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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2010. · Registro digital (IUS): 22891
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre los criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal materia de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para establecer si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos, más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.(2)-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.(3)-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito -denunciante- al resolver el veinticinco de junio de dos mil diez, el amparo en revisión **********, en lo esencial son las siguientes:

"CUARTO. Son inoperantes en un aspecto e infundados en otro, los agravios que en esta instancia vierte el quejoso.

"En principio, cabe reiterar como lo estableció la Jueza de Distrito, que la parte impetrante de garantías, no tiene reconocido carácter alguno en la indagatoria de origen, siendo precisamente esa circunstancia la que debate en el juicio de amparo; sin embargo, se ostenta como parte ofendida; y por ello, no opera en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo; ya que en materia penal, aquélla sólo es procedente cuando el quejoso o recurrente sea el reo, entonces, el estudio de los agravios deberá hacerse en estricto derecho, por lo que dicha impetrante debe combatir cabalmente todos y cada uno de los razonamientos sustentados por el a quo, toda vez, que si el tribunal de revisión examinara aspectos no discutidos por dichos inconformes, actuaría de manera oficiosa y en suplencia de la deficiencia de los argumentos del interpositor del recurso, en contravención a la regla ya mencionada.

"La resolución recurrida sostiene como argumentos para sobreseer en el juicio de amparo lo siguiente:

"1. Que a criterio de la Jueza de Distrito, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, del que se advertía que sólo podía promoverse el juicio de amparo por la parte a quien le perjudique, por el acto que se reclame y establece que debe promoverse por el agraviado, su representante legal o su defensor.

"2. Atinente al agravio y perjuicio precisó que el interés jurídico a que alude la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías, se refiere a que el acto reclamado cause perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando el acto lesiona un derecho que le pertenece y se encuentra legítimamente tutelado por la ley y que de manera concomitante, es lo que provoca la génesis de la acción constitucional.

"3. Indicó, que así como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse en base a presunciones, por lo que la naturaleza del acto o ley reclamada determina la afectación de la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse de agravio dice, cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real o efectivamente sus bienes legalmente amparados, para lo cual citó la tesis titulada: ‘INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.’

"4. Luego dijo, no bastaba la presentación de la demanda de amparo para estimar por ese solo hecho, que se acredite la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, pues para ello, es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona su interés jurídico, a lo que aplicó el criterio de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA.’

"5. En el particular, señaló que el quejoso reclamó del procurador general de Justicia del Estado, el fallo por el cual confirmó la resolución de no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público Especializado del Fuero Común para Delitos Electorales y Servidores Públicos, dentro de la averiguación previa **********, de su índice; que el impetrante de garantías dentro de la citada indagatoria ocurrió el trece de junio de dos mil ocho ante el citado agente a denunciar posibles hechos delictuosos cometidos en agravio del patrimonio del municipio de **********, de los cuales tuvo conocimiento en virtud de las observaciones realizadas por el contador mayor de Hacienda a las cuentas públicas de las administraciones de dicho municipio correspondientes a los periodos 2000-2003 y 2003-2006.

"6. Que con motivo de esa denuncia se dio inicio a la averiguación previa correspondiente que concluyó con la resolución de no ejercicio de acción penal a favor de ********** y **********, al no haberse demostrado los elementos constitutivos que integran la figura típica denominada **********, prevista en el **********, **********, ********** vigente en el Estado, la que confirmó el procurador responsable al resolver el recurso de inconformidad que constituye en esta vía el acto reclamado.

"7. De lo anterior, al parecer de la Jueza de Distrito, emana que el sujeto pasivo de la conducta denunciada era el Estado y el bien jurídico tutelado era la correcta administración del erario público, por lo que dicho tipo tutela intereses públicos y no particulares, por lo que mencionó, que a pesar de que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 del Código Penal Vigente en el Estado, en relación con el 211 del código punitivo en vigor, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de dicho delito, puede hacer valer la denuncia correspondiente. Pero que la legitimación para acudir al juicio de garantías a reclamar una resolución de inejercicio, se actualizaba sólo en el caso de que el denunciante estuviere en posibilidad de reclamar la reparación del daño o la responsabilidad civil, como consecuencia de acciones u omisiones que sancione la ley penal, pues sólo así se afecta su esfera jurídica; consideraciones que dijo encontraban apoyo en lo establecido por la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’

"8. Por lo que interpretando en sentido contrario el criterio anotado, indicó, que cuando el denunciante con motivo de la conducta delictiva no ha sufrido un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, carecía de interés para reclamar la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal, decretado por el agente investigador, pues la facultad del denunciante se agota en el momento de formular la denuncia respectiva, pues a través de ésta no se irroga al gobernado ningún derecho legítimamente tutelado a su favor, pues sólo constituye la comunicación que éste realiza a la autoridad de hechos aparentemente delictivos.

"9. Pues menciona, la facultad de cualquier persona a denunciar hechos delictivos perseguibles de manera oficiosa, no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar el Estado de derecho en beneficio de la colectividad, al permitir que cualquier individuo aun sin verse afectado de manera directa con la comisión del hecho, lo haga del conocimiento del Ministerio Público, para que éste se vea obligado a iniciar la averiguación correspondiente y, en su caso, consignar al Juez de Distrito, al o los presuntos responsables; por lo que dice, el orden jurídico objetivo otorga a cualquier particular una mera facultad de formular denuncias por los delitos perseguibles de oficio, pero no a exigir de la autoridad determinada conducta, con independencia de la responsabilidad penal o administrativa en que pudiera incurrir el funcionario que no atienda esa denuncia o no actúe diligentemente y con apego a la normatividad en la investigación de los hechos.

"10. Por lo que refiere, que si en el caso que se sometió a su estudio, el quejoso se dolió de que el procurador responsable confirmó la determinación de no ejercicio de acción penal decretada por el agente del Ministerio Público especializado, al no haberse demostrado el cuerpo del delito citado, cuya omisión no afecta a su criterio la esfera patrimonial del quejoso, pues el pasivo de dicha conducta es la administración pública, ya sea en su esfera municipal o estatal, era inconcuso que el acto combatido no le irrogaba lesión alguna a la esfera jurídica del quejoso y en esa medida sólo en el caso de que el denunciante hubiera sufrido un daño físico, una pérdida financiera o un menoscabo a sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delitos, se encontraría legitimado para la promoción de un juicio de garantías, argumento a lo que estimó aplicable las tesis de rubros: ‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM. SUPUESTO EN QUE EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE AUTORIZA EN DEFINITIVA LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.’ y ‘JUICIO POLÍTICO, EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA OMISIÓN DE ACORDAR EL ESCRITO DE DENUNCIA RESPECTIVO, PUES NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’

"11. Sobreseimiento que hizo extensivo a los actos de ejecución reclamados al agente del Ministerio Público especializado del fuero común para delitos electorales y servidores públicos, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia, aspecto que apoyó en la tesis de título: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’

"12. De igual manera dijo, con fundamento en el artículo 73, fracción V, en relación al 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, sobreseía en el juicio respecto de los actos reclamados al Congreso del Estado de Nuevo León, consistentes en la omisión de atender los señalamientos efectuados por el contador mayor de Hacienda, por supuestas conductas irregulares detectadas a los presidentes municipales de **********, **********, durante las administraciones 2000-2003 y 2003-2006, al momento en que dicho órgano legislativo aprobara las cuentas públicas municipales correspondientes a tales periodos, pues el quejoso carecía de interés jurídico para impugnar por la vía de amparo dicha omisión, porque se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en que el denunciante tenga la calidad de parte; además de que tal decisión dijo, no representa un beneficio o perjuicio directo en contra del quejoso, por ende, tampoco un agravio. A lo anterior aplicó por ilustrativa la tesis titulada: ‘JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS. LAS RESOLUCIONES DECISORIAS DE TALES PROCEDIMIENTOS NO GENERAN DIRECTAMENTE PERJUICIO AL DENUNCIANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’

"Contra dicha resolución, el quejoso hace valer como agravios los siguientes:

"a) Que la Jueza de Distrito se aparta de la historia fáctica del acto reclamado, pues él ha ocurrido a los órganos de procuración y administración de justicia, bajo el auspicio que establecen los artículos 1, 14, 16, 17, 21, 31, fracción IV, 39, 40, 41 y demás relativos del código integrador de la República y bajo las anteriores expectativas de ley ocurrió en primer grado a la luz de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y así también por lo dispuesto en el diverso 133 de la codificación procesal penal para el Estado de Nuevo León y 287, fracción I y 289 de la codificación procesal civil del propio Estado, que contiene el carácter de documento público, que dice está conceptuado como jure in jure, es decir, que por sí mismo genera prueba plena, por ser indubitable al no ser redargüido de falso.

"En primer lugar, es inoperante el agravio del quejoso en cuanto a que la resolución de la Jueza de Distrito, afecta lo establecido por los artículos 1, 4, 16, 17, 21 y 31, fracción IV, constitucionales, lo anterior porque la actuación de los Jueces de Distrito dentro del juicio de garantías, se dirigen al análisis de la afectación de ésta dentro de los actos de autoridad, luego, no puede atribuirse a éstos, afectación de derechos fundamentales, sino, en su caso, inaplicación de lo establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, que menciona:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES SI SOSTIENEN LA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES POR EL JUEZ DE DISTRITO.’ (la transcribe).

"Por otro lado, se estima inoperante el anterior agravio, dado que en éste el quejoso se ciñe a indicar los artículos que a su parecer afectó la Jueza de Distrito en el análisis que llevó al sobreseimiento del juicio de garantías; sin embargo, no alude de manera precisa a la afectación que se le realiza con la emisión de la sentencia; por lo que, sobre este punto en particular, se estima que no se ataca de manera suficiente la sentencia que reclama.

"Apoya lo anterior el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que menciona:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.’ (la transcribe).

"b) Que la a quo realizó una argumentación que no corresponde a la génesis constitucional, que le genera personalidad jurídica, además de que transcribe tesis aisladas cuya temporalidad están fuera de contexto.

"Igual, sucede con lo establecido en el punto anterior, pues al indicar que la Jueza faltó a la génesis constitucional, no indica en qué consiste ésta, además de que su alusión a que fueron transcritas tesis aisladas cuya temporalidad se encontraba fuera de contexto, es insuficiente al no indicar cuál es precisamente la contextualización inadecuada de la Jueza para estar en condiciones de calificarla de esa manera.

"c) Que él acudió a promover juicio de garantías con el antecedente de que dentro de la averiguación previa de donde emana el acto de autoridad, tanto la autoridad administrativa como el órgano judicial federal, le reconocieron legitimación legal para generar un accionar conforme al artículo 17 constitucional, aserto que dice se confirma con el contenido de las constancias que engrosan el amparo seguido ante la Jueza de Distrito.

"El anterior agravio es infundado, en atención a que si bien es cierto que la Jueza de Distrito le dio acceso a la vía de amparo, fue porque no podría prejuzgar sobre su falta de interés jurídico al momento de la admisión de la demanda, pues dicho análisis es propio de la cuestión litigiosa y sólo pueda abordarse al momento en que se pronuncia sentencia definitiva, lo anterior tiene como base las siguientes tesis:

"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO TIENE QUE ESTAR PROBADO PLENAMENTE AL PRESENTARSE LA DEMANDA.’ (la transcribe).

"‘LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.’ (la transcribe).

"Y si bien, le fue dada la posibilidad de acudir dentro de la averiguación previa, ello sólo fue en calidad de denunciante, cuya función fue sólo dar noticia criminis de un hecho aparentemente delictivo incluso interponer recurso de inconformidad, pero no, de llegar al extremo de que esa intervención le justifique acudir al juicio de garantías, esto es, la resolución de inejercicio de acción penal no le afecta ni le afectaría, por razón de que a quien le resulta el daño directo es a un organismo público, caso contrario si acudiera a reclamar afectaciones procesales dentro de la propia averiguación, como podría ser por ejemplo, la falta de notificación de algún acto, omisión de acordar alguna promoción, falta de contestación de agravios en el recurso, etcétera.

"Apoya lo anterior, el criterio citado por la a quo y que esta conformación comparte emitido por el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que menciona:

"‘LEGITIMACIÓN AD PROCESUM. SUPUESTO EN QUE EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE AUTORIZA EN DEFINITIVA LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.’ (la transcribe).

"d) Que el ejercicio de su derecho de acción, emerge conforme al artículo 133 de la Constitución, que de manera armónica se puntualiza en el párrafo IV del artículo 21 constitucional, que brinda la expectativa a los gobernados de acudir ante una instancia de garantías, a efecto de señalar un atropello flagrante de garantías individuales y del Estado de derecho, por lo que dice, no es jurídico desconocer la legitimación que la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales en el artículo 13, le reconoce y obliga a tenerle justificada su legitimación y el derecho para ocurrir al ór

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22891-a2e6c5c4/accion-penal-el-denunciante-que-no-tiene-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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