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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. SU CONFIGURACIÓN NO DERIVA DE QUE LOS COLITIGANTES HAYAN COMPARECIDO A JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19909
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1223.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia de trabajo, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante su presidente, que resolvió uno de los asuntos en el que se plasmó uno de los criterios que participa en esta contradicción.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión del veinticuatro de junio de dos mil cuatro el recurso de queja 226/2004, en la parte que interesa, estableció:

"CUARTO. Los agravios propuestos por los recurrentes, conducen a determinar lo siguiente: Iván, Ricardo y Juan Manuel, todos de apellidos Díaz Guerrero, refieren esencialmente que la resolución del seis de abril del dos mil cuatro, dictada por el Juez Tercero de Distrito ‘B’ en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al resolver el recurso de queja por exceso es ilegal, toda vez que incorrectamente se determinó que en la especie existe litisconsorcio pasivo necesario, y por ello se estimó correcto el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el sentido de emplazar de nueva cuenta a todos los demandados en el juicio laboral, siendo que la protección constitucional fue promovida únicamente por dos de ellos (Luis y Leticia, ambos de apellidos Ángeles García), y no así respecto de Eduardo y Patricia, de apellidos Ángeles García, Segan, Sociedad Anónima de Capital Variable y Servicios Gastronómicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que se quebrantan los principios de instancia de parte agraviada, estricto derecho y relatividad de las sentencias de amparo, aunado a ello se modifican los alcances de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 956/2002, la cual fue únicamente para el efecto de que se repusiera el procedimiento y emplazara legalmente a los quejosos Luis y Leticia, ambos de apellidos Ángeles García, por lo que deben quedar subsistentes los emplazamientos y actuaciones posteriores al ilegal emplazamiento respecto de los restantes demandados; finalmente, no se actualiza la figura de litisconsorcio pasivo necesario, en razón de que si bien es cierto existe pluralidad de demandados, a los que se les reclaman las mismas prestaciones, también los es que no se les demanda mancomunada o solidariamente, tampoco se encuentra acreditado en autos que entre dichos litisconsortes exista una situación afín o idéntica respecto de quién sí promovió juicio de garantías, por lo que en todo caso existe litisconsorcio voluntario. Antes de analizar el agravio sintetizado, es necesario indicar que de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto 956/2002 se aprecia que Luis y Leticia, ambos de apellidos Ángeles García, promovieron demanda de garantías contra los actos de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, presidente y actuario, que se hicieron consistir en el ilegal emplazamiento al juicio laboral 436/2002, así como los actos posteriores a dicho emplazamiento con la inclusión del laudo respectivo. El juicio de amparo indicado en el párrafo que precede fue conocido por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, quien emitió sentencia el veintisiete de agosto del dos mil dos, en la que concedió el amparo a los quejosos ‘... para el efecto de que la Junta responsable los emplace legalmente a juicio, dejando sin efecto todas las actuaciones posteriores al ilegal emplazamiento.’. (foja 518 del expediente de amparo). La anterior sentencia fue recurrida por los terceros perjudicados Iván, Ricardo y Juan Manuel, todos de apellidos Díaz Guerrero. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida ejecutoria a este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien la registró con el RT. 826/2002, el cual fue resuelto en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil dos, y en el que se confirmó la sentencia recurrida y se concedió el amparo a Luis Ángeles García y Leticia Ángeles García; asimismo, se sobreseyó en el juicio respecto del acto consistente en el laudo dictado en el expediente laboral. Mediante oficio 21981, dirigido a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, signado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, se comunicó el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dos, en el que se requirió a la responsable para que en el plazo de veinticuatro horas diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a la ejecutoria, la Junta responsable emitió el proveído de ocho de enero de dos mil tres, en el que determinó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral, en relación con los quejosos Luis y Leticia, ambos de apellidos Ángeles García, y ordenó el emplazamiento de estas personas; asimismo, dejó subsistente las actuaciones relativas al laudo por lo que ve a los restantes demandados, Segan, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios Gastronómicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo y Patricia de apellidos Ángeles García. Contra la determinación señalada en el párrafo que precede, Segan, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios Gastronómicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo y Patricia de apellidos Ángeles García, interpusieron recurso de queja por defecto, al estimar que debía hacerse extensiva la concesión del amparo, en razón de la figura del litisconsorcio pasivo necesario. Este recurso fue resuelto por el Juez Tercero de Distrito ‘B’ en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, quien resolvió el treinta de septiembre de dos mil tres declarar fundado el medio de impugnación y requerir a la responsable el cumplimiento de la ejecutoria, en la forma y términos precisados en la parte final del cuarto considerando de la propio ejecutoria. Los terceros perjudicados en el juicio de amparo, Iván, Ricardo y Juan Manuel, todos de apellidos Díaz Guerrero, interpusieron recurso de queja contra la determinación del Juez de Distrito, señalada en el párrafo que precede, correspondiendo conocer del citado recurso a este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien lo registró con el QT. 346/2003, y en sesión del seis de noviembre de dos mil tres, determinó declararlo infundado, al estimar esencialmente que la determinación de la responsable relativa a dejar insubsistente, por un lado, lo actuado en el juicio laboral 436/02, respecto de los quejosos Luis y Leticia, ambos de apellidos Ángeles García y, por el otro, dejar subsistente el laudo, en relación con los restantes demandados, ello implicaba dividir la continencia de la causa. Nuevamente, al cumplir la ejecutoria, la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal emitió el proveído de seis de octubre del dos mil tres, el cual es motivo del recurso de queja interpuesto por los terceros perjudicados, el cual determina: ‘México, Distrito Federal, a seis de octubre del dos mil tres. Por recibido el oficio número 1906, que remite el Juzgado Tercero de Distrito «B» en Materia de Trabajo del Distrito Federal, al que acompaña la resolución en el P. 956/2003, de fecha treinta de septiembre de dos mil tres, por la que resolvió: «PRIMERO. Es fundado el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo promovido por los quejosos Luis Ángeles García y Leticia Ángeles García. SEGUNDO. Requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de veinticuatro horas, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el DT. 11376/2002, de fecha veintiuno de noviembre del dos mil dos, en la forma y términos precisados en la parte final del considerando cuarto de esta resolución, que dice <la Junta responsable se encuentra obligada a reponer el procedimiento a partir del ilegal emplazamiento realizado a Luis Ángeles García y Leticia Ángeles García, indudable resulta que han cesado los efectos de los actos reclamados, en las violaciones procesales antes precisadas, y el laudo dictado el 10 de junio de 2002>, a fin de que la autoridad responsable emita un nuevo acuerdo, en el que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos apuntados.». Se provee: En cumplimiento a la resolución de cuenta, se deja sin efectos el laudo de fecha diez de junio de dos mil dos, así como todo lo actuado en el expediente laboral en que se actúa, a partir del auto de radicación de fecha cinco de marzo del dos mil dos, y a partir del laudo antes señalado el auto de ocho de enero de dos mil tres, únicamente por lo que hace a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; así como la audiencia de doce de febrero de dos mil tres, el auto de veintiocho de abril de dos mil tres, por lo que hace al término concedido a la parte actora, auto de veintidós de agosto de dos mil tres, por lo que hace a declarar firme el auto de ocho de mayo de dos mil tres, así como a la audiencia señalada en el mismo, en tal virtud se señalan las doce horas del día catorce de noviembre del dos mil tres, para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, a la que deberán de comparecer las partes, apercibidas en términos de los artículos 871 al 885 de la Ley Federal del Trabajo, se comisiona al C. Actuario para que se sirva notificar y emplazar a juicio a los demandados Luis Ángeles García, Leticia Ángeles García, Segan, S.A. de C.V., Servicios Gastronómicos Ángeles, S.A. de C.V., Eduardo Ángeles García y Patricia Ángeles García, en el domicilio señalado en autos, corriéndoles traslado con copias simples de la demanda, auto de radicación y del presente proveído. Gírese atento oficio al referido Juzgado, por el que se le acuse recibo de dicho oficio, mismo que se relaciona con el P. 956/2003, agréguese el recurso de queja P. 426/03, misma que se relaciona con el P. 956/02, así como el segundo cuaderno.’ (fojas 815 y 816 del expediente del juicio de amparo indirecto). En la resolución que recayó al recurso de queja por exceso que interpusieron Iván, Ricardo y Juan Manuel, todos de apellidos Díaz Guerrero, el Juez de Distrito estimó fundamentalmente que los agravios resultaban infundados, toda vez que de las constancias exhibidas por la responsable se aprecia que actuó en cumplimiento a la ejecutoria, al haber dejado sin efectos todo lo actuado, hecha excepción del auto de radicación, y ordenó emplazar a juicio a los demandados, al tomar en consideración que entre ellos existe litisconsorcio pasivo necesario, motivo por el cual se hizo extensiva la concesión del amparo a la totalidad de los demandados en el juicio laboral. Como ya se dijo, en una parte de los agravios, los recurrentes refieren que las actuaciones posteriores al ilegal emplazamiento deben quedar subsistentes por lo que ve a los demandados Segan, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios Gastronómicos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eduardo y Patricia de apellidos Ángeles García, pues ellos no fueron quejosos y no se les concedió el amparo; sin embargo, esos argumentos resultan inatendibles, al tomar en consideración que en el diverso recurso de queja QT. 346/2003, resuelto por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se determinó que la responsable al cumplir la ejecutoria debía declarar sin efectos todas las actuaciones posteriores al ilegal emplazamiento, esto es, las relativas al juicio laboral 436/2002, ya que dejar por un lado subsistentes actuaciones y por el otro reconocerles validez, sería desconocer el principio de continencia del proceso, tal como se observa con la transcripción conducente de la ejecutoria de referencia: (se transcribe). En relación con los restantes argumentos, en los que se refiere que no debió ordenarse el emplazamiento de todos los demandados, al no ser aplicable la tesis de jurisprudencia relativa al litisconsorcio pasivo necesario, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 9/96, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 78, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.’ (se transcribe). En la ejecutoria que dio motivo a la tesis antes indicada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en lo que interesa para la resolución del presente asunto, lo siguiente: (se transcribe). De la transcripción anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado como principales elementos de la figura de litisconsorcio en la modalidad de necesario, los siguientes: a) Deriva de la naturaleza de la relación sustancial, que constituye el objeto de la declaración de certeza por parte de los órganos jurisdiccionales; b) Tiene como efectos principales: 1. Que no sólo los hechos sino también las defensas de las partes deben ser consideradas uniformemente respecto de todos los litisconsortes, porque debe existir una decisión que resuelva la controversia planteada en cuanto a todos; 2. La suspensión de la relación procesal produce efectos respecto de todos los litisconsortes; 3. La sentencia debe emitirse en relación con todos y con la audiencia de todos los sujetos de la relación jurídica sustancial, pues en caso contrario no tendrá ningún valor; 4. El litisconsorcio necesario, por regla general, se encuentra establecido expresamente en la ley, pero eventualmente puede surgir como consecuencia de una relación jurídica concreta; c) En los juicios de origen que dieron motivo a la contradicción de tesis se observó en uno, lo siguiente: 1. Se trata de un juicio ejecutivo mercantil; 2. Existe un solo actor y pluralidad de demandados, quienes obran por propio derecho y por conducto de representantes, y ocupan la misma posición en el proceso, y se demandaron simultáneamente, y 3. Se reclamó de todos ellos la misma prestación. En el otro, se advirtió: 1. Es un juicio ejecutivo mercantil; 2. Existe un actor y dos demandados, quienes obran por propio derecho, ocupan la misma posición en el proceso, y fueron demandados simultáneamente; 3. A uno de ellos se le demandó como deudor principal y, al otro, con el carácter de responsable solidario; y 4. Se reclamaron de cada uno de ellos las mismas prestaciones. Aquí, el Tribunal Pleno destacó: ‘... que en la ejecutoria se menciona que Noé Treviño Peña fue demandado como deudor principal, y Amparo Naranjo de Treviño como deudora solidaria; sin embargo, no existen elementos en los autos mencionados que permitan corroborar esta situación; pero aceptando que esta persona haya contraído la obligación como deudora solidaria, las consecuencias podrían ser que el acreedor puede exigir de ella el total de la deuda y en caso de pago se aplican las reglas de la subrogación hasta el monto de la deuda satisfecha.’; d) Con motivo de lo anterior, la Corte consideró como conclusión que en ambos asuntos se estaba en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, porque en ellos existe pluralidad de demandados, quienes actúan por propio derecho; se reclaman las mismas prestaciones a los codemandados o codeudores y se trata de un solo procedimiento, el cual debe decidirse formalmente en una sola sentencia; e) No existe infracción al principio de la relatividad previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta que no se está en la hipótesis de que en una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección federal; y, f) Si no se llama a juicio a los codemandados del juicio natural, que a la vez no fueron quejosos, se haría nugatorio el cumplimiento de la propia sentencia de amparo. El llamar al juicio ordinario mediante el emplazamiento respectivo a los codemandados del quejoso, que no fueron parte en el juicio de amparo, no deriva de que a ellos se les hubiese concedido la protección federal y se afecte el principio de relatividad de la sentencia de amparo, sino que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia constitucional, ya que en caso contrario se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional. Ahora bien, debe decirse que en la especie resultan infundados los agravios de los recurrentes, toda vez que la Junta responsable estuvo en lo correcto al dejar insubsistentes las actuaciones del juicio natural y ordenar el emplazamiento de nueva cuenta a la totalidad de los demandados, ya que entre éstos existe la figura del litisconsorcio pasivo necesario, pues de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto se aprecia que los actores demandaron en un solo juicio a varias personas, a quienes se les reclamó las mismas prestaciones e incluso en el capítulo de hechos se les atribuye a todos ellos la contratación de los servicios personales, tal como se observa de la lectura íntegra del escrito de demanda laboral: ‘Iván Díaz Guerrero, Ricardo Díaz Guerrero y Juan Manuel Díaz Guerrero, por nuestro propio derecho y en nuestro carácter de actores, en el presente juicio, nombrando como nuestros apoderados a los CC. Arturo Rodríguez González, Julio Agustín Coronel Guerrero, Gabriela Magallón Torres, Aída López Hernández y Ángel Noguez Hernández, en términos de los artículos 692, 693, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, quienes lo podrán ejercitar conjunta o separadamente, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en Cumbres de Maltrata No. 359, despacho 202, colonia Narvarte, México, D.F., con el respeto que es debido comparecemos para exponer: Que por medio del presente escrito venimos a entablar formal y legal demanda, en contra de Benedetti's Pizza (nombre comercial) y/o Segan, S.A. de C.V. y/o Luis Ángeles García y/o Leticia Ángeles García y/o Patricia Ángeles García y/o quien resulte responsable, patrón o propietario, de la fuente de trabajo que se dedica a la elaboración, venta y reparto de pizzas, y que dicha fuente de trabajo se localiza en calle Benjamín Franklin número treinta y siete-B, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06170, México, D.F., lugar que se señala para que se les hagan las correspondientes notificaciones de ley, el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: A) Indemnización constitucional, por el despido injustificado del empleo del cual fuimos objeto, con los aumentos y mejoras que se otorguen al salario y en forma íntegra, conforme a lo dispuesto por los artículos 84 y 85, de la Ley Federal del Trabajo. B) Salarios caídos que se causen desde la fecha del despido hasta aquella en que se resuelva el presente conflicto. C) Vacaciones que en el caso concreto se pactaron 10 días, más los que señala la Ley Federal del Trabajo, según nuestra fecha de ingreso y un 50%, de prima vacacional, que nos corresponden desde la fecha de ingreso, y hasta la del injustificado despido, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 80, de la Ley Federal del Trabajo. D) Aguinaldo que nos corresponde, y que asciende al pago de 45 días anuales, pactado entre las partes, y por todo el tiempo en que duró la relación laboral. E) Salarios devengados por los últimos 30 días, de la prestación de nuestros servicios, ya que los demandados se abstuvieron de hacernos dicho pago, no obstante habérseles requerido dicho pago extrajudicialmente, y que corresponden del periodo del 1o. de diciembre de 2001 de 1o. de enero de 2002 (sic). F) Prima de antigüedad a que tenemos derecho por todo el tiempo que laboramos para los demandados, hasta la fecha del injustificado despido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 162, de la Ley Federal del Trabajo. G) Tiempo extraordinario laborado diariamente en beneficio de los demandados, y que éstos se negaron sistemáticamente a cubrirnos a razón de cuatro horas diarias, reclamación que se hace por todo el tiempo en que duró la relación de trabajo, ya que originalmente fuimos contratados con un horario de las 8:00 a las 16:00 horas, de lunes a sábado de cada semana, siendo obligados a laborar de las 8:00 a las 20:00 horas, de lunes a sábado de cada semana, con media hora para tomar alimentos, por lo que el tiempo laborado corre de las 16:01 a las 20:00 horas. H) Días de descanso por todo el tiempo de prestación de servicios para los demandados, ya que éstos no nos fueron permitidos y, por tanto, no los disfrutamos, de conformidad con los artículos 69 y 74 de la Ley Federal del Trabajo. Fundamos la demanda en los siguientes hechos y consideraciones de derecho: Hechos. I. Los demandados contrataron nuestros servicios de la siguiente manera: a) Iván Díaz Guerrero ingresé a trabajar con fecha 28 de marzo de 2001, con la categoría de pizzero, devengando como último salario la cantidad de $1,100.00 quincenales. b) Ricardo Díaz Guerrero ingrese a trabajar con fecha 11 de agosto de 2000, con la categoría de telefonista, devengando como último salario la cantidad de $1,000.00 quincenales. c) Juan Manuel Díaz Guerrero ingrese a trabajar con fecha 1 de noviembre de 1999, con la categoría de director de Recursos Humanos, devengando como último salario la cantidad de $4,000.00 quincenales. Desempeñando nuestras labores en un horario diario de las 8:00 a las 20:00 horas, de lunes a sábado de cada semana. II. Durante el tiempo que duró la prestación de nuestros servicios, siempre cumplimos con nuestro trabajo conforme a lo pactado, laborando en la forma y en el lugar convenido, con la intensidad, cuidado y esmero propios de nuestra labor, y es el caso que en fecha 2 de enero de 2002, aproximadamente a las 9:00 horas, fuimos llamados hasta las puertas de acceso principal de dicha fuente de trabajo por el C. Eduardo Ángeles García, mismo y quien nos manifestó lisa y llanamente «Están despedidos», hecho que ocurrió en presencia de varias personas y que serán presentadas en el momento procesal oportuno. III. No habiendo motivo para el injustificado despido, se demanda el pago de la indemnización constitucional, y sus correlativos salarios caídos que se causen desde la fecha del despido, hasta aquella en que se cumplimente el laudo que en definitiva tenga a bien dictar esta H. Junta, y demás prestaciones mencionadas en el capítulo respectivo. IV. Como puede apreciarse, la demandada ha actuado de manera ilegal al no haber observado lo dispuesto por el artículo 47 (antepenúltimo, penúltimo y último párrafo) de la Ley Federal del Trabajo, y no damos (sic) a conocer por escrito las causas del despido, razón por la que se debe considerar que se trata de un despido injustificado. Derecho. Son aplicables al presente juicio las fracciones XX, XXI y XXII del artículo 123 constitucional, así como los artículos aplicables y concordantes de la Ley Federal del Trabajo vigente. Por lo antes expuesto y fundado: A Usted C. Presidente, atentamente pido: Único. Reconocer la personalidad con que nos ostentamos, turnar la presente demanda a la Junta Especial a que corresponda, y substanciado el juicio en todos sus trámites legales, dictar laudo condenatorio, por ser así de justicia.’ (fojas 32 a la 35, del expediente de amparo). En este sentido, como lo refiere el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la figura de litisconsorcio pasivo necesario surge no sólo de la ley, sino también de la relación jurídica sustancial en concreto entre las partes, que en la especie es el vínculo de trabajo que se les atribuye a todos ellos, además de que se les demandan las mismas prestaciones, por lo que hace que la relación jurídica sustancial actualice la figura de litisconsorcio pasivo necesario, pues en el supuesto de que acepten la relación laboral, o bien, dejen de comparecer a la audiencia respectiva, una vez emplazados los demandados, ello traerá como consecuencia que se les tenga por contestada en sentido afirmativo la demanda laboral y la responsable en el laudo resolverá la contienda conjuntamente, en razón de tal relación sustancial atribuida a todos y cada uno de ellos, y que constituye el objeto de la declaración de certeza por parte de la Junta; asimismo, como lo refiere el Máximo Tribunal, en el juicio existe pluralidad de demandados, a quienes se reclaman las mismas prestaciones, y se trata de un solo procedimiento. Por otra parte, el hecho de que se haya concedido el amparo a Luis y Leticia, ambos de apellidos Ángeles García, y con ello se haga extensiva la protección a Segan, Sociedad Anónima de Capital Variable, Servicios Gastronómicos Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como a Eduardo y Patricia, de apellidos Ángeles García, ello no implica quebrantamiento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, en tanto que no se está en la hipótesis de que en una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección de la Justicia de la Unión, sino que la extensión de dicha protección constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia constitucional, ya que en caso contrario se haría nugatoria la propia concesión de la protección constitucional, lo que encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, enero de 2000, página 40, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCESORIA, ASÍ COMO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’ (se transcribe). La jurisprudencia invocada en el párrafo que precede sirvió de apoyo para resolver en sesión de dieciocho de marzo del dos mil cuatro, por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, los juicios de amparo directo promovidos por Grupo Pipsamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Fábrica Mexicana de Papel, Sociedad Anónima de Capital Variable y Adrián López Miranda, los que quedaron registrados respectivamente con el DT. 1386/2004, DT. 1396/2004 y DT. 1406/2004, los cuales dieron origen a la tesis aislada TCO 16223.9LA1, sustentada por este órgano de control constitucional, que se encuentra pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE IMPUGNA EN AMPARO DIRECTO EL LAUDO QUE QUEDÓ INSUBSISTENTE A CONSECUENCIA DEL AMPARO CONCEDIDO POR INDEBIDO EMPLAZAMIENTO A UN DIVERSO CODEMANDADO.’ (se transcribe). De acuerdo a lo expuesto, conforme al Diccionario Jurídico Mexicano, el concepto litisconsorcio es un término compuesto que deriva de los vocablos latinos lis-litis o sea litigio y consortium-ii que significa participación o comunión de una misma suerte con uno o varios, por lo cual litisconsorcio quiere decir: litigio en que participan de una misma suerte varias personas. Sobre el tema el artículo 697 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: ‘Artículo 697. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos ...’. Cuando la ley hace referencia al ejercicio de la misma acción o la oposición de la misma excepción, en rigor se está refiriendo a un objeto procesal común que se identifica con las prestaciones y oposiciones en juego. El propósito del litisconsorcio es evitar resoluciones contradictorias y tiene un fin de economía procesal. Puede darse el caso que un demandado asuma su propia responsabilidad, que pueda ser diferente a la que se reclama del demandado principal, por ejemplo, si se convoca al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual no se subroga en las responsabilidades del patrón sino que asume las propias, relevando al patrón, de no existir aseguramiento. En un consorcio pasivo, el resultado puede ser diferente para cada uno de los demandados. El efecto claro del litisconsorcio es que las actuaciones de cualquiera de los sujetos que integran una parte deben favorecer a los demás. Entonces, si en un juicio laboral el actor demanda a pluralidad de demandados idénticas prestaciones, ello hace que se actualice dicha figura procesal. ..."

Asimismo, resulta pertinente precisar que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el ocho de mayo de dos mil seis el recurso de revisión 367/2006, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO. Los agravios que se esgrim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19909-76043b83/litisconsorcio-pasivo-necesario-en-materia-de-trabajo-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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