FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO EN LIQUIDACIÓN. EL DELEGADO FIDUCIARIO NOMBRADO POR EL LIQUIDADOR, AL DAR RESPUESTA NEGATIVA A LA SOLICITUD DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS DE QUE LES SEAN DONADOS LOS INMUEBLES A QUE SE REFIERE EL DECRETO POR EL QUE SE EXTINGUE DICHO ORGANISMO, EMITE ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, conviene puntualizar que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, el recurso de revisión 306/2004, en la parte que interesa, estableció:
"México, Distrito Federal. Acuerdo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al día veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.
"VISTOS; Y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil cuatro, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, remitido por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Gabriel Barrón Hernández, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se transcriben: Autoridad responsable: ‘C. Apoderado legal del delegado fiduciario especial encargado del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación.’. Acto reclamado: ‘La determinación de la responsable de negarme la donación del lote de terreno número diecisiete, sito en la actual avenida del Ferrocarril, manzana dos, de la colonia Unidad Habitacional Ferrocarrilera, en Cuautla, Morelos, y que, en mi carácter de jubilado del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación he tenido en posesión legítima desde 1986; contenida en el oficio número SGJ-DC-GC-062/2004 de fecha 2 de marzo de 2004, dictada, por el C. Apoderado legal del delegado fiduciario especial encargado del proceso en liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación.’
"...
"TERCERO. La resolución que se recurre es del tenor siguiente:
"‘PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en atención a la naturaleza de los actos reclamados, así como en el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General Número 23/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto de naturaleza administrativa atribuido a autoridades distintas de las judiciales en esa materia. SEGUNDO. Determinada la competencia de este juzgado, y cumpliendo con lo dispuesto en el precepto 77, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, se procede a fijar los actos reclamados que en esta vía impugna la quejosa, los cuales hace consistir en: «La resolución contenida en el oficio número SGJ-DC-GC-062/2004, de fecha dos de marzo de dos mil cuatro, en la que se niega la donación a favor del quejoso del lote de terreno número diecisiete, sito en la actual avenida del Ferrocarril manzana dos, de la colonia Unidad Habitacional Ferrocarrilera, en Cuautla Morelos.». Estableciendo lo anterior, y acorde con el artículo 149 de la ley de la materia, se pasa al análisis de los informes justificados de las autoridades responsables. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al delegado fiduciario especial encargado del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, consistente en la emisión de la resolución contenida en el oficio número SGJ-DC-GC-062/2004 de fecha dos de marzo de dos mil cuatro, en la que se niega la donación a favor del quejoso del lote de terreno número diecisiete, sito en la actual avenida del Ferrocarril, manzana dos, de la colonia Unidad Habitacional Ferrocarrilera, en Cuautla Morelos; en virtud de así haberlo manifestado dicha autoridad al rendir su informe justificado el cual obra en autos a fojas sesenta a ochenta y ocho. Afirmación que se robustece con el original del oficio que por esta vía se reclama, documental que hace prueba plena de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia, visible en la página doscientos seis, Tomo VI, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, en mil novecientos noventa y cinco, y que es del tenor literal siguiente: «INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.». Establecida la certeza de los actos, y previamente al estudio del fondo del asunto, se procede analizar las causales de improcedencia relativas al juicio constitucional, ya sea que de oficio las aprecie la suscrita, o bien, las invoquen las partes, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. CUARTO. Esta juzgadora advierte de oficio que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no demuestra en autos contar con el interés jurídico para ejercitar la presente vía constitucional. Así las cosas, para una mejor comprensión de la causal aludida, es necesario atender el contenido del artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, el cual es del tenor siguiente: «Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.». Del contenido del precepto transcrito se conoce que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo; por lo tanto, el quejoso para acreditar que el acto reclamado le depara un perjuicio o menoscabo en algún derecho que tuviera objetivamente tutelado, debió demostrar en autos que era trabajador jubilado de Ferrocarriles Nacionales de México, y que tenía en posesión el bien inmueble ubicado en el lote de terreno número diecisiete, actual avenida del Ferrocarril, manzana dos, de la colonia Unidad Habitacional Ferrocarrilera, en Cuautla Morelos. Lo anterior, acorde con la tesis de jurisprudencia número 854, visible en las páginas quinientos ochenta y dos y quinientos ochenta y tres, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: «INTERÉS JURÍDICO EN QUÉ CONSISTE.» (se transcribe). Asimismo, resulta importante destacar lo que disponen los artículos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución de la República, cuyos textos son: ... (se transcriben). De tal manera, como el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente para quienes resienten un perjuicio, ofensa o daño, en su esfera jurídica, o bien, un derecho subjetivo, derivado de una norma, que tienda a otorgar al gobernado una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por lo tanto, para ejercitar esa prerrogativa o facultad en el juicio de amparo, el gobernado debe estar legitimado ad procesum. Sirve de sustento, la tesis de jurisprudencia publicada en las páginas novecientos once y novecientos doce del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, sustentada por el Tribunal Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: «LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo.». Circunstancia que no acontece en la especie, ya que el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que los actos reclamados de la responsable, que hizo consistir en la emisión de la resolución contenida en el oficio número SGJ-DC-GC-062/2004 de fecha dos de marzo de dos mil cuatro, resultan violatorios de sus garantías, al determinar no donarle el lote de terreno número diecisiete, actual avenida del Ferrocarril, manzana dos, de la colonia Unidad Habitacional Ferrocarrilera, en Cuautla Morelos; sin embargo, éste no le depara perjuicio, pues como ya se dijo, no demostró tener ningún derecho sobre dicho predio como sería en su caso la posesión legítima. Tan es así, que la autoridad al rendir su informe justificado manifestó bajo protesta de decir verdad que en los archivos de esa dependencia, respecto de los inmuebles que son de su propiedad, no aparece como poseedor del inmueble de referencia el quejoso, ya que quien aparece en dichos archivos como poseedor del inmueble es una persona diversa de nombre Nazario Anzúres Pérez, razón por la cual al no haber acreditado el quejoso su aseveración respecto de la posesión del inmueble multicitado, carece de interés jurídico, para venir al juicio de garantías; en consecuencia al no existir dicho interés, tampoco existe la afectación a éste. Sirve de sustento por analogía la jurisprudencia de la Octava Época, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 236, cuyos rubro y texto son: «POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica.». De igual manera sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 56, tomo 72, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: «INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: <El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona>. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, <no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados> (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.». En este sentido, como el quejoso no ofreció medio de convicción alguno que constituyera el derecho objetivo tutelado por la norma, ni demostró estar legitimado en el proceso para que este órgano de control constitucional, estuviera en posibilidad de estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y así estar en aptitud de poder restablecer algún derecho que la autoridad responsable le hubiera vulnerado. Pues es bien sabido, que para accionar el juicio de amparo y se puedan analizar los actos reclamados, no es suficiente el solo hecho de presentar la demanda de garantías. Acorde con la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 28/90, visible en la página 230, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que reza: «INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo.». Por lo que tampoco es suficiente para acreditar el interés jurídico, el basarse en meras presunciones, sino que se requiere probarlo fehacientemente. Tal como lo establece la tesis de jurisprudencia número 848, visible en la página 578, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que señala: «INTERÉS JURÍDICO AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse solamente a base de presunciones.». Luego entonces, en valía a lo anterior, como el quejoso no acreditó en el presente juicio constitucional, que se le hubiera afectado algún derecho legítimamente tutelado por la ley (interés jurídico), es decir, no acreditó el interés jurídico relativo a la posesión que dice tener sobre el inmueble motivo del presente asunto, esto se traduce en la inexistencia de una afectación a su esfera jurídica, circunstancia necesaria para promover el juicio de amparo, de acuerdo al principio de parte agraviada que rige su procedibilidad. En ese tenor, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 73, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76 a 78, 79, 155, 192 y 193 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número P. 364/2004, promovido por Gabriel Barrón Hernández, en contra del acto y por la autoridad precisados en el resultando primero; en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.’
"...
"SEXTO. ...
"En efecto, asiste la razón al recurrente cuando expresa que, cuenta con interés jurídico derivado de que en la resolución administrativa dictada por el apoderado legal del delegado fiduciario especial encargado del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, es un acto que le perjudica y por tanto da derecho a acudir a la vía constitucional en virtud de que la resolución administrativa va dirigida a su persona, en cuyo contenido se aprecia que le niega la donación del inmueble que solicitó, dándole a conocer las razones por las cuales arriba a esa determinación.
"En efecto, en el presente asunto, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad del oficio de dos de marzo de dos mil cuatro, emitido por el apoderado legal del delegado fiduciario especial encargado del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, por medio del cual se resolvió que no procedía acordar de conformidad la solicitud de donación.
"...
"La autoridad responsable manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación a los diversos 1o., 11 y 114 de la Ley de Amparo, al estimar que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Es igualmente infundada la causal de improcedencia en estudio según pasa a demostrarse.
"En efecto, según lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número P. XXVII/97, el acto de autoridad puede provenir de la actuación unilateral de organismos que con fundamento en una norma jurídica crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado, de manera que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y es del tenor literal siguiente:
"‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’
"En tales condiciones, la autoridad responsable resulta tener el carácter de autoridad toda vez que: 1) el acto que se le reclama fue emitido unilateralmente, con fundamento en el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, a través del cual se modifica la situación jurídica que afecta la esfera jurídica del quejoso, y, 2) Conforme al artículo 1o. del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, el organismo público descentralizado conserva su personalidad jurídica durante el proceso de liquidación.
"En consecuencia, el reclamado en el juicio de amparo, es un acto de autoridad y, por tanto no se actualiza la causal de improcedencia en estudio.
"...
"NOVENO. Son fundados los conceptos de violación transcritos en el considerando precedente y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en atención a lo siguiente:
"...
"En consecuencia al resultar fundados los conceptos de violación en análisis, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el oficio reclamado y emita otro en el que considere que en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. del Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de dos mil uno, sí prevé la posibilidad de que el liquidador responsable del proceso correspondiente, lleve a cabo la donación de bienes a pensionados y jubilados, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en dicho decreto, y hecho que sea, resuelva en uso de sus facultades legales lo que proceda en derecho."
Asimismo, resulta oportuno destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, el recurso de revisión número 698/2003, en lo conducente, sostuvo:
"México, Distrito Federal. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil cuatro.
"VISTOS; Y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Mediante escrito presentado el día veinte de mayo de dos mil tres, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Susano Garcés Mendieta, por su propio derecho, promovió juicio de amparo, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"Autoridades responsables:
"‘Director de Atención a Gobierno de la Subdirección General Comercial y de Atención a Gobierno del organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación.’
"Acto reclamado: ‘La determinación de la responsable de que no donar en mi favor, en mi carácter de jubilado del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación el lote que tengo en posesión en avenida Ferrocarril Central, de la colonia Siete de Noviembre, en Cuautlixco, Municipio de Cuautla, Morelos; contenida en el oficio número SGCAG-DAG-REG-359/2003, de fecha 2 de abril de 2003, dictada dentro del expediente REG-16-058-L-2-M-2, por el director de Atención a Gobierno de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación.’
"Asimismo, mediante escrito aclaratorio presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, señaló como autoridades responsables al secretario de Comunicaciones y Transportes, al titular del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y al delegado fiduciario general del Banco Nacional de Obras y Servicios, liquidador responsable en el proceso de extinción de dicho organismo, a quienes reclamó:
"‘El acuerdo, instrucción, orden, fijación de criterio o lineamiento que hubiere dado a la otra responsable director de Atención a Gobierno de la Subdirección General Comercial y de Atención a Gobierno del organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación para que me negara la donación del lote de terreno número dos, de la manzana dos, en avenida Ferrocarril Central, de la colonia Siete de Noviembre, en Cuautlixco, Municipio de Cuautla, Morelos.’
"...
"CUARTO. La sentencia recurrida está apoyada en las siguientes consideraciones:
"‘PRIMERO. El suscrito Juez Primero de Distrito itinerante con residencia temporal en el Distrito Federal, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 35/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de junio de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio del mismo año, por el que se crean Juzgados de Distrito itinerantes y en los puntos cuarto y octavo, segundo párrafo, del Acuerdo General 46/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de junio de dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio del mismo año, que determina los lugares en los que resulta procedente la creación temporal de Juzgados de Distrito itinerantes. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados al secretario de Comunicaciones y Transportes (foja 35 a 37), delegado fiduciario y titular de Ferrocarriles Naciones de México en liquidación (fojas 39 a 61), consistentes en el acuerdo, instrucción, orden, fijación de criterio o lineamiento que hubiere dado a la otra responsable director de Atención a Gobierno de la Subdirección General Comercial y de Atención a Gobierno del organismo público descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación para que me negara la donación del lote de terreno número dos, de la manzana dos, en avenida Ferrocarril Central, de la colonia Siete de Noviembre, en Cuatlixco, Municipio de Cuautla, Morelos, toda vez que así lo manifiestan dichas autoridades al rendir su informe justificado, sin que la quejosa aportara prueba alguna que desvirtúe tal negativa. Ante esa circunstancia, al no existir elemento de prueba que desvirtúe dicha negativa, cobra firmeza el contenido de los informes justificados y, en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente: «INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.» (se transcribe). TERCERO. El director de Atención a Gobierno de la Subdirección General, Comercial y de Atención a Gobierno de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación (fojas 116 a 138), al rendir su correspondiente informe con justificación, negó los actos que se le reclaman, consistentes en la emisión de la determinación de la responsable de no donar a favor del quejoso, en su carácter de jubilado del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación el lote que tiene en posesión en avenida Ferrocarril Central, de la colonia Siete de Noviembre, en Cuatlixco, Municipio de Cuautla, Morelos; contenida en el oficio número SGCAG-DAG-REG-359/2003, dictada dentro del expediente REG-16-058-L-2-M-2; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con lo manifestado por dicha autoridad en su informe justificado al manifestar: «Lo cierto, es que le comuniqué que la Ley General de Bienes Nacionales no prevé la donación a favor de pensionados y jubilados, por lo que no existe disposición legal que faculte su petición ...». Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis publicada en el Tomo XIV, julio de 1994, página 391, del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: «ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.» (se transcribe). CUARTO. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Parte TCC del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, de rubro: «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.» (se transcribe). La autoridad responsable director de Atención a Gobierno de la Subdirección General Comercial y de Atención a Gobierno de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que considera que el quejoso no demuestra su interés jurídico de conformidad con el artículo 4o. de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18881-9fa16365/ferrocarriles-nacionales-de-mexico-en-liquidacion-el-delegado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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