el que la tesis equipare las sanciones que se fincan con las infracciones administrativas con la reaparición (sic) del daño en los delitos patrimoniales, materia penal (sic), en opinión de este tribunal no es correcta, puesto que la reparación del daño se da cuando se siguió un procedimiento penal, y en el caso de la negativa a la declaratoria de infracción con que concluya la investigación solicitada, en todo caso se equipararía con la fase de la averiguación previa que realiza el Ministerio Público para determinar si ejercita o no el ejercicio de la acción penal, y si se toma en consideración que aun cuando con anterioridad algunas legislaciones no otorgaban al denunciante la posibilidad de impugnar este tipo de resoluciones, en la actualidad ese espíritu ha cambiado, lo que se advierte de la redacción del actual artículo 21 constitucional, que otorga el derecho a los gobernados para impugnar las resoluciones del Ministerio Público, cuando éste decide sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal.-En consecuencia, al haberse estimado infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable y analizada por el Juez Federal, con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y al no advertir este tribunal la existencia de una diversa, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede a entrar al análisis del fondo del asunto."

CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RA. 2012/94, promovido por Teléfonos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:

"QUINTO.-Los agravios hechos valer son ineficaces.-Aduce el recurrente que el sobreseimiento que emitió la Juez a quo es ilegal, porque la resolución impugnada sí afecta sus intereses jurídicos. Para sostener lo anterior esgrime, en resumen, los siguientes argumentos: Que la Ley de Propiedad Industrial (sic) protege intereses particulares y no sociales; que para obtener el registro de su marca tuvo que hacer los pagos correspondientes y, a cambio de ello, adquirió el derecho al uso exclusivo de la misma, el cual se ve afectado por la conducta del hoy tercero perjudicado; y que la comparación que hace la Juez a quo entre el procedimiento penal y la investigación administrativa para sancionar la infracción en que incurrió el tercero perjudicado es inadmisible, porque se trata de procedimientos totalmente diferentes.-Al respecto, cabe considerar que muchos actos ilícitos afectan intereses particulares, como sucede con los llamados delitos patrimoniales y algunas infracciones administrativas como la denuncia por la hoy quejosa; sin embargo, cuando el legislador decide que tales actos se deben sancionar, y les da el rango de delitos o infracciones, es porque encuentra que con ellos se lesiona directamente a la colectividad, independientemente de que se dañen o no intereses particulares. Así, por ejemplo, mediante el delito de robo se protege, antes que nada, el respeto a la propiedad privada, en abstracto, y después el derecho privado de la víctima, que puede y debe ser reparado ciertamente, pero no es ésta la finalidad esencial del procedimiento, sino la de castigar al infractor por haber cometido un acto antisocial.-Así entendida la finalidad del procedimiento sancionador, es claro el paralelismo que existe, cuando menos en ese aspecto, entre la materia penal y la sanción de infracciones administrativas, puesto que, en ambos casos, la finalidad es esencialmente punitiva y no conmutativa; por ende, el interés social prevalece sobre los derechos particulares concretamente afectados; tanto es así que la acción por pago de daños y perjuicios es independiente de las sanciones establecidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como se desprende del artículo 221 de la misma, que a la letra dice: ‘Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común.’.-Luego, si la legislación común no establece como condición ineludible, para condenar al pago de daños y perjuicios, que exista una declaración de infracción administrativa, la resolución que niega la declaración administrativa de infracción prevista en el artículo 213 de la ley en comento, de ninguna manera afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues ésta ningún beneficio jurídico directo obtendría con una declaración administrativa que se emitiera en sentido contrario al que se expresó.-Por tanto, sí es aplicable en la especie, por identidad de razón, la tesis en que se apoyó la Juez a quo en su resolución, sustentada por este tribunal, visible en la página (sic), parte (sic), del (Apéndice o Semanario) (sic), de rubro: ‘ACCIÓN PENAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO EJERCERLA.’.-Así las cosas, es evidente que la Juez de Distrito obró correctamente la (sic) sobreseer en el juicio constitucional con apoyo en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.-En consecuencia, se impone confirmar la resolución impugnada."

QUINTO.-Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por ambos Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.

Para ello, es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

Resulta aplicable en la especie la jurisprudencia número 22/92 de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada a fojas veintidós del tomo 58, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.".

SEXTO.-A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar las resoluciones de los Tribunales Colegiados, destacando los aspectos fundamentales que se dieron en cada caso y que se contienen en las ejecutorias que dan origen a la presente contradicción.

A) El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número RA. 80/2000, en relación con el tema del interés jurídico del titular de un registro marcario para impugnar en amparo la resolución que declaró infundada su denuncia de infracción administrativa, determinó que:

1) El derecho a denunciar hechos que puedan ser constitutivos, en perjuicio del titular de la marca, de alguna de las infracciones previstas en el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no se agota con la sola denuncia, sino que otorga al titular el interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo en contra de la resolución en que se considere que no procede la declaración administrativa de la infracción.

2) Que la existencia de ese interés jurídico deriva del hecho de que, si bien no puede obligarse a las autoridades ante quienes se ventilan denuncias, como la aquí controvertida, a resolverlas positivamente (pues pudieran no encontrar elementos de juicio suficientes para concluir que existe la infracción denunciada prevista por la ley), ello no las exime de emitir una resolución debidamente fundada y motivada, en la que se expongan las razones y los fundamentos legales que la hicieron arribar a la conclusión de que la denuncia promovida no resultaba procedente.

3) Además, en el caso de denuncias como la que refiere la parte quejosa, el interés jurídico deviene de manera trascendente de la posibilidad legal que tiene el denunciante de hacer efectivo, con base en la resolución dictada en la misma, el pago de daños y perjuicios, tal como lo establece el artículo 221 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

4) Que al ser titular del derecho derivado de la propiedad de una marca en términos del artículo 140 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, le da la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, respecto a conductas de la tercero perjudicada, que estime son ilícitas.

5) En ese sentido, el interés jurídico de la parte quejosa para promover el juicio nace a raíz de la titularidad del derecho de la marca en comento y que el Juez de Distrito omitió tomar en cuenta en ese aspecto, respecto de los actos que estimó que eran ilícitos y que según ella se cometieron en contra de sus derechos exclusivos.

6) La ejecutoria en comento dio lugar a la tesis de rubro: "MARCAS. EL TITULAR DEL DERECHO MARCARIO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA DENUNCIA.".

B) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado con especialidad en la misma materia e idéntico circuito, señaló que:

1) De ninguna manera afecta los intereses jurídicos de la quejosa, la resolución que niega la declaración administrativa de infracción prevista en el artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

2) Que la finalidad del procedimiento sancionador tratándose de algunas infracciones administrativas como la denuncia de la quejosa, es el de sancionar al infractor por haber cometido un acto antisocial y lesionar con ello intereses colectivos, independientemente de que se dañen intereses particulares, por lo que considera que en ese punto existe un paralelismo con el derecho penal, pues la finalidad del procedimiento sancionador, en ambos casos, es esencialmente punitiva, donde el interés social prevalece sobre los derechos particulares concretamente afectados, aplicando por identidad de razón la tesis sustentada por ese mismo tribunal, de rubro: "ACCIÓN PENAL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NO EJERCERLA.".

3) Que la acción de daños y perjuicios que establece el artículo 221 de la ley en comento es independiente de lo que se resuelva respecto a la denuncia de declaración administrativa de infracción marcaria, y no es requisito ineludible que se declare la existencia de tal infracción para que se condene al pago de la indemnización por daños y perjuicios.

4) La ejecutoria en comento dio origen a la tesis de epígrafe: "MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS.".

SÉPTIMO.-Del análisis de las anteriores ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis, se advierte que en el caso sí se configura la divergencia de criterios, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se precisan:

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera en lo sustancial que el titular del derecho marcario sí tiene interés jurídico para impugnar en amparo la resolución recaída a su denuncia de infracción administrativa.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado con especialidad en la misma materia e idéntico circuito, estimó que el denunciante de una infracción administrativa en materia de marcas carece de interés jurídico para impugnar en amparo la decisión de no sancionarlas.

En tales condiciones, la contradicción de tesis se circunscribe a determinar si el denunciante de una infracción administrativa en materia de marcas tiene interés jurídico o carece de él, para impugnar en amparo la decisión de no sancionarlas.

A fin de resolver la contradicción en estudio, se estima importante hacer las siguientes reflexiones sobre lo que debe entenderse por interés jurídico para efectos del juicio de amparo.

Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, textualmente establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada."

Ley de Amparo.

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

Conforme

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7040-14c01b99/marcas-infracciones-administrativas-el-titular-de-un-registro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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