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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE EXTRADICIÓN. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA CONTRA SU EJECUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2010. · Registro digital (IUS): 22971
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, , Pág. 173.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal, que es una de las materias de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quienes se encuentran facultados para ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece lo siguiente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis, el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio, comenzó a correr del diecinueve de noviembre de dos mil diez al diecisiete de enero de dos mil once, descontándose los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, cuatro, cinco, once y doce de diciembre, todos del dos mil diez, uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de enero de dos mil once, por ser sábados y domingos, respectivamente y en consecuencia inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, además del lapso comprendido del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por ser el segundo periodo de receso de este Alto Tribunal, a que se refieren los artículos 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 286 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, ya que durante los días en que no tienen lugar actuaciones judiciales, no corren términos.

Ahora bien, el agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio **********, formuló pedimento en el sentido de que sí existe contradicción de tesis y que debe prevalecer el criterio de que tratándose de órdenes de detención, presentación y/o localización con fines de extradición, procede conceder el beneficio de la suspensión provisional de los actos reclamados, para efectos de que, de proceder, el inculpado no sea privado de su libertad hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, caso contrario, si se trata de un delito grave el indiciado deberá quedar a disposición del Juez de Distrito por cuanto se refiere a su libertad personal.

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en sesión del seis de septiembre de dos mil diez, resolvió el recurso de queja número **********, por mayoría de votos, en el que en la parte considerativa de su sentencia declaró fundado uno de los agravios, al tenor de las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Es fundado el anterior agravio. En efecto, el quejoso ********** promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó del Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal y otras autoridades la orden u órdenes de detención, presentación y/o localización con fines de extradición y la ejecución de éstas. Además, el peticionario de garantías solicitó al Juez de Distrito la suspensión de los actos reclamados en los términos siguientes: ‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN’. (se transcribe). Ahora bien, de autos se advierte que el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, en el proveído impugnado, luego de establecer que se carece de datos precisos de la naturaleza del delito atribuido al impetrante, concedió a éste la suspensión provisional de los actos reclamados, consistentes en la orden u órdenes de detención, presentación y/o localización con fines de extradición y la ejecución de éstas, al estimar que se reúnen los requisitos de los artículos 124, 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo, para el efecto de que en el supuesto de que el quejoso fuera detenido quedara a su disposición por cuanto se refiere a su libertad personal deambulatoria en el lugar donde sea recluido y de la responsable para la continuación del procedimiento respectivo. En apoyo de esta determinación, transcribió la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del rubro: ‘ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL SOLO EFECTO DE QUE UNA VEZ CUMPLIMENTADA, EL QUEJOSO QUEDE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE AMPARO POR LO QUE SE REFIERE A SU LIBERTAD PERSONAL Y A DISPOSICIÓN DE LA ORDENADORA PARA LA CONTINUACIÓN DE ESE PROCEDIMIENTO.’. En su agravio, el inconforme en esencia sostiene que el proceder del a quo contraría los artículos que se invocan en la resolución impugnada, destacando el numeral 136 de la Ley de Amparo y 26 de la Ley de Extradición Internacional, los que transcriben, que aquel precepto permite la libertad provisional bajo caución y sus alcances de la suspensión concedida atendiendo a la gravedad del delito, si no es grave, la suspensión paraliza el acto que afecta la libertad, y en el evento contrario, una vez cumplido el acto privativo de libertad la suspensión se concede para que el quejoso quede a disposición del Juez de Amparo por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del ordenador para la continuación del procedimiento, y de esa manera no se consumen irreparablemente los actos reclamados. Por lo anterior, sostiene el inconforme debió de conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se le detenga con motivo de las órdenes de extradición, si no se trata de delito que por su gravedad la ley aplicable prohíba expresamente conceder el beneficio de la libertad provisional, y al no hacerlo así, es nugatoria la suspensión. Lo expuesto se dijo es fundado. En efecto, el Juez a quo al resolver la suspensión provisional solicitada por el quejoso de los actos reclamados, consistentes en la orden u órdenes de detención, presentación y/o localización con fines de extradición y la ejecución, concedió la medida cautelar para el solo efecto de que una vez detenido quedara a su disposición por cuanto a su libertad personal se refiere y al (sic) del ordenador para el trámite procesal respectivo, es decisión que agravia al inconforme. Cierto, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, que son de aquellos que afectan la libertad personal y de que el quejoso no se encuentra detenido como consecuencia de éstos, resulta obvia la procedencia del otorgamiento de la suspensión provisional de los mismos, pero no en la forma y términos en que se estableció en la resolución impugnada, sino que dicha medida cautelar, debió de otorgarse bajo los parámetros que se aduce en el agravio analizado, pues al tratarse de actos restrictivos de la libertad personal, dicha medida debe otorgarse para el efecto de que no se ejecute materialmente en la persona del quejoso la orden de localización, detención y presentación con fines de extradición, bajo la condición de que si el delito que se le atribuye, es considerado como grave en la legislación penal de nuestro país, el beneficio en mención será en los términos en que lo resolvió el juzgador de amparo en el auto impugnado, atento a que en tal supuesto, debe atenderse a la ley especial, esto es, la Ley de Amparo. Asimismo, al conceder tal medida, en los términos en que lo hizo el a quo, se convierte en una auténtica negativa en el supuesto de que el delito imputado no esté considerado como grave en la legislación penal de nuestro país, y de materializarse tales actos, desaparecería la materia del juicio de garantías del que deriva el incidente de suspensión sujeto a revisión. Además, este tribunal estima que en el caso concreto no resulta aplicable el artículo 26 de la Ley de Extradición Internacional, lo que se sostiene porque de su atenta lectura e interpretación literal se desprende que el aludido supuesto cobra vigencia una vez materializada la detención provisional con fines de extradición ordenada por el Juez correspondiente, situación que en el caso particular no se actualiza, por la sencilla razón de que en la especie la reclamación por parte del quejoso se traduce en actos de autoridad derivados de las órdenes de aprehensión, detención, presentación y/o localización y su ejecución, o sea, mandatos de autoridad mediante los cuales se ordena la detención provisional con fines de extradición del quejoso, en los términos contenidos en el artículo 21 de la citada Ley de Extradición. En ese tenor, no se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito II.2o.P.132 P de la Novena Época, publicado en la página 1442, Tomo XIX, de abril del 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que invoca como sustento de su fallo el Juez a quo, así que ante los criterios discordantes a lo decidido al respecto por dicho tribunal, y lo resuelto en este recurso de queja, procede denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine el criterio que debe prevalecer sobre el tema en análisis. Bajo las precedentes consideraciones, al no existir la figura de reenvío, este Tribunal Colegiado considera procedente conceder al quejoso ********** el beneficio de la suspensión provisional de los actos reclamados a que se ha hecho alusión con antelación, para el efecto de que no sea privado de su libertad como consecuencia de los mismos, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, quedando a disposición del Juez de Distrito por cuanto se refiere a su libertad personal y de las responsables ordenadoras para la práctica de diligencias que tengan a bien desahogar en el procedimiento del que emanan los actos reclamados, en el juicio de garantías del que deriva el incidente en el que se emitió la interlocutoria impugnada. La medida cautelar de que se trata, surte efectos de inmediato, pero dejará de tenerlos si las órdenes de detención, presentación o localización con fines de extradición reclamadas y su ejecución, se emitieron dentro de un procedimiento en el que o los hechos ilícitos imputados se consideran como graves en la legislación penal del país, caso en el que dicha suspensión sólo surtirá efectos para que el repetido quejoso una vez que sea privado de su libertad sea internado en el centro de reclusión que corresponda, quedando a disposición del Juez de amparo por lo que se ve a su integridad física y libertad personal y de las responsables para la prosecución del juicio del que emana el acto reclamado. Asimismo, el quejoso no deberá abandonar la circunscripción territorial del país, sin la autorización de las responsables que hayan admitido la existencia del acto reclamado y del Juez de amparo. De igual modo, con fundamento en el artículo 124 bis, de la Ley de Amparo, para que en (sic) la medida cautelar concedida surta efectos, el quejoso deberá otorgar dentro del término de cinco días, garantía por ********** en cualquiera de las formas establecidas por la ley, suma que se fija discrecionalmente conforme las facultades que para ello concede a este tribunal la ley de la materia, al no contarse por el momento con datos suficientes para conocer las modalidades y características del delito imputado al quejoso, la situación económica de éste y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, estimándose por ende que la garantía fijada es eficaz para garantizar la devolución del impetrante al Juez de la causa, en caso de que al resolverse en definitiva, se niegue a éste dicha medida cautelar. También se impone como obligación del quejoso para que surta efectos la repetida suspensión provisional concedida de presentarse ante el Juez del procedimiento para la práctica de diligencias que se estimen necesarias y se requiera su necesaria intervención, dentro del término de tres días, a partir de aquél en que se notifique el proveído en el que se le ponga a la vista el informe previo de la autoridad judicial que admita la existencia del acto reclamado, en la inteligencia de que el quejoso deberá acreditar su comparecencia ante el Juez del procedimiento con copia certificada expedida por dicha autoridad, quedando obligada a exhibirlo ante el Juez de Distrito en un término igual al ya señalado, apercibido de que de no acatar dichas órdenes, la suspensión dejará de surtir efectos y en su caso se hará efectiva la garantía exhibida. Al caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.’ (se transcribe). Así las cosas al ser fundado el agravio expresado por el inconforme, se concede a éste la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la orden u órdenes de detención, presentación y/o localización con fines de extradición y la ejecución, para los efectos y bajo las medidas de aseguramiento ya precisadas con antelación ..."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver, por unanimidad de votos en sesión del veinte de octubre de dos mil tres, el recurso de queja número **********, declaró sustancialmente fundados los agravios al tenor de las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios que hace valer el recurrente **********, en representación del quejoso **********, aunque suplidos en su deficiente queja de acuerdo a la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: El Juez de amparo en el acuerdo recurrido de catorce de octubre de dos mil tres, dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **********, determinó negar la suspensión provisional de los actos reclamados atendiendo al marco jurídico que condiciona la procedencia que se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 de la Ley de Amparo, en él consideró: Que del contenido de los preceptos aludidos, para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de garantías debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés púbico, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. Y que el estudio que debe realizarse, atenderá a la naturaleza de la violación alegada la que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, que de ejecutarse constituiría un acto de difícil reparación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo. Además, de que el quejoso señaló como acto reclamado la orden de detención provisional con fines de extradición internacional y su ejecución. Y que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social ********** y pretende obtener la medida cautelar para los efectos siguientes: A) Para el efecto de que obtenga su libertad. B) Para el efecto de que se suspenda el procedimiento de extradición. Por lo que estimó, negar la suspensión solicitada, para el efecto de que el quejoso obtenga su libertad, porque su reclusión no obedece a la orden de detención provisional con fines de extradición, sino del proceso a que se encuentra sujeto, derivado de una causa penal, por lo que no podría concedérsele para tal efecto. En lo que respecta a la petición de que se suspenda el procedimiento de extradición, se negó la suspensión provisional, porque el efecto se traduce en la paralización del proceso de extradición que atiende a fines de orden público. Por otro lado, del escrito de demanda de amparo el quejoso señaló como acto reclamado: (se transcribe). En el capítulo de la demanda respectivo a la suspensión señaló: (se transcribe). Bajo esa tesitura, el Juez de amparo actuó incorrectamente al negar al quejoso la suspensión provisional, pues en principio es inexacto que el recurrente haya realizado expresamente la petición de obtener la medida cautelar para los efectos de obtener su libertad y de que se suspendiera el procedimiento de extradición, ello en virtud del análisis íntegro de la demanda de garantías que no se limita a estos temas. Ciertamente, el quejoso reclama la orden de detención provisional con fines de extradición internacional girada en su contra y por ende solicitó la suspensión provisional, y tomando en consideración que el acto reclamado implica una restricción a su libertad; es por ello que lo procedente es atender a lo que disponen los artículos 124, 130 y 136 de la Ley de Amparo. Conforme a estas disposiciones la suspensión procede, pues el acto reclamado afecta la libertad personal y es emitido por un órgano jurisdiccional, pero para el único efecto de que una vez cumplimentada en el lugar que la ejecutoria lo determine, el impetrante de garantías quede a disposición del Juez de amparo únicamente en cuanto a su libertad personal (sin perjuicio desde luego que en este aspecto continúe también a disposición de la autoridad o autoridades jurisdiccionales que le siguen proceso), y a disposición de la autoridad ordenadora para la continuación del procedimiento de extradición. Así es, de conformidad con los preceptos legales invocados de la Ley de Amparo, se desprende que la intención del legislador tratándose de una orden de aprehensión emanada de una autoridad jurisdiccional, fue atender dos supuestos, a saber: a) Para el caso de que el delito por el que se libra, no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. b) Para el supuesto de que el mandamiento de captura, comprenda un delito que permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión provisional surte los efectos para que éste no se cumpla hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, debiendo el Juez de amparo tomar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes. Ciertamente, el párrafo 5o. del artículo 136 de la Ley de Amparo establece que: (se transcribe). Interpretada a contrario sensu esta disposición, se deriva que cuando la orden de aprehensión se refiere a delito que conforme a la ley proceda la libertad caucional, la suspensión sí tiene el efecto de evitar que se cumplimente, sin embargo, salta a la vista que el legislador dispone lo anterior, porque las medidas para el aseguramiento del quejoso, que el juzgador está obligado a imponer, de conformidad al párrafo anterior de ese precepto, de alguna manera substituyen la exigencia de la caución que se le podría fijar en caso de que el quejoso compareciera ante el Juez responsable que dicta la orden de aprehensión y solicitase ese beneficio, pudiéndole ser éste obsequiado desde luego e incluso antes durante la fase de averiguación previa. Empero, ante un procedimiento sui generis como lo es el de extradición, en el cual durante la detención provisional de sesenta días naturales a que alude el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 de la Ley de Extradición Internacional, no es posible pueda concedérsele esa libertad provisional pues según establece el diverso numeral 26 de la referida Ley de Extradición, que a la letra dice: (se transcribe). Es evidente que el pronunciamiento sobre el beneficio tendrá cabida hasta que se cuente con elementos suficientes para considerar satisfecha la petición formal de extradición. Por tanto, debe concluirse que tampoco es dable que los efectos de la suspensión en contra de la orden de detención provisional sean los mismos que tratándose de una orden de aprehensión emanada de un procedimiento ordinario penal; porque si bien ambos procedimientos son de naturaleza penal, el de extradición no es propiamente un juicio y tiene finalidades y tramitación distintas. En suma, el legislador estableció que cuando el Juez responsable pueda otorgar el beneficio de la libertad caucional, pueda también el Juez de amparo conceder la suspensión en contra de la orden, motivo de esa privación de libertad, para que no se cumpla; por tanto, cuando como en la especie el Juez responsable que dicta una orden de detención provisional para fines de extradición no puede otorgar ese beneficio mientras tanto no reciba la petición formal, tampoco el Juez de amparo puede conceder la suspensión en contra de esa orden para que no se cumpla, aún tratándose de delitos por los que en el procedimiento ordinario penal pudiera proceder el otorgamiento de la libertad caucional, por ello es que sólo se concede la suspensión provisional en los términos apuntados. Es de citar, en lo conducente, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIII; Página 1246, bajo el rubro y texto: ‘EXTRADICIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.’ (se transcribe). De igual forma cabe citar, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVI, página 274, bajo el rubro y texto: ‘EXTRADICIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA LA.’ (se transcribe). Por lo expuesto, la tesis en que se sustenta el proveído recurrido con el rubro: ‘EXTRADICIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE.’ Para resolver lo atinente a negar la suspensión provisional por el a quo al estimar que la reclusión del recurrente obedece al proceso penal que se le instruye y no a la orden de detención provisional con fines de extradición, se trata de una tesis aislada y los precedentes que se invocan en esta ejecutoria son posteriores, por lo que se entiende superada. En consecuencia, se declara fundado el recurso de queja hecho valer por **********, en representación del quejoso **********, bajo la consideración de que es procedente conceder la suspensión provisional solicitada; únicamente para los efectos precisados..."

El criterio anterior dio origen a la tesis cuyos datos de localización, rubro, texto y precedente, a continuación se transcriben:

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XIX, abril de 2004

"Tesis: II.2o.P.132 P

"Página: 1442

"ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE EXTRADICIÓN. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL SOLO EFECTO DE QUE UNA VEZ CUMPLIMENTADA, EL QUEJOSO QUEDE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE AMPARO POR LO QUE SE REFIERE A SU LIBERTAD PERSONAL Y A DISPOSICIÓN DE LA ORDENADORA PARA LA CONTINUACIÓN DE ESE PROCEDIMIENTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión emanada de una autoridad jurisdiccional tiene dos diferentes alcances, según el delito por el que se libra, permita o no la libertad provisional bajo caución. En el primer supuesto, la suspensión provisional surte el efecto de que el mandamiento no se cumpla hasta en tanto se resuelva la definitiva, debiendo el Juez de amparo tomar las medidas de aseguramiento pertinentes. En el segundo supuesto, la suspensión sólo tiene el efecto de que el impetrante de garantías quede a disposición del Juez de amparo por lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad ordenadora para la continuación del procedimiento. De lo anterior, se deriva que la intención del legislador fue que cuando el Juez responsable pueda otorgar el beneficio de la libertad caucional, pueda también el Juez de amparo conceder la suspensión en contra de la orden (motivo de esa privación de la libertad) para que no se cumpla; por tanto, el Juez responsable que dicta una orden de detención provisional con fines de extradición, según lo dispone el artículo 26 de la Ley de Extradición Internacional, no puede otorgar el beneficio de la libertad provisional mientras no se considere satisfecha la petición formal de extradición, ni tampoco el Juez de amparo puede conceder la suspensión en contra de esa orden para que no se cumpla, aun tratándose de delitos por los que pudiera proceder el otorgamiento del beneficio de la libertad caucional.

"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

"Queja 60/2003. 20 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: José de Jesús Gutiérrez Luna."

SEXTO. Por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número **********, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al fallar el recurso de queja número **********; cuyas consideraciones esenciales se precisarán a continuación, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho, como en los de hecho.

De ahí que, considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales, constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Que por tanto, es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia;

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22971-8ec085da/orden-de-detencion-con-fines-de-extradicion-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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