PRUEBAS SUPERVENIENTES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN VALORARLAS AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MANUEL GONZÁLEZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una cuestión de materia común que no es exclusiva de una de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en uso de la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, contenidas en la resolución de tres de marzo de dos mil seis, correspondiente al recurso de queja 18/2006, derivaron de los siguientes antecedentes:
1. La parte quejosa promovió juicio de amparo en el que reclamó los artículos 36 y 72, fracción IV, del Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como el aseguramiento y secuestro de un tractocamión y contenedor; igualmente reclamó el aseguramiento de bienes muebles propiedad de la promovente, para garantizar daños y perjuicios.
2. En el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión provisional de los actos reclamados.
3. En contra de ese proveído la parte quejosa interpuso recurso de queja, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito declaró fundado ese recurso con base a lo siguiente:
Que cuando se trate de cuestiones relacionadas con la suspensión de los actos reclamados, y más aún con la suspensión provisional, el Juez de Distrito no puede conocer de un medio de prueba por haberse presentado en el incidente respectivo posteriormente a la fecha en que haya resuelto sobre la suspensión provisional, por lo que si tal medio probatorio se produjo durante la sustanciación del recurso de queja interpuesto contra la negativa de la medida precautoria, en ese supuesto el Tribunal Colegiado debe realizar su estudio, toda vez que la finalidad de la suspensión provisional es resolver de manera inmediata la paralización de los actos reclamados o sus efectos, a fin de preservar la materia del juicio y evitar un perjuicio y agravio del quejoso o promovente, con la realización de actos de imposible reparación.
Subrayó el Tribunal Colegiado que si durante la tramitación del juicio de amparo se actualizan hechos supervenientes, que no hayan sido del conocimiento del Juez de Distrito al resolver la suspensión provisional, y que se hayan invocado por parte del quejoso en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para que se atendiera a su naturaleza superveniente y dictaran las medidas correspondientes, con el fin de demostrar que las circunstancias cambiaron al momento de resolverse la suspensión provisional, lo pertinente es considerar tales hechos como supervenientes, dado que se produjeron durante la sustanciación de la queja promovida contra la negativa de la medida precautoria provisional.
Que por tales razones, al resolver el recurso de queja el citado Tribunal Colegiado estaba facultado para realizar el estudio de la procedencia de la suspensión provisional en cuanto a los actos reclamados, lo cual era factible jurídicamente en atención al principio de economía procesal, dado que de no apreciarse en esa resolución del recurso de queja la prueba de los hechos supervenientes, involucraría la necesidad para el quejoso y para el propio aparato de administración de justicia, de desplegar nuevos actos procesales para atender dicha probanza, así como eventualmente un incidente de modificación a la suspensión o bien, tener que esperar hasta la audiencia incidental para ofrecerla y que fuere valorada, cuyo retardo sería en perjuicio del gobernado.
El Tribunal Colegiado de Circuito puntualizó que la suspensión de los actos reclamados se justifica por la urgencia de proveer cautelarmente la protección de un bien o un derecho, en tanto se dirima el estudio de fondo del juicio de amparo, y por ello era jurídicamente válido que el Tribunal Colegiado al momento de resolver la queja prevista en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, interpuesto contra la negativa de la suspensión provisional, reasuma jurisdicción no sólo para fundar y motivar debidamente el auto respectivo, sino incluso para apreciar la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 124 de la propia ley, y en ese cometido, podía atender incluso a elementos de prueba que, por su temporalidad, no fue posible al quejoso allegarlos al Juez de Distrito.
Por último, expresó que el principio de modificabilidad de las medidas cautelares, dado su carácter instrumental, está reconocido por el artículo 140 de la Ley de Amparo, en tanto establece que: "Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.", por lo que es válido atender a la existencia de pruebas que inciden en la modificación de las circunstancias registradas al momento de proveer primigeniamente sobre la suspensión provisional.
Las consideraciones anteriores, dieron origen a la tesis que a continuación se transcribe:
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, junio de 2006
"Tesis: IV.2o.A.32 K
"Página: 1218
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANALICE EN EL RECURSO DE QUEJA LAS PRUEBAS SUPERVENIENTES QUE HUBIEREN SIDO APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA DURANTE SU SUSTANCIACIÓN. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; por tanto, tratándose de cuestiones relacionadas con la suspensión y más aún la provisional, es indispensable atender a todos los aspectos relacionados con ella, inclusive los elementos de convicción allegados al incidente, esto con la finalidad de que en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, se observe su naturaleza superveniente y se dicten las medidas correspondientes, como en aquellos casos en que el Juez de Distrito no conozca de un medio de prueba que se aportó al incidente en fecha posterior al momento en que se resolvió sobre la suspensión provisional, pero que se produjo dentro de la sustanciación del recurso de queja contra la negativa de la medida precautoria, pues en ese supuesto el Tribunal Colegiado de Circuito deberá asumir su estudio y examen, por economía procesal, en atención al objeto de la institución provisional, que es resolver de manera inmediata la paralización de los actos reclamados o sus efectos, a fin de preservar la materia del juicio y evitar en perjuicio y agravio de la parte quejosa la realización de actos de imposible reparación con su ejecución. Lo anterior, toda vez que en esos casos, cambian las circunstancias que prevalecían al momento de resolverse la suspensión provisional, cuya apreciación debe realizarse por el Tribunal Colegiado, quien de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis P./J. 10/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 13, de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.’, debe sustituirse al Juez de Distrito en cuanto a la apreciación de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, con base en la totalidad de las pruebas que éste le remita para la sustanciación del recurso, con el fin de conservar la materia del juicio y evitar al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación que se le podrían ocasionar con la ejecución del acto.
"Queja 18/2006. José Eugenio Maguey Ramírez. 3 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ubaldo Mariscal Rojas, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez."
CUARTO. Las consideraciones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, contenidas en la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil seis, correspondiente al recurso de queja Q-66/2006, derivaron de los siguientes antecedentes:
1. La parte quejosa promovió juicio de amparo en contra del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y del embargo de un bien inmueble, con motivo de un mandamiento de ejecución de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, así como el acta de requerimiento de pago y el acta de embargo.
2. En el incidente de suspensión se negó la suspensión provisional de los actos reclamados.
3. En contra del proveído de la negativa de suspensión la parte quejosa interpuso recurso de queja, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito declaró infundado ese medio de impugnación con base a lo siguiente:
El Tribunal Colegiado de Circuito sustentó primeramente la declaración de que era infundado el recurso, en que "los efectos y consecuencias que en todo caso perjudicarían al quejoso", no provenían del acuerdo dictado por el Magistrado instructor, en el que desechó la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sino de un acto anterior, consistente en el embargo trabado sobre un inmueble; por lo que "el desechamiento contenido en el auto reclamado, es un acto meramente declarativo sin efectos positivos, dado que no conlleva ningún principio de ejecución", porque el Magistrado instructor se limitó a evidenciar una situación jurídica determinada, sin modificar situaciones o derechos existentes, toda vez que las consecuencias jurídicas a que se refirió el quejoso no derivaron del acuerdo del Magistrado instructor, sino de una actuación anterior, como lo fue el embargo mencionado.
De esas circunstancias el Tribunal Colegiado de Circuito dedujo que resultaba improcedente la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, "en razón de que dicha medida sólo puede obrar hacia el futuro, no sobre el pasado ni tener efectos restitutorios".
En segundo término, el Tribunal Colegiado de Circuito se refirió a la prueba superveniente consistente en una copia simple de un oficio, donde se comunicó por parte del subadministrador de control de créditos de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur la designación del perito que llevaría a cabo el avalúo del inmueble embargado, respecto de lo cual solicitó el quejoso al Tribunal Colegiado en mención, que analizara la citada documental.
En relación con dicha petición de que se tomara en cuenta la referida documental, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró improcedente su admisión en el recurso de queja, con base en que la revocación o modificación de la suspensión por causa superveniente debía ser planteada primeramente ante el Juez de Distrito, ya que conforme al artículo 140 de la Ley de Amparo no correspondía al Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse "de manera primigenia en relación con una prueba ofrecida con el carácter de superveniente, dentro de un recurso de queja interpuesto con fundamento en el numeral 95, fracción XI, del propio ordenamiento, contra el auto que niega al peticionario de amparo la suspensión provisional de los actos reclamados".
Con el propósito de constatar el contenido del criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se transcribe a continuación la parte relativa de su ejecutoria de veintisiete de noviembre de dos mil seis, pronunciada en el recurso de queja Q-66/2006.
"CUARTO. Los argumentos expresados en el único concepto de agravio deben desestimarse por los motivos señalados a continuación. ...
"En esa medida, asiste razón al recurrente cuando argumenta que el Juez de Distrito se pronuncia sólo en cuanto a la suspensión de la ley y acuerdo reclamados, pero omite tomar en cuenta lo manifestado en la demanda de garantías al momento de solicitar la suspensión provisional. Sin embargo, ello resulta inoperante para resolver el asunto de manera favorable a sus pretensiones, como ya se ha dicho, pues ‘los efectos y consecuencias’ que en todo caso perjudicarían al quejoso, no provienen del acuerdo dictado por el Magistrado instructor, a través del que desecha por improcedente la solicitud de suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, sino de un acto anterior, como es el embargo trabado sobre un inmueble que el inconforme asevera es de su propiedad; es decir, el desechamiento contenido en el auto reclamado es un acto meramente declarativo, sin efectos positivos, dado que no conlleva ningún principio de ejecución, habida cuenta que el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin modificar situaciones o derechos existentes, toda vez que las consecuencias jurídicas a que se refiere el quejoso no emanan de dicho acuerdo del Magistrado instructor, sino de una actuación anterior, esto es, el embargo realizado dentro del procedimiento económico-coactivo, incoado por una autoridad fiscal, a fin de hacer efectivo un crédito a cargo de dicho contribuyente, de ahí que se estime que en el caso concreto no existen efectos ni consecuencias provenientes del acuerdo reclamado, motivo por el cual resulta improcedente la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en razón de que dicha medida sólo puede obrar hacia el futuro, no sobre el pasado, ni tener efectos restitutorios, pues éste es el carácter que la distingue concretamente de la resolución protectora que pudiera poner fin al juicio de amparo; con la primera se previene la producción de ciertos daños, impidiendo la realización de los actos que los causarían; con la segunda, se reparan los daños ya sufridos, invalidando los actos que los originaron y restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada. ...
"Por otra parte, el recurrente ofrece en esta segunda instancia, como prueba superveniente, la copia simple del oficio cuya existencia dice haber conocido el dieciocho de noviembre del año en curso, emitido el día siete anterior por el Subadministrador de Control de Créditos de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, en ausencia del titular, por medio del que se le comunica la designación del perito que llevará a cabo el avalúo del inmueble embargado; al efecto pide que este Tribunal Colegiado analice la documental de mérito y cita en apoyo de esta solicitud, la tesis aislada número IV.2o.A.32 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1218 del Tomo XXIII, junio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANALICE EN EL RECURSO DE QUEJA LAS PRUEBAS SUPERVENIENTES QUE HUBIEREN SIDO APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA DURANTE SU SUSTANCIACIÓN.’ (transcribe).
"Al respecto debe decirse que este órgano colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis aislada anteriormente transcrita, pues se estima que la revocación o modificación de la suspensión por causa superveniente debe ser planteada en primer lugar ante el Juez de Distrito. Ello es así, porque en el caso se estima que de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la ley de la materia, por razón de técnica procesal no corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse de manera primigenia en relación con una prueba ofrecida con el carácter de superveniente, dentro de un recurso de queja interpuesto con fundamento en el numeral 95, fracción XI, del propio ordenamiento, contra el auto que niega al peticionario de amparo la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que una probanza de ese tipo debe ser ofrecida primero ante el Juez de Distrito, a fin de que resuelva lo procedente respecto de la modificación o revocación de la suspensión por hecho o causa superveniente. En cuanto al punto relativo a determinar si la modificación o revocación del auto que haya concedido o negado la suspensión por hechos supervenientes, se refiere únicamente a la suspensión definitiva, o también incluye a la suspensión provisional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 23/99-PL, consultable en las páginas 237 y siguientes, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual dio lugar a la jurisprudencia P./J. 31/2001, de rubro: ‘SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE. LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE TANTO EN LA PROVISIONAL COMO EN LA DEFINITIVA.’ ...
"Los artículos 95, fracción XI y 140 de la Ley de Amparo, establecen: (transcribe). Conforme a los preceptos transcritos y con base también en las consideraciones antes reproducidas en lo conducente, de la ejecutoria en comentario, debe decirse que la documental ofrecida por el quejoso en esta segunda instancia, con el carácter de superveniente, constituye un hecho superveniente como ficción jurídica, en los términos señalados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, este Tribunal Colegiado no se halla en posibilidad jurídica de valorar la citada probanza y decidir al respecto, pues se estima que en el caso, por razón de la técnica procesal prevista por el legislador en el artículo 140 de la ley de la materia, el aludido ofrecimiento debe ser planteado primero ante el Juez de Distrito y sólo en caso de que su resolución fuera adversa a los intereses de la parte oferente, podría ser susceptible de combatirse a través del medio de defensa procedente, ante el Tribunal Colegiado de Circuito, sin que en la especie se estime aplicable la noción de economía procesal referida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la tesis aislada número IV.2o.A.32 K transcrita con antelación, pues el examen de una prueba aportada con el carácter de superveniente en el recurso de queja interpuesto con fundamento en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, se considera contrario a la técnica procesal que rige tanto para la modificación o revocación de la suspensión por causa o hecho superveniente, como para la resolución del recurso de queja, interpuesto en términos de la porción normativa últimamente invocada, motivos por los cuales este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sustentado en la mencionada tesis aislada IV.2o.A.32 K. En las apuntadas consideraciones, lo procedente es declarar infundado el presente medio de impugnación, debiendo subsistir la negativa de la suspensión provisional solicitada, aunque por diverso motivo legal."
QUINTO. En el presente caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, por las siguientes razones:
Este Alto Tribunal ha determinado que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirve de apoyo a este señalamiento el siguiente criterio jurisprudencial:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001. Página 76).
Conforme a esas directrices sí existe la citada contradicción de tesis, ya que en este asunto se satisfacen los supuestos mencionados, que condicionan una contradicción de tesis, por lo que debe hacerse la declaración en ese sentido.
Ello es así porque del examen de las ejecutorias en las que los Tribunales Colegiados de Circuito sustentaron sus criterios que dieron origen a la denuncia de la presente contradicción de tesis, que se sintetizaron en los considerandos precedentes de la presente sentencia, se puede apreciar lo siguiente:
1. En ambos casos los Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, así como los mismos elementos, ya que las consideraciones de cada tribunal se pronunciaron al resolver un recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de un proveído dictado en un incidente en el que el Juez de Distrito negó la suspensión provisional de los actos reclamados, y tanto uno como el otro criterio fueron producto del examen del artículo 140 de la referida ley, relativo a la modificación o revocación del auto del Juez que decidió sobre la suspensión, por hechos supervenientes.
2. No obstante que ambos Tribunales Colegiados se ocuparon de las mismas cuestiones, adoptaron criterios diferentes.
Esto es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al declarar fundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído en el que se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, determinó que le correspondía realizar el estudio de la prueba presentada durante la tramitación del recurso de queja, y por tanto podía pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión provisional de tales actos, por economía procesal, pues si no se hiciera así tanto el quejoso como el órgano jurisdiccional de primera instancia tendrían que realizar nuevos actos procesales "para atender dicha probanza", cuyo retardo sería en perjuicio del gobernado.
Subrayó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito que si durante la tramitación del juicio de amparo se actualizan hechos supervenientes, que no hayan sido del conocimiento del Juez de Distrito al resolver la suspensión provisional, y que se hayan invocado por parte del quejoso en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para que se atienda a su naturaleza superveniente y dicten las medidas correspondientes, con el fin de demostrar que las circunstancias cambiaron al momento de resolverse la suspensión provisional, lo pertinente es que el Tribunal Colegiado de Circuito considere tales hechos como supervenientes, dado que se produjeron durante la sustanciación de la queja promovida contra la negativa de la medida precautoria provisional, y por tales razones, el Tribunal Colegiado está facultado para realizar el estudio de la procedencia de la suspensión provisional en cuanto a los actos reclamados, en atención al principio de economía procesal.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el diverso recurso de queja que se interpuso en contra del proveído que negó la suspensión provisional, el cual declaró infundado, determinó en cuanto a la prueba superveniente que era improcedente su admisión en el recurso de queja, con base en que la revocación o modificación de la suspensión por causa superveniente debía ser planteada primeramente ante el Juez de Distrito por razón de técnica procesal, ya que conforme al artículo 140 de la Ley de Amparo no correspondía al Tribunal Colegiado de Circuito pronunciarse "de manera primigenia en relación con una prueba ofrecida con el carácter de superveniente, dentro de un recurso de queja interpuesto con fundamento en el numeral 95, fracción XI, del propio ordenamiento, contra el auto que niega al peticionario de amparo la suspensión provisional de los actos reclamados", y que no compartía la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Como se ve, ambos Tribunales Colegiados se ocuparon de las mismas cuestiones, y adoptaron criterios opuestos sobre la misma temática, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito opina que le corresponde estudiar la prueba presentada durante la tramitación del recurso de queja, con carácter de superveniente, y pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión provisional, porque si durante la tramitación del juicio de amparo se actualizan hechos supervenientes que no fueron del conocimiento del Juez de Distrito al resolver la suspensión provisional, y se produjeron durante la sustanciación de la queja, con base en ello el referido tribunal puede realizar el estudio de la procedencia de la suspensión provisional en cuanto a los actos reclamados, en atención al principio de economía procesal.
Con un punto de vista diferente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostiene que al resolver el recurso de queja no debe admitir ni examinar la prueba superveniente, ya que la revocación o modificación de la suspensión debe ser planteada primeramente ante el Juez de Distrito, y a él le corresponde resolver lo procedente respecto de la modificación o revocación de la suspensión con base en hechos supervenientes; por lo que no compartía la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Es así que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito opina que en la resolución del recurso de queja sí es factible estudiar la prueba superveniente, y pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión provisional de los actos reclamados; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostiene un punto de vista contrario, relativo a que al resolver el recurso de queja no debe admitir ni examinar la prueba superveniente ni pronunciarse sobre la suspensión provisional de los actos reclamados.
SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este considerando se establece.
El tema de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si en la resolución del recurso de queja interpuesto contra la negativa de la suspensión provisional, debe o no el Tribunal Colegiado de Circuito estudiar pruebas supervenientes, y con base en éstas pronunciarse sobre la referida suspensión.
El mencionado recurso de queja, que debe resolver el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, se prevé en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, en la manera que enseguida se indica:
"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"...
"XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."
"Artículo 97. Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:
"...
"IV. En el caso de la fracción XI del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida."
"Artículo 99. ...
"En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Los Jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21562-ac0757bf/pruebas-supervenientes-en-el-incidente-de-suspension-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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