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Modo: Corpus Pro

SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO IMPONDRÁ AQUÉLLA, CONTIENE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE DEBE APLICARSE ULTRACTIVAMENTE A FAVOR DEL GOBERNADO, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2010. · Registro digital (IUS): 22622
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 424.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden penal, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue presentada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que sustentó uno de los criterios que deberán analizarse en esta posible contradicción de tesis, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia número 72/2010, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que exista contradicción de tesis deben concurrir los siguientes supuestos:

"No. Registro: 164120

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito.

CUARTO. Ejecutorias que participan en la contradicción. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo 124/2008, en sesión de dieciocho de junio de dos mil ocho. De este asunto vale la pena mencionar los antecedentes que a continuación se indican:

El ahí quejoso reclamó la sentencia definitiva de veintisiete de marzo de dos mil ocho, emitida por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se modificó la resolución emitida por la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, a fin de considerar a dicho quejoso penalmente responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108, inciso a), del Código Fiscal de la Federación vigente en la época de ejecución del hecho (mil novecientos noventa y nueve).

La modificación hecha por el Tribunal Unitario responsable, al estimar fundados los agravios del Ministerio Público de la Federación, se hizo consistir, en la parte que aquí interesa, en condenar al quejoso al pago de la reparación del daño material a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al perjuicio patrimonial resentido, pericialmente determinado y actualizado por oficio suscrito por el administrador central de análisis técnico fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de Servicios de Administración Tributaria; decisión contraria a la sustentada por la Juez federal de primera instancia, quien determinó que resultaba improcedente condenar al quejoso a esa pena pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de ejecución del delito, pues aun cuando era cierto que dicho numeral se derogó en junio de dos mil seis; también era verídico que la reforma relativa entró en vigor con posterioridad a la época en que se actualizó el antisocial, razón por la cual, la aplicación de tal precepto reformado sería retroactiva y en perjuicio de dicho quejoso.

En la ejecutoria respectiva, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito desestimó por infundado el concepto de violación en el que el demandante del amparo controvirtió la modificación antes apuntada, bajo los argumentos que en la parte conducente se transcriben a continuación:

"Congruentes con lo anterior, este órgano colegiado de amparo concluye que no se irrogó agravio alguno al ahora quejoso con la modificación realizada por el tribunal responsable, respecto a la determinación de condenar al aquí quejoso al pago de la reparación del daño material ocasionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Se explica.

"Tal y como lo afirmó la responsable, el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación vigente en la época de los hechos, textualmente establecía:

"‘Artículo 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.’

"Sin embargo, dicho precepto legal efectivamente fue derogado mediante decreto publicado el veintiocho de junio de dos mil seis en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo artículo segundo transitorio, se estableció lo siguiente:

"‘... Las modificaciones contenidas en este decreto serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen y en los que no haya formulado conclusiones el Ministerio Público de la Federación, cuando se encuentren en los supuestos antes previstos ...’

"Expuesto lo anterior, tal y como se afirmó con antelación, se estima legal que la ad quem responsable hubiera condenado al aquí quejoso al pago de la reparación del daño material derivada de la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada; en primer lugar, al haberse acreditado un perjuicio patrimonial para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de la conducta delictiva definitivamente atribuida al quejoso -cuya cuantificación se reitera, será materia de análisis en diverso apartado de esta ejecutoria- luego, dicha sanción pecuniaria resultaba procedente conforme lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en segundo término, dado que el precitado artículo segundo transitorio del decreto en estudio, facultaba para la aplicación de dicha reforma en todos los procesos donde aún no se hayan formulado conclusiones por parte del órgano técnico ministerial, tal y como aconteció en el caso concreto (ya que las conclusiones del órgano técnico federal se presentaron el ocho de agosto de dos mil siete; foja 725, tomo III, causa penal).

"Sin que dicha determinación, contra lo afirmado por el quejoso, pueda considerarse violatoria del principio de ‘irretroactividad de la ley’ previsto en el artículo 14 de nuestra Constitución General, ya que el contenido del artículo 94 del Código Fiscal de la Federación efectivamente es de carácter instrumental o adjetivo y, por ende, el principio constitucional aludido no opera en materia procedimental. Lo anterior es así, ya que como bien lo resolvió la responsable, dicho precepto de la ley fiscal especial vigente en esa época, atañe al procedimiento para que la parte ofendida pueda obtener la reparación del daño causado con motivo de la ejecución de algún delito de naturaleza fiscal, sin que se estableciera algún derecho sustantivo a favor de la parte reo, toda vez que no lo exoneraba de la obligación de reparar el daño (que es de rango constitucional), sino por el contrario, esa obligación ya existía, dado que lo único que se suprimió fue el impedimento para la autoridad judicial a fin de condenar al responsable de un ilícito fiscal al pago de dicha sanción pecuniaria (reparación del daño) en cada caso concreto. Dicho en otras palabras, la reforma legal en comento, únicamente se concretó a eliminar un obstáculo procesal para que la víctima u el ofendido solicitaran directamente al Juez de la causa la condena al pago de la reparación del daño, pues no debe perderse de vista que dicho derecho sustantivo a su favor efectivamente ya existía."

De la ejecutoria parcialmente transcrita, el órgano colegiado de que se habla sustentó la tesis aislada cuyos rubro, texto y datos de localización, son del tenor literal siguiente:

"No. Registro: 167848

"Tesis aislada

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIX, febrero de 2009

"Tesis: I.4o.P.40 P

"Página: 2037

"REPARACIÓN DEL DAÑO EN DELITOS FISCALES. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE CONDENAR AL INCULPADO A SU PAGO CUANDO DICHOS ILÍCITOS SE COMETAN PREVIAMENTE AL DECRETO QUE DEROGA EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El 28 de junio de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en virtud del cual fue derogado el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación; dispositivo legal que, en su momento, impedía a la autoridad judicial imponer sanción pecuniaria alguna al responsable de un delito fiscal, ya que dicha atribución se encontraba delegada a las autoridades de naturaleza administrativa; situación que ha cambiado a partir de la citada reforma, pues el juzgador de instancia se encuentra facultado para imponer directamente aquella pena pública. Consecuentemente, no resulta violatoria de la garantía de ‘irretroactividad de la ley’ consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la determinación de la autoridad judicial por la que se condena al inculpado al pago de la reparación del daño material por un delito fiscal cometido previamente a la fecha de la citada reforma, toda vez que el artículo segundo transitorio, fracción II, del citado decreto expresamente lo autoriza, al establecer: ‘Las modificaciones contenidas en este decreto serán aplicables a los procesos que actualmente se ventilen y en los que no haya aún formulado conclusiones el Ministerio Público de la Federación ...’. Aunado a que el referido principio no opera en materia procedimental, esto es, el contenido del derogado artículo 94, no debe considerarse como una disposición sustantiva, susceptible de aplicación retroactiva, sino que, por el contrario, es adjetiva o instrumental, al referirse únicamente al procedimiento a seguir para que la parte ofendida pudiera obtener la reparación del daño; máxime que el derecho a dicha reparación se erige como un derecho público subjetivo consagrado en la Ley Fundamental a favor de toda víctima u ofendido del delito."

QUINTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo 438/2009, en sesión de veintiocho de enero de dos mil diez, del que destacan los siguientes antecedentes relevantes:

En los autos del proceso penal 261/2007, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, se resolvió que **********, era penalmente responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en la fracción III del diverso artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 95, fracción II, del mismo ordenamiento legal.

Entre otros aspectos, el sentenciado fue condenado al pago de la reparación del daño a la parte ofendida.

Inconforme con tal determinación, el sentenciado aludido interpuso en su contra el recurso de apelación del que correspondió conocer al Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, el que mediante sentencia definitiva de catorce de julio de dos mil nueve, dictada en los autos del toca de apelación 361/2009, desestimó los agravios planteados por el apelante, en los cuales se controvirtió dicha condena a la reparación del daño.

En desacuerdo con la determinación aludida, el agraviado promovió en su contra el juicio de amparo directo en el que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito emitió la sentencia en contradicción, en la que concedió al demandante del amparo la protección constitucional solicitada, bajo los argumentos que se transcriben enseguida:

"SEXTO. Son fundados los conceptos de violación, en suplencia de la queja deficiente, en términos de lo que dispone el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin embargo, quienes ahora resuelven no concuerdan con el criterio expuesto por la responsable, pues soslaya que al haber sucedido los hechos motivo de la conducta delictiva cuando se encontraba vigente el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, tal supuesto debe aplicarse a favor del quejoso al constituir una norma de carácter sustantivo que le beneficiaba. Establecido lo anterior, conviene transcribir el artículo 94 que se derogó con motivo de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación publicado el veintiocho de junio de dos mil seis en vigor al día siguiente de su publicación, el cual establecía: ‘Artículo 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.’. Del precepto apenas transcrito, se advierte que la facultad del Juez penal para condenar en el proceso penal a la reparación del daño causado a la víctima u ofendido por el delito, perdía eficacia tratándose de delitos fiscales, en virtud de que dicha disposición prohibía a la autoridad judicial imponer sanción pecuniaria, y establecía que serían las autoridades administrativas quienes harían efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes. En ese sentido, debe precisarse que el legislador previó la posibilidad de que un mismo hecho pudiera ser considerado como infracción administrativa y como delito, dando lugar a que se instauraran dos procedimientos, uno administrativo y otro judicial, la prohibición de imponer sanción pecuniaria en el proceso penal revelaba, por una parte, que el establecer los delitos fiscales tenía como única finalidad la sanción de la conducta de quien los cometía y, por otra parte, que si bien su comisión podía ocasionar un grave daño patrimonial al fisco federal sería a través de la infracción, en la vía administrativa como se buscaría el resarcimiento patrimonial, pues permitía a la autoridad fiscal hacer efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y sanciones correspondientes, sin necesidad de esperar a que el proceso penal concluyera con una sentencia condenatoria. Asimismo, se justificaba la duplicidad de procedimientos atendiendo a la distinta finalidad perseguida por cada uno de ellos, esto es, el hecho ilícito como infracción tendrá sanción económica de índole administrativa, en la que se encuentra el resarcimiento patrimonial del daño ocasionado, y como delito tendrá una sanción a la conducta en sí misma, que se caracteriza por la pena privativa de libertad. Luego, si el propio legislador ordinario estableció, que entratándose de delitos fiscales, la autoridad judicial no impondría sanción pecuniaria al sentenciado y que las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harían efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes sin que ello afectara al procedimiento penal, se sostiene entonces que si los hechos constitutivos del delito defraudación fiscal que se analiza, ocurrieron bajo la vigencia de tal disposición, era ésta precisamente la que debía aplicarse y no su reforma. Ahora, se estima que el derogado artículo 94 contiene un derecho sustantivo para el hoy quejoso y no adjetivo como lo sostiene el Tribunal Unitario responsable, porque se refiere precisamente a la cuestión de imposición de penas (sanción pecuniaria), esto es, constituye un aspecto sustantivo del derecho penal relacionado directamente con la facultad de imponer sanciones y no con una cuestión procesal, ya que no debe inadvertirse, conforme a lo establecido por los artículos 24 y 29 del Código Penal Federal, que la sanción pecuniaria constituye una pena que está constituida por la multa y la reparación del daño. Así, la ley adjetiva por excelencia es la procesal, que da vida a la norma no cumplida voluntariamente por el obligado o que restablece el derecho desconocido por otro. El derecho adjetivo se ocupa de regular el proceso y las relaciones que de él nacen y se concluyen. La ley sustantiva, en cambio, concede un derecho o impone una obligación. Permite o prohíbe ciertos actos, regula las instituciones jurídicas. Se contrapone a la ley adjetiva que establece los medios para efectividad y garantía de las relaciones y normas de fondo. Luego, se considera que el artículo 94 derogado, contrario a lo que sostiene el Tribunal Unitario responsable, contenía una disposición de carácter sustantiva por su estrecha relación con la facultad de imponer sanciones, particularmente en lo relativo al pago de la reparación del daño. Con independencia de lo anterior, lo cierto es que si el precepto que nos ocupa, como bien lo señala el Tribunal Unitario responsable, impedía al Juez penal condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño que se desprendía de la comisión de un delito, y dicha normatividad estaba vigente en el momento de la comisión del delito, es un elemento más para que se observe a favor del sentenciado, ahora quejoso, de lo contrario, como se dijo, se vulneraría en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, porque la autoridad judicial estaría obligada a condenar al pago de la reparación del daño, lo que infringiría el derecho adquirido por el sentenciado a no sufrir condena en ese sentido por parte de la autoridad jurisdiccional, pues sería la autoridad administrativa la encargada de realizar el trámite correspondiente. Lo anterior se corrobora con lo establecido por el precepto 56 de la ley penal sustantiva, cuyo contenido es: ‘Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la «ley más favorable». Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.’. Además, debe decirse que tal disposición vigente en la época de los hechos no riñe con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de septiembre de dos mil, mediante la cual se elevó a la categoría de rango constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido del delito, junto con los del inculpado, pues sobre este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la jurisprudencia 37/2006, de rubro: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO ESTIMADO DEL DAÑO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS.’, determinó:

"‘... No pasa inadvertido que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de septiembre de dos mil, elevó a la categoría de rango constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido del delito, junto con los del inculpado; sin embargo, por la especial naturaleza de los delitos fiscales, la dualidad de su ubicación y consecuencias, el legislador ordinario dispuso que la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria en el proceso penal, incluida la reparación del daño, lo cual significa que por razones de política criminal el derecho del fisco federal a ser resarcido del correspondiente perjuicio no tiene cabida dentro del proceso penal, en virtud de que compete a la autoridad administrativa exigir el crédito fiscal conforme a su competencia y atribuciones, con independencia de la pena privativa de libertad que pueda o no imponerse al sentenciado ...’. Por tanto, la prohibición de imponer sanción pecuniaria en los delitos fiscales conforme al numeral 94 en cita, no implica vulnerar el derecho del ofendido (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) a obtener el resarcimiento del crédito fiscal, ya que éste puede obtenerse mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio del procedimiento penal. Es aplicable la tesis número 2 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página 916, que dice: ‘DELITOS FISCALES. LA AUTORIDAD JUDICIAL NO DEBE IMPONER PENA PECUNIARIA, TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos fiscales, la autoridad judicial está impedida legalmente para imponer sanciones pecuniarias, lo cual compete única y exclusivamente a las autoridades administrativas con arreglo a las leyes fiscales, sin que ello afecte al procedimiento penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 94 del Código Fiscal.’. Por tanto, al violarse las garantías individuales de **********, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado contra la sentencia reclamada al Primer Tribunal Unitario del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad de Mazatlán, a fin de que se deje sin efectos la condena al pago de la reparación del daño y, como consecuencia, prescinda de condicionar al sentenciado para el gozo de los beneficios que otorgara el Juez del proceso, a que demuestre que cubrió el adeudo fiscal o garantizado a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejando intocados todos los demás aspectos de la misma. Concesión que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se reclama al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, no por vicios propios sino en vía de consecuencia."

SEXTO. Existencia de la contradicción. Como se aprecia de la lectura de los considerandos precedentes, en la especie se actualiza la contradicción de tesis denunciada en mérito a que ambos Tribunales Colegiados se enfrentaron a una misma situación jurídica; a saber, si el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, derogado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de junio de dos mil seis, al prohibir al Juez natural durante su vigencia, tratándose de delitos fiscales, imponer sanciones pecuniarias, tales como la reparación del daño, establecía una disposición de carácter adjetiva o procesal que no permite su aplicación de manera retroactiva en beneficio del reo; o bien, constituye una norma de características sustantivas de derecho penal relacionada con la facultad de imponer sanciones, susceptible de ser observada a favor del sentenciado si dicha normatividad se encontraba vigente al momento de la comisión del delito fiscal, a virtud de haber adquirido el derecho a no ser sentenciado al pago de prestaciones pecuniarias como la reparación del daño.

Las peculiaridades y conclusiones antagónicas sustentadas en los asuntos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados que serán materia de análisis, son las siguientes:

•·En los procesos penales de origen, los Jueces Federales sentenciaron a los procesados por la comisión de delitos fiscales, por una parte, en la modalidad de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en la fracción III del diverso artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 95, fracción II, del mismo ordenamiento legal; y, por la otra, por el delito de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, sancionado en la fracción III del propio numeral, en concordancia con el 95, fracción III, del mismo ordenamiento legal.

•·En los dos casos, se solicitó que se condenara a los sentenciados al pago de la reparación del daño a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte ofendida, teniendo como resultado que uno de los Jueces Federales determinó que sí procedía la condena al pago de la reparación de daño, y la otra juzgadora decidió que resultaba improcedente dicha condena. En ambas hipótesis, se tomó en consideración el contenido del artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, derogado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de junio de dos mil seis, el cual establecía lo siguiente:

"Artículo 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal."

•·Ambas decisiones de los Jueces Federales, fueron impugnadas en apelación por los sentenciados, teniendo como resultado el siguiente:

•·El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los autos del toca penal 601/2007, modificó la sentencia recurrida, en el sentido de condenar al quejoso al pago de la reparación del daño material a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al estimar fundados los agravios del Ministerio Público de la Federación, a diferencia de lo sostenido por la Juez Federal, en el sentido de que resultaba improcedente condenar a dicho quejoso al pago de la aludida reparación del daño, de acuerdo con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22622-3c230f1d/sancion-pecuniaria-tratandose-de-delitos-fiscales-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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