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Modo: Corpus Pro

RIESGOS PROFESIONALES. EL TRABAJADOR TIENE DERECHO A LAS INDEMNIZACIONES, PENSIONES Y DEMÁS BENEFICIOS PROPIOS DE ESE SEGURO, ASÍ COMO AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, TANTO DEROGADA COMO VIGENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, , Pág. 1034.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben:

El criterio emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DT. 9205/2003 (469), en sesión de cuatro de junio de dos mil tres, promovido por María Guadalupe Pérez Santana, es, en lo conducente, el siguiente:

"QUINTO. ... En cambio, es procedente conceder el amparo y protección Federal solicitado, ya que este órgano jurisdiccional advierte una violación y aunque la quejosa no lo alega, con fundamento en el numeral 76 bis, fracción IV, de la ley de la materia, se suple la deficiencia. En efecto, esto es así ya que se advierte que la accionante reclamó las prestaciones contenidas en el artículo 92, de la Ley del Seguro Social, y la Junta resolutora absolvió al respecto, argumentando para ello que la actora no reúne los requisitos establecidos en dicho artículo (foja 73), lo que resulta incorrecto, toda vez que dicho precepto establece: ‘Del seguro de enfermedad y maternidad. ‘Artículo 92. Quedan amparados por este ramo del Seguro Social: I. El asegurado. II. El pensionado por: a) Incapacidad permanente ...’, transcripción de la cual se advierte que contrario a lo aducido por la autoridad responsable, la actora tiene derecho a tal concepto, dado que en el laudo impugnado se determinó que presenta una incapacidad por lo que sí se ubica dentro del supuesto previsto en el referido precepto. En cuyas condiciones, al existir transgresión de las garantías individuales de la quejosa, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que la Junta del conocimiento deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que reitere los puntos ajenos a esta conexión y condene al demandado a la aplicación del artículo 92, de la anterior Ley del Seguro Social."

El criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al fallar en sesión de trece de agosto de dos mil tres el amparo en revisión número DT. 14631/2003, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo conducente, es el siguiente:

"QUINTO. ... Por lo contrario, es fundado el concepto de violación en la parte que aduce el quejoso tanto en el mismo primer concepto de violación como en el segundo, respecto a que no procede la condena que le impuso la responsable al pago de las prestaciones a que se refiere el artículo 92 de la Ley del Seguro Social derogada. Asiste razón al instituto quejoso ya que, como ha quedado especificado con anterioridad, las diversas ramas de seguro cuya protección se prevé en la Ley del Seguro Social, tienen una regulación absolutamente independiente estableciendo prestaciones y regímenes financieros que exclusivamente son aplicables a cada una de ellas, de donde resulta que si las prestaciones a que se refiere el artículo 92 en cita se encuentran dentro del capítulo IV, relativo al seguro de enfermedades y maternidad, dichas prestaciones son inaplicables al seguro de riesgos de trabajo que, se insiste, tienen su propia regulación, consideraciones éstas que se citan en la ejecutoria que informa la jurisprudencia transcrita. Por lo que, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar emita otro en el que absuelva al instituto demandado respecto de las prestaciones a que se refiere el artículo 92 de la Ley del Seguro Social derogada, sin perjuicio de reiterar lo que no fue materia de concesión. La concesión del amparo se hace extensiva respecto de los actos de ejecución del laudo impugnado que se reclamaron del presidente y actuario de la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que dichos actos no se combatieron por vicios propios. ..."

CUARTO. Con base en los criterios supracitados, se advierte que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada ya que en las ejecutorias transcritas se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.

En efecto, se trata de una contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados, los que al revisar determinaciones de Juntas de Conciliación y Arbitraje en asuntos en los que se ventilaron cuestiones relativas al reconocimiento y pago de pensión por incapacidad parcial permanente acaecida con motivo de enfermedades profesionales, emitieron consideraciones divergentes, pues el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito concluyó que tratándose de riesgos profesionales sí es procedente la condena a las prestaciones contenidas en el artículo 92 de la derogada Ley del Seguro Social, en virtud de que dicho numeral prevé en forma expresa que quedan amparados por ese seguro, entre otros, el pensionado por incapacidad parcial permanente; en tanto el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que es improcedente esa condena porque las diversas ramas de seguro tienen una regulación independiente en la ley de la materia, estableciendo prestaciones y regímenes financieros que exclusivamente son aplicables a cada una de ellas, de donde resulta que si las prestaciones a que se refiere el citado artículo 92, se encuentran dentro del capítulo IV, relativo al seguro de enfermedades y maternidad, dichas prestaciones son inaplicables al seguro de riesgos de trabajo.

En tales condiciones se surten los supuestos para tener por configurada la contradicción de tesis en los términos de la denuncia, conforme a las tesis de jurisprudencia que se transcriben a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo tesis que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

QUINTO. En forma inicial es pertinente precisar que a pesar de que los criterios divergentes parten del examen de disposiciones legales que ya no están en vigor por haber sido abrogado el ordenamiento a que pertenecen, es necesario resolver la presente contradicción en virtud de que en el ordenamiento vigente, en lo esencial, se repitieron las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito dio origen a la contradicción de criterios, puesto que este proceder se identifica con el propósito de fijar criterios que conserven vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica.

Para corroborar esta postura es preciso realizar un examen comparativo entre las disposiciones, ya sin vigor, en que se basaron los Tribunales Colegiados contendientes y las vigentes, que contienen hipótesis normativas similares.

Los órganos colegiados interpretaron el artículo 92 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, cuyo texto es el siguiente:

"Capítulo IV. Del seguro de enfermedades y maternidad. Sección primera. Generalidades

"Artículo 92. Quedan amparados por este seguro:

"I. El asegurado;

"II. El pensionado por:

"a) Incapacidad permanente total o parcial;

"b) Invalidez;

"c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y

"d) Viudez, orfandad o ascendencia;

"III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

"Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubino si reúne los requisitos del párrafo anterior;

"IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a) y b) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III;

"V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en la fracción anterior;

"VI. Los hijos del asegurado hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional o si no pueden mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen;

"VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 156;

"VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y

"IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

"Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

"a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado y,

"b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 99 de esta ley."

Semejante hipótesis normativa fue recogida por el párrafo actual del artículo 84 de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete que dice:

"Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:

"I. El asegurado;

"II. El pensionado por:

"a) Incapacidad permanente total o parcial;

"b) Invalidez;

"c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y

"d) Viudez, orfandad o ascendencia;

"III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a la protección.

"Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o, a falta de éste el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;

"IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción III;

"Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III;

"V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los términos consignados en las fracciones anteriores;

"VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;

"VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136;

"VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, y

"IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.

"Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes:

"a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y

"b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 91 de esta ley."

Del examen de la disposición abrogada y vigente, se desprende que la hipótesis normativa que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, permanece dentro del derecho positivo, lo que revela la necesidad de resolver la presente contradicción, dado que su procedencia no se afecta por la circunstancia de que en la actualidad exista una diversa Ley del Seguro Social.

Sirve de apoyo a ese criterio la tesis aislada número 2a. CXIII/98, publicada en el Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 503, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, cuyo rubro y texto son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE DETERMINANDO EL CRITERIO QUE PREVALEZCA, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS SE REPITIERON EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentran en vigor, por haber sido derogados o abrogadas los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que en los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."

SEXTO. Sentado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se establece en la parte final de este considerando, atendiendo a lo siguiente:

Los juicios que dieron origen a la contradicción de tesis de que se trata, tuvieron como punto de partida juicios laborales en los que se demandó el reconocimiento de padecimientos de orden profesional que produjeron incapacidad parcial permanente; en dichos procedimientos se demandaron, entre otras prestaciones, las que establece el artículo 92 de la Ley del Seguro Social vigente hasta mil novecientos noventa y siete, actualmente derogada.

A efecto de resolver la contradicción de tesis a que este toca, es menester formular, en primer término, algunas consideraciones en torno a la seguridad social.

La doctrina señala que toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Los principios fundamentales de la seguridad social se concretan en la universalidad y en la unidad de su función. A través de la universalidad se busca un sistema global de protección hecho extensivo al conjunto de una colectividad nacional respecto de todas las contingencias relativas a la salud de sus miembros que pudieran poner en peligro los medios de existencia de los trabajadores y de sus familias, en tanto que el principio de unidad implica la simplificación en cuanto a la regulación de los diversos regímenes de seguridad social.

En la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social vigente se establece que siendo el salario la única fuente de la que los trabajadores obtienen los recursos indispensables para la subsistencia de ellos y de sus familiares, todo hecho que implica la pérdida o menoscabo del mismo causa perjuicios trascendentales. Por ello, se indica, que aunque no exista una forma que impida de modo general las consecuencias de los riesgos, sí se puede proteger al salario a través del seguro social que, al proteger el salario, aminora las consecuencias, en casos de incapacidad, vejez, orfandad o maternidad, entre otros supuestos. Asimismo, agrega, que el régimen del Seguro Social no es susceptible de aplicarse de un modo general o indeterminado, sino que atiende a las necesidades económicas del sector social que trata de asegurar.

Consecuentemente, la Ley del Seguro Social es de orden público. En efecto, el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XXIX, prevé lo siguiente:

"Artículo 123. ...

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

A nivel constitucional la Ley del Seguro Social es de utilidad pública y prevé seguros por riesgos de trabajo, invalidez, vejez, vida, enfermedades, guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores. Esta disposición fundamental se reproduce en el título segundo "Del régimen obligatorio del Seguro Social", capítulo I "Generalidades" de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, y vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que establece en el artículo 11, lo siguiente:

"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: I. Riesgos de trabajo; II. Enfermedades y maternidad; III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; IV. Guarderías para hijos de aseguradas, y V. Retiro."

Ahora bien, por lo que atañe a la regulación relativa al riesgo de trabajo, se destacan las siguientes disposiciones:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Las fracciones XIV y XXIX del apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, al respecto establecen:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo.

"...

"XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;

"...

"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."

Ley Federal del Trabajo

"Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a: I. Asistencia médica y quirúrgica; II. Rehabilitación; III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera; IV. Medicamentos y material de curación; V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y VI. La indemnización fijada en el presente título."

"Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador."

Ley del Seguro Social abrogada

"Sección segunda.

"De las prestaciones en especie

"Artículo 63. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; II. Servicio de hospitalización; III. Aparatos de prótesis y ortopedia; y IV. Rehabilitación."

"Sección tercera

"De las prestaciones en dinero

"Artículo 65. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero: ... III. ... Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación definitiva de la incapacidad exceda del 25% sin rebasar el 50%."

En tal virtud, el asegurado que sufra un riesgo de trabajo tendrá derecho a recibir del Instituto Mexicano del Seguro Social tanto prestaciones en especie como prestaciones en dinero, pues para tener derecho a ellas sólo se requiere la existencia y declaración de la incapacidad permanente parcial derivada de tal riesgo.

Como se advierte, respecto de las incapacidades parciales permanentes, las disposiciones legales apuntadas conceden una serie de derechos al trabajador que ha sufrido un riesgo profesional, que comprenden diversas prestaciones en especie, cuya finalidad es restablecer el bienestar corporal, tales como asistencia médica y quirúrgica; rehabilitación; hospitalización, cuando lo requiera el caso; medicamentos y material de curación; los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y es desde el momento en que se define la incapacidad parcial permanente cuando surge para el trabajador el derecho a ser indemnizado en razón de la pérdida física o funcional acaecida, es decir, la ley quiere que además de restablecer en lo posible la salud o función corporal del trabajador accidentado, se indemnice a éste por la pérdida sufrida mediante un resarcimiento económico.

En otras palabras, todos los riesgos de trabajo que den lugar a una incapacidad parcial permanente de acuerdo a la pérdida sufrida, deben traducirse en la correspondiente indemnización y en las prestaciones que prevén tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social derogada y la vigente.

Ahora bien, entre las disposiciones relativas al seguro de enfermedades y maternidad se citan para efectos del presente estudio las siguientes (preceptos de la ley derogada):

"Capítulo IV Del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

"Artículo 93. Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, aquella en que el instituto certifique el padecimiento.

"El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día en que el instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta ley."

"Artículo 94. Para tener derecho a las prestaciones consignadas en este capítulo, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por el instituto."

"Artículo 95. El instituto podrá determinar la hospitalización del asegurado, del pensionado o de los beneficiarios, cuando así lo exija la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos contagiosos.

"Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del enfermo, a menos que la naturaleza de la enfermedad haga dispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y demás incapacitados, precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, o bien, del Ministerio Público o bien de la autoridad judicial."

"Artículo 96. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al instituto, cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.

"El instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este caso, el patrón enterará al instituto el importe de las prestaciones en especie otorgadas, así como los subsidios, gastos de funeral o de las diferencias de estas prestaciones en dinero. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obrero patronales omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate."

"Artículo 97. El instituto prestará los servicios que tiene encomendados, en cualquiera de las siguientes formas: ..."

"Sección segunda

"De las prestaciones en especie

"Artículo 99. En caso de enfermedad, el instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

"No se computará en el mencionado plazo el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes."

"Artículo 100. Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el artículo anterior, el asegurado continúa enfermo, el instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo dictamen médico."

"Artículo 101. Las prestaciones en especie que señala el artículo 91 de esta ley, se otorgarán también a los demás sujetos protegidos por este seguro que se mencionan en el artículo 92.

"Los padres del asegurado o pensionado fallecido, conservarán el derecho a los servicios que señala el artículo 99 de la ley."

"Artículo 102. En caso de maternidad, el instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las siguientes prestaciones:

"I. Asistencia obstétrica;

"II. Ayuda en especie por seis meses para lactancia; y

"III. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo Técnico."

"Artículo 103. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se señalan en las fracciones III y IV del artículo 92."

"Sección tercera

"De las prestaciones en dinero

"Artículo 104. En caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorgará cuando la enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se pagará a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad, mientras dure ésta y hasta por el término de cincuenta y dos semanas ..."

Del contenido de los numerales recién citados se advierte que el seguro de enfermedades y maternidad se encuentra previsto y regulado en el capítulo IV "Del seguro de enfermedades y mater

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18100-4fadc42f/riesgos-profesionales-el-trabajador-tiene-derecho-a-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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