OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 393/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter penal.
SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, denunciante, se encuentra facultado para tal efecto.
TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se transcriben:
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, consideró lo que a continuación se transcribe:
"En primer término, conviene retomar, que en el proveído recurrido de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, el Juez de Distrito acordó el escrito de la aquí inconforme ... y determinó que no ha lugar a tenerla por apersonada en el juicio de garantías **********, porque atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (auto de formal prisión), no existe tercera perjudicada.
"En contra de lo anterior, la inconforme alega:
"1) Que se le negó la calidad de tercera perjudicada, lo que hace evidente que el Juez de Distrito no reconoce las reformas de las víctimas del delito establecidas por el artículo 20 constitucional, pues soslayó que como denunciante y agraviada directa en la causa penal que dio origen al acto reclamado, la recurrente tiene el derecho de ser reconocida como parte en el juicio de garantías, más aún, cuando el delito le afecta directamente en su patrimonio.
"2) Que no se puede determinar que la ofendida no es tercera perjudicada en el juicio de amparo penal, pues de aceptarse así, se llegaría al extremo de negar al inculpado el carácter de tercero, en los juicios de garantías que promueva el ofendido contra actos que afecten la reparación del daño, ya que para este caso no hay precepto expreso que le atribuya al acusado aquella calidad, pese a ser evidente el perjuicio que la sentencia de garantías pueda causarle, lo cual pugna con el más elemental principio de audiencia, pues equivale a sostener que este procedimiento establecido para asegurar el respeto de los derechos fundamentales del individuo, puede válidamente seguirse sin consentimiento a espaldas y sin defensa alguna de los directamente interesados en la subsistencia del acto, por el solo hecho de que la ley reglamentaria omite -lo que dice, es distinto a negar- reconocerles su indiscutible calidad de terceros perjudicados, debiendo entenderse, por tanto, que esta calidad corresponde no sólo al ofendido, sino también al acusado, en cualquier caso en que, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales emanados del proceso penal, puedan sus intereses jurídicos verse directamente afectados.
"3) Que la ofendida, al ser parte en el procedimiento penal, adquiere un interés directo en la defensa de los actos y etapas del mismo -procedimiento-, de ahí que en el juicio de amparo que se enderece contra dichos actos, pase a ser tercera perjudicada, tenga el derecho y la oportunidad de controvertir las decisiones que le afecten.
"Alegaciones que son infundadas, porque fue correcto que el Juez Federal no le reconociera a la aquí inconforme el carácter de tercera perjudicada(1) dentro del juicio de amparo promovido por ... dado que, atento a lo previsto por el artículo 5, fracción III, inciso b) y por el diverso numeral 10 de la Ley de Amparo(2) (aplicables a la materia penal) sólo revisten ese carácter el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; o contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad.
"Por lo cual, aun cuando la disconforme sea la parte ofendida o agraviada dentro del proceso de origen, pues -dice- el delito afecta su patrimonio, por lo que atento a lo previsto por el artículo 20 constitucional, apartado C, tendrá derecho a la reparación del daño, empero, en el caso concreto, con el acto judicial que reclamó el quejoso, consistente en el auto de formal prisión de fecha doce de agosto de dos mil diez, dictado en su contra dentro del proceso **********, por el Juez de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el delito de chantaje, previsto y sancionado por el artículo 415 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla,(3) cometido en agravio de ... no se afecta dicho aspecto de la reparación del daño.
"Esto es así, precisamente porque el auto de término constitucional reclamado sólo afecta la libertad personal del inculpado, puesto que en términos del artículo 19 constitucional únicamente se conceden garantías al presunto responsable y ellas son que no exceda la prisión preventiva sin que se justifique con el auto de formal prisión, que ese auto tenga como base la plena comprobación del cuerpo del delito y además datos que hagan probable la responsabilidad del acusado y que se consignen las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión en que se realizaron los hechos, y establece además la obligación de seguir el proceso por el delito consignado en dicho auto; pero dicha resolución de modo alguno implica algún pronunciamiento respecto al derecho a la reparación del daño con que cuenta la víctima u ofendido del delito, pues dicha reparación es una pena pública, de manera que para que nazca el derecho a exigirla, es necesario que previamente se acredite la pretensión punitiva del proceso penal, es decir, la existencia de los elementos del delito y la plena responsabilidad penal y, por ende, si en el proceso aún no se dirimen estas cuestiones (lo que generalmente sucede hasta el dictado de la sentencia), ni siquiera se puede llegar a acreditar tal pretensión, y es inconcuso que mucho menos pudo o puede llegarse a la imposición de una pena como lo es la reparación del daño, pues ésta, se reitera, es su consecuencia.
"En tal virtud, dado que el auto de bien preso reclamado por el quejoso, no se avoca a la legal o ilegal imposición de la reparación del daño como pena, y ni siquiera hace algún pronunciamiento sobre este aspecto, ni mucho menos acerca del aseguramiento del objeto del delito, es inconcuso que no puede afectar el derecho de la víctima u ofendido a tal resarcimiento, máxime cuando de no prosperar el proceso penal, tiene expedito su derecho en la vía civil, para exigir la reparación del daño, y en esa medida, fue correcto que no se reconociera a la aquí inconforme su carácter de tercera perjudicada dentro del juicio de garantías.
"Sirve de apoyo a lo anterior por su exacta aplicación, la jurisprudencia emitida durante la Séptima Época por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, 70, Séptima Parte, página 21, que establece:
"‘OFENDIDO. NO ES TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PENAL CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (se transcribe).
"Así como también, en lo conducente se cita la jurisprudencia 1a./J. 54/2008, invocada por el Juez de Distrito en el fallo recurrido, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, octubre de 2008, página 223, que dice:
"‘LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL EN QUE SE CONCEDE LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR, EN TANTO QUE NO AFECTA EL DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO.’ (se transcribe).
"Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por la inconforme, en el sentido de que al determinarse que no es tercera perjudicada se le estaría privando del derecho de audiencia y se estaría siguiendo el juicio de amparo a sus espaldas; ello, porque dicha recurrente no posee ningún interés ni tiene injerencia en las actuaciones y resolución del juicio constitucional, precisamente debido a que el acto reclamado por el quejoso, no tiene ninguna repercusión en lo atinente a la reparación del daño.
"Igualmente, no es obstáculo la alegación de la inconforme, referente a que no hay artículo expreso que le atribuya al acusado la calidad de tercero perjudicado, pues, como se vio, tratándose del ofendido sí hay disposiciones que prevén expresamente las hipótesis en que puede obtener ese carácter (artículos 5, fracción III, inciso b y 10 de Ley de Amparo), dentro de la cual, no se ubicó dicho recurrente.
"Por lo tanto, ninguna aplicación tiene en el presente caso la tesis invocada en el escrito de agravios, de rubro: ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.’, pues, como quedó de manifiesto a lo largo de esta ejecutoria, el acto reclamado (auto de formal prisión) no afecta directa o indirectamente la reparación del daño y, por ende, al no tener ningún interés en dicha determinación, la recurrente no tiene el carácter de tercera perjudicada que pide, se le reconozca.
"Finalmente, por las razones antes expuestas, es inconcuso que este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito no comparte el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la ejecutoria pronunciada en sesión de fecha veintitrés de septiembre de dos mil diez, dentro del expediente de queja número ********** (cuya copia simple adjuntó la ahora recurrente ... al escrito que presentó en la Oficialía de Partes de este órgano colegiado el 19 de octubre de dos mil diez), de la que se desprende, en esencia, que se promovió el recurso de queja en contra del auto a través del cual se le negó el carácter de tercero perjudicado dentro del juicio de amparo indirecto que interpuso el ahí quejoso en contra de una orden de aprehensión, por lo cual, se declaró fundado dicho recurso, ya que el Juez de Distrito debía reconocer dicho carácter -de tercero perjudicado- al promovente, en virtud de que, atento a la jurisprudencia número 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter de ofendido, y en la orden de aprehensión reclamada se determinó que el delito imputado (fraude procesal) puede afectar su patrimonio, por lo cual, tal mandato de captura puede incidir de manera indirecta en su derecho a obtener la reparación del daño."
Consideraciones similares a las expuestas el Tribunal Colegiado de mérito las aplicó al resolver el recurso de queja **********, derivado del juicio de garantías ya mencionado, se reitera que el acto reclamado consistió en el auto de formal prisión y el delito por el que se instruye la causa penal es el de chantaje, previsto en el artículo 415 del Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla.
b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, derivado del juicio de amparo indirecto **********, consideró lo siguiente:
"QUINTO. El motivo de disenso expresado es fundado.
"Previo a exponer las razones de ello, es necesario reseñar los antecedentes siguientes:
"a) En la especie, ... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos indicados en el resultando primero de esta ejecutoria, advirtiéndose de la reseña respectiva que reclama la orden de aprehensión librada en su contra.
"b) El diecisiete de agosto (sic), .... por conducto de su apoderado, solicitó se le reconociera como tercero perjudicada, lo que no se acordó de conformidad en el auto recurrido.
"c) Mediante oficio ********** del pasado ocho de septiembre, el secretario del juzgado de Amparo del conocimiento, en alcance a su informe rendido, anexó copia certificada de la indicada orden de captura, de la que se desprende que la emitió el Juez Vigésimo Sexto de lo Penal capitalino en la causa **********, en contra del quejoso de mérito, por el delito de ‘fraude procesal en pandilla’ (sancionado con pena de prisión, conforme al primer párrafo del artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal,(4) bajo la hipótesis de si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude), en agravio de ‘...’.
"Ahora bien, la reciente evolución constitucional evidencia la intención del Constituyente de mejorar la situación jurídica de quien resiente un hecho constitutivo de delito y afianzar su participación en el procedimiento penal, principalmente para obtener la reparación del daño que se le haya causado con motivo de aquél. Este propósito, en materia de amparo penal, se reflejó en norma secundaria, en cuanto al tema a dilucidar, en el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que prevé:
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"‘...
"‘III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:
"‘...
"‘b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; ...’
"La disposición transcrita contempla la posibilidad de que la víctima u ofendido participe en el juicio de amparo como tercero perjudicado, cuando los actos combatidos tengan vinculación con la reparación del daño, incluso, de manera indirecta, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 (que el apoderado legal de la recurrente invoca), visible en la página quinientos cincuenta del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto:
"‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.’ (se transcribe).
"Consecuentemente, asiste razón a lo planteado por el apoderado legal de la recurrente, dado que si su representada tiene el carácter de ofendida y en la orden de aprehensión reclamada se determinó que el delito imputado (fraude procesal) pudo afectar el patrimonio de aquélla, debe reconocérsele su carácter de tercero perjudicada, pues de lo contrario se haría nugatorio su derecho a ser oída en el juicio constitucional, en la inteligencia de que tiene interés jurídico para ello, toda vez que, se itera, el citado mandamiento de captura podría incidir de manera indirecta en su derecho a obtener la reparación del daño, máxime que en la ejecutoria correspondiente a la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 antes transcrita, se determinó:
"‘Lo anterior, nos lleva a afirmar que la víctima u ofendido pueden ver afectada su esfera jurídica por virtud de los actos de las autoridades que conducen el procedimiento penal (el Ministerio Público durante la averiguación previa y el órgano jurisdiccional durante la instrucción), ya que en efecto, existe una multiplicidad de actos procesales que si bien no afectan en forma directa la reparación del daño en tanto que no importan un pronunciamiento al respecto, sí implican que, de facto, tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, con lo cual sí se les puede relacionar en forma inmediata con dicha figura, que ha sido elevado a la categoría de garantía individual por el Poder Revisor de la Constitución.
"‘Tal sería el ejemplo de la negativa a obsequiar una orden de aprehensión, resolución en la que evidentemente no habrá pronunciamiento alguno respecto de la reparación del daño, pero que en forma notoria afectará al ofendido o a la víctima del delito en su pretensión reparatoria ...’
"Al ser fundado el motivo de disenso expresado, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja.
"Por tanto, el Juez del conocimiento debe dejar insubsistente el auto recurrido del pasado diecinueve de agosto y en su lugar emita otro en el que tenga como tercero perjudicada a ... aun cuando el peticionario de garantías no la hubiere señalado como tal, ya que su condición de parte en el juicio de garantías deriva de la naturaleza del acto combatido y no simplemente de la voluntad del promovente de la acción constitucional.
"Es ilustrativa de esta última conclusión, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 16/2009, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página quinientos sesenta del Tomo XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:
"‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO. SI EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA REVISIÓN ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ALGUNO AL QUE NO SE LE HA OÍDO EN EL JUICIO POR NO HABÉRSELE RECONOCIDO ESE CARÁCTER, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe)."
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno, que es del tenor literal siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J, 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Asimismo, sirve de apoyo el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno que se transcribe a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En la especie, los extremos indicados con antelación se acreditan, tal como se demuestra a continuación.
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito se ocupó del problema jurídico consistente en determinar si la subsistencia del auto de formal prisión reclamado afecta directa o indirectamente al derecho de la víctima u ofendido a la reparación del daño, y así legitimarlo a ser parte en el juicio de amparo en su papel de tercero perjudicado.
El Tribunal de mérito concluyó que el auto de término constitucional analizado no afecta directa o indirectamente a la reparación del daño y, por lo tanto, no resulta aplicable la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificable bajo el rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA."
En adición, se pronunció sobre un problema jurídico ajeno a la litis que le fue planteada, relacionado con una orden de aprehensión reclamada en un diverso juicio de amparo indirecto, del cual derivó la queja 38/2010, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (con quien ahora contiende) y, al respecto, sostuvo que no compartía la apreciación de su homólogo en el sentido de que tal mandato de captura puede incidir de manera indirecta en el derecho de la víctima u ofendido a obtener la reparación del daño y, por lo tanto, agregó que tampoco en ese caso resultaba aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala referida en el párrafo anterior.
b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el citado recurso de queja 38/2010, se avocó al problema de determinar si una orden de aprehensión constituye un acto procesal que afecta directa o indirectamente al derecho de la víctima u ofendido de obtener la reparación del daño, y concluyó que eso es así, al tenor de las consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia de la Primera Sala precisada en el inciso a) anterior.
Como se aprecia de lo anterior, ambos Tribunales Colegiados se cuestionan sobre la aplicabilidad de una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido vale la pena transcribir a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, ma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22871-08bfef13/ofendido-o-victima-del-delito-puede-acudir-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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