AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA O CONFIRMA EL ACUERDO DE RESERVA DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL EN SU REDACCIÓN ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con un asunto de carácter penal.
SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la denuncia fue formulada por el señor Ministro Juan N. Silva Meza, quien se encuentra facultado para tal efecto.
TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, se apoyan en los hechos y argumentos lógico-jurídicos que se exponen a continuación:
A) Asunto planteado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, quien conoció del amparo en revisión 189/2009, cuyos antecedentes y consideraciones jurídicas relevantes para el caso, son las siguientes:
• El acto reclamado consiste en la resolución dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz de fecha 29 de enero de 2009, en los autos del toca número ********** formado con motivo del recurso de queja interpuesto por **********, en su carácter de apoderada legal de **********, contra la determinación de reserva dictada por la agente segunda del Ministerio Público en la investigación ministerial número **********, practicada a **********, como probable responsable del delito de despojo.
El Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo indirecto.
Inconforme con la determinación, el apoderado legal de la quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, el que, previos los trámites de ley, el Juez de Distrito envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
• Los argumentos de la sentencia del Tribunal Colegiado se apoyan en las consideraciones de la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 65/2006, sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta y seis, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIARLA DESPUÉS DE FORMULARSE UNA DENUNCIA DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO PERSEGUIBLE DE OFICIO." (la transcribe).
El Tribunal Colegiado considera que la decisión del Juez Federal resulta ilegal, pues aun cuando no se desconoce que el acto reclamado por el recurrente en el juicio de amparo consiste en la resolución que confirmó la diversa emitida por el agente segundo del Ministerio Público investigador con sede en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, en que se decretó la reserva de la investigación ministerial por insuficiencia de pruebas, dicho acto deja en estado de indefensión a la parte ofendida, pues su pretensión al denunciar es lograr el ejercicio de la acción penal.
Considera que lo relativo al acuerdo de reserva es un aspecto que quiso evitar el legislador con las reformas al artículo 21 constitucional, pues aludiendo a las consideraciones de la ejecutoria, considera que se pretendió impedir que las actuaciones del Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos sean negligentes o arbitrarias, y que por actos de corrupción no quede algún delito sin ser perseguido; además, se partió de que es menester brindar, de nueva cuenta, confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones, al saber que su indagatoria no será archivada o, como en el caso, que fue enviada a reserva por un simple acto unilateral de la autoridad.
No desconoce que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclara que la conclusión a la que llegó en esa ejecutoria procede únicamente tratándose de delitos perseguibles de oficio, en virtud de que la materia de la contradicción de tesis se refiere a las denuncias de hechos y no a las querellas, las que se rigen por principios y requisitos de procedibilidad diferentes.
Señala que invoca dichos razonamientos en este asunto, porque los hechos que dieron lugar a la indagatoria en que se decretó la reserva es por el ilícito de despojo, previsto y sancionado en el artículo 222 del Código Penal del Estado de Veracruz vigente en esa fecha, que también se persigue de oficio, hecha excepción de lo previsto en el diverso 232 de ese ordenamiento legal, que contempla los casos en que se perseguirá por querella, a saber, cuando se cometa por un ascendiente contra su descendencia o por ésta contra aquél, entre cónyuges, concubinos, adoptantes y adoptados, padrastros contra hijastros o viceversa, lo que en el caso no ocurre.
Además, en la legislación de Veracruz existen los artículos 124, 127 y 128 del Código de Procedimientos Penales, que dicen: (se transcriben).
Dichos preceptos dicen, al igual que en la legislación examinada en la ejecutoria, que la denuncia es el acto por el que cualquier persona hace del conocimiento del Ministerio Público, cumpliendo con la formalidad que establece la ley (que se formulen verbalmente o por escrito, que se describan los hechos supuestamente delictivos sin calificarlos jurídicamente y que contenga la firma o huella digital de quien la presente y su domicilio, si la denuncia se presentó por escrito), la comisión de hechos que pueden llegar a tipificar o configurar un delito y, una vez presentada, será la autoridad ministerial la que en cumplimiento oficioso de sus funciones averigüe si los hechos puestos en su conocimiento son o no delitos para, en su caso, ejercer la acción penal que corresponda.
Aduce que no basta que el Ministerio Público inicie una averiguación, sino que la concluya, dado que en determinado momento, como lo destaca la Primera Sala, una posición contraria implicaría solapar el estado de indefensión e inseguridad jurídica en el que queda el gobernado, con lo que se haría nugatorio el espíritu y alcances de la reforma constitucional aludida, llegando al punto, inclusive, de que el referido numeral 21 se convirtiera en letra muerta.
Máxime que, en el caso, la Sala Constitucional confirmó una decisión del Ministerio Público que menciona: "... no podemos ejercitar la acción penal correspondiente por el delito de despojo y, en razón de ello, determinamos reservar las presentes diligencias de averiguación ...", circunstancia que a juicio del tribunal constituye un no ejercicio de la acción penal que hace procedente el juicio de amparo indirecto, acorde a la fracción VII del artículo 114 de la ley de la materia, y lo procedente es revocar la sentencia que se revisa.
Ello, porque la Sala Constitucional responsable también resolvió: "... **********, puede aportar otros medios de convicción que permitan, subsecuentemente, al órgano investigador de que se trata, determinar lo que conforme a derecho corresponda", cuestión con la que la ordenadora está perdiendo de vista la obligación que la ley impone al Ministerio Público de investigar los delitos, solapando su incumplimiento, cuestión que quiso evitar el legislador con la reforma al artículo 21 constitucional.
Sostiene el tribunal, que no comparte el criterio en que se apoyó el Juez de Distrito para resolver, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.9 P, de rubro: "RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO SER DICHO ACUERDO UNA RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO O DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, NI TENER EL CARÁCTER DE DEFINITIVA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA."
De las consideraciones anteriores surgió la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, febrero de 2010
"Tesis: VII.3o.P.T.4 P
"Página: 2798
"AVERIGUACIÓN PREVIA EN DELITOS PERSEGUIBLES DE OFICIO. CONTRA EL ACUERDO QUE DETERMINA SU RESERVA POR INSUFICIENCIA DE PRUEBAS PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La confirmación del acuerdo de reserva por insuficiencia de pruebas dictado en la averiguación previa no es una de las hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin embargo, con base en la citada fracción y en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 65/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la página 66 del Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INICIARLA DESPUÉS DE FORMULARSE UNA DENUNCIA DE HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO PERSEGUIBLE DE OFICIO.’, se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra el acuerdo de reserva en delitos perseguibles de oficio, porque al igual que el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, dicho acuerdo es un acto que quiso evitar el legislador con las reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto de 31 de diciembre de 1994, al pretender impedir que las actuaciones del Ministerio Público respecto de la persecución de los delitos fueran negligentes o arbitrarias y que, por actos de corrupción, quedara algún delito sin ser perseguido; además, porque es menester brindar, de nueva cuenta, confianza y seguridad a los gobernados en sus instituciones, al saber que su indagatoria no será archivada o enviada a reserva por un simple acto unilateral de autoridad; actuación que atentaría contra los derechos que la Constitución ha reconocido a las víctimas, dado que su pretensión al denunciar, en todos los casos, será lograr el ejercicio de la acción penal, y en nada lo beneficia el que se le faculte para combatir el no ejercicio si no se le reconoce su derecho a exigir que, ante un acuerdo de reserva, el Ministerio Público continúe con las averiguaciones correspondientes para resolver respecto del ejercicio de la acción penal. Una posición contraria implicaría solapar el estado de indefensión e inseguridad jurídica en el que queda el gobernado, con lo que se harían nugatorios el espíritu y alcances de la reforma constitucional aludida, llegando al punto, inclusive, de que el referido numeral 21 se convierta en letra muerta.
"Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito.
"Amparo en revisión 189/2009. 30 de septiembre de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Ponente: Mario A. Flores García. Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero."
B) Asunto planteado ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, quien al resolver el juicio de amparo en revisión 180/2006, destaca lo siguiente:
• El acto reclamado lo constituye la aprobación definitiva de la consulta de reserva por parte del delegado estatal de la Procuraduría General de la República, respecto de la averiguación previa **********, iniciada por el delito **********, así como la falta de notificación de la propuesta y resolución de mérito.
El quejoso adujo que no se le administró justicia por parte de las autoridades responsables y que no le fueron recibidos todos los datos, ni valorados los elementos de prueba que ya obran en autos de la averiguación previa respectiva.
La Jueza Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Tamaulipas, declaró fundados los conceptos de violación pues, por un lado, el quejoso no fue notificado de las actuaciones preparatorias y definitivas tendentes a enviar a reserva la averiguación previa, siendo que la propia procuraduría así lo había ordenado con el objeto de que, en su caso, el quejoso proporcionara más datos para el debido perfeccionamiento de la averiguación; por otro lado, la juzgadora advirtió la premura con la cual se resolvió sobre la reserva.
Así, la juzgadora federal dictó sentencia en la que concedió el amparo y protección al quejoso, dejando sin efecto la resolución definitiva de reserva, a fin de que la autoridad responsable emitiera otra con plenitud de jurisdicción, en la que, acorde con los lineamientos de la sentencia, cumpla con las pautas en las que procede la consulta de reserva y su debida calificación por parte del procurador general de la República.
• Inconforme con la anterior resolución, la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en Materia de Amparo en ese mismo Estado, interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.
• El citado tribunal sostuvo que el proceder de la juzgadora fue incorrecto, ya que al declarar infundadas las causales de improcedencia, lo hizo analizando la figura del no ejercicio de la acción penal, no obstante que el acto reclamado se hizo consistir en lo relativo a la reserva de la averiguación. Ambas figuras son diversas y, por ende, no se les puede dar un trato similar.
Señala, que es menester el análisis de los artículos 136, 137, 138 y 139 del Código Federal de Procedimientos Penales, de los cuales se desprende lo siguiente:
a) Que el ejercicio de la acción penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
b) Que dicha institución podrá no ejercer la acción penal, en los casos siguientes:
I. Cuando la conducta o los hechos de que conozca no sean constitutivos del delito;
II. Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles, y sólo por lo que respecta a aquél;
III. Cuando, aun pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable;
IV. Cuando la responsabilidad penal se halla extinguida; y,
V. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda que se actuó bajo alguna excluyente de la responsabilidad penal.
c) Que el Ministerio Público promoverá el sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado, en los siguientes casos:
I. Cuando se demuestre que la conducta o los hechos no son constitutivos del delito;
II. Cuando se pruebe que el inculpado no tuvo participación en el delito que se persigue;
III. Que la pretensión punitiva está legalmente extinguida; y,
IV. Que existe a favor del inculpado una causa excluyente de responsabilidad.
d) En tratándose de delitos culposos calificados como no graves, se sobreseerá en los casos siguientes:
I. Que sólo produzca daño en propiedad ajena y/o lesiones de las comprendidas en los artículos 289 y 290 del Código Penal;
II. Que se cubra la reparación del daño,
III. Que el inculpado no haya abandonado a la víctima; y,
IV. Que el presunto sujeto activo no haya actuado en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o psicotrópicos.
e) Que las resoluciones que se dicten en esos casos, producirán el efecto de impedir definitivamente el ejercicio de la acción penal.
Que de lo anterior puede apreciarse, que es definitiva la resolución que emita el procurador general de la República, con motivo del recurso de inconformidad que interponga el ofendido en contra de la determinación del no ejercicio de la acción penal que proponga algún agente del Ministerio Público, por así establecerlo el precepto legal transcrito en último término, al destacar que el procurador general de la República puede incurrir en responsabilidad en caso de que no observe lo que dispone el referido numeral.
Señala que por las razones que la orientan, invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis 115/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 97, Novena Época, de rubro: "AUTORIZACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR UN SUBPROCURADOR EN SUSTITUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO)."
Que en vista de lo que dispone el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales, la reserva de la averiguación previa no es definitiva, toda vez que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, el expediente se reserva hasta que aparezcan esos elementos de convicción, en tanto se ordenará a la policía la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan lograr esclarecer los hechos, lo que significa que el ofendido aún puede aportar nuevas pruebas hasta lograr, en su caso, que se haga la consignación ante los tribunales.
Asimismo, considera que la diferencia del no ejercicio de la acción penal y la reserva de la averiguación previa, estriba, como se vio, en que los derechos del ofendido que pudieran lesionarse al no ejercerse la acción penal, fueron elevados al rango de garantía constitucional, con independencia de que el artículo 114, fracción VII, de la Ley de Amparo señala que contra ello procede el juicio de amparo indirecto, en tanto que en la segunda hipótesis, relativa a la reserva, no se tiene esa calidad, ni la ley de la materia establece que contra ese tipo de actos proceda la acción constitucional.
En ese orden de ideas, manifiesta que la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, tuvo por objeto, de acuerdo con la interpretación que al respecto ha hecho esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocer, constitucionalmente, a favor del ofendido o la víctima del delito, por elevarse al rango de garantía constitucional, el derecho de impugnar las determinaciones del Ministerio Público que decidieran sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, según quedó establecido en la tesis jurisprudencial cuyos datos y rubro son los siguientes: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 128/2000, página 5. "ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA."
Que el derecho del ofendido al establecer al rango de garantía individual, tuvo como propósito que éste y las víctimas de los delitos obtuvieran la reparación del daño o la responsabilidad civil, así como abatir la impunidad e impedir a la representación social que dejara de cumplir con sus obligaciones por actos de corrupción.
Señala que el Alto Tribunal consideró como propósito de la reforma, garantizar los derechos de las víctimas, de sus familiares, de los ofendidos y de la sociedad misma, haciendo respetar las garantías individuales que resulten vulneradas con motivo de un delito, lo anterior en razón de que la determinación del no ejercicio de la acción penal, por ser definitiva, es susceptible que se analice por un órgano constitucional.
Que si dicho precepto legal autoriza a que durante la reserva se aporten nuevos elementos de convicción, ello es más que suficiente para estimar que la falta de notificación de la consulta de reserva o la reserva de averiguación previa, en manera alguna afecta el interés jurídico del quejoso, aun cuando el Acuerdo A/007/92 de la Procuraduría General de la República establezca que se solicitará al denunciante, querellante u ofendido aporte mayor información o, en su caso, proponga nuevas pruebas para desahogar, porque la omisión de notificar en esos términos no impide al querellante, ahora quejoso, que aporte nuevas pruebas o que el Ministerio Público ordene a la policía que haga las investigaciones pertinentes, con lo que, evidentemente, se cumple con el objetivo que persigue el artículo 21 constitucional.
Aclara que la reserva de la averiguación, de manera alguna, deja al quejoso en estado de indefensión, porque aun en el supuesto de que aportara pruebas, a su juicio, suficientes para el ejercicio de la acción penal, y el Ministerio Público no se pronunciara al respecto, pese a que hubiere transcurrido un plazo razonable, contra esa omisión el querellante está en aptitud de promover amparo, como se precisa en la jurisprudencia, bajo el rubro siguiente: "JUECES DE DISTRITO, ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA." (se transcribe).
De las consideraciones anteriores surgió la siguiente tesis:
"No. Registro: 171063
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVI, octubre de 2007
"Tesis: XIX.1o.9 P
"Página: 3274
"RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL NO SER DICHO ACUERDO UNA RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO O DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, NI TENER EL CARÁCTER DE DEFINITIVA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Del análisis del artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales, se deduce que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, el expediente se reservará hasta que aparezcan esos elementos de convicción, mientras tanto, el Ministerio Público ordenará a la policía la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer los hechos, amén de los que esté en aptitud de aportar el ofendido, esto es, no se trata de una resolución definitiva, sino transitoria originada por la insuficiencia de pruebas. Por otro lado, el derecho para impugnar resoluciones de no ejercicio y desistimiento de la acción penal, fue elevado al rango de garantía constitucional, lo cual tuvo como propósito garantizar los derechos de las víctimas, de sus familiares, de los ofendidos y de la sociedad misma, haciendo respetar las garantías individuales que resulten vulneradas con motivo de un delito, además, al tener dicha determinación el carácter de definitiva, es susceptible de ser analizada por un órgano constitucional en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción VII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la reserva de la averiguación previa no es una resolución de desistimiento o de no ejercicio de la acción penal, ni es definitiva, ello permite concluir que el amparo indirecto que en contra de tal decisión se promueva es improcedente, toda vez que el ofendido, ante un acuerdo transitorio de reserva, está en aptitud legal de aportar nuevas pruebas para que se haga la consignación respectiva, y será hasta que transcurra un tiempo razonable sin que se emita pronunciamiento alguno, cuando se esté en aptitud de acudir a la instancia constitucional para reclamar la tardanza en resolver.
"Amparo en revisión 180/2006. 24 de enero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Quintero Montes. Secretario: Ramón Alejandro Jiménez Chávez."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada número XLVII/2009, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 67, que es del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Asimismo, sirve de apoyo el criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22738-3cf01df0/averiguacion-previa-procede-el-amparo-indirecto-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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