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Modo: Corpus Pro

DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2010. · Registro digital (IUS): 23023
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNA
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 84.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo y el punto tercero, fracción VI, del mismo acuerdo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de naturaleza penal materia de especialización de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación. Los denunciantes, Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, se encuentran legitimados con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un amparo en revisión penal de su índice.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.

Lo anterior no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "El sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito." (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las jurisprudencias números 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala que, respectivamente, a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. (2)Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. (3)El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como así se advierte de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis.

A) El entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del mismo circuito resolvió los asuntos siguientes:

1. Amparo directo **********, resuelto el **********. En la sentencia reclamada se condenó al quejoso como penalmente responsable del delito de despojo, previsto en el artículo 191, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, al estimar que ocupó un bien inmueble ajeno, sin consentimiento de quien tenía derecho a otorgarlo.

En sus conceptos de violación, el quejoso argumentó, entre otras cosas, que no obstante que cuenta con escrituras del predio expedidas por **********, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, la autoridad responsable sostuvo que el inmueble no le pertenecía en realidad, por lo cual prácticamente las declaró nulas, violando el artículo 14 constitucional, al declarar la nulidad de dicho título sin haber sido oído ni vencido en juicio al respecto, constituyéndose para ello en un verdadero Juez de carácter civil, que es al que le compete decidir, previo juicio del mismo carácter (civil) sobre la nulidad de un título como el que tiene respecto del predio indicado. Y toda vez que el referido título le otorga el carácter de propietario, no se actualiza la "ajeneidad" como elemento integrante del tipo penal.

Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

"De los autos enviados para la sustanciación de este asunto se advierte, por una parte, que los hechos delictuosos atribuidos al disconforme por la pasiva ********** se hicieron consistir, esencialmente, en que siendo cesionaria de un lote ubicado en la colonia ejidal **********, del Municipio de **********, ‘el señor ********** ya está metiendo materiales para iniciar una construcción en el terreno que es de mi exclusiva propiedad, y al no dejarnos entrar a dicho terreno ni a mis hijos ni a mí en el terreno que pretende apropiarse, me ha despojado de una fracción de terreno que me fue cedido y también ha sorprendido la buena fe de **********, cuyo titular le informó que mi lote fue contratado a favor del aquí denunciado, ya que presentó una copia fotostática de una cesión de derechos de fecha **********, y recibos de agua potable’ y, por la otra, que el peticionario de garantías arguyó ser dueño de la parcela de mérito al tenor del contrato de compraventa celebrado el ********** con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, cuya fotocopia simple anexó. Ahora bien, en las condiciones apuntadas, debe convenirse con este tribunal en que no acertó la Sala al decidir en la forma en que lo hizo, puesto que no se acreditó plenamente en el caso que el disconforme hubiera ocupado un inmueble ajeno, a virtud de que la ocupación que efectuó en el terreno en cita obedeció al derecho que consideró le confería el título de propiedad aludido línea atrás, mismo que desestimó el Juez natural al señalar: ‘que las escrituras con que se cuenta se refieren a la totalidad del predio de que se trata, pero no porque le pertenezca en realidad o porque haya mantenido la posesión del mismo, sino por la maniobra de la que se valió para hacer creer a la institución que el predio cuya escrituración pretendía lo poseyera en realidad’, sin siquiera precisar en qué consistía la maniobra en cita, argumentos que el ad quem acogió al confirmar la sentencia de primera instancia por sus propios fundamentos, y siendo así, es evidente que la Sala conculcó garantías en perjuicio del quejoso ya que no tomó en cuenta la tesis del citado Alto Tribunal que bajo el epígrafe: ‘DESPOJO, DELITO DE.’, es visible en las páginas mil ochocientos sesenta y ocho y siguiente del Tomo XCVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, en la que, en esencia, se sostiene que cuando el inculpado tiene un título de propiedad y con apoyo en él ejercita actos de dominio sobre el inmueble al que dicho título se refiere, no comete el delito de despojo, en la inteligencia de que si la que se dice pasiva también presenta un título sobre el mismo raíz, la conducta que se estudia reviste más bien el carácter de asunto civil que el de un acto delictuoso. En este orden de ideas debe, según se ha dicho ya, otorgarse el amparo pedido." (fojas 269 a 282).

2. Amparo en revisión **********, resuelto el **********. La parte quejosa reclamó ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, la orden de aprehensión dictada en su contra como probable responsable del delito de despojo, cuyos hechos consistieron en que la quejosa ocupó un inmueble ajeno sin consentimiento del propietario. El Juez de control constitucional le negó el amparo solicitado, determinación en contra de la cual interpuso recurso de revisión.

El Tribunal Colegiado argumentó lo siguiente:

"... en la especie no se puede sostener que los hechos denunciados integren un ilícito que la ley castigue con pena corporal, pues es evidente que la ocupación que se imputa a la recurrente del inmueble de que se trata, obedeció al derecho que consideró le confería el título de propiedad al que se ha hecho mención, siendo pertinente destacar que al decidir el juicio de amparo directo **********, promovido por **********, este cuerpo colegiado sostuvo el criterio consistente en que cuando el inculpado tiene un título de propiedad y con apoyo en él ejercita actos de dominio sobre el inmueble al que dicho título se refiere, no comete el delito de despojo, en la inteligencia de que si la persona que se dice pasiva también presenta un título sobre el mismo raíz, la conducta atribuida a aquél reviste más bien el carácter de asunto civil que el de un acto delictuoso ..." (fojas 358 a 367).

3. Amparo en revisión **********, resuelto el **********. La parte quejosa reclamó ante el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, el auto de formal prisión dictado en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 191, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, al estimar que ocupó un bien inmueble ajeno, sin consentimiento de quien tenía derecho a otorgarlo.

El Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:

"De las constancias enviadas por la Sala responsable como justificación de su informe se advierte, por una parte, a foja veinte del expediente de amparo, que los hechos delictuosos atribuidos a la aquí quejosa por la pasiva **********, se hicieron consistir, esencialmente, en que siendo propietaria de un terreno ubicado en la calle **********, esquina **********, del fraccionamiento **********, el caso es que hace como cuatro días aproximadamente que me habló por teléfono una vecina que se llama **********, quien le dijo que había un problema ya que me habían invadido, pero no me dijo quién, simplemente me dijo que me comunicara con **********, que esta persona le informó que la señora *********** estaba realizando las excavaciones para construir, y que ella ya había hablado con la señora *********, pero que ella le dijo que tenía papeles, que el día de ayer **********, me encontré que estaban trabajando albañiles pegando tabique e invadiendo mi terreno y que como la señora ********** no entiende y sigue haciendo su construcción, por lo que decidí venir a poner la denuncia y que se ejerza acción penal, anexando la escritura pública respectiva que obra a fojas de la veintisiete a la treinta y uno del expediente de amparo para justificar su calidad de propietaria del terreno en cita y, por la otra, que la peticionaria de garantías arguyó ser dueña del terreno de mérito al tenor de la escritura pública que exhibió y que en copia fotostática certificada obra a fojas de la treinta y cuatro a la treinta y siete del mismo expediente de amparo. En las condiciones apuntadas, debe convenirse en que la Sala responsable no acertó al decidir en la forma en que lo hizo, puesto que no se acreditó plenamente en el caso, que el disconforme hubiera ocupado un inmueble ajeno, a virtud de que la ocupación que efectuó en el terreno en cita obedeció al derecho que consideró le confería el título de propiedad aludido líneas atrás, mismo que desestimó dicha responsable al señalar ‘que aun cuando tuviera documento que amparara ese terreno, que no es así como se ha visto, esto no la facultaba a ocupar el inmueble cuya posesión tenía la agraviada, toda vez que el delito de despojo por su naturaleza más que proteger la propiedad, tutela la posesión de un inmueble’, sin haber apoyado en prueba fehaciente su afirmación de que la escritura de la activo no ampara el terreno en cita, tomando en cuenta que ni siquiera quedó integrada la prueba pericial con la que pudiera legalmente determinarse que la barda que construyó dicha activo se encuentra dentro del terreno amparado por la escritura de la pasivo, como sin fundamento lo aseveró dicha Sala a fin de dar por acreditados los elementos constitutivos del delito de despojo a que se contrae la fracción I del artículo 191 del código punitivo, motivo del auto de formal prisión reclamado, ni tampoco es correcta la apreciación del Juez Federal en el sentido de que el hecho de que la quejosa cuente con título de propiedad ‘esto no la faculta para ocupar un inmueble del cual no tiene la posesión, así como tampoco el que haya ofrecido como prueba de su parte copia fotostática certificada deducida del expediente **********, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz, de donde se advierte que ********** le demandó la restitución del inmueble en cuestión, pues de conformidad con el artículo 192 del Código Penal antes citado, el hecho de que el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, no impide la configuración del ilícito en comento’, ya que al margen de cualquiera otras consideraciones, debe destacarse que al decidir el juicio de amparo directo número ********** ... y el toca número ********** ... este cuerpo colegiado sostuvo el criterio consistente en que cuando el inculpado tiene un título de propiedad y con apoyo en él ejercita actos de dominio sobre el inmueble al que dicho título se refiere, no comete el delito de despojo, en la inteligencia de que si la persona que se dice pasiva también presenta un título sobre el mismo bien, la conducta atribuida a aquél reviste más bien el carácter de asunto civil que el de un acto delictuoso." (fojas 370 a 380).

4. Amparo directo **********, fallado el **********. En la sentencia reclamada se consideró a los quejosos penalmente responsables entre otros delitos del de despojo.

El Tribunal Colegiado señaló lo siguiente:

"Del sumario se advierte, en primer lugar, que los hechos delictuosos atribuidos a los disconformes se hacen consistir en que ... el ********** los mencionados disconformes, en unión de otras personas, ocuparon diversas fracciones pertenecientes a **********, ********** y **********, **********, ********** y **********, de apellidos **********, en segundo, que los peticionarios de garantías adujeron la titularidad del lote número ********** de **********, congregación de **********, Municipio de **********, con apoyo en el instrumento notarial número **********, de **********, tirado ante la fe del notario público número doce de Jalapa, Veracruz, y en tercero, que mediante dictámenes emitidos el ********** y el ********** siguiente, los peritos designados por la defensa y por la representación social, a más de otras cosas, precisaron las medidas y colindancias del lote ********** acabado de aludir, las cuales indicaron son ‘las que marca el título de propiedad de los hermanos ********** y fueron acordes en indicar que los hechos que se persiguen en esta causa penal se registraron dentro del lote número: **********, entre el **********, la carretera que va a ********** y el ********** o **********, que en el plano que se anexa se marca junto al punto número: **********.’

"Ahora bien, sentado lo anterior cabe señalar que este tribunal ha sostenido en la tesis número VII.P.99 P, que bajo el epígrafe: ‘DESPOJO, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.’, puede consultarse en la página ciento noventa y nueve del Tomo XII, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, editado en julio de mil novecientos noventa y tres, el criterio inherente a que cuando el inculpado tiene un título de propiedad y con apoyo en él ejercita actos de dominio sobre el inmueble al que dicho título se refiere, no comete el delito de despojo, en la inteligencia de que si la persona que se dice pasiva también presenta un título sobre el mismo raíz, la conducta atribuida a aquél reviste más bien el carácter de asunto civil que el de un hecho delictuoso, criterio que ha sido reiterado en los amparos en revisión números ********** y **********, interpuestos por ********** y **********, respectivamente, que es aplicable en la especie, puesto que deviene claro que la ocupación del inmueble ya dicho y la disposición que de los frutos que en él se encontraban efectuaron los quejosos obedeció al derecho que estimaron les confería el título de propiedad antes aludido.

"Por otro lado, y con total independencia de lo acabado de decir, es de significarse que de los dictámenes periciales rendidos por los expertos designados por la defensa de los quejosos y por el representante social, fueron acordes en que los hechos que se estimaron constitutivos de los delitos de despojo y daños se registraron dentro del lote número ********** ya mencionado, lo que implica que el antisocial que en todo caso podría haberse cometido, no podría ser el previsto en la fracción I del artículo 191 por el que fueron condenados los quejosos, pues en ese ilícito los agentes ocupan un inmueble ajeno, sino el tipificado en la diversa fracción II ibídem, en el que los activos ejecutan la conducta lesiva en bienes inmuebles de su propiedad ..." (fojas 303 a 326).

5. Amparo directo **********, fallado el **********. En la sentencia reclamada se consideró al quejoso penalmente responsable, entre otros delitos, del de despojo, previsto y sancionado en el artículo 191, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz.

El Tribunal Colegiado señaló lo siguiente:

"Ahora bien, en las condiciones apuntadas, es evidente que no basta la afirmación del denunciante de que ********** le dejó la posesión de la parcela ejidal, que dice invadió parcialmente el reo, quejoso, pues al respecto dicho acusado también cuenta con un certificado de derechos agrarios, ni tampoco se encuentra precisada qué fracción de la unidad de dotación poseía el pasivo. Por otra parte, aun cuando ambos sujetos cuentan con su correspondiente certificado de derechos agrarios, no está demostrado qué fracción de la parcela les corresponde como sucesores, pues ello no está precisado, por lo que es evidente que en el caso existe un conflicto de derechos hereditarios, mismo que debe dirimirse ante las autoridades competentes, pues no se acreditó plenamente que el quejoso hubiera ocupado y ocasionara daños a la fracción que ocupa **********, y manifiesta también ser el sucesor legítimo de los derechos agrarios de **********, a más de que en los autos de la causa penal existe un conflicto de derechos hereditarios, mismo que debe dirimirse ante las autoridades competentes, pues no se acreditó plenamente que el quejoso hubiera ocupado y ocasionara daños a la fracción que ocupa **********, y manifiesta también ser el sucesor legítimo de los derechos agrarios de **********, a más de que en los autos de la causa penal no existe prueba pericial para precisar cuál es la parcela en disputa, y siendo así, es incuestionable que la Sala conculcó garantías en perjuicio del inconforme, habida cuenta de que inadvirtió que el acusado, como quiera que sea, tiene un certificado de derechos agrarios, en la inteligencia de que si la persona que se dice pasiva también presenta un certificado de derechos agrarios aparentemente sobre la misma parcela, la conducta atribuida a aquél reviste más bien el carácter de un asunto administrativo que el de un acto delictuoso. Al caso tiene aplicación, en lo conducente, la tesis de este tribunal número VII.P. 99 P, que bajo el rubro: ‘DESPOJO, INEXISTENCIA DEL DELITO DE.’, aparece publicada en la página ciento noventa y nueve del Tomo XII, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y tres, cuya sinopsis reza: ..." (fojas 178 a 190).

Los asuntos anteriores originaron la jurisprudencia VII.P. J/12,(4) del tenor siguiente:

"DESPOJO, INEXISTENCIA DEL DELITO DE. Cuando el inculpado tiene un título de propiedad y con apoyo en él ejercita actos de dominio sobre el inmueble al que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23023-8ca40eb6/despojo-se-actualiza-este-delito-aunque-el-derecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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