PLIEGO PREVENTIVO DE RESPONSABILIDADES PREVISTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL. PARA EFECTOS DE SU LEVANTAMIENTO, ES APLICABLE LA FIGURA DE LA CADUCIDAD ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Del análisis de las ejecutorias remitidas por los Tribunales Colegiados contendientes se concluye que en el caso a estudio sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Para corroborar este aserto, es pertinente reiterar que la divergencia de criterios se suscitó entre los sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal número 177/2001, promovida por el contralor interno en Pemex Gas y Petroquímica Básica, en nombre propio y en representación del titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, fallado el veintidós de febrero de dos mil uno, del que derivó la tesis cuyo rubro dice: "PLIEGO DE RESPONSABILIDADES. ES INAPLICABLE LA FIGURA DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", en contra de lo sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo número 1534/90, promovido por Raúl Fernández Herrera, que dio origen a la tesis cuyo rubro es: "CADUCIDAD EN LOS PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES, AL TENER ÉSTOS EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES.".
Ahora bien, de la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Los agravios son fundados ... En el juicio natural se demandó la nulidad de la resolución administrativa dictada en el expediente número PPR-001/99 de veinticinco de enero de dos mil, emitida por el titular de la Contraloría Interna de Pemex Gas y Petroquímica Básica, dependiente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la que se impuso a Carlos Emilio Gutiérrez Beltrán, servidor público del organismo descentralizado de mérito, un pliego preventivo de responsabilidades por la cantidad de seiscientos cuarenta y siete mil setenta y cinco pesos con treinta y nueve centavos, con motivo de diversas omisiones en que incurrió en el desempeño de su trabajo (fojas 27 a 58).-El artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal expresamente refiere que las responsabilidades que se constituyan con el fin de indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a la hacienda pública federal, tienen el carácter de crédito fiscal.-Por su parte, el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación señala que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de los siguientes rubros: a) contribuciones; b) aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos.-De lo hasta aquí expuesto, se obtiene que no existe controversia alguna en relación a que las responsabilidades que el Estado finque a sus servidores públicos tienen el carácter de créditos fiscales.-El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación dispone que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a disposiciones fiscales, se extinguen en un plazo de cinco años contados a partir de las hipótesis que el propio numeral establece en sus diferentes fracciones.-Del artículo anterior se desprende que la caducidad de mérito únicamente se relaciona con las facultades de las autoridades fiscales respecto a la determinación de contribuciones dejadas de pagar y sus accesorios, y para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales.-Ahora bien, para los fines del presente estudio es menester determinar qué naturaleza tiene el pliego de responsabilidades que nos ocupa.-Conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, son aprovechamientos los ingresos percibidos por el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.-De ese modo, el pliego de responsabilidades hay que entenderlo como un aprovechamiento, puesto que los ingresos que percibe el Estado con motivo de las responsabilidades de sus servidores públicos son diversos a las contribuciones, a los ingresos derivados de financiamiento y los obtenidos por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.-En efecto, conforme al artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; de ahí que las cantidades obtenidas por el Estado, cuyo origen es la responsabilidad de sus servidores públicos, no pueden considerarse como contribuciones.-En ese contexto, en relación al pliego de responsabilidades, a pesar de ser un crédito fiscal, no puede aplicársele la caducidad de las facultades de la autoridad administrativa prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.-Efectivamente, de ese numeral se advierte que dicha figura jurídica se aplica exclusivamente a las autoridades fiscales para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, o bien, para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales; siendo que, en primer término, el órgano de control interno en Pemex Gas y Petroquímica Básica, autoridad demandada en el juicio de nulidad, no es una autoridad fiscal, pues sus atribuciones no comprenden la de determinar contribuciones omitidas y sus accesorios.-En segundo lugar, el origen de la sanción pecuniaria de la presente controversia no se impuso por el incumplimiento de obligaciones fiscales, es decir, por falta de pago de contribuciones y sus accesorios, sino por la responsabilidad de un servidor público en el desempeño de sus funciones, siendo que la cantidad que en su caso obtenga el Estado, se insiste, tiene el carácter de aprovechamiento y no de contribución.-En otras palabras, la sanción administrativa no se encuentra ubicada dentro de la clasificación de contribuciones del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, mismas que comprenden los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos; por tanto, no puede aplicarse la caducidad prevista en el artículo 67 de dicho ordenamiento legal, tratándose de pliegos preventivos de responsabilidad impuestos a los servidores públicos, por tener diversa naturaleza la autoridad que los impone y la obligación dejada de cumplir.-A mayor abundamiento y como lo expresan los ocursantes, no puede aplicarse supletoriamente el precepto legal invocado en última instancia a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en cuanto a la caducidad de las facultades de la autoridad administrativa, ya que no se satisfacen los requisitos indispensables para este efecto, que son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal cuya supletoriedad se pretende prevea expresamente qué cuerpo de leyes será aplicado de esa forma.-b) Que el ordenamiento suplido contemple la institución jurídica de que se trate y sean insuficientes las normas legales que la regulen.-c) Que las disposiciones que se pretendan aplicar en forma supletoria no se opongan a aquellas previstas por el ordenamiento legal respecto a la figura jurídica correspondiente.-Así pues, al no prever la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal la supletoriedad del Código Fiscal de la Federación, ni regular la institución jurídica de la caducidad, es válido concluir que el proceder de la Sala fue indebido, por aplicar en forma supletoria a la ley en cuestión el artículo del código relacionado.-En las relatadas consideraciones, al resultar correcto lo aducido en el agravio examinado, lo que procede es declarar fundado el presente medio de impugnación, debiendo la Sala dejar insubsistente la sentencia impugnada y en su lugar dictar una nueva, en la que considere que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación no puede aplicarse al caso particular y, partiendo de esa premisa, resuelva nuevamente la controversia que se sometió a su consideración ..."
De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 1534/90, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:
"QUINTO.-Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso.-Es necesario señalar que como los hechos que constituyeron la infracción atribuida al quejoso comprendieron del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1979, consistentes en que éste y otra persona firmaron y autorizaron pólizas de egresos que afectaron la cuenta 6560 denominada publicidad y propaganda, soportados con facturas globales expedidas por la empresa Inter, Asesores de Publicidad, Relaciones Públicas y Servicios, S.A., con lo cual se contravino el contenido de la cláusula cuarta del contrato celebrado el 1o. de marzo de 1979, entre la sociedad mencionada y Aeronaves de México, S.A., dieron origen al pago indebido de $16’555,684.82, deben ser apreciados conforme al Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966 y no por el Código Fiscal vigente que aplica la responsable.-Conforme al artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el artículo 186 de su reglamento, los pliegos de responsabilidades tienen el carácter de créditos fiscales y éstos, según el artículo 4o. del Código Fiscal de 30 de diciembre de 1966, son productos, por ser ingresos que percibe la Federación por actividades que corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público. Por tanto, si los pliegos de responsabilidades son créditos fiscales, conforme al artículo 88 del Código Fiscal en comento, las facultades de las autoridades demandadas para determinar dichos créditos son susceptibles de caducar, y no solamente las facultades que tienen las autoridades fiscales que administran las contribuciones y accesorios como lo dice la responsable en el acto reclamado, sino también las autoridades que fincan los créditos fiscales que caen en el concepto de productos, entre los cuales, están las responsabilidades; de modo que éstos como créditos fiscales que percibe la Federación están constituidos por la obligación del deudor en su pago y, por tanto, si no se determina la existencia de tal obligación fiscal en el término de 5 años, opera la caducidad de la facultad de la autoridad a quien se le encomendó.-Ahora bien, si los hechos que constituyeron la responsabilidad atribuida al quejoso se dieron en el lapso comprendido entre el 1o. de enero al 31 de diciembre de 1979, según se desprende de la resolución impugnada de nula, el término de la caducidad se inició el 1o. de enero de 1980, día siguiente al en que se produjo el hecho generador del crédito fiscal, de acuerdo con el artículo 188 en cita, fracción II, de modo que al 17 de noviembre de 1989, fecha en la cual se notificó la resolución impugnada al quejoso, transcurrieron más de 5 años que requiere el artículo en comento para que opere la caducidad del crédito fiscal cuestionado.-De lo anterior se sigue que como la sentencia reclamada viola en perjuicio del quejoso las garantías que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal se le debe conceder el amparo que solicita."
TERCERO.-Del análisis de las ejecutorias remitidas por los Tribunales Colegiados contendientes se concluye que en el caso a estudio sí existe la contradicción de tesis denunciada.
En efecto, de la lectura de la sentencia pronunciada en la revisión fiscal número RF. 177/2001, se advierte que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó inaplicable, al pliego de responsabilidades, la figura de la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, tomando en consideración los siguientes elementos:
a) Que el pliego preventivo de responsabilidades al quejoso fue impuesto por el titular de la Contraloría Interna de Pemex Gas y Petroquímica Básica, dependiente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
b) Que conforme al artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el pliego de responsabilidades tiene el carácter de crédito fiscal;
c) Que conforme al artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación vigente, al pliego de responsabilidades se le puede reputar como aprovechamiento;
d) Que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación prevé la figura de la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a disposiciones fiscales, en un plazo de cinco años contados a partir de las hipótesis que el propio numeral establece en sus diferentes fracciones;
e) Que la caducidad de mérito únicamente se relaciona con las facultades de las autoridades fiscales respecto a la determinación de contribuciones dejadas de pagar y sus accesorios, y para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, hipótesis en la que no encuadra el caso del pliego de responsabilidades porque el crédito que en él se establece constituye un aprovechamiento y fue impuesto por el órgano de control interno en Pemex Gas y Petroquímica Básica, que no es autoridad fiscal, pues sus atribuciones no comprenden la de determinar contribuciones omitidas y sus accesorios;
f) Que el origen de la sanción pecuniaria no deriva del incumplimiento de obligaciones fiscales, sino de la responsabilidad de un servidor público en el desempeño de sus funciones;
g) Que no procede la aplicación supletoria del Código Fiscal de la Federación porque no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo directo 1534/90, consideró que la figura de la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación sí es aplicable al crédito fiscal que se establece en el pliego de responsabilidades, en virtud de:
a) Que la infracción atribuida al quejoso debe ser analizada conforme al Código Fiscal de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, y no por el Código Fiscal vigente;
b) Que conforme al artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y al artículo 186 de su reglamento, los pliegos de responsabilidades tienen el carácter de créditos fiscales y éstos, según el artículo 4o. del Código Fiscal aplicable (30 de diciembre de 1966), son productos porque constituyen ingresos que percibe la Federación por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales;
c) Que al tener ese carácter (productos), las facultades de las autoridades demandadas para determinar dichos créditos son susceptibles de caducar porque dicha figura se aplica no sólo a las autoridades que administran las contribuciones sino también a las que fincan los créditos fiscales;
De los elementos supracitados deriva que las consideraciones vertidas por los órganos colegiados contendientes son divergentes en tanto que ambos analizaron si respecto del pliego de responsabilidades procedía decretar la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación arribando, a conclusiones distintas, pues en tanto el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que la caducidad no es aplicable al pliego de responsabilidades porque dicha institución sólo procede tratándose de las atribuciones de las autoridades fiscales para determinar contribuciones omitidas, el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito estimó que la caducidad no sólo puede darse tratándose de las facultades de las autoridades administrativas, sino también respecto de aquellas que fincan créditos fiscales.
No es óbice para la anterior conclusión, el hecho de que para arribar a las referidas conclusiones, los órganos colegiados hayan determinado la naturaleza de los créditos fiscales contenidos en los pliegos de responsabilidades, partiendo de lo dispuesto en códigos fiscales vigentes en distintas épocas, toda vez que dicha determinación no constituye un elemento esencial en el problema jurídico que se aborda, además de que la naturaleza de aquéllos también será materia de análisis en la presente ejecutoria.
En mérito de lo expuesto, es inconcuso que en el caso se verifica la divergencia de criterios denunciada, en tanto que los órganos colegiados contendientes arriban a conclusiones diversas al analizar el mismo problema jurídico, resultando aplicable la tesis CLIII/90, sustentada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."
En vista de los elementos indicados, procede dilucidar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
CUARTO.-A efecto de dilucidar el criterio que debe prevalecer, es menester partir de lo dispuesto en los artículos 42, 65 y 67 del Código Fiscal de la Federación cuyo tenor se reproduce a continuación:
"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
"I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.
"II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.
"III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.
"IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.
"V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código, e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estar inscritos en dicho registro.
"VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.
"VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.
"VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la Policía Judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del Ministerio Público Federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.
"Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente."
"Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación."
"Artículo 67. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:
"I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.
"II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración.
"III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.
"IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
"El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este último caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.
"En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 fracción III de este código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
"El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio.
"El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal. La suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que cada seis meses se levante cuando menos un acta parcial o final, o se dicte la resolución definitiva. De no cumplirse esta condición se entenderá que no hubo suspensión.
"En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años.
"Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.
"Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales."
Conforme se advierte de la transcripción supracitada, en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se establece una serie de facultades a favor del fisco a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, tales como rectificar errores aritméticos, requerir por la exhibición de la contabilidad, practicar visitas a los contribuyentes, revisar los dictámenes formulados por contadores públicos, practicar avalúos, recabar informes o allegarse pruebas.
Luego, es claro que conforme al citado artículo 42, el fisco puede, haciendo uso de sus facultades, determinar las contribuciones respecto de las que el particular no presentó declaración o calcular las contribuciones que incorrectamente no fueron incluidas en la declaración presentada. En ambos casos, el fisco puede determinar créditos fiscales a cargo del contribuyente, pero si no lo hace en los plazos previstos en el artículo 67, o si haciéndolo no notifica al particular la resolución correspondiente, caducarán esas facultades y ya no podrá, válidamente, hacer la determinación ni mucho menos cobrar el crédito.
Ciertamente, el artículo 67 prevé la extinción de las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, denominándola expresamente en sus párrafos octavo y noveno como caducidad. El mencionado numeral está ubicado en el título tercero llamado "De las facultades de las autoridades fiscales" que se ejercen dentro del procedimiento de fiscalización.
La palabra caducidad deriva del término latino caducus que significa perder su fuerza una ley o un derecho. Extinguirse un derecho, una facultad, una instancia o un recurso (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, página 353).
La caducidad se entiende como una sanción por falta de ejercicio oportuno de un derecho (Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, 1992, página 371). Es pues, un medio de extinción de derechos por efecto de su no ejercicio, durante el tiempo que para hacerlo concede la ley.
En materia fiscal, la caducidad, siguiendo lo dispuesto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, opera por inactividad del fisco e implica la extinción de las facultades para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones.
El derogado Código Fiscal de 1938, en su artículo 55, otorgaba un tratamiento similar a las figuras de prescripción y caducidad en tanto establecía que la prescripción de la facultad de las autoridades fiscales para determinar en cantidad líquida las prestaciones tributarias y la prescripción de los créditos mismos, era excepción que podía oponerse como extintiva de la acción fiscal. Ese error fue corregido en el diverso Código Fiscal de 1966 que sustituyó al de 1938.
En las notas del anteproyecto del citado Código Fiscal de 1967 se afirma que:
"... se separa la prescripción como institución de derecho sustantivo, de otra de carácter procesal que es la extinción de las facultades de las autoridades fiscales. La pérdida de facultades no debe confundirse con la prescripción, ya que ésta supone la existencia de un crédito que se extinga y las facultades de la autoridad para actuar no suponen necesariamente la existencia de crédito. La pérdida de facultades por falta de su ejercicio dentro de un plazo corresponde más bien al concepto procesal de caducidad."
En el dictamen de la Cámara de Origen (Diputados), se asentó:
"Por lo que hace a las facultades de la autoridad para determinar la existencia de obligaciones fiscales, caso distinto de la prescripción de créditos definidos, se establece (artículo 88) que las mismas se extingan en el término de 5 años no sujeto a interrupción ni suspensión. La norma expresada resulta indispensable para poner término a situaciones o posibles responsabilidades que permanecen indefinidas en el ti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2844-6fef47ec/pliego-preventivo-de-responsabilidades-previsto-en-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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