SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIAR ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL, LOS HECHOS QUE A SU JUICIO ENTRAÑEN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A efecto de determinar si en el caso se verifica la divergencia de criterios, es menester puntualizar lo siguiente:
La divergencia de criterios denunciada se suscitó entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo en revisión número 194/2003 y 57/2003.
Ahora bien, de la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 194/2003, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se fundó en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. El estudio de los agravios expresados permite considerar lo siguiente:
"En la última parte de su segundo agravio afirma la recurrente que el presidente de la Primera Sala Penal con sólo cumplimentar un acuerdo del Pleno de dicha Sala, no estaba facultado para denunciar faltas administrativas, pues debe haber un precepto que así lo establezca, máxime que el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado sólo lo faculta para organizar y eficientar la administración de justicia; reconoce ser servidora pública, sujeta a la ley respectiva, que será aplicable partiendo de un supuesto de irregularidad, no de denuncia, pues no lo prevé así el artículo 124 citado.
"El anterior concepto de inconformidad reseñado resulta fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado conforme a las siguientes consideraciones.
"A efecto de determinar la ley aplicable para denunciar a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, por haber incurrido en irregularidades o faltas administrativas, sustanciar el procedimiento correspondiente y sancionarlos, es necesario remitirse al contenido del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el tres de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, que establece lo siguiente:
"‘Artículo 50. El Tribunal Superior de Justicia del Estado establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46, así como para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, respecto de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial, en los términos que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevea. ...’
"Ahora bien, como se advierte del dispositivo transcrito, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Guerrero, así como los órganos y sistemas para determinarlas, se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del mismo Estado el veinticuatro de mayo de dos mil, expedida con posterioridad a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
"Aplicabilidad que confirma el diverso artículo 86 de la misma ley orgánica, al disponer que: ‘La competencia y funcionamiento de los órganos auxiliares y de las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Estatal, serán determinados por esta ley y el reglamento respectivo.’
"Determinación de competencia y funcionamiento que se encuentra prevista en el título cuarto de la precitada Ley Orgánica del Poder Judicial, integrado por diez capítulos que regulan el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Estatal; en el título quinto, referente a las responsabilidades, obligaciones y derechos de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado y en el título sexto, que regula las visitas a los juzgados y Centros de Readaptación Social.
"Sentado lo anterior, los artículos 124 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son los preceptos que hacen referencia a las responsabilidades de los servidores públicos, responsabilidades de las que conocerá el Consejo de la Judicatura Estatal, iniciando el procedimiento respectivo, sustanciándolo y, en su caso, sancionando al servidor público, responsabilidad que podrá ser conocida a través de los siguientes medios: a) De una acción de denuncia por partes legitimadas (artículo 124) y, b) De la práctica de visitas a los juzgados, ordenadas por el propio Consejo de la Judicatura Estatal (artículo 145).
"En primer término, el artículo 124 de la precitada ley orgánica, faculta a determinadas personas y autoridades a denunciar las irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en los términos siguientes:
"‘Artículo 124. Tienen acción para denunciar la comisión de faltas o incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos de la administración de justicia del Estado:
"I. Las partes en el juicio en el que se cometieren;
"II. Las personas físicas o morales que acrediten su personalidad conforme a la ley y que tengan interés jurídico en el asunto;
"III. Los abogados patronos de los litigantes en los casos de responsabilidades provenientes de hechos u omisiones cometidas en el juicio que patrocinen; y
"IV. El Ministerio Público en los negocios en que intervenga.’
"Como se desprende del artículo anteriormente transcrito, su contenido es limitativo, restrictivo, al señalar con toda precisión las personas facultadas para tales efectos, entre las que no se encuentra el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal ni el Pleno de ésta, máxime que al enunciar en su última fracción, al Ministerio Público, le precede la conjunción copulativa ‘y’, lo que denota que con la institución mencionada, concluye el listado de las personas y autoridades quienes se encuentran legitimados para denunciar las faltas o incumplimientos de los servidores públicos, por lo que al no existir precepto expreso en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado ni en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, facultando al presidente de la Sala Penal o al Pleno de dicha Sala, para hacer del conocimiento del Consejo de la Judicatura, hechos que puedan entrañar irregularidades administrativas, su actuación desborda el texto expreso de la ley, conculcando en perjuicio de la Juez recurrente la garantía de legalidad.
"Por su parte, el artículo 145 de la mencionada ley orgánica, faculta expresamente al Consejo de la Judicatura Estatal para iniciar oficiosamente el procedimiento administrativo cuando observe irregularidades durante el desahogo de las visitas que practique a los Juzgados, al disponer lo siguiente:
"‘Artículo 145. El Consejo de la Judicatura Estatal, por las irregularidades observadas en las visitas practicadas a los Juzgados, llevará a cabo de oficio, el procedimiento correspondiente, e impondrá al responsable la sanción que corresponda, de lo que, cuando así proceda, dará cuenta al Pleno, para los efectos de los artículos 16 fracción XXVIII y 121 de esta ley.
"‘Si de las visitas practicadas a los juzgados, el Consejo de la Judicatura Estatal advirtiera alguna irregularidad en los procesos, imputables a los agentes del Ministerio Público o defensores de oficio adscritos, mediante oficio le hará saber al superior de éstos de las irregularidades, para que proceda conforme a derecho. Igualmente procederá el consejo, cuando de la visita practicada a los Centros de Readaptación Social, advierta irregularidades en el trato a los internos, o se reciban quejas de éstos, en contra del personal de dicho centro.’
"Como se aprecia del artículo transcrito, al Consejo de la Judicatura Estatal se reserva el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades detectadas a través de las visitas de inspección, que el propio consejo ordena, entre otros órganos jurisdiccionales, a los juzgados mixtos de primera instancia.
"Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil tres, el Consejo de la Judicatura Estatal admitió a trámite el procedimiento por faltas administrativas, bajo el No. 087/2003 en contra de ... a consecuencia de la denuncia formulada por el presidente de la Primera Sala Penal, mediante su oficio No. 193 de fecha dos de mayo de dos mil tres, dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en el toca penal No. VIII-960/2002, de fecha catorce de abril de dos mil tres, por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sentencia que en la parte final de su considerando único, determina literalmente lo siguiente:
"‘Por ser ésta una segunda ocasión en que se ordena a la Juez del conocimiento practique lo que se dejó asentado, sin que haya dado debido cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintitrés de mayo de dos mil uno, con ello se aprecia que entorpeció el procedimiento que se sigue al acusado ... siendo inoperante que la justicia sea pronta y expedita, como lo señala el artículo 17 de la Constitución General de la República; consecuentemente, con fundamento en el artículo 78, en relación con el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, dése vista al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.’
"Consecuentemente, para tal supuesto, en que una denuncia acciona las facultades del Consejo de la Judicatura Estatal, el precepto aplicable lo es el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al establecer quiénes se encuentran legitimados para denunciar las faltas e irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial del Estado, concluyéndose que tal artículo no legitima al presidente ni al Pleno de la Primera Sala Penal para tales efectos, no encontrándose previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, algún otro artículo que los faculte o legitime para tales efectos.
"En tal orden de ideas, tanto la parte final del considerando único de la sentencia dictada en el toca penal No. VIII-960/2002, el catorce de abril de dos mil tres, por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como el consecuente acuerdo de dos de mayo de dos mil tres, signado por el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal, se fundaron en los artículos 78 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los que respectivamente disponen:
"‘Artículo 78. El Consejo de la Judicatura Estatal, funcionará en Pleno o en comisiones y tendrá competencia para proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia todas las medidas que estime conducentes para eficientar la administración de justicia.’
"‘Artículo 110. Son órganos encargados de declarar la responsabilidad e imponer sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Estatal, en los ámbitos propios de sus competencias, cuando dichos servidores públicos incurran en las faltas previstas por esta ley o en el incumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.’
"De donde se evidencia que el primer precepto otorga competencia al Consejo de la Judicatura para eficientar la administración de justicia y, el segundo, otorga competencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura Estatal para declarar responsabilidades e imponer sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de lo preceptuado por los dos numerales transcritos no se advierte que al Pleno de la Primera Sala Penal ni a su presidente les otorguen competencia para denunciar a servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
"Sobre el particular, es aplicable la tesis No. 2a. CXCVI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos veintinueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente a octubre de dos mil uno de la Novena Época, que dice:
"‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’ (se transcribe). Cabe advertir, finalmente, como se aprecia de la sentencia recurrida, que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero consideró que el artículo 23, fracción IV, de la ley orgánica, es el dispositivo que otorga competencia al presidente de la Sala Penal para denunciar las irregularidades cometidas por servidores públicos del Poder Judicial del Estado, el cual previene lo siguiente:
"‘Artículo 23. Son atribuciones de los presidentes de las Salas:
"‘I. Llevar el registro, control y seguimiento de la correspondencia oficial de la Sala;
"‘II. Conocer de los asuntos de su competencia hasta ponerlos en estado de resolución y distribuirlos por riguroso turno entre él y los demás Magistrados, para su estudio y presentación oportuna del proyecto de resolución y autorizar las actas con el secretario de Acuerdos respectivo;
"‘III. Presidir las audiencias y dirigir los debates;
"‘IV. Cumplimentar los acuerdos dictados por la Sala, o por el Pleno del tribunal;
"‘V. Proveer lo conducente al trámite en materia de amparo;
"‘VI. Conocer de los demás asuntos que les encomiende el Pleno, la Sala o el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia;
"‘VII. Vigilar que los secretarios y demás servidores públicos de la Sala, cumplan con sus deberes respectivos.’
"Al respecto, resulta oportuno señalar que la fracción IV del dispositivo transcrito, faculta efectivamente al presidente de la Sala para cumplimentar los acuerdos de ésta, pero como se desprende del acuerdo contenido en la parte final de la sentencia de catorce de abril de dos mil tres, el Pleno de la Sala mencionada determinó ‘dar vista’ al Consejo de la Judicatura, expresión que resulta ser una verdadera denuncia, en virtud del contenido de la misma, pues el objeto de tal acuerdo es poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la conducta irregular de la Juez Mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Allende, sin que deba entenderse que el presidente de la Sala solamente cumplimentó un acuerdo de tipo administrativo o judicial, ya que en realidad activó las facultades del Consejo de la Judicatura para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades a la ahora quejosa, sustanciarlo y, en su caso, sancionarla.
"Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, la tesis I.6o.P.48 P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este tribunal comparte, visible en la página mil veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a febrero de dos mil tres, de la Novena Época, que señala:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA ORDEN DE UNA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL DE DAR VISTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA FUE IRREGULAR. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.’ (se transcribe). Por cuanto hace a las facultades de las Salas Penales, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado las consigna en los términos siguientes:
"‘Artículo 26. Las Salas Penales, en los asuntos de los juzgados de su adscripción, conocerán:
"‘I. De los recursos de apelación y denegada apelación que se interpongan contra las resoluciones de los Jueces de primera instancia;
"‘II. De los recursos de queja que se interpongan en contra de los Jueces de primera instancia;
"‘III. De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus propios miembros y de los Jueces de primera instancia;
"‘IV. Resolver de las excitativas de justicia que se presenten en contra de los Jueces de primera instancia;
"‘V. De los conflictos de competencia entre juzgadores de la misma materia; y
"‘VI. De los demás asuntos que les encomiende el Pleno, las leyes y el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia.’
"De donde se evidencia que el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, carece igualmente de competencia para presentar denuncias por irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos del Poder Judicial del Estado, legitimación, que como ya se vio, se encuentra reservada a las partes expresamente designadas por los artículos 124 y 145 de la ley orgánica, al ordenar el Consejo de la Judicatura, la práctica de visitas a los juzgados.
"Al haber resultado fundado el agravio de referencia, en la materia de la revisión, debe revocarse la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, por las consideraciones expuestas en esta ejecutoria; advirtiéndose conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, que el Juez Primero de Distrito en el Estado analizó todos los conceptos de violación.
"Dado que se ha concedido el amparo por resultar fundado el concepto de agravio últimamente analizado, resulta innecesario adentrarse en el estudio de los restantes motivos de inconformidad, en términos de la jurisprudencia VI.1o. J/6, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, la cual aparece publicada en la página 470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, mayo de 1996, Novena Época, que textualmente dice:
"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."
Las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito al fallar en sesión de ocho de mayo de dos mil tres, el amparo en revisión administrativa número 57/2003, son las siguientes:
"SEXTO. Los agravios planteados por la recurrente ... por conducto de su autorizado, son infundados de una parte e inoperantes de otra, por las razones que más adelante se precisan:
"En efecto, de las constancias que integran la pieza de autos en estudio se observa, en lo que interesa, que la quejosa, hoy recurrente, reclamó del Consejo de la Judicatura del Estado la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil dos, dentro del expediente 96/2002, relativo al procedimiento administrativo instaurado en su contra como Juez de primera instancia del ramo penal del Distrito Judicial de Abasolo; acto contra el cual el Juez Federal negó el amparo solicitado, por estimarlo ajustado a derecho.
"En respuesta al primer concepto de violación, en el que se duele la recurrente de la decisión del a quo al afirmar que el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tiene legitimación procesal para denunciar los hechos relativos a la comisión de faltas administrativas, en función del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; que, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en su artículo 124 establecía quiénes eran las personas que tenían legitimación para formular quejas y denuncias por faltas administrativas, y en ninguno de los supuestos señalados existía la figura del Magistrado aludido, además, dice la inconforme, no debía perderse de vista que el citado Magistrado no denunció hecho alguno, sino que dio vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que no tenía facultad para conocer de vista que le dé algún funcionario público, ni tal circunstancia se encontraba dentro de las facultades del invocado Magistrado, según el texto del artículo 23 de la ley indicada, por lo que no podía ejecutar acto alguno que de manera expresa no le haya autorizado por la ley sin que dicho acto constituya una violación a las garantías individuales. Agrega la inconforme que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado establece una denuncia por escrito al titular de la dependencia, y en el presente caso no se formuló la denuncia que exige la ley como requisito de procedibilidad, sino que se limitó a dar vista pero no al titular de la dependencia que es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, sino a un órgano distinto al titular, de ahí que suponiendo sin conceder que el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tuviera facultad de denunciar, ésta jamás se ejercitó en los términos que la ley exige, sino que lo hizo en una modalidad que la ley no prevé y ante un órgano que no es el titular de la dependencia. Resulta infundado el anterior planteamiento, habida cuenta que contrario al dicho del inconforme, y como acertadamente lo determinó la autoridad responsable y en su oportunidad el Juez Federal, el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sí se encuentra facultado para dar vista o hacer del conocimiento al Consejo de la Judicatura Estatal, de cualquier hecho que a juicio de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sea causa de responsabilidad, facultad derivada del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que establece que todo servidor público deberá denunciar por escrito al titular de su dependencia los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputable a servidores públicos sujetos a su dirección. Por su parte, los artículos 23, fracción IV, 76 y 79, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, señalan en lo conducente: ‘Artículo 23. Son atribuciones de los presidentes de las Salas ... IV. Cumplimentar los acuerdos dictados por la Sala, o por el Pleno del tribunal ...’. ‘Artículo 76. El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica y de gestión; así como para emitir sus dictámenes y resoluciones; y tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia ...’. ‘Artículo 79. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Estatal: ... X. Recibir, tramitar y resolver las quejas de carácter administrativo por faltas en el despacho de los asuntos que se tramiten ante las Salas del Tribunal Superior de Justicia, Juzgados y dependencias a su cargo, excepto cuando se trate de quejas contra Magistrados; de igual manera, procederá por lo que hace a la responsabilidad de servidores públicos del Poder Judicial, en los términos de la ley respectiva. Cuando la sanción impuesta al servidor público sea la suspensión o destitución del cargo, o inhabilitación para ocupar otro, el Pleno del tribunal podrá revocar, modificar o confirmar fundando y motivando debidamente según el caso, dicha sanción ...’. Ahora bien, de la interpretación armónica y sistemática del contenido de los preceptos transcritos, se colige que el Magistrado presidente de alguna de las Salas que integran el Poder Judicial del Estado, entre otras facultades, le corresponde cumplimentar los acuerdos dictados por la Sala, o por el Pleno de la misma. Así también, que el Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes, entre otras atribuciones, tienen la de recibir, tramitar y resolver las quejas de carácter administrativo por faltas en el despacho de los asuntos que se tramitan ante los juzgados, en los términos de la ley respectiva. En ese sentido, según se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora, fue el Pleno de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien determinó, al dictar la resolución correspondiente en el toca IV-427/2002, concerniente al recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, en contra del auto de libertad por extinción de la acción penal, emitido en la causa penal 06-III/2002, a favor de ... por la comisión del delito de estupro en agravio de ... ordenó dar vista al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de hechos que probablemente constituían causa de responsabilidad, para los efectos legales a que hubiere lugar; circunstancia por la que al cumplimentar el anterior acuerdo, el presidente de dicha Sala Penal, mediante oficio 256 de veinticinco de junio de dos mil dos, dio vista al presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, con lo decidido en la citada resolución, para los efectos de su competencia. En ese orden de ideas, contrario al dicho de la quejosa, el Pleno de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su presidente, se encuentra legitimado para hacer del conocimiento al Consejo de la Judicatura Estatal de la conducta, posiblemente causa de responsabilidad de la hoy recurrente, en apego a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado que, efectivamente, refiere la obligación intrínseca del servidor público de denunciar cualquier hecho que a su juicio sea causa de responsabilidad administrativa; sin que obste a lo anterior que alegue la inconforme que no se formuló la denuncia que exige la ley, sino que el presidente de la Sala Penal aludida se concretó a dar vista a un órgano distinto al titular, modalidad que dice la ley no prevé, porque contrario a su dicho, de una sana interpretación del artículo 56 de la invocada legislación, debe establecerse que el vocablo ‘denunciar’ a que se hace referencia, conforme con el diccionario jurídico mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un verbo que proviene del latín denuntiare, el cual significa ‘hacer saber’, ‘remitir un mensaje’, que en sentido amplio y difundido es el que entiende la denuncia como un acto en virtud del cual una persona hace del conocimiento de un órgano de autoridad, la verificación o comisión de determinados hechos, con el objeto de que dicho órgano aplique las consecuencias jurídicas o sanciones previstas en la ley. Consecuentemente, si en la especie el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dio vista al Consejo de la Judicatura Estatal, con la conducta posiblemente constitutiva de una causa de responsabilidad, no implica que se esté aplicando una modalidad distinta a la contemplada en la ley, pues el dar vista, que no es otra cosa que hacer saber o hacer del conocimiento, se trata de una comunicación que hace las veces de denuncia, pues a través de esa ‘vista’ se puso en conocimiento del Consejo de la Judicatura Estatal, la falta cometida por la servidora pública, ahora recurrente. Resulta ilustrativa, por compartirse, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de 1998, que dice: ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, ESTÁ FACULTADO PARA INTEGRAR EXPEDIENTES RELATIVOS A INSTRUCTIVOS DE RESPONSABILIDAD, AUN CUANDO NO HAYA HABIDO PERSONA FÍSICA QUE MOTIVARA LA QUEJA.’ (se transcribe). En cuanto afirma la recurrente que el Magistrado presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado dio vista ante un órgano que no es el titular de la dependencia, pues en el caso lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resulta infundado habida cuenta que si bien es verdad que el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero establece que cualquier servidor público deberá denunciar por escrito al titular de su dependencia los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputada a servidores públicos sujetos a su dirección, también lo es que no puede afirmarse que la vista dada por el presidente de la Primera Sala Penal al Consejo de la Judicatura no haya cumplido con el requisito que establece dicho precepto, puesto que no puede perderse de vista que de acuerdo al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual debe interpretarse armónicamente con el numeral antes citado, la autoridad facultada para declarar la responsabilidad e imponer sanciones a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en el caso de los Jueces de primera instancia, es el Consejo de la Judicatura Estatal en los propios ámbitos de su competencia, es decir, el citado numeral ubica un plano de igualdad al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura Estatal, delimitando su actuación a su propia competencia otorgada por la ley en comento, de donde, de acuerdo al artículo 79, esta atribución es exclusiva de esta última, en el caso, recibir, tramitar y resolver las quejas de carácter administrativo por faltas en el despacho que se tramitan ante las Salas, Juzgados y dependencias a su cargo, atañen al Consejo de la Judicatura Estatal, a excepción de aquellas quejas contra Magistrados, cuyo conocimiento corresponde precisamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de ahí que se estime correcto que siendo el Consejo de la Judicatura Estatal, conforme al artículo 76 de la ley orgánica invocada, el encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, se le haya dado vista o denunciado la posible falta en que incurriera la servidora pública ahora quejosa, siendo éste el titular en el ámbito de su competencia de declarar la responsabilidad e imponer las sanciones corr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18142-12afe6f4/servidores-publicos-del-poder-judicial-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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