COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de la posible contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.
TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el órgano jurisdiccional denunciante estima divergentes.
Así, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al fallar el **********, el conflicto competencial número **********, sostuvo, en lo que al caso interesa, lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Del estudio de los proveídos transcritos de los Jueces Federales contendientes en este conflicto competencial, se advierte que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, como argumento toral para declinar la competencia al Juez de Distrito con residencia en **********, estimó que de acuerdo a lo previsto por los artículos 36 de la Ley de Amparo y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sic), y que la parte quejosa impugnó la inconstitucionalidad del artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación, con motivo del primer acto de aplicación consistente en la orden de aseguramiento respecto de la cuenta bancaria número **********, **********, de la institución bancaria **********, con sede en **********, registrada a su nombre, entonces, debía considerarse que el primer acto de aplicación es el precepto tildado de inconstitucionalidad (sic), de tal suerte que quien debía conocer de la demanda era su similar de la jurisdicción de la ciudad de **********, dado que en ese lugar se produjeron los actos de ejecución del precepto impugnado y la orden de embargo de la cuenta bancaria reclamada. Como apoyo a lo anterior, se citó la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro: ‘LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE. COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO.’. Agregó el citado Juez Federal, que los actos que en un momento dado efectúe la institución de crédito, residente en **********, no constituían actos de ejecución del precepto y demás actos reclamados, máxime que si lo que se reclamaba era la orden de embargo, entonces, debía considerarse que el lugar donde dicho mandato se emitió (sic), inició la ejecución de la norma tildada de inconstitucional, no obstante que, posteriormente, continúe ejecutándose en otros lugares (folios ********* a ********* del juicio de amparo indirecto ********** de [sic] índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco). Por su parte, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, sustancialmente, sostiene para no aceptar la competencia que se le declinó, que si de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ‘**********’, reclama diversos actos, entre ellos ‘la emisión de la orden de aseguramiento de la cuenta bancaria de mi representada número **********, de la ********** de ********** de **********’, y además, ‘la ejecución del aseguramiento de las mencionadas cuentas bancarias de mi mandante’, entonces, dichos actos requieren ejecución, se paralizó (sic) el manejo de la cuenta bancaria de la empresa quejosa, y que con independencia de que algunos actos no requieran ejecución material, lo cierto es que a quien corresponde conocer de la demanda es al Juez de Distrito oficiante, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentra el banco en que se ejecutó el embargo. En apoyo a lo anterior, dicho Juez citó la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZÓ EL SECUESTRO.’. Agregó dicho Juez, que la circunstancia de que la cuenta bancaria fuera paralizada por las autoridades hacendarias, en la ciudad de **********, denota que es en ese lugar donde se tiene el asiento más importante de sus actividades, y que, por tanto, aun cuando desarrolle sus actividades en cualquier otro sitio, lo cierto es que la competencia para conocer del juicio de amparo es ante el Juez de Distrito oficiante, ya que es en esa jurisdicción donde la empresa tiene depositados que reclama (sic) le fueron embargados y que por esas razones no aceptaba la competencia planteada (folios 73 a 76). En virtud de lo anterior, en proveído de uno de junio de dos mil ocho, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, insistió en declinar la legal competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión, a su homólogo de la ciudad de **********, manifestando, entre otras cuestiones, que como la parte quejosa impugnó el artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación, con motivo del primer acto de aplicación, que se hizo consistir en la orden de aseguramiento de la cuenta bancaria número **********, **********, de la institución bancaria denominada **********, con sede en **********, registrada a nombre de la impetrante, entonces, el acto de ejecución del precepto en comento, es el que se señala como el primero de aplicación, por tratarse del que concreta en agravio de la accionante de garantías el supuesto normativo que enuncia la disposición impugnada (folios ********** a **********). Ahora bien, para dilucidar sobre a qué Juzgado de Distrito le corresponde la competencia del caso que nos ocupa, es preciso establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ‘a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. d) Secretario de Hacienda y Crédito Público. e) Secretario de Gobernación. f) Director del Diario Oficial de la Federación. g) Administrador local de Auditoría Fiscal de Veracruz. h) Gerencia de Atención a Autoridades «A» de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores’. ‘De la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se reclama: 1. La aprobación y expedición del artículo 145-A, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********** y vigente desde el **********, que establece la facultad de realizar aseguramientos contra un contribuyente sin que exista un crédito fiscal determinado a cargo del mismo. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama: 2. La promulgación y orden de publicación del Código Fiscal de la Federación, en particular el artículo 145-A en vigor. Del secretario de Gobernación y secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclama: 3. El refrendo del Código Fiscal de la Federación, en particular el artículo 145-A en vigor. ... Del administrador local de Auditoría Fiscal de Veracruz, se reclama: La emisión de la orden de aseguramiento de la cuenta bancaria de mi representada número **********, de la ********** de ********** de **********; mismo que se desconoce la fecha exacta en que fue ejecutado. Del gerente de Atención a Autoridades «A» de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se reclama: La ejecución del aseguramiento de las mencionadas cuentas bancarias de mi mandante, ordenado por el administrador local de Auditoría Fiscal de Veracruz.’. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece, entre otras cuestiones, diversas reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Como se puede apreciar, de la lectura de los actos reclamados, es evidente que de lo que se duele la parte quejosa es, en esencia, la aplicación (sic) que se hizo en su contra del artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación, específicamente cuando la autoridad responsable, ‘administrador local de Auditoría Fiscal de Veracruz’, realizó un embargo a su cuenta bancaria número **********, **********, de la institución bancaria denominada **********, con sede en **********, impugnando la inconstitucionalidad del referido precepto legal. Ahora, si bien es verdad que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de una ley con motivo de su primer acto de aplicación; sin embargo, es necesario precisar que la sola impugnación de ley (sic), no es motivo legal suficiente para determinar la legal competencia para conocer la demanda de amparo respectiva, sino que es indispensable que se vinculen todos y cada uno de los actos impugnados, y en esa medida, examinando los que resulten ajenos a la inconstitucionalidad reclamada, se determine de acuerdo a su naturaleza intrínseca, y sobre todo a las reglas previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo, a qué Juez corresponde conocer de la demanda de garantías, pues sólo de esa forma se cuenta con elementos objetivos para determinar la legal competencia de un Juez Federal; bajo ese contexto, es de concluirse que si en un juicio de amparo además de reclamarse la inconstitucionalidad de un precepto del Código Fiscal de la Federación, también se impugnan cuestiones de legalidad, tales como el embargo realizado a una de las cuentas bancarias propiedad de al parte (sic) quejosa, por tanto, si de la propia demanda de garantías se advierte que el embargo fue ordenado en un lugar donde cuya competencia (sic) para conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito con residencia en Boca del Rió (sic), Veracruz, y que la ejecución de este acto se llevó a cabo en otro distrito jurisdiccional, entonces, de acuerdo a la segunda de las hipótesis previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, entonces, es de concluirse que quien debe conocer de la demanda de garantías es el Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, por ser este órgano el que la parte quejosa estimó conveniente presentar su demanda de garantías, máxime que de acuerdo a la regla mencionada con antelación, cuando dos Jueces de diversas jurisdicciones sean competentes para conocer de la demanda respectiva, la competencia se determinará al que haya conocido a prevención, entendiéndose por esto último, el Juez ante el cual inicialmente se presentó la demanda. En las relatadas condiciones, es indudable que a quien corresponde conocer de la demanda de garantías instada por ‘**********’, es al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por ser dicho Juez ante quien la parte quejosa estimó conveniente presentar la demanda de garantías, y porque además de esta manera se estaría evitando la posibilidad de producir dilaciones procesales en perjuicio del accionante de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 146/2002, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de enero de 2003, Novena Época, Materia Administrativa, página 324, registro 185231, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.’ (se transcribió). De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Novena (sic) Época, Materia Común, página 148, registro 207078, que dice: ‘COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCIÓN O CONTINÚAN EJECUTÁNDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.’ (se transcribió). Y también, la jurisprudencia por reiteración de criterios 2/95, sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, correspondiente al mes de abril de 1995, Novena Época, Materia Común, página 31, registro 200824, de rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO.’ (se transcribió)."
De la mencionada ejecutoria derivó la tesis X.2o.4 A, que enseguida se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIX, febrero de 2009
"Tesis: X.2o.4 A
"Página: 1831
"COMPETENCIA EN AMPARO. CUANDO ADEMÁS DE RECLAMARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE IMPUGNA LA LEGALIDAD DE UN EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DEL QUEJOSO, ORDENADO EN UN DISTRITO JUDICIAL Y EJECUTADO EN OTRO, DEBE CONOCER DEL JUICIO RELATIVO EL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTÓ INICIALMENTE LA DEMANDA. Si en un juicio de garantías se reclama la inconstitucionalidad de una ley con motivo de su primer acto de aplicación, ese hecho no debe considerarse como determinante en la fijación de la competencia para conocer de la demanda de amparo respectiva, sino que es menester que ello se vincule con el resto de los actos impugnados, ya que de acuerdo con su naturaleza intrínseca, pero sobre todo con las reglas previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, se cuenta con elementos objetivos para establecer a qué Juez corresponde conocer de la demanda relativa. Bajo ese contexto, cuando en un juicio de amparo indirecto, además de reclamarse la inconstitucionalidad de un precepto del Código Fiscal de la Federación, se impugna la legalidad de un embargo de cuentas bancarias del quejoso, ordenado en un distrito judicial y ejecutado en otro, conforme al segundo párrafo del indicado precepto, será competente el Juez ante el cual se presentó inicialmente la demanda.
"Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito
"Competencia **********. Suscitada entre los Juzgados de Distrito, Cuarto en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa y Quinto en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río. **********. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Mariche de la Garza. Secretario: Luis Guadalupe González Valencia.
"Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 70/2011, pendiente de resolverse por la Segunda Sala."
Por su parte, el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el **********, el conflicto competencial número **********, consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:
"QUINTO. Este Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito considera que es competente para conocer y resolver el juicio de amparo el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en atención a las siguientes consideraciones: Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye las facultades para juzgar entre diversos órganos jurisdiccionales, según diferente asignación de límites geográficos. Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual está determinada en el Acuerdo General 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 36 de la Ley de Amparo, que dispone: ‘36. Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.’. Del anterior precepto derivan tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio, a saber: a) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto; y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Para resolver este asunto, en principio, debe precisarse bajo qué regla de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubica el acto reclamado, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica del mismo y se determinará si el acto materia de reclamación es de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se deba conocer del asunto de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Amparo antes transcrito. En consecuencia, para determinar bajo qué regla de competencia por razón de territorio se ubica el presente juicio de amparo, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado, es necesario precisar que la quejosa ********** reclamó: a) Del titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal, la emisión y ejecución de la orden de aseguramiento precautorio respecto de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa. b) Del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ejecución material del aseguramiento de la cuenta **********, abierta en la institución bancaria ********** y de la cuenta **********, abierta en **********, ambas a nombre de la quejosa. c) Del vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ejecución material del aseguramiento de la cuenta **********, abierta en la institución bancaria ********** y de la cuenta **********, abierta en **********, ambas a nombre de la quejosa. d) De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación y discusión del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. e) De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la aprobación y discusión del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. f) Del presidente de la República, la promulgación, orden de cumplimiento y publicación del decreto del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. g) Del director del Diario Oficial de la Federación, la publicación material del artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Como se puede advertir, la ejecución del acto reclamado es lo que da la pauta para determinar qué Juez de Distrito es el competente para conocer del presente asunto. Bajo tal premisa, aun y cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Por lo que para fincar la competencia, se debe atender a la materialización del embargo e inmovilización de las cuentas, que en este caso necesariamente se verificó en el lugar donde se encuentran la sucursales en que se aperturaron las aludidas cuentas bancarias, a saber, **********, abierta en **********, ********** de ********** y **********, abierta en **********, ********** de ********** (información que se corrobora del escrito aclaratorio presentado por la quejosa); y no a la notificación que efectúa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las instituciones de crédito a nivel nacional respecto de la solicitud de orden de aseguramiento emitida por la autoridad fiscal demandada ni al domicilio fiscal de la quejosa. Es oportuno citar al respecto, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte I (sic), enero a junio de 1988, página doscientos noventa y tres, que a rubro y texto indica: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZÓ EL SECUESTRO.’ (se transcribió). Por tanto, como lo evidenció el Juez de Distrito declinante, los actos tendientes a hacer efectivo el aseguramiento de la cuenta **********, abierta en la institución bancaria ********** y de la cuenta **********, abierta en **********, ambas a nombre de la quejosa, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a petición expresa del titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal, se realizaron en la ciudad de **********. Resulta conveniente citar que la quejosa reclama, además, el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece: ‘40. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes: ... III. Decretar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente. Para los efectos de esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de qué manera el contribuyente se opuso, impidió u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la sección II del capítulo III, título V de este código.’. El artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad fiscal para asegurar precautoriamente los bienes o negociaciones de los contribuyentes; en este sentido, la quejosa reclama, precisamente, la orden se (sic) aseguramiento de las cuentas bancarias a su nombre, considerándose a éste, como el primer acto de aplicación. En efecto, el primer acto de aplicación consiste en la orden de aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias de la quejosa, por lo que, tanto el artículo 40, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como la orden de aseguramiento reclamada, sí requieren ejecución material, a saber, en el lugar en que se ejecute el aseguramiento, sin que deba tenerse en cuenta el lugar donde se emitió la orden de aseguramiento, pues las órdenes de embargo a cuentas bancarias necesariamente se deberán materializar en las sucursales bancarias donde se aperturaron las mismas, por lo que en términos del numeral 36 de la Ley de Amparo, debe atenderse al lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material. En esas condiciones, debe considerarse competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se aperturaron las cuentas bancarias de la quejosa, esto es, en la ciudad de **********. No es obstáculo a la determinación alcanzada, el hecho de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa Distrito (sic) haya citado que ‘bajo ese contexto, es de concluirse que si en el caso que nos ocupa, además de reclamarse la inconstitucionalidad de un precepto del Código Fiscal de la Federación, también se impugnan cuestiones de legalidad, tales como el aseguramiento realizado a dos cuentas bancarias cuya propiedad aduce la parte quejosa, y si de la propia demanda de garantías y del escrito aclaratorio de las misma (sic) se advierte que la orden de aseguramiento se atribuye a una autoridad con residencia en el Distrito Federal (titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal), y que la ejecución de este acto se llevó a cabo en otro distrito jurisdiccional (Reynosa, Tamaulipas), entonces, de acuerdo a la segunda de las hipótesis previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención’, invocando al respecto la tesis X.2o.4 A del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación (sic), Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, Materia Administrativa, visible en la página 1831, cuyos rubro y texto indican: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. CUANDO ADEMÁS DE RECLAMARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE IMPUGNA LA LEGALIDAD DE UN EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DEL QUEJOSO, ORDENADO EN UN DISTRITO JUDICIAL Y EJECUTADO EN OTRO, DEBE CONOCER DEL JUICIO RELATIVO EL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTÓ INICIALMENTE LA DEMANDA.’ (se transcribió). De la tesis transcrita, se desprende que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito sustenta que cuando se reclama una ley con motivo de su primer acto de aplicación, ese hecho (primer acto de aplicación) no es determinante en la fijación de la competencia, pues deben vincularse con el resto de los actos reclamados, motivo por el cual, ese Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que cuando además de reclamarse la inconstitucionalidad de un precepto del Código Fiscal de la Federación, se impugna la legalidad de un embargo de cuentas bancarias del quejoso, ordenado en un distrito judicial y ejecutado en otro, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es aquel ante el cual se presentó inicialmente la demanda, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, el Tribunal Colegiado de Circuito señalado estima que la emisión de la orden de embargo de cuentas debe ser tomado en cuenta para fincar la competencia del Juez de Distrito. La regla prevista en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, indica que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que prevenga en el conocimiento del asunto. Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al estimar aplicable la regla de competencia prevista en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, considera que tanto la orden de aseguramiento como el aseguramiento mismo, constituyen ‘actos de ejecución’. Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, porque la orden de aseguramiento no puede considerarse ‘acto de ejecución’, pues sólo constituye la manifestación de la autoridad administrativa de ordenar un aseguramiento, es decir, no constituye por sí mismo un acto de ejecución material pues, en todo caso, la ejecución material del artículo reclamado y de la orden de aseguramiento se llevarán a cabo en el lugar en el que se efectúe el aseguramiento, y tratándose de cuentas banc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22946-d7663dd8/competencia-para-conocer-del-amparo-contra-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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