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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 369/2009. · Registro digital (IUS): 22247
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 167.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 369/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver la revisión incidental número 80/2009, fallado el veintiocho de mayo de dos mil nueve, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"SEXTO. Los agravios que hace valer el inconforme respecto a la negativa a conceder la suspensión definitiva por el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada en contra del ahora recurrente y su ejecución, son fundados para modificar la resolución que se impugna, aunque para ello se suplirán en su deficiencia, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme a las siguientes consideraciones. En efecto, el Juez de amparo decretó la negativa a conceder la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, por afectarse disposiciones de orden público. Para arribar a tal determinación, el Juez de control constitucional destacó que en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 124 y 130 de la Ley de Amparo, se precisan los aspectos que deben tomarse en cuenta y los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, consistentes en: ‘la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el quejoso con su ejecución; los que la suspensión origine a los terceros perjudicados; que no se siga perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público; y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso’; precisando al efecto que el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, y para la apreciación de su existencia depende del caso concreto y que los juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión del acto reclamado deben exponer los motivos por los que se consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público. Por lo cual, concluyó que debía negarse la medida cautelar solicitada con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en atención a que la orden de aprehensión fue dictada por el Juez responsable, luego de que emitió sentencia en los autos de la causa penal 238/2007, en la que se le impuso pena privativa de libertad al quejoso aquí recurrente, al aparecer como penalmente responsable del delito de homicidio ocasionado por culpa y haber quedado firme, lo cual implicaba la obligación ineludible de cumplir con la condena, por lo que de conceder tal medida cautelar, produciría el efecto de anteponer el interés particular del sentenciado y postergar sin justificación el cumplimiento de tal mandato en detrimento del interés de la sociedad y del orden público; sustentando la anterior determinación en el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: ‘SUSPENSIÓN. IMPROCEDENCIA DE SU OTORGAMIENTO CONTRA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EJECUTORIADA.’. Respecto a lo anterior, este órgano colegiado, en el caso concreto, no comparte la conclusión del Juez a quo ni del Tribunal Colegiado de referencia. Se afirma lo anterior, habida cuenta de que es indiscutible que si la suspensión afecta el interés social o viola disposiciones de orden público o si con motivo de la ejecución del acto reclamado no se causan al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, debe negarse ésta en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Circunstancias que no acontecen de concederse la suspensión contra el auto que ordena la aprehensión y/o reaprehensión de un individuo que ha sido condenado por sentencia ejecutoria, pues en primer lugar, es un acto que atenta contra la libertad personal del gobernado, por lo que su emisión está sujeta al análisis constitucional, sobre todo que se pronuncia en forma independiente al dictado de la sentencia, lo que obliga a verificar que los fundamentos legales y motivos o razones que lo sustentan, son acordes con el ordenamiento legal aplicable y no le causan perjuicio al quejoso, máxime cuando, como en este caso se controvierte las circunstancias relativas a la debida notificación y, por tanto, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En segundo lugar, el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo permite suspender actos derivados del procedimiento penal que atenten contra la libertad personal, bajo las condiciones que en éste se establecen, como resultan ser los atingentes a la ejecución de las sanciones, puesto que el artículo 431 del Código Penal para el Estado de México señala: ‘La reaprehensión del condenado que se hallase en libertad provisional, será ordenada por el órgano jurisdiccional para ser puesto a disposición del Ejecutivo del Estado, en el centro preventivo y de readaptación social correspondiente.’. En tercer lugar y como ejemplo, tenemos que al demandar en amparo directo, de la autoridad de segunda instancia, la ejecutoria que emitió en el toca penal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo, en cualquier momento procede ordenar la suspensión de plano de su ejecución, no obstante que la misma comprenda la paralización del cumplimiento de la sentencia privativa de libertad, o bien, de la orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en contra del ahora quejoso, pues en ese caso, es incuestionable que al ser materia de estudio la verdad legal que implícitamente sostiene la referida resolución, la medida caucional que se otorga, y que en su caso impide temporalmente el cumplimiento del mandato de captura, no controvierte el orden público. Por tanto, si en contra de las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden penal, procede la suspensión de la ejecución de la sentencia reclamada, la misma razón debe prevalecer cuando se controvierten los actos atingentes a la ejecución de la misma, puesto que no se violan disposiciones de orden público ni de interés social. De ahí que si lo adecuado era que el Juez a quo hubiera concedido la suspensión definitiva en vez de negarla, lo procedente es reparar dicha omisión, ya que si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando, de ser procedente, el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia del recurso."

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número 26/2005, fallado el dieciséis de agosto de dos mil cinco, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"Por otra parte, el recurrente señala que si bien la relación del quejoso con el toca penal 435/2004, es la de un enjuiciado penalmente con sentencia ejecutoria, lo cual es una cuestión de orden público e interés general y, además, la sociedad se encuentra interesada en su cumplimiento; también es cierto que la misma sociedad tiene interés en que en todos los procedimientos legales o procesos penales se respeten siempre las formalidades esenciales de esos procedimientos, así como de las garantías de certeza, seguridad jurídica y debido proceso legal establecidas en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución General de la República. En ese orden, el recurrente manifiesta que el Juez de Distrito ‘debería de apreciar que el acto reclamado sí pudiera ser susceptible de suspenderse’, porque de ejecutarse, se consumaría irreparablemente, pues el quejoso quedaría a disposición de las autoridades penitenciarias para el cumplimiento de una pena. Además, que el a quo ‘puede hacer una apreciación de carácter provisional sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado’ y otorgar la suspensión en los términos de ley, sin que por ello se contravengan los supuestos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, relativos a que se siga perjuicio al interés social o se contraríen disposiciones de orden público, ‘precisamente por lo ilegal del acto reclamado.’. Por otra parte, el recurrente alega que el a quo debió conceder la suspensión, por reclamarse los efectos y consecuencias de los actos reclamados, y así conservar viva la materia del amparo, ya que de ejecutarse la orden de reaprehensión se consumaría el acto reclamado en perjuicio del quejoso, toda vez que dicho acto es de los inminentes y susceptibles de ejecutar en cualquier momento. En torno a lo anterior, cabe señalar que este Tribunal Colegiado estima correcta la determinación del Juez de Distrito, porque para decretar la negativa de que se trata, éste consideró el escrito de demanda, específicamente, lo que advirtió del capítulo de antecedentes y con ello, arribó a la conclusión de que el quejoso tiene el carácter de sentenciado en la causa penal 63/2003, de la que a su vez deriva el toca penal 435/2004, del índice de la Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, la que al dictar sentencia condenatoria, modificó parcialmente el fallo de primer grado, para imponerle como sanciones un año, un mes, quince días de prisión, y multa de trescientos cuarenta y cuatro pesos. Asimismo, el a quo estimó que dicha sentencia de segunda instancia, es una resolución ejecutoriada, y además, contra ella se promovió juicio de amparo directo, en el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Cuarto Circuito negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Así, el Juez de Distrito estableció que la orden de reaprehensión reclamada, es la consecuencia necesaria de la ejecución de la sentencia definitiva condenatoria que se dictó en contra del quejoso, lo que estimó que constituye una cuestión de orden público e interés general y, por ello, no es objeto de suspensión, porque la sociedad se encuentra interesada en su cumplimiento, y de lo contrario, se contravendrían los supuestos previstos por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, dicho juzgador agregó que el aludido acto reclamado no es susceptible de suspenderse, ya que deriva de la ‘ejecución de una sentencia ejecutoriada’, ante el cual el quejoso debe quedar a disposición de la autoridad responsable encargada del cumplimiento de sentencias ejecutoriadas y aplicación de penas, o bien, en su caso, al beneficio de alguna sustitución de la pena. Igualmente, el Juez de Distrito precisó que, en la especie, no perdía de vista la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97 (contradicción de tesis), de rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.’. Lo anterior, porque, en síntesis, el supuesto a que refiere dicha tesis, atañe a aquellos actos en los que el agraviado no ha sido escuchado en su defensa y se encuentra en trámite el procedimiento instaurado en su contra, y en el presente caso, el derecho controvertido ‘(responsabilidad penal por la comisión de un delito)’, ya fue dirimido por un órgano jurisdiccional y, por ello, constituye cosa juzgada, ‘con la consecuente inmutabilidad de aquél’. Tales argumentos, se repite, este Tribunal Colegiado los considera correctos, toda vez que como bien lo ponderó el a quo, en el caso, la orden de reaprehensión contra la que se solicitó la suspensión provisional, según se advierte de la demanda de garantías y del escrito de agravios aquí expresados, inclusive, es un acto que emana de una sentencia definitiva condenatoria en materia penal, contra la que, por cierto, se promovió juicio de amparo directo, el cual se resolvió en el sentido de negar al ahora quejoso la protección constitucional que solicitó. Bajo esa panorámica, cabe señalar que si tal orden de reaprehensión fue emitida con el fin de lograr el cumplimiento de esa sentencia definitiva condenatoria, la cual, se estima quedó legalmente firme; entonces, resulta indiscutible que en la especie, de suspenderse aquélla, sí se seguiría perjuicio al interés social y, además, se contravendrían disposiciones de orden público. En ese orden de ideas, es preciso establecer como premisa fundamental que, en la especie, el quejoso está obligado ineludiblemente, y de cualquier forma, a cumplir con la sentencia condenatoria que se le dictó, esto, con independencia de que se le hubiese concedido algún beneficio, por ejemplo: la sustitución de la pena o la condena condicional. Entonces, conceder la suspensión de que se trata, indudablemente produciría el efecto de postergar, sin justificación legal alguna, el cumplimiento de esa sentencia, por lo que, es inconcuso que se seguiría un perjuicio al interés social, y a su vez, se contravendrían disposiciones de orden público, como las concernientes a la ejecución de las sentencias judiciales con valor de cosa juzgada. De ahí que, en la especie, no resulte aplicable el principio de la apariencia del buen derecho, ni las tesis que invoca el promovente sobre este particular. Así, al valorarse de manera objetiva el fin del acto reclamado, se llega a la conclusión de que hasta este momento el quejoso no puede legalmente eludir la carga de cumplir con la sentencia definitiva condenatoria de la que emana aquél. De ahí que no es obstáculo lo aseverado por el recurrente, en el sentido de que por reclamarse los efectos y consecuencias de dicho acto, el Juez de Distrito debió conceder la suspensión para así conservar ‘viva’ la materia del amparo, ya que para ello, debe precisamente ponderarse qué interés prevalece más, si el social o el del particular, y en la especie, como quedó apuntado, se estima que está por encima el interés social, aun cuando pudiera consumarse el acto reclamado."

Criterio del que derivó la siguiente tesis:

"No. Registro: 176,802

"Tesis aislada

"Materia(s): Penal

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXII, octubre de 2005

"Tesis: IV.1o.P.28 P

"Página: 2509

"SUSPENSIÓN. IMPROCEDENCIA DE SU OTORGAMIENTO CONTRA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EJECUTORIADA. Procede negar la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del inculpado. En efecto, es indiscutible que el reo está obligado ineludiblemente por razones de orden público e interés social a cumplir con dicha sentencia, con independencia de que se le hubiese otorgado algún beneficio, por ejemplo la sustitución de la pena o la condena condicional. Por tanto, conceder la suspensión de que se trata, indudablemente produciría el efecto de anteponer el interés particular del impetrante y postergar sin justificación alguna el cumplimiento de esa sentencia en detrimento, en primer término, del interés de la sociedad en que los delitos no queden impunes; en segundo lugar, del orden público, cuyas disposiciones concernientes a la ejecución de sentencias judiciales con carácter de cosa juzgada inciden en la seguridad jurídica de la nación; y por último del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, que contempla ambas situaciones y condiciona a ellas la procedencia de la suspensión.

"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

"Queja 26/2005. 16 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: José Daniel Aguilar del Toro.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 369/2009 en la Primera Sala."

CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo origina no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto las tesis números P. XLVII/2009 y P. XLVI/2009, emitidas por el Tribunal Pleno, que son del tenor siguiente:

"No. Registro: 166,996

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVII/2009

"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema planteado y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

(Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala).

"No. Registro: 166,993

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXX, julio de 2009

"Tesis: P. XLVI/2009

"Página: 68

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en decretar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de los temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan con el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impide su resolución."

(Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala).

En la especie, sí existe contradicción de criterios, por las razones que se exponen a continuación:

En principio, los tribunales anteriormente referidos analizaron la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. La divergencia entre los criterios se dio respecto a si, al estar confirmada la sentencia condenatoria que instaura pena privativa de la libertad en contra del procesado, resulta de interés social y orden público que se reaprehenda al quejoso y purgue éste su condena. Mientras que uno de los tribunales considera que de concederse la suspensión se seguiría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, el otro señala que es procedente conceder la suspensión, pues al versar ésta respecto de un acto que atenta contra la libertad personal del gobernado y que se pronuncia en forma independiente al dictado de la sentencia, no se violan disposiciones de orden público ni interés social.

Desde el punto de vista del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, es claro que ya que la orden de reaprehensión es consecuencia necesaria de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso, de suspenderse aquélla sí se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Lo anterior es así, porque en la especie el quejoso está obligado ineludiblemente a cumplir con la sentencia que se le dictó ya que la misma ha causado ejecutoria; por tanto, conceder la suspensión solicitada produciría el efecto de postergar injustificadamente el cumplimiento de la sentencia.

Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostiene que dada la naturaleza del acto reclamado, al ser uno de los que afectan la libertad personal del gobernado y derivado del procedimiento penal que se pronuncia en forma independiente al dictado de la sentencia, es que está sujeto a análisis constitucional. Así, al ser procedente la suspensión aun de una sentencia definitiva, es que es procedente conceder la suspensión en contra de los actos de ejecución de la sentencia condenatoria, como lo es la orden de reaprehensión.

Según se aprecia, existe contradicción de criterios entre ambos tribunales, la cual se circunscribe a determinar, si cuando la pena privativa de la libertad deriva de una sentencia firme que ha causado ejecutoria, ¿procede conceder la suspensión respecto de la orden de reaprehensión del sentenciado, debido a que existe o no afectación al interés social y a las disposiciones de orden público?

No obsta a la anterior determinación, las particularidades que se observan en la presente contradicción, como lo es que en el recurso de queja 26/2005 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, la sentencia condenatoria fue impugnada incluso mediante el juicio de amparo directo, en el que se resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal, al entonces actor del juicio de garantías; mientras que, por el contrario, en la revisión incidental 80/2009, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22247-bf3ae88a/suspension-procede-otorgarla-contra-la-orden-de-reaprehension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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