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Modo: Corpus Pro

EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214, EN SU ANTERIOR FRACCIÓN V, ACTUALMENTE FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES DE FORZOSA COMISIÓN DOLOSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2010. · Registro digital (IUS): 22750
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 259.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de la especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima ya que fue formulada por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, integrante de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. Es pertinente precisar que de los presentes autos se advierte que por oficio número ********** del veintiocho de junio de dos mil diez, se le dio vista al procurador general de la República, con la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, mismo que fue recibido en su fecha, en la Dirección General de Constitucionalidad de dicha institución, según se desprende del sello impreso en la constancia que obra a fojas 122 de autos.

Ahora bien, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del treinta de junio al diecisiete de agosto de dos mil diez, descontándose los días tres, cuatro, diez y once de julio, primero, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de agosto, todos del citado año, por ser sábados y domingos, respectivamente, por ser inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo; así como los días correspondientes al primer periodo de receso de dos mil diez de este Alto Tribunal, que comprende del dieciséis al treinta y uno de julio, según lo dispuesto por los artículos 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo.

Por oficio DGC/DCC/839/2010, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diez, recibido en su fecha, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el presente asunto, estimando que es inexistente la contradicción de criterios.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sesión del veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, resolvió el amparo directo penal **********, por unanimidad de votos, en el que en la parte considerativa de su sentencia, esencialmente sostuvo la inoperancia de los agravios, al tenor de las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan inoperantes. En efecto, al realizar un detenido y minucioso análisis de ellos, este tribunal advierte que los encamina a combatir las consideraciones de la sentencia dictada por el Juez de primera instancia, la cual cesó en sus efectos al haber apelado el sentenciado y obtener el fallo de segunda instancia que también se reclama en este juicio de garantías. Consecuentemente, dichos motivos de inconformidad resultan inoperantes por inatendibles, pues no puede analizarse una sentencia que ya fue sustituida por otra dictada por la Sala correspondiente. No obstante lo anterior, con el objeto de dar cabal observancia al principio de la suplencia de la queja consagrada en el artículo 76-Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, éste órgano colegiado efectuó un estudio oficioso del acto reclamado, arrojando lo siguiente: La autoridad responsable emitió el acto reclamado sin vulnerar los principios rectores del valor de la prueba, ajustándose a las constancias de autos y realizando una debida evaluación de las mismas, acertadamente tuvo por comprobados los elementos del tipo penal del delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto y sancionado por el artículo 214, fracción V, párrafo segundo, del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el precepto 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con las pruebas en que fundó su sentencia, justipreciadas a la luz de los numerales 279, 280, 281, 285, 286, 287, 289 y 290 de la invocada legislación procesal, así como la plena responsabilidad de ********** en su comisión, respecto de lo establecido en el ordinal 13, fracción II, del aludido ordenamiento represivo, entre las que destacan por su relevancia demostrativa la denuncia de hechos formulada por **********, inspector postal el cual realizó la investigación referente a la pérdida de once piezas postales registradas, hecho ocurrido al hoy quejoso **********, cartero titular del rumbo veintiocho en la Administración Urbana Número Ciento Cuatro ‘Ajusco Monserrat’, ubicada en calle **********: comparecencia de Ana María Uribe Barriga, Representante Legal del Servicio Postal Mexicano ante el órgano investigador, donde hace suya la denuncia presentada por el inspector postal ya referido; acta administrativa de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y cinco, levantada en la jefatura de la administración postal, ubicada en el domicilio antes mencionado, en relación a la pérdida de las piezas postales ya aludidas; declaración de **********, administrador postal adscrito a la Oficina de Correos Número Ciento Cuatro, que sostuvo que le consta que el día de los hechos, aproximadamente a las diez horas, el cartero titular salió de la oficina con los registros para su entrega; y medularmente con la propia declaración del hoy quejoso quien desde el acta administrativa hasta la preparatoria, reconoció que respecto a la pérdida de once piezas registradas el día veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco, dicho extravío fue debido a que no contaba con una valija especial para introducir la correspondencia, por lo cual las depositó en un costal, amarrado éste a la motocicleta, y como el costal estaba sobresaturado de correspondencia no fue posible cerrarlo bien con un cordel, y que al entregar el primer registro fue cuando se percató de la falta del paquete ya referido. De ahí que la ad quem al enlazar y adminicular entre sí tales datos de juicio, concluyó con acierto que se acreditaba a plenitud que el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y cinco, al momento en que el hoy quejoso **********, realizaba su recorrido de entrega en la zona número veintiocho, comprendida entre la Administración Postal 104 ‘Ajusco Monserrat’, ubicada en calle ********** y la zona del Pedregal de Santa Teresa, extravió once piezas postales registradas, lo que fue ocasionado por su descuido al introducirlas en un costal, que por ir completamente lleno no se podía cerrar bien, el cual amarró a la motocicleta que utiliza para hacer su recorrido, no percatándose en qué momento se le extraviaron, de donde en el caso, la responsable consideró que la conducta perpetrada por el solicitante de garantías era encuadrable al tipo previsto en la norma penal mencionada, y al comprobarse que tuvo conocimiento y voluntad del resultado típico producido y que no existió causa alguna de justificación es correcta esta determinación. No pasa inadvertido a este resolutor de amparo que la función del quejoso en cuanto cartero de correos era la de transportar la correspondencia que le era entregada en la oficina a que estaba adscrito para entregarla a sus destinatarios, mientras que el tipo penal habla de: ‘vigilar, proteger o dar seguridad a la correspondencia’, sin embargo, es claro que el sentenciado está obligado a proteger los documentos que le sean entregados para el desempeño de su labor, lo cual fue acertadamente discernido por la responsable al afirmar que el acusado tenía como deber y obligación por su función como cartero, evitar la pérdida de las piezas postales a su cargo, cosa que según su propia declaración no hizo, ya que metió los once envíos registrados en un costal que iba lleno y no cerró, arrojando el consabido resultado de la pérdida de dichos objetos. De igual manera, quedó plenamente acreditada la responsabilidad de ********** en el ilícito que se le atribuye, pues ésta se finca en el enlace lógico, jurídico y natural de todos y cada uno de los medios de prueba que han sido precisados con anterioridad, y los cuales permiten concluir acertadamente a la responsable, que el peticionario de garantías fue la persona que en las circunstancias ya referidas, por un descuido en sus funciones de cartero, provocó la pérdida de las once piezas postales registradas, conociendo el perjuicio que ocasiona con su actuar negligente, conclusión a la que arribó la autoridad responsable en base al análisis de las constancias existentes en autos. Sobre este tópico, se aprecia que la conducta del encausado no fue dolosa, sino imprudente, al no extremar las precauciones de vigilancia de las piezas, al momento en que se percató que el costal donde las guardó no cerraba bien; empero, para los efectos de la perpetración de este delito, no es necesario que el activo actúe dolosamente, dado que la fracción V, del numeral 214, estipula: ‘... incumpliendo su deber, en cualquier forma ...’, de modo que basta con que no realice ese deber de cuidado; como aconteció en la especie; en todo caso, ese factor influirá para la determinación del grado de culpabilidad y para la individualización de las penas. Por lo que respecta a este último tema, la autoridad responsable para tales efectos, tomó en cuenta lo dispuesto por los artículos 51 y 52 del Código Penal, esto es, la naturaleza del delito, la forma en que ocurrieron los hechos, el daño causado, así como las circunstancias personales del sentenciado en las que señala que es vecino del Distrito Federal, de veintidós años de edad, soltero, con instrucción escolar séptimo semestre de licenciatura en Derecho, ocupación cartero, con dos dependientes económicos, que no cuenta con ingresos anteriores a prisión ..."

El criterio anterior dio origen a la tesis cuyos datos de localización, rubro, texto y precedente, a continuación se transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, octubre de 1996

"Tesis: I.1o.P.17 P

"Página: 531

"EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CONFORME A SU PROPIA CONNOTACIÓN, ES DE COMISIÓN DOLOSA O CULPOSA. De la lectura del artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal, se advierte que el servidor público comete el delito que ahí se prevé cuando incumple su deber ‘en cualquier forma’, propiciando daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de los objetos que se encuentran bajo su cuidado; lo que significa que ese incumplimiento bien puede ser de manera dolosa o culposa; y, en todo caso, establece una sola sanción con límites mínimo y máximo, el factor del dolo o la culpa influirá en la determinación del grado de culpabilidad y consecuentemente en la individualización de la pena.

"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

"Amparo directo 1261/96. **********. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Germán Tena Campero. Secretario: Juan José Olvera López."

QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión del diecisiete de febrero de dos mil diez el amparo en revisión **********, declaró infundados los agravios al tenor de las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Postura que adopta este tribunal. Son infundados los agravios esgrimidos por la Representación Social recurrente. Para mayor claridad del problema jurídico a dilucidar, resulta conveniente precisar que el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión dictado el quince de junio de dos mil nueve por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, dentro de la causa penal **********, contra la ahora quejosa ********** como probable responsable en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto por el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal, pues se le atribuye que el treinta de diciembre de dos mil ocho, cuando se desempeñaba como responsable de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, ubicada en calle **********, omitió sus deberes de cuidado que debió observar por razón de su empleo, al haber dejado en un área de la oficina que ocupa la aludida Junta distrital, diez discos compactos con información y datos proporcionados por ciudadanos que realizaron el trámite para obtener su credencial para votar, lo que propició fueran sustraídos por **********. Contra dicho auto de plazo constitucional, se interpuso juicio de amparo indirecto, que por razón de turno le correspondió conocer al Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien concedió a la ahora quejosa el amparo solicitado, porque esencialmente consideró que la conducta consistente en no resguardar los discos compactos en un lugar restringido al que únicamente ella tuviera acceso, no produce un indicio de que su actuar fue doloso, dado que por las características del sitio donde dejó los discos, no era de fácil acceso o inapropiado, de modo que al realizar el resguardo de tales objetos en ese lugar, no se refleja que la activo hubiera previsto como posible consecuencia de su omisión, el resultado antijurídico obtenido (sustracción de los discos) y su aceptación; que en todo caso, lo que se evidencia es un descuido negligente por parte de la peticionaria de garantías, que no puede actualizar el delito que se le atribuye, porque se trata de un tipo penal necesariamente doloso y no culposo, por más que la responsable adujera que actuó con dolo eventual. Inconforme con esa resolución, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de revisión que ahora nos ocupa. Como puede advertirse, el problema jurídico se circunscribe en determinar si fue o no dolosa la conducta que se le imputa a la ahora quejosa **********, con la que se dice propició que ********** sustrajera diez discos compactos que contenían información y datos proporcionados por ciudadanos que realizaron el trámite para obtener su credencial para votar. El planteamiento que antecede tiene sustento en la certera precisión hecha por el Juez de control constitucional, en el sentido de que de acuerdo con el sistema cerrado o de numerus clausus, en tratándose de delitos culposos, que rige al catálogo de delitos del Código Penal Federal, el que se le atribuye a la peticionaria de garantías de ejercicio indebido del servicio público, previsto por el artículo 214, fracción VI, necesariamente tiene que ser doloso, así se evidencia del párrafo segundo del artículo 60 del aludido código punitivo que dispone: ‘Artículo 60.’ (se transcribe). Luego, se conviene con el Juez de amparo en cuanto a que de las constancias que obran en el proceso, no se evidencia que la ahora quejosa hubiera tenido la voluntad de haber propiciado la sustracción de los aludidos discos compactos; esta aseveración tiene sustento en las siguientes consideraciones. Tal y como lo aduce la parte recurrente en sus agravios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8o. del Código Penal Federal, los delitos del ámbito federal solamente pueden realizarse dolosa o culposamente, y el diverso numeral 9o. define esas dos formas de comisión, pues al respecto señalan: (se transcriben). De igual forma, como lo señaló el Ministerio Público, el dolo se conforma de dos elementos: a) Un elemento cognitivo o cognoscitivo; representado por el conocimiento de los elementos descriptivos del tipo, y, b) El elemento volitivo, que consiste en querer la realización del hecho referido por la ley, como delito. Luego, la dogmática penal contempla diversas clasificaciones del dolo, de las cuales, la mayormente aceptada es la que lo divide en: a) Dolo directo. Consistente en que el curso causal va dirigido a un resultado típico que ejecuta eficazmente el autor, de tal suerte, que existe plena armonía entre la finalidad del agente y su producción típica. b) Dolo indirecto o de consecuencias necesarias. Esta clase de dolo, el sujeto quiere el efecto penalístico pero está consciente de que en el desarrollo causal de su comportamiento se provocarán otros resultados que no son su finalidad típica predominante; ejemplo, el insurrecto que planea matar a un alto funcionario, colocando una bomba en el avión que abordará, sabe que además del homicidio del funcionario, seguramente provocará la muerte de la tripulación, de los pasajeros y los daños al avión; por lo que su conducta debe ser calificada bajo el dolo directo respecto de la muerte del funcionario, e indirecto de la muerte de las demás personas y de los daños materiales ocasionados. c) Dolo eventual. El agente se representa el resultado como probable y en su caso, admite su producción y asume una postura de indiferencia ante el posible resultado típico; desea un resultado delictivo, previéndose la posibilidad de que surjan otros no queridos directamente; ejemplo, quien para apoderarse de algunos bienes, decide sedar a un velador mediante una fuerte dosis de cloroformo, y por la cantidad de la sustancia y edad del velador lo priva de la vida; incendio de una bodega, conociendo la posibilidad de que el velador muera o sufra lesiones. d) Dolo indeterminado. La intención no se dirige a un resultado único y exclusivo, sino indiferentemente a varios resultados. Consiste en la intención de cometer una infracción penal de manera difusa, el agente no tiene por finalidad provocar un delito determinado; ejemplo, anarquista que lanza bombas; el manifestante que lanza piedras y otros proyectiles contra los policías. Hechas estas precisiones, el representante social inconforme, tilda de errónea la consideración del Juez de control constitucional mediante la cual estimó que no existe prueba que evidencie que fue dolosa la conducta que se reprocha a la quejosa, consistente en no haber resguardado los discos compactos que contenían información de ciudadanos que tramitaron su credencial para votar, lo que ocasionó que fueran sustraídos por uno de sus compañeros de trabajo, e insiste dicho fiscal federal, en que sí se acreditó el dolo eventual en los términos fijados por el Juez natural en el auto de plazo constitucional; sin embargo, esa postura deviene infundada, porque como quedó precisado con antelación, para que se configure el dolo eventual, el sujeto activo debe desplegar voluntariamente una conducta de acción u omisión, en la que desea un resultado delictivo, previendo la posibilidad de que surjan otros no queridos directamente, pero siempre debe existir un actuar voluntario de acción u omisión, que implique la intención de cometer un hecho ilícito, en el que involucre tanto la conciencia de ilegal de su conducta positiva o negativa, y la voluntad de llevarla a cabo, aunque se trate de dolo eventual, en el que ciertamente el activo se representa la posibilidad de que surgirá otro ilícito, respecto del cual asume una postura indiferente, pero que necesariamente el delito surgido, debe ser resultado de un actuar ilícito inicial que estaba dirigido a un delito diverso. En tales condiciones, en la especie no se satisficieron los aludidos requisitos que para tener por actualizado el dolo eventual en la conducta que se le atribuye a la quejosa; porque como certeramente lo consideró el Juez de amparo, con el cúmulo de probanzas, tales como las declaraciones de **********, ********** y del inculpado **********, únicamente se prueba la sustracción de los discos compactos con información reservada de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, empero, el acto volitivo de la sujeto activo en relación con dichos objetos o la previsión de la posibilidad de que fueran sustraídos, no se acreditó. En los motivos de disenso, la recurrente asevera que del Manual para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana Tomo I, vigente en el momento de los hechos, y que regulaba el desempeño laboral de la ahora quejosa, se infiere que tenía la obligación de crear discos de respaldo, los que debía resguardar adecuadamente por ser responsable del módulo; que de acuerdo con la prueba circunstancial, válidamente se desprende que en virtud de que tenía veintisiete años de servicio en el Instituto Federal Electoral y por así desprenderse del referido manual de operaciones, ********** sabía que era su obligación resguardar los discos de respaldo diario o semanal, con lo que se acredita el elemento cognitivo del dolo eventual; que no obstante que conocía su obligación de realizar dicho resguardo, no guardó los discos con los medios a su disposición, confiando en que los mismos no desaparecieran por no haberle sucedido en años que tenía de servicio; que el hecho de que en su declaración consideró que al no tener cajones con llave, no puede evitar que sustraigan los discos, lo que denota un conocimiento de la posibilidad de que fueran sustraídos; con lo cual se comprueba el elemento volitivo, consistente en que una vez que se representó la posibilidad del resultado típico (sustracción de los discos), no quiso modificar su conducta, insistiendo en continuar con el deficiente resguardo de los discos. Los argumentos sintetizados en el párrafo que antecede son infundados; cuenta habida que de la transcripción que se hace del manual de operaciones a que alude la parte inconforme, no se advierte que contenga alguna disposición relativa a la forma de cómo deben guardarse físicamente los objetos en que se realicen los respaldos electrónicos de la información proporcionada por los ciudadanos relativos al padrón electoral, pues de dicha transcripción (fojas 46 a 48 de este expediente) se aprecia que se refiere al procedimiento relativo al respaldo de la base de datos, pero nada dice respecto de la forma de resguardo físico de los instrumentos electrónicos en que se realicen esos respaldos, en este caso, los discos compactos. De igual forma, no le asiste la razón al Ministerio Público recurrente en cuanto afirma que el elemento cognitivo del dolo eventual que le atribuye a la quejosa, quedó demostrado por el hecho de que sabía su obligación de resguardar los discos; porque dicho elemento cognitivo del dolo, no se demostró por el hecho de que hubiera tenido conocimiento de la citada obligación de guardar los discos que contenían información confidencial, ya que el elemento cognitivo tiene que ver con el conocimiento de lo ilícito que implica cierta conducta que pretende desplegar, como hubiera sido una conducta tendiente a destruir o sustraer ilegalmente los discos, etcétera, lo que no está demostrado en el sumario. Tampoco es verdad que el elemento volitivo del dolo quedó comprobado por el hecho de que se representó la posibilidad de que los multicitados discos, por no encontrarse bajo llave, pudieran ser sustraídos, y aun así no modificó su conducta insistiendo en el deficiente resguardo; en efecto, aun cuando se tuviera por demostrado que la quejosa representó la posibilidad de que los discos compactos que contenían información confidencial podrían ser sustraídos por no estar guardados bajo llave, aun así no se probó el dolo eventual, porque, como ya se dijo, para ello se requería un actuar ilícito con la finalidad de cometer un delito diverso, y que este último se lo hubiera representado como posible consecuencia de aquél, y respecto del cual hubiera adoptado una postura indiferente, lo que no se acreditó en la especie; pues no debe soslayarse que también puede darse una representación de la posible comisión de un ilícito, en tratándose de delitos culposos, en los que se actualice lo que se denomina culpa consciente, con previsión o con representación, que existe cuando el agente ha previsto el resultado típico como posible, pero no solamente no lo quiere, sino que abriga la esperanza que no ocurrirá, esto es, hay voluntariedad en la conducta causal y representación del resultado, éste no se quiere, se tiene la esperanza de su no producción; ejemplo, el conductor de un vehículo que desea llegar oportunamente a un lugar determinado y conduce su vehículo sabiendo que los frenos funcionan defectuosamente, no obstante representarse la posibilidad de un atropellamiento, impulsa su máquina velozmente con la esperanza que ninguna persona se le atraviese en su camino. Es común que se presente el problema de confundir la culpa consciente con el dolo eventual, porque tanto en una como en otro hay voluntariedad de la conducta causal y representación del resultado típico; pero mientras que en el dolo eventual se asume indiferencia ante el resultado, se menosprecia; en la culpa con previsión no se quiere, antes bien, se abriga la esperanza de que no se producirá; de esta guisa, puede advertirse que la conducta que se le reprocha a la quejosa, no se evidencia que hubiera querido (tenido la intención) en forma alguna la sustracción de los discos con información confidencial que tenía bajo su responsabilidad directa, y que llevó a cabo **********; en todo caso, como certeramente lo consideró el Juez de control constitucional, su conducta puede quedar comprendida en el terreno de la negligencia; que, por tanto, se traduciría en un actuar culposo, forma de comisión que por lo que ve al delito en estudio no puede reprochársele, atento al sistema cerrado de los delitos culposos. En otro motivo de inconformidad, el fiscal recurrente aduce que si bien es cierto que de la inspección realizada a la Junta distrital y de la declaración ministerial de la ahora peticionaria de garantías, se advierte que no existía un lugar con llave en el que la indiciada pudiera resguardar la información, lugar al que solamente ella tuviera acceso, también lo es que tenía mejores lugares que donde dejó los discos (en la parte superior y el entrepaño de su lugar de trabajo), como pudieron ser los cajones, que a pesar de que otras personas pudieron tener acceso, el mismo hubiera sido más difícil, porque los discos no habrían estado a la vista, por encontrarse ocultos; por lo que afirma que con la conducta desplegada por la quejosa propició la sustracción de los discos de respaldo, por no guardarlos en un lugar idóneo; aunado a ello, la calidad de garante de la quejosa reafirma que a pesar que conocía los archiveros que se encontraban a su disposición debido a las labores desempeñadas: que no obstante que sabía que los archiveros no tenían llave, no le solicitó a su superior que le proporcionara un archivero con condiciones óptimas requeridas para tal efecto. Las alegaciones contenidas en el párrafo que antecede, son infundadas y constituyen apreciaciones de carácter subjetivo, pues la posición de garante a que se refiere el artículo 7o. del Código Penal Federal, en nada altera el resultado del fallo combatido: cuenta habida que esa figura jurídica que se actualiza en los delitos de comisión por omisión, esto es, en ilícitos omisivos que producen un resultado material, también se configura cuando dichos ilícitos se cometen en la forma culposa, de manera tal que, aunque ciertamente la aludida quejosa por razón de su cargo tenía la obligación de resguardar los discos compactos con la información confidencial y evitar la sustracción de la mismos, como se ha dicho a lo largo de este considerando, no se acreditó que la conducta omisiva fue dolosa, de manera tal que, como lo dijo el Juez de amparo, en todo caso su actuar fue negligente, lo que pudo configurar un delito de comisión por omisión culposo, que jurídicamente no se le puede reprochar por las razones expuestas con antelación. Y en cuanto a la obligación que el recurrente le impone a la quejosa, en el sentido de que debió de haber solicitado a su superior le proveyera de un lugar adecuado, que contara con llave para que guardara con toda seguridad los discos compactos cuya custodia estaban a su cargo, constituye una apreciación subjetiva carente de sustento, porque entonces debe concluirse que a quien le correspondía la obligación y responsabilidad de proveer ese lugar seguro (con llave), es a su superior. Sin que sea verdad que fue la quejosa la que propició la sustracción de los discos compactos; porque lo cierto es que no obstante que el lugar donde se llevó a cabo el acceso estaba restringido para el público y para el personal distinto de esa área, es decir, no era de fácil acc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22750-d8fd2955/ejercicio-indebido-de-servicio-publico-este-delito-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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