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Modo: Corpus Pro

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2004-PL. · Registro digital (IUS): 18429
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, , Pág. 561.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:

El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 497/2003-5o. el día diez de diciembre de dos mil tres, en la parte que interesa, dice:

"En otro orden de ideas, y en relación con la prestación reclamada consistente en la prima de antigüedad, es conveniente señalar que este Tribunal Colegiado al emitir las siguientes consideraciones, tiene en cuenta: 1. Que con anterioridad al veinte de agosto de 1986 -mil novecientos ochenta y seis-, los actores laboraban para la Dirección General de Telégrafos Nacionales, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, formaban parte de la administración pública centralizada, conforme lo que dispone el artículo 1o. de la ley federal de la administración pública y, por ende, las relaciones laborales entre los actores y el Estado en su calidad de patrón, desde que entraron a laborar hasta el día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, se regían por el artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República y por su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado). 2. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, que entró en vigor ese día de su publicación (sic), se creó el organismo público descentralizado de nombre Telégrafos Nacionales, quien adquirió el carácter de patrón (sustituto) y se obligó en los siguientes términos, según el artículo tercero transitorio del citado decreto: ‘El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en virtud de lo dispuesto en este decreto pase al organismo descentralizado Telégrafos Nacionales, en ninguna forma resultará afectado en sus derechos laborales.’. 3. Por ello, conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Federal, las empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, como es actualmente la parte quejosa, se rigen por ese apartado A del precepto constitucional y, por ende, por la Ley Federal del Trabajo. Así lo ha interpretado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número P./J. 1/96, publicada en la página 52 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, cuyos rubro y contenido son: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así como en la tesis visible en la página 2250 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXX, que literalmente expresa: ‘EMPRESAS DESCENTRALIZADAS. SE RIGEN POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). 4. Que los organismos públicos descentralizados se encuentran incluidos en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), de la Constitución Federal, desde que dicho precepto constitucional fue adicionado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de noviembre de 1942 -mil novecientos cuarenta y dos-. 5. Las partes en el juicio laboral reconocieron que los actores se separaron voluntariamente de su trabajo e independientemente de que el motivo de la separación voluntaria haya sido para jubilarse, esta circunstancia no vuelve improcedente el pago de la prima de antigüedad en caso de que ésta se hubiere generado por un lapso mínimo de quince años, ya que es un derecho que tienen los trabajadores, el cual tiene como finalidad reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados al concluir la relación laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 247 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, que a la letra dice: ‘JUBILACIÓN Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.’ (se transcribe). 6. Y, el hecho de que se haya cubierto a los actores la prima quinquenal conforme la ley reglamentaria del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, no excluye el pago de prima de antigüedad (y, por ende, no existe el doble pago que alega la parte quejosa); así lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 58/2000, en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 395 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, que literalmente expresa: ‘PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SON PRESTACIONES LABORALES DE DISTINTA NATURALEZA JURÍDICA, POR LO QUE EL PAGO DE LA PRIMERA NO EXCLUYE EL DE LA SEGUNDA.’ (se transcribe). Apuntado lo anterior, tenemos ahora que la persona moral oficial que solicita el amparo de la Justicia Federal, aduce en la primera parte de sus conceptos de violación que el laudo reclamado vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 constitucional, que ordena que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino es mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, cumpliéndose con las formalidades esenciales del procedimiento y, además, que la sentencia debe ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley y sólo a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, y en su parte medular establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; y que también se conculca en su perjuicio la garantía individual contenida en el artículo 16 constitucional, que establece que todo acto de molestia sólo puede hacerse en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Al respecto, el organismo público quejoso vierte argumentaciones de las que se advierte que su causa de pedir es, en esencia, lo siguiente: a) que el laudo reclamado infringe lo establecido en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que los actores no se ubican en ese supuesto legal y, b) que la autoridad responsable hace un estudio defectuoso de la litis ya que ésta no se limita únicamente a determinar si es procedente que los actores reclamen el pago de la prima de antigüedad, sino que debió considerar que tal derecho se implementó para los trabajadores con el nacimiento jurídico de la patronal como organismo público descentralizado en el año de 1986 -mil novecientos ochenta y seis-; y, que la autoridad responsable omite valorar y analizar los hechos debatidos por las partes en correlación con las pruebas aportadas (decretos de creación), así como las circunstancias especiales del caso; pues omite considerar que en un tiempo los trabajadores formaron parte de la administración pública federal y que durante ese tiempo no pudieron generar el derecho para el cómputo, ya que desde que los actores empezaron a laborar al servicio de la parte demandada se encontraban bajo la reglamentación del apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), que no establecen la prestación de la prima de antigüedad. Tales motivos de inconformidad son fundados, en virtud de que, efectivamente los actores en el juicio natural, ahora terceros perjudicados, no se ubican en el supuesto legal previsto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad, y la Junta responsable no lo apreció así, no obstante que estaba obligada a estudiar la procedencia de esa acción en términos de lo que establece la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 14 y 15 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, que reza de la siguiente manera: ‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (se transcribe). En efecto, como lo alega el organismo quejoso, la autoridad responsable realiza un estudio defectuoso de la litis en el juicio laboral, ya que ésta no se limita únicamente a determinar si es procedente que los actores reclamen el pago de la prima de antigüedad, prestación que como se ha precisado con anterioridad, resulta en su caso procedente, aún cuando los actores se hayan separado del trabajo voluntariamente para jubilarse, los actores se encuentren jubilados y reciban su pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, o se haya pagado en su oportunidad la prima quinquenal, y también resultará procedente, en caso de cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 162, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo (quince años de servicios por lo menos), dado que actualmente (a partir de 1986), las relaciones entre la patronal demandada y sus trabajadores se rige por las disposiciones contenidas en el apartado A del artículo 123 constitucional. Sino que la Junta responsable al abordar el estudio de la procedencia de la acción de pago de prima de antigüedad, se limitó a considerar que ambas partes reconocieron que los actores renunciaron a su servicio y que también reconocieron que laboraron por más de diez años al servicio de la demandada, concluyendo con la condena al pago de esa prestación. Esto es, la autoridad laboral omitió tener en consideración la documental que obra a fojas 54 a la 61, consistente en copia del decreto de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual se creó el organismo público descentralizado denominado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, en virtud del cual se acredita que los actores antes laboraban para la Dirección General de Telégrafos Nacionales dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a partir de la fecha de publicación, en que también entró en vigor el decreto, pasaron a laborar para el citado organismo descentralizado, quien adquirió el carácter de patrón sustituto. Lo anterior, nos lleva a coincidir con la patronal quejosa, en el sentido de que la Junta no advirtió que desde que los actores Ramiro Hernández Mata, Víctor Manuel Cantú Díaz y Florencio Otero Meza entraron a laborar a su servicio (años 1968, 1969 y 1963, respectivamente), y hasta el día diecinueve de agosto de 1986 -mil novecientos ochenta y seis-, en que por ser parte de la administración pública federal centralizada, sus relaciones con el patrón (Estado), se regían por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal y por su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), y que durante ese lapso de tiempo los actores no pudieron generar el derecho a la prima de antigüedad, porque esta prestación no se contiene en la citada ley reglamentaria; luego, es claro que los actores no pudieron legalmente generar antigüedad y adquirir el derecho a que esta fuese computada para los efectos del pago de prima de antigüedad. Cierto, no existía en la ley aplicable en esa época una disposición cuya actualización hubiese generado la consecuencia jurídica del pago de la prima de antigüedad, para decir válida y jurídicamente que durante esa vigencia, entró al patrimonio jurídico de los actores el derecho de generar antigüedad para los efectos de pago de la prima de antigüedad. Dicho de otra manera, no existe, en la especie, ningún derecho adquirido por parte de los actores en el juicio laboral que nos permita computar el tiempo laborado para la patronal cuando ésta era parte de la administración pública federal centralizada, como antigüedad para efectos de la prima de antigüedad (prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo), porque ese derecho surgió a partir del veinte de agosto de 1986 -mil novecientos ochenta y seis-, cuando la patronal (Estado centralizado), pasó a ser sustituida por un organismo público descentralizado. Y si bien es cierto que conforme lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto de creación del citado organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, como patrón sustituto adquirió la obligación de respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Dirección General de Telégrafos Nacionales dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que no puede hablarse de que el patrón sustituto organismo público descentralizado tenía obligación de respetar el cómputo de la antigüedad generada por los trabajadores para los efectos de la prima de antigüedad, si ese derecho no existía en la esfera jurídica de los trabajadores cuando prestaban sus servicios al gobierno federal central, sino que surgió con la sustitución misma de la patronal. En conclusión, el tiempo laborado por los actores al servicio de la Dirección General de Telégrafos Nacionales, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no debe ser computada para efectos del pago de la prima de antigüedad prevista por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Pues se reitera, si los actores iniciaron a laborar para la Dirección General de Telégrafos Nacionales dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) y, posteriormente, a partir del veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis pasaron a laborar para el organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, rigiéndose a partir de esa fecha por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo); por tanto, el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal centralizada no debe computarse para efectos de la prima de antigüedad, porque esa prestación no se contiene en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En efecto, no existe en la especie ningún derecho adquirido por parte de los actores en el juicio laboral que nos permita computar el tiempo laborado para la patronal cuando ésta era parte de la administración pública centralizada, como antigüedad para efectos de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque ese derecho surgió a partir del veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, cuando la patronal Estado centralizado, pasó a ser sustituida por un organismo público descentralizado. Pues si bien conforme lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto de creación del citado organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, como patrón sustituto adquirió la obligación de respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Dirección General de Telégrafos Nacionales dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; lo cierto es que no puede hablarse de que el patrón sustituto organismo público descentralizado tenía obligación de respetar el cómputo de la antigüedad generada por los trabajadores para los efectos de la prima de antigüedad, si ese derecho no existía en la esfera jurídica de los trabajadores cuando prestaban sus servicios al gobierno federal central; sino que surgió con la sustitución misma de la patronal."

Dicho criterio dio origen a la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIX, enero de 2004

"Tesis: XIX.5o.5 L

"Página: 1590

"PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TIEMPO QUE DEBE COMPUTARSE PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO. Si los actores iniciaron a laborar para la Dirección General de Telégrafos Nacionales, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado); y posteriormente, a partir del veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis, pasaron a laborar para el organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, rigiéndose a partir de esa fecha por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria (Ley Federal del Trabajo); por tanto, el tiempo laborado inicialmente para la administración pública federal centralizada no debe computarse para efectos de la prima de antigüedad, porque esa prestación no se contiene en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En efecto, no existe en la especie ningún derecho adquirido por parte de los actores en el juicio laboral que nos permita computar el tiempo laborado para la patronal cuando ésta era parte de la administración pública centralizada como antigüedad para efectos de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque ese derecho surgió a partir del veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y seis, cuando la patronal Estado centralizado, pasó a ser sustituida por un organismo público descentralizado, pues si bien conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio del decreto de creación del citado organismo público descentralizado Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México, como patrón sustituto adquirió la obligación de respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Dirección General de Telégrafos Nacionales dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que no puede hablarse de que el patrón sustituto, organismo público descentralizado, tenga la obligación de respetar el cómputo de la antigüedad generada por los trabajadores para los efectos de la prima de antigüedad, si ese derecho no existía en la esfera jurídica de los trabajadores cuando prestaban sus servicios al gobierno federal central, sino que, surgió con la sustitución misma de la patronal."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene en el DT. 10181/2002, resuelto el día treinta de mayo del año dos mil dos, lo siguiente:

"TERCERO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: El Servicio Postal Mexicano quejoso, en esencia, aduce que la autoridad responsable consideró que se acredita la antigüedad, fecha de ingreso del actor y reconoce que laboró al servicio de la hoy quejosa, veinticinco años nueve meses seis días; así como también manifiesta que la Junta responsable sostiene la aplicación del artículo tercero transitorio del decretó que crea al Servicio Postal Mexicano, referente al personal de la anterior Dirección de Correos. Concluyendo el quejoso, que el actor ingresó al servicio de la demandada el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis fecha en que fue creado el organismo demandado; y agrega que la relación laboral entre el organismo descentralizado y su personal se rige por el aparto (sic) A del artículo 123 de la Constitución y por su ley reglamentaria que se aplica a partir del diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, en que fue creado el organismo inconforme, por lo que está obligada al pago de la prima de antigüedad desde esa fecha y no de la del ingreso que alude el actor. No le asiste razón al quejoso, toda vez que la autoridad responsable en el laudo impugnado reconoció correctamente que con la hoja única de servicios y el aviso de cambio que ofreció el actor como pruebas, mismas que obran a fojas 13 y 14 del expediente laboral, las cuales fueron ofrecidas en copias simples, a pesar de ello, tienen pleno valor probatorio al haber sido perfeccionadas mediante proveído de fecha tres diciembre de dos mil uno, y no obstante de que la demandada haya surgido a la vida jurídica el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, conforme a lo establecido en el artículo tercero transitorio del decreto de creación de dicho organismo que fue ofrecido como prueba por el demandado, los trabajadores de la Dirección de Correos (como es el caso del actor), que pasaron al organismo descentralizado Servicio Postal Mexicano, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales, y al haber demostrado el actor su antigüedad de más de veinticinco años de servicios para la empresa demandada, con las documentales antes mencionadas, las que fueron expedidas por la propia demandada, con acierto la Junta del conocimiento condenó al pago de las prestaciones reclamadas. El diecinueve de agosto del año citado, se dio vida jurídica al Servicio Postal Mexicano, de modo que si el actor en su demanda laboral sostiene que prestó servicios con anterioridad a esa fecha, es incuestionable que la prestación del servicio no fue con Servicio Postal Mexicano, sino con la Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, relación laboral con ésta que se reguló conforme al artículo 123 de la Constitución por su apartado B, y la relación de trabajo que se da ahora con el actor se regula por el apartado A del referido numeral. Sin embargo, no se puede afirmar que la antigüedad que el actor generó con anterioridad a la creación del organismo demandado no debe ser tomada en consideración, porque dichos servicios fueron prestados para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, organismo diverso al demandado, ya que no hay duda de que efectivamente el actor laboró primero para dicha secretaría, no obstante ello, este hecho no obstaculiza la procedencia de la acción, pues hubo sustitución patronal, y el nuevo organismo adquirió la obligación de reconocer y respetar los derechos laborales del hoy tercero perjudicado, como es el de la antigüedad en el servicio, tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer que: ‘La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento ...’ que en el nuevo régimen jurídico a que estuvieron sometidos en su relación de trabajo, les da el derecho al pago de la prima de antigüedad. Por lo anterior, resulta injustificado lo alegado en torno a que el pago de prima de antigüedad debe computarse a partir del diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, en que fue creado el organismo quejoso, porque como se analizó en párrafos anteriores, la fecha a partir de la cual debe computarse ese pago es la que se encuentra señalada en la hoja de servicios, como acertadamente lo consideró la Junta responsable, ya que con la misma se demostró la fecha de ingreso a laborar para la demandada Servicio Postal Mexicano, pues éste es patrón sustituto de la anterior Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De ahí que el actor sí adquirió el derecho al pago de la prima de antigüedad y la excepción de falta de acción opuesta por la demandada resulte improcedente. En consecuencia, no habiendo sido violatorio de garantías el laudo reclamado, procede negar el amparo solicitado."

Este precedente originó la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, noviembre de 2002

"Tesis: I.1o.T.140 L

"Página: 1191

"SERVICIO POSTAL MEXICANO. PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DEBE COMPUTARSE EL TIEMPO QUE EL TRABAJADOR LABORÓ PARA LA DESAPARECIDA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS. Al surgir a la vida jurídica el diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, como organismo descentralizado, el Servicio Postal Mexicano adquirió la obligación de reconocer y respetar los derechos laborales del personal de la Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que formaba parte de dicho organismo, por tratarse de obligaciones derivadas de la relación de trabajo nacida antes de la fecha de la sustitución patronal; de manera que si un trabajador demuestra que ingresó a laborar a dicha Dirección General de Correos, antes de la mencionada fecha, ese tiempo debe computarse para efectos del pago de la prima de antigüedad."

CUARTO. Una vez asentado lo anterior debe precisarse si existe la contradicción de tesis señalada.

Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, establece:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Para determinar cuándo existe contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: 1a./J. 5/2000

"Página: 49

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."

Tomando en cuenta las transcripciones realizadas y lo expresado en el considerando anterior, debe precisarse que existe la contradicción de criterios, ya que en las ejecutorias transcritas se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.

Efectivamente, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito considera que, para efectos del pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo, si un trabajador que prestó sus servicios en un órgano (Dirección General de Telégrafos Nacionales) que pertenecía a la administración pública federal centralizada cuyas relaciones laborales se regían por el apartado B del artículo 123 constitucional, órgano que, mediante decreto, se sustituye por un organismo público descentralizado (Telégrafos Nacionales, ahora Telecomunicaciones de México) regido por el apartado A de ese mismo artículo, no debe computársele el tiempo que laboró antes de la sustitución patronal.

Por el contrario, el Primer Tribu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18429-64b150e2/prima-de-antiguedad-trabajadores-al-servicio-de-telecomunicaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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