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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO ANTE ÉL SE CONTROVIERTA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, POR APLICACIÓN INCORRECTA DE LA LEY SOBRE VALORACIÓN DE PRUEBAS, DICHO ÓRGANO DEBERÁ DETERMINAR SI CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE AQUÉLLA, EN LA PARTE QUE NO SATISFIZO EL INTERÉS JURÍDICO DEL DEMANDANTE Y, EN SU CASO, RESOLVER SOBRE EL TEMA DE FONDO PROPUESTO, REALIZANDO LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17246
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 787.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en resolución de tres de octubre de dos mil uno, determinó que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la ley supletoria aplicable cuando en ésta no se prevean algunas cuestiones sobre procedimiento, así como en la apreciación de las pruebas, lo es el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación; dicha ejecutoria, en la parte que interesa, señala lo siguiente:

"QUINTO. Es parcialmente fundado el agravio hecho valer, de conformidad con las siguientes consideraciones: Argumenta la recurrente que en la sentencia de la Sala del conocimiento se confundió la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Penales, en cuanto a la valoración de pruebas a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues, en el caso, dicho precepto se encuentra inmerso dentro del capítulo que regula las disposiciones comunes referentes a los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y de declaración de procedencia, por lo que considera que la sentencia no está debidamente fundada y motivada. Ahora bien, se dice que es infundado el agravio hecho valer en atención a que los razonamientos en que la Sala del conocimiento basó su determinación no sólo derivan del contenido del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino de la aplicación de la tesis P. XXII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 466 del Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que para una mejor comprensión del asunto se transcribe: 'RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El Código Federal de Procedimientos Penales, y no su similar el de Procedimientos Civiles, es el ordenamiento aplicable supletoriamente en los procedimientos seguidos en las quejas administrativas que tengan por objeto investigar si la conducta de los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito se ajusta a las disposiciones constitucionales y legales, con el fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que tales funcionarios deben observar en el ejercicio de su cargo y, en su caso, fincarles responsabilidad y aplicarles la sanción respectiva en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo anterior porque esta ley establece, en su artículo 45, que «En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales», lo cual excluye de considerar para ese efecto al Código Federal de Procedimientos Civiles. Dicha supletoriedad opera no obstante que el citado precepto se encuentra en el capítulo IV, relativo a las disposiciones comunes para los capítulos II y III del título segundo (procedimiento en el juicio político), pues la redacción de ese artículo permite establecer con claridad que la intención del legislador no fue limitar la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales a las cuestiones no previstas en la sustanciación y resolución de los juicios políticos, sino a cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro de los que se encuentra el seguido por el Consejo de la Judicatura Federal en contra de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito.'. De la anterior tesis se desprende que para la valoración de las pruebas, en tratándose de procedimientos de responsabilidad para los servidores públicos como el que se trata, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador en cuanto a este tópico, a pesar de que el precepto se encuentre inmerso en el capítulo de disposiciones comunes para el procedimiento del juicio político, no fue la de limitar su aplicación a este tipo de procedimientos, sino de que se llevara a cabo dicha valoración en términos del Código Federal de Procedimientos Penales, en atención a su redacción, motivo por el cual, como ya se dijo, la conclusión de la Sala en este sentido se encuentra debidamente fundada y motivada. Conviene señalar que de las constancias de autos se tiene que la resolución impugnada de veintitrés de mayo de dos mil, en el considerando tercero, el cual se refiere a la valoración de las documentales, se asentó que la misma se hacía conforme a las reglas establecidas en los artículos 79 a 93, 129, 130, 197, 199, 200, 202, 218 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles (foja 27 de autos), sin que en ningún momento se hiciera referencia al contenido del artículo 45 de la multicitada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y sí en cambio la valoración de las documentales de cargo se llevó a cabo con base en un ordenamiento legal que no es supletorio, motivo por el cual fue acertada la determinación de la responsable de declarar la nulidad de la resolución impugnada; sustenta tal determinación la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado I.7o.A. J/12, visible a fojas 1701 del Tomo XIII, febrero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: 'RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.' (se transcribe). En cambio, le asiste la razón en cuanto argumenta que la Sala debió declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos y no lisa y llana, porque la indebida valoración de las pruebas se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, de los artículos 238 y 239 del código anteriormente citado, se desprende que en aquellos casos en que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la ilegalidad de una resolución administrativa por considerar que existieron vicios formales, por lo que los efectos de la sentencia correspondiente habrán de ser para que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la cual, por consecuencia necesaria, se ordene la reposición del mismo con el fin de que se subsanen las anomalías cometidas, tal como se desprende del artículo 239, fracción III, cuarto párrafo, del ordenamiento legal en comento, al disponer que la autoridad responsable declarará la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución cuando se esté en uno de los supuestos previstos en las fracciones II, III y, en su caso, V del artículo 238 del propio código, esto es, cuando se demuestre alguna de las causales que consigna, dentro de las cuales contempla a los vicios formales, como lo es en el caso, la valoración de las pruebas que, desde luego, trascendió al resultado del fallo; de ahí que debió declararse la nulidad para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución desde el momento en que se cometió la violación formal, en términos del artículo 239 del Código Fiscal aludido, pero el alcance de la nulidad no puede ser al grado de que no pueda ser objeto de una nueva resolución como lo consideró indebidamente la Sala del conocimiento. Resulta entonces que, por los motivos indicados, es fundado el presente recurso de revisión fiscal."

CUARTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 1055/2001, en sesión de siete de noviembre de dos mil uno, determinó que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la ley supletoria aplicable cuando ésta no prevea algunas cuestiones sobre el procedimiento, así como en la apreciación de las pruebas, lo es el Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que si en la especie la autoridad administrativa valoró las pruebas aplicando el Código Federal de Procedimientos Civiles, entonces se encuentra en el supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación; dicha ejecutoria, en lo conducente, a la letra dice:

"CUARTO. Los agravios hechos valer por la recurrente son infundados en atención a las siguientes consideraciones. En sus tres primeros agravios la recurrente aduce, sustancialmente, lo siguiente: 1. Que la resolución recurrida está indebidamente fundada y motivada, en tanto que la Sala Fiscal 'se limita a verificar si se aplicó por parte de esta autoridad el contenido del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos', omitiendo expresar el por qué se le dejó en estado de indefensión al actor o cuál fue el perjuicio que se le ocasionó al haber aplicado el Código Federal de Procedimientos Civiles en la valoración de las pruebas y no las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Penales, esto es, no señaló cuál sería la diferencia del resultado de la valoración de las pruebas entre ambos ordenamientos. 2. Que la actora en el juicio de nulidad no manifestó por qué razones se había violado en su perjuicio la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por tanto, al haber omitido dichos razonamientos lógico-jurídicos, es inconcuso que no se le causa perjuicio alguno. 3. Que es insuficiente y equívoco el argumento de la a quo en el que señala que de conformidad con el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, se tenía la obligación de considerar las pruebas documentales privadas ofrecidas por el demandante, con excepción de las que no fueran conducentes o sean contrarias a derecho, ya que de la resolución impugnada en el juicio de nulidad la responsable admitió todas y cada una de las pruebas documentales ofrecidas por el servidor público, lo que implica que la Sala Fiscal confunde la admisión de las pruebas con la valoración, ya que el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se transcribe en la resolución recurrida, se refiere a los medios de prueba pero no a la valoración de las mismas; y 4. Que no se le causó ningún prejuicio al demandante al habérsele valorado las pruebas en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que en nada hubiera cambiado el sentido de la resolución, ni se hubiera desvirtuado la responsabilidad de Hugo Ruiz Labastida, por el solo hecho de haberse valorado las pruebas documentales privadas en términos del Código Federal de Procedimientos Penales. Los anteriores agravios se estudian en forma conjunta dada su estrecha vinculación. En primer término, cabe señalar que con independencia de que resultase fundado el hecho de que la responsable no precise cuáles son las diferencias en la valoración de pruebas entre el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Penales, y de que confunda la 'admisión' con la 'valoración de las pruebas', entre ambos ordenamientos, cabe señalar que resulta suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada en el juicio fiscal, como lo sostuvo la Sala Fiscal, que la responsable haya efectuado la valoración de pruebas con apoyo en el Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, en una ley procesal 'no aplicable al caso específico', y con ello se haya incumplido con el contenido del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Lo anterior es así, ya que el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que: 'En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal.'. Por consiguiente, si existe disposición expresa en el sentido de que la ley que debe aplicarse de forma supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es el Código Federal de Procedimientos Penales, es evidente que si la resolución reclamada se rigió por disposiciones contenidas en una ley procesal no aplicable al caso específico de que se trata, resulta que la misma es violatoria de garantías en su perjuicio, resultando intrascendente si existen diferencias o no dentro de las disposiciones que indebidamente se aplicaron y las que debieron aplicarse, en la medida en que el artículo 16 constitucional establece claramente que deberán seguirse las formalidades esenciales del procedimiento y no de 'cualquier procedimiento'. Es aplicable, en lo conducente, la tesis número P. XXII/96, consultable en la página 466 del Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y tenor literal siguientes: 'RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.' (se transcribe). Por último, en relación con el agravio plasmado en el inciso D) del oficio de revisión, este órgano colegiado estima que el mismo es infundado, ya que la recurrente pierde de vista que la violación al artículo 16 constitucional, por haber aplicado indebidamente un ordenamiento diverso, se dio en la resolución impugnada y no así dentro del procedimiento administrativo; en esa medida no se da el supuesto de la fracción III del artículo 238 que invoca y, en cambio, como lo señaló la Sala Fiscal, el que en la resolución motivo de nulidad, la valoración de las pruebas se haya hecho a la luz de un código adjetivo diferente, se está en presencia de la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 238 del código tributario federal, en tanto que se dejaron de aplicar las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que implica que tal violación se cometió al efectuar el examen de fondo de la controversia; y, en tratándose de apreciación de pruebas, se estima que si bien las autoridades gozan de un arbitrio para la apreciación de las mismas, tal arbitrio no es absoluto, por lo que cuando como en el caso se acude a una disposición o legislación diversa de la aplicable para llevar a cabo tal apreciación, ésta necesariamente incide en el fondo de la cuestión planteada, al haberse emitido la resolución correspondiente en contravención de las disposiciones debidas y, por ende, como lo señala la Sala, dicha violación lleva a una nulidad lisa y llana de la resolución combatida, de conformidad con la fracción III (sic) del diverso 239 del código de la materia."

QUINTO. Es menester precisar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que no es obstáculo para resolver en el presente asunto lo que en derecho proceda, el hecho de que de los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no haya derivado tesis alguna, ya que lo cierto es que ello es innecesario para la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis.

Resultan aplicables al caso lo establecido en las tesis de jurisprudencia cuyos contenido y datos de publicación se transcriben a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

"Octava Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 83, noviembre de 1994

"Tesis: P. L/94

"Página: 35

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

"Séptima Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 205-216, Cuarta Parte

"Página: 52

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE QUE LAS TESIS EN CONFLICTO CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA, YA QUE ÉSTA SE DEFINE PRECISAMENTE AL RESOLVERLA. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 195 y 195 bis de la Ley de Amparo, para la procedencia de la contradicción de tesis no se requiere que éstas constituyan jurisprudencia por haberse sustentado en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, puesto que tanto al Constituyente como el Congreso Federal se refieren a 'tesis contradictorias' sin distinción ni restricción. Por lo tanto, debe interpretarse que las tesis en conflicto pueden ser tesis aisladas o tesis de jurisprudencia, de acuerdo con el principio de hermenéutica que dice que 'donde la ley no distingue, no se debe distinguir'. Además, debe tenerse presente que los propósitos fundamentales de las denuncias de posibles contradicciones de tesis consisten en evitar que se sustenten criterios opuestos respecto de una misma cuestión, por un lado, así como en decidir cuál es el criterio que tiene el carácter de jurisprudencia, independientemente de que ni las tesis en conflicto ni las tesis sustentadas al resolver el mismo se hayan reiterado en cinco asuntos, pues, este caso constituye una excepción a la regla general establecida en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales constituyen jurisprudencia las ejecutorias siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Tal excepción se explica en razón de la importancia que tanto la Constitución como la Ley de Amparo conceden a la resolución de las contradicciones de tesis, cuyo efecto es el de fijar la jurisprudencia para evitar la pugna de criterios con relación a una misma cuestión. De este modo se explica que la resolución pronunciada al resolver una contradicción de tesis no afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias en que se hayan sustentado criterios opuestos."

SEXTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 107. ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Ley de Amparo

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ...

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."

Como se advierte, los preceptos transcritos, en su parte relativa, se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, porque la finalidad de dichos preceptos, constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico.

Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

Así, cuando se utiliza el término "tesis" debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias.

Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.

Sentado lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que deba prevalecer, procede analizar las ejecutorias a las que ya se hizo mención, teniendo en consideración lo siguiente:

De conformidad con lo que sobre el particular sostuvo la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester, entre otras cosas, que al resolver los negocios se hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y que, además, las opiniones discrepantes provengan del estudio de los mismos elementos.

Dicho criterio, que esta Segunda Sala hace suyo, se encuentra plasmado en la siguiente jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación son:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

La tesis antes citada establece que al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la contradicción de tesis, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, se presenta cuando existe oposición de criterios entre ellos, respecto de una misma cuestión jurídica; que dicha oposición debe suscitarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales; y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos.

SÉPTIMO. A fin de facilitar la resolución del presente asunto, se estima importante señalar que los criterios discrepantes de los Tribunales Colegiados contendientes provienen, en ambos casos, de las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión fiscal interpuestos con motivo de juicios de nulidad promovidos por servidores públicos federales en contra de las resoluciones en que se les aplicó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y si bien, el primero de dichos juicios se promovió en mil novecientos noventa y nueve, y el otro en el año dos mil, en ambos casos se encontraba vigente la citada ley, pues fue hasta el trece de marzo del dos mil dos en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en sus artículos transitorios establece, en lo que interesa, lo siguiente:

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas

de los Servidores Públicos

"Transitorios

"Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"Artículo segundo. Se derogan los títulos primero, por lo que se refiere a la materia de responsabilidades administrativas, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal.

"Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal."

"Artículo tercero. Con la salvedad a que se refiere el transitorio que antecede, se derogan todas aquellas disposiciones federales que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento."

"Artículo sexto. Los procedimientos seguidos a servidores públicos federales que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron tales procedimientos.

"Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigentes hasta la entrada en vigor de la presente ley seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia."

"Artículo noveno. Las menciones que en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas o administrativas de carácter federal se hagan de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o en particular de alguno de sus preceptos, se entenderán referidas a esta ley o a los artículos de este ordenamiento legal cuyo contenido coincida con los de la ley que se deroga, con la salvedad que se establece en el transitorio segundo de esta ley."

En ese contexto y teniendo en cuenta que en los asuntos de los que deriva la presente contradicción se aplicó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente hasta el año dos mil, dados los efectos que pudiera tener esta resolución, se considera pertinente hacer una breve referencia al procedimiento administrativo previsto en dicha ley, concretamente (en lo que al caso interesa) en su título tercero denominado "Responsabilidades administrativas", capítulo II denominado "Sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas".

Así, en dicho ordenamiento se establece que en todas las dependencias y entidades de la administración pública se deberán establecer unidades específicas a las que el público tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; que también puede derivar de la denuncia del servidor público bajo cuya dirección se encuentre el denunciado, así como de aquellos casos en que por las investigaciones o auditorías que realice la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo apareciera la responsabilidad de los servidores públicos.

Iniciado el procedimiento que prevé el artículo 64 de la ley en consulta, se citará al presunto responsable a una audiencia en la que se le hará saber la responsabilidad que se le imputa, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, su derecho a ofrecer pruebas y alegar en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17246-78855cb5/tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y-administrativa-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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