QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2007-PL. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al punto noveno del Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que el tema de la contradicción es común, por lo que puede ser aplicable a diversas materias.
Apoya la consideración expuesta la jurisprudencia P./J. 136/99, sustentada por este Tribunal Pleno, cuya voz reza:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no debe interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, debe determinarse atendiendo a la materia del amparo, sino que debe hacerse en relación con los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero no cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se superaría la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que ‘no sean de la competencia exclusiva de las Salas’."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano colegiado que en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil siete, resolvió por unanimidad de votos el recurso de queja 74/2007, en el que se sustenta el criterio que se estima en contradicción con el del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciante de la contradicción, al resolver el recurso de queja 74/2007, en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil siete, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Es innecesario examinar las consideraciones que sustentan el acuerdo recurrido, así como los agravios expresados en su contra (se transcriben sólo por la información que ministran), en razón de que, como enseguida se verá, la queja interpuesta es improcedente. En efecto, la lectura del escrito mediante el cual se interpuso el recurso que nos ocupa, muestra que el recurrente se duele de que el Juez de Distrito en el auto impugnado admitió la ampliación de demanda de amparo que promovió Ricardo Covarrubias Valenzuela, quejoso en el juicio de garantías del que deriva el presente toca. Dicho recurso, lo funda el inconforme en el artículo 95, fracciones I y VI, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con la primera de las fracciones citadas, el recurso de queja sólo es procedente contra autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas de amparo notoriamente improcedente, supuesto que no acontece en la especie, pues en el presente asunto como antes se precisó, lo que se impugna es un auto que admite un escrito ampliatorio de demanda, de donde resulta claro que no procede el recurso a la luz de la norma invocada, por no estar el caso previsto dentro de lo dispuesto en la mencionada disposición legal, la que además no puede aplicarse por analogía, ya que aun reconociendo que desde el punto de vista doctrinario el escrito ampliatorio también es propiamente una demanda y que, cuando es admitido en el juicio de amparo forma parte integrante de las pretensiones del quejoso, sin embargo, para los efectos de la procedencia del recurso de queja, debe distinguirse entre la demanda inicial (que es la única a la que se refiere la fracción en comento), y los nuevos aspectos que se intentan introducir al juicio de garantías de que se trate mediante la ampliación relativa, pues la razón del precepto en estudio, es evitar la apertura de juicios notoriamente improcedentes, alcances, que ya no tendría la queja que se promueva, como en el caso, en contra de la admisión de una ampliación de demanda, donde la demanda inicial ya fue admitida y, por ende, el juicio respectivo se encuentra en trámite, de ahí que no pueda, válidamente, decirse que las resoluciones que admitan escritos ampliatorios de demanda, sean impugnables a través del recurso de queja previsto en el numeral invocado. Por otro lado, para que pueda recurrirse en queja un acuerdo pronunciado durante la sustanciación de un juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, es requisito indispensable, entre otras cosas, que la resolución combatida sea de naturaleza trascendental y grave, susceptible de causar a la parte recurrente daño o perjuicio no reparable en la sentencia que a la postre se dicte en el juicio constitucional de que se trate, según lo determina dicho numeral. Tal exigencia no se satisface en la especie, pues este tribunal estima que lo recurrido en el caso no puede causar a la parte inconforme un daño o perjuicio no reparable en la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de garantías a que este toca se refiere, dado que el Juez de Distrito por el solo hecho de que haya admitido una demanda o un escrito ampliatorio, no está impedido para analizar, en la resolución que corresponda dictar al celebrar la audiencia de fondo, la oportunidad de la demanda o de los escritos ampliatorios respectivos, y además, las partes hasta antes de que se emita la sentencia de fondo, están en aptitud de invocarle al juzgador todas las causas de improcedencia que estimen pertinentes tanto en relación con la demanda inicial, como por lo que ve a los escritos ampliatorios. Luego, es claro que en el presente asunto no es sino la resolución que al respecto adopte el juzgador al celebrarse la audiencia constitucional, la que en todo caso, podría causar un perjuicio definitivo a la parte recurrente. Por lo que se concluye que la queja que nos ocupa, como se dijo, es improcedente y así debe declararse. Por las razones expuestas, no es aplicable al caso la jurisprudencia que invoca el recurrente y que dice (se transcribe), pues como lo muestra en su lectura, dispone que en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja contra el acuerdo que niega la admisión de la ampliación de una demanda de garantías, porque se está en presencia de una resolución dictada durante la tramitación del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza, puede causar daño o perjuicio al quejoso, no reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio; supuestos, que no encuadran en el asunto de mérito, ya que lo impugnado en la especie, es un auto que admite la ampliación de una demanda de amparo, que como se vio, no causa un perjuicio definitivo a la parte recurrente."
CUARTO. Por otra parte, derivado del fallo del recurso de queja 49/1975, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la tesis cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"Séptima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Genealogía: Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito.
"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. QUEJA PROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE EXTEMPORÁNEAMENTE. Aun cuando la fracción I del artículo 95 de la Ley de Amparo alude a los autos que admitan demandas notoriamente improcedentes, debe aplicarse analógicamente a los casos en que se trate de autos que admitan una ampliación de la demanda, en primer lugar, porque como los preceptos relativos de la ley de la materia sólo hacen referencia a la demanda de amparo mas no a la ampliación de ésta, resulta lógico aplicar en lo conducente, por analogía, las disposiciones relacionadas con aquélla a la expresada ampliación de la demanda; en segundo lugar, porque la ampliación en realidad viene a formar un todo con la demanda misma, pues la sentencia debe ocuparse de ambas. Por las razones anteriores, este tribunal considera que es procedente el recurso de queja cuando se hace valer contra un auto que admite una ampliación de la demanda notoriamente improcedente, rectificando así en lo relativo el criterio que sobre el particular sostuvo al resolver el recurso de queja QA. 30/72. Secretaría de Salubridad y Asistencia y otras [autoridades], fallado el 18 de noviembre de 1972."
QUINTO. Por cuestión de orden, conviene determinar si existe en el presente asunto la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.
Para verificar si en el presente asunto existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario invocar la jurisprudencia P./J. 26/2001, sentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya voz es:(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
La jurisprudencia consultada establece que existe contradicción cuando concurren los siguientes supuestos:
a. Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Contando con los elementos normativos que permiten determinar si existe o no una contradicción de tesis, este Tribunal Pleno procede a efectuar su análisis, en los términos siguientes:
a. En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si contra un auto que admite una ampliación de demanda de amparo notoriamente improcedente, es procedente el recurso de queja, aplicando por analogía el supuesto previsto en el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo que al respecto los Tribunales Colegiados en mención adoptaron posiciones o criterios discrepantes, a saber:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 74/2007, en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil siete, determinó que no es procedente interponer el recurso de queja contra el auto por el cual se admite una ampliación de demanda de amparo notoriamente improcedente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, debido a que ese numeral prevé la procedencia del medio de defensa aludido, únicamente, contra el auto que admite una demanda de amparo inicial notoriamente improcedente, pero no respecto del que admite la ampliación de demanda, sin que quepa la aplicación analógica de tal hipótesis normativa.
2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 49/1975, en sesión de veintisiete de junio de mil novecientos setenta y cinco, determinó que contra el auto que admite una ampliación de demanda de amparo improcedente, sí es procedente el recurso de queja, puesto que debe aplicarse analógicamente la hipótesis de procedibilidad del medio de defensa aludido, prevista en el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, criterio que ha quedado reflejado en la tesis antes transcrita.
Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico, esto es, ambos disintieron en el sentido de que la queja sea procedente contra el auto que admite una ampliación de demanda de amparo improcedente, mediante la aplicación analógica del artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo.
b. En cuanto al segundo requisito, relativo a que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, es conveniente exponer lo siguiente.
Sobre este aspecto, importa tener presente el contenido normativo de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, los que disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... . XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.
Ley de Amparo
"Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias. El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Al referirse a la competencia de la Suprema Corte de Justicia para resolver criterios discrepantes, los preceptos traídos a cuenta utilizan el vocablo "tesis", que es una connotación técnica empleada para denominar formalmente a un criterio jurídico que se expresa mediante una redacción especial, proyectando un rubro y un texto determinado, el cual refleja la esencia de las consideraciones vertidas en la sentencia o resolución respectiva y contiene unos datos de identificación en cuanto al órgano que lo emitió, el asunto del que derivó, la fecha y el Semanario Judicial de la Federación en el que aparece publicado.
De igual forma, este Tribunal Constitucional ha señalado que el vocablo "tesis" a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe ser interpretado de forma extensiva de manera que la señalada connotación se comprenda bajo un sentido amplio, esto es, como la expresión de un criterio sustentado en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer de control constitucional, sin que sea necesario que esté expuesta de la manera formal precisada en el párrafo inmediato anterior.(2)
Con el objeto de armonizar los elementos jurídicos anteriores, conviene emprender el desarrollo de las siguientes precisiones.
En primer término, este Tribunal Pleno estima necesario destacar que, por regla general, tratándose de la contradicción de tesis y a efecto de determinar si opera o no la discrepancia de criterios denunciada, es conveniente acudir a las consideraciones sustentadas en las sentencias o resoluciones contrarias, dado que estructuralmente, es en ese apartado de la determinación en el que el tribunal proyecta las razones que lo han conducido a la decisión adoptada, de modo que por su expresión resulta posible conocer con certeza cuál es la solución dada al caso y los motivos que la sustentan, elementos que a la postre conducirán a determinar si efectivamente los criterios encontrados lo son.
Luego, como en la parte considerativa de la sentencia o resolución de que se trate el juzgador debe pormenorizar la explicación y justificación de su decisión de manera que describa con toda claridad las bases jurídicas en que se apoya a efecto de acreditar por qué resuelve en el sentido en que lo hace; esto es, para acreditar que la determinación respectiva es una exégesis racional y no fruto de un acto arbitrario, para dirimir una contradicción de criterios es necesario acudir preferentemente a las consideraciones del órgano jurisdiccional.
En segundo lugar, cabe señalar que cuando no es posible material o jurídicamente acudir al análisis de las consideraciones expuestas por los tribunales en las resoluciones correspondientes, puede operar una excepción a la regla general mencionada en los párrafos anteriores, que consiste en que para dirimir la contradicción de criterios es necesario profundizar directamente en la "tesis" entendida en sentido formal, con el propósito de verificar si su texto es suficiente para desprender el criterio del Tribunal Colegiado que la emitió y, a la vez, decidir si éste es contradictorio con el del tribunal contendiente.
Lo anterior se estima así, en virtud de que a juicio de este Tribunal Constitucional es de la máxima importancia desarrollar la función que la Constitución General de la República y la Ley de Amparo le confieren para dirimir la contradicción de criterios.
Ciertamente, la atribución que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a esta Suprema Corte de Justicia para que dirima la contradicción de criterios entre las Salas que la integran y los Tribunales Colegiados de Circuito, refleja la intención del Poder Constituyente de asegurar el establecimiento de un sistema que uniforme los diversos criterios que en materia de control constitucional pueden emitir los órganos aludidos, con el propósito de generar una protección constitucional adecuada para los ciudadanos, lográndose con ello fortalecer y dotar de coherencia al sistema de impartición de justicia.
Esta atribución encuentra base en que el sistema de control constitucional de los derechos fundamentales que se lleva a cabo a través del amparo, está disperso en diversos órganos controladores, los que para efectos de la contradicción de criterios son los Tribunales Colegiados de Circuito y las Salas de la Suprema Corte de Justicia, órganos que al solucionar las controversias de su competencia pueden interpretar y aplicar la Constitución Federal y las leyes secundarias de forma heterogénea, situación que de generalizarse sin que se oponga remedio puede producir una incertidumbre que pone en riesgo al principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, principio que precisamente debe ser preservado a través de sentar una interpretación jurisprudencial uniforme de los ordenamientos jurídicos que garantice al ciudadano el conocimiento de los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales, a fin de que prevengan su posible aplicación, ya sea en favor o en contra de sus pretensiones jurídicas.
La importancia del ejercicio de esta facultad cobra más relevancia si se toma en cuenta que la "tesis" que emerge de la contradicción de criterios constituye jurisprudencia entendida en sentido formal, con lo cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, ese tipo de criterios constituyen fuente formal del derecho y, por ende, son obligatorios para el Pleno y las Salas de la Suprema Corte, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, en atención a que por su conducto esta Corte Constitucional genera una fuente de reglas que cubren las lagunas de los ordenamientos jurídicos y clarifica sus antinomias, precisando mediante la interpretación su alcance e integración unificadora que modela el ejercicio de la función jurisdiccional de los órganos a los que la jurisprudencia resulta obligatoria, lo cual tiende a producir la certidumbre jurídica necesaria en el sistema de impartición de justicia exigida por la Norma Fundamental Mexicana.
En este sentido, importa a este Tribunal Pleno poner de relieve que la circunstancia de que materialmente no se pueda tener acceso a las consideraciones sentadas en la sentencia o resolución respectiva, no es una condición definitiva para considerar la imposibilidad de verificar si existe o no la contradicción denunciada; sino que, por el contrario, debido a la importancia que entraña dirimir la contradicción de criterios, cuando no sea posible acudir a las consideraciones expresadas en la resolución correspondiente, esta Suprema Corte de Justicia tiene el deber constitucional, en términos de lo consagrado en los artículos 14, 16, 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de analizar a detalle el texto de la "tesis" entendida bajo su connotación formal, con el objeto de esclarecer si éste es suficiente para desprender las consideraciones torales que llevaron al órgano relativo a resolver en el sentido en que lo hizo y, por ende, si está en aptitud de conocer de la contradicción denunciada o si, por el contrario, la redacción del texto no facilita el entendimiento de las consideraciones, impidiendo, por tanto, resolver el asunto.
Es corolario de lo anterior que ante la existencia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito respecto de la interpretación y aplicación de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, no sólo es procedente si no indispensable que este Alto Tribunal se ocupe de resolver la discrepancia y restaure la seguridad jurídica motivada por la existencia de criterios diversos sobre un mismo punto de derecho, cuya obtención es el propósito fundamental de la instauración del sistema de contradicción de tesis.
Trasladando los argumentos anteriores al presente asunto, este Tribunal Pleno estima que la condición de existencia de la contradicción examinada ha quedado satisfecha, no obstante que respecto del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, solamente se cuenta con la tesis (entendida en sentido formal) emitida por ese órgano colegiado con motivo del recurso de queja 49/1975, mas no con la ejecutoria relacionada.
Así es, en términos de lo que se precisó en esta resolución, existe una imposibilidad material para valorar de manera directa las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria recaída al recurso de queja 49/1975, en virtud de que tal como lo informó el secretario de Acuerdos de ese órgano colegiado, el señalado expediente se destruyó con el sismo de mil novecientos ochenta y cinco; sin embargo, en el presente asunto no es indispensable contar con tales razonamientos, habida cuenta que de la tesis sustentada por ese Tribunal Colegiado se desprende con toda claridad el criterio de que contra el auto que admite una ampliación de demanda de amparo notoriamente improcedente, sí es procedente el recurso de queja, aplicando analógicamente la hipótesis de procedibilidad prevista en el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, criterio que es exactamente opuesto al que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Para acreditar lo anterior, enseguida se transcribe, en lo que interesa, el texto de la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
"Aun cuando la fracción I del artículo 95 de la Ley de Amparo alude a los autos que admitan demandas notoriamente improcedentes, debe aplicarse analógicamente a los casos en que se trate de autos que admitan una ampliación de la demanda, en primer lugar, porque como los preceptos relativos de la ley de la materia sólo hacen referencia a la demanda de amparo mas no a la ampliación de ésta, resulta lógico aplicar en lo conducente, por analogía, las disposiciones relacionadas con aquélla a la expresada ampliación de la demanda; en segundo lugar, porque la ampliación en realidad viene a formar un todo con la demanda misma, pues la sentencia debe ocuparse de ambas. Por las razones anteriores, este tribunal considera que es procedente el r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21559-243cd138/queja-procede-contra-el-auto-que-admite-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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